La vía sin leyes: la orden de destruir el Estado de Derecho.

Libia después de la invasión.

La oposición quiere hacer de una falacia una realidad. Incluso no una sino toda la realidad. Han decidido que seguir la ley es dictatorial y la única conducta democrática es desconocer el Estado de Derecho. Si, así de simple aunque el centenario Código Civil, siguiendo a Napoleón, diga que esto no puede hacerse y que en 1999 nos hayamos empeñados en escribir una Constitución que la gente, sin ser experta, puede entender.

Dicen entonces que el país no necesita abogados, que no puede ser Presidente alguien que ganó en las urnas sino quien ellos digan en su estado de Whatsapp  y proclame Wikipedia.

Por eso,  es que ellos sostienen que los actos que dictan, estos  nuevos pero viejos personajes que ahora presenta El Nacional como esperanza, están legitimados en la opinión de la comunidad internacional y no en la ley o en la voluntad popular venezolana.

Este es un momento sumamente delicado porque antes del Derecho no había Estado. Sólo hordas y otras formas primitivas. Es un momento que tiene similitudes con algunas estrategias de caotización total que han sido impuestas a países como Libia, con el cual, tenemos en común haber permanecido por un tiempo siendo el país con mejores indicadores sociales y gobernados por un Presidente a quién le tocó ser el villano de un pimetime de la política exterior estadounidense.

Volviendo a casa, algunas cosas absurdas vienen ocurriendo de las que  vale la pena hacer una pequeña lista. En ninguna dictadura puede usted dictar con forma de ley un llamado a desconocer el Estado, el gobierno y las fuerzas armadas. En ninguna democracia tampoco porque esto es insurreccional. Pero quedémonos tan sólo con que en dictadura no es posible. Tampoco es posible, por medios y redes, llamar a Asambleas -en este capítulo “cabildos abiertos”- donde la gente libremente va y participa e incluso se fotografía en actos contra el gobierno.

Pero hay algunas cosas más importantes. Una pregunta que rodea cada una de estas situaciones ¿qué pudo hacer la oposición en esta situación si fuera democrática?

Hacemos esta pregunta porque nosotros rechazamos los actos que vienen haciendo pues consideramos que someter la suerte de la República a gobiernos extranjeros viola lo que el constitucionalismo romántico podría considerar los lazos sagrados de la unión venezolana.

En primer lugar, ejercer el Poder que tiene y dejar de desdibujarlo en altisonantes jugadas mediáticas (en seis meses sacamos a Nicolás, destituiremos al bufete de Maduro, declaramos el abandono, lo vamos a juzgar…) o, en hacer actos para los cuales es incompetente (intentar dirigir la política exterior venezolana o declarar nulidades) para dedicarse a ser un Parlamento que el país necesita, por ejemplo, para sincerar el presupuesto nacional, dictar leyes en materia económica y hacer control político sobre sujetos y temas en los que sospeche o conozca de una actuación corrompida.

Puede que alguno en este punto me diga que estos actos fueron limitados por la Sala Electoral pero esto sería desconocer que en muchas de sus ediciones la Asamblea Nacional ha tenido controversias sobre la cualidad de algunos de sus miembros; así como recordar que con la mayoría, las reglas del Reglamento Interior de la AN que en su versión del 2010 le otorgaba todas las Presidencias del Parlamento, tenían una situación envidiable para cualquier sujeto que pretendía hacer vida política, construir un consenso para gobernar y hacerse en los tres años que le quedaban de la Presidencia, sobre la base de acusar el desgaste de los servicios públicos, los vicios que ha adquirido el chavismo en el gobierno o simplemente prometiendo una opción distinta a la franja más amplia del electorado que es demasiado joven como para moverse en base a los discursos que han favorecido a la tolda roja.

Con respecto a las elecciones presidenciales, donde es precisamente el marco del desacato el que permitió la renovación de las autoridades electorales en la forma en que se hicieron, debemos recordar que la oposición participó en el proceso de los gobernadores e incluso que los mismos parlamentarios devienen de una elección con las mismas normas electorales y las mismas autoridades. Por ende, como señalaba Claudio Fermín, es la decisión política de no participar en una contienda donde el adversario es un partido fuerte, la principal causa de la realidad política del día de hoy.

Es importante pensar eso, no es lo mismo creer o incluso ser una mayoría electoral dispersa que un partido fuerte con estructura y militancia. Sin duda, el segundo responde mejor a una contienda. Luego, está todo esto que viene pasando con este sutil planteamiento de que es mejor hacerse de una institucionalidad paralela que participar en la que, tiene edificios, funcionarios y leyes que la sustentan. ¿Recuerdan, el plebiscito del 16 de julio de 2017? ¿Qué podía hacer esta especie de fiesta de redes frente a la realidad? ¿Alguien si quiera nombra este hecho?

Entonces hemos venido pasando por un proceso en el que han insistido. Del vete ya de hace unos años, al ahora mejor que ni nos acordemos de qué dice el derecho y dejemos de hablar del pueblo. Es hora, dicen algunos, de los ciudadanos. Una especie de construcción excluyente y paralela que devuelva las decisiones políticas a algunos que no soportan la idea que tienen veinte años sometidos a otros, pobres y feos, que son mayoría.

¿Qué puede resultar de un movimiento que nazca sobre la negación del Derecho? ¿Puede negarse el Derecho y luego pretender exigir Derechos? Este es un tema que a mí me angustia profundamente porque esto se da en un marco que sólo le prometen “garantías” a los que se “arrepientan”. ¿Sueñan con transmitir en vivo imágenes como las del Estado Nacional de Chile? ¿Cuál es la forma en la que se “arrepienten” inmediatamente las nueve millones de personas que fueron a las elecciones o los seis millones que respaldamos el 20 de mayo la candidatura de Nicolás Maduro Moros? ¿Qué hacen con los partidos, grandes y pequeños, que respaldaron esta candidatura? ¿Cuál delito cometieron y peor, cuál siguen según estos textos cometiendo?

Pudieran haber ido a las elecciones y sobretodo deberían dejar de derivar reglas o consecuencias de sus pareceres. Deberían haber entendido que en un país donde votar es un derecho y no un deber; donde, gana quien tenga un voto más que el otro y sin importar si votaron veinte millones o dos personas, ninguno de sus argumentos es posible. Así como que existen vías para impugnar cuando no estoy de acuerdo y una negación absoluta a poner en riesgo la soberanía de un país.

Pues si el tema era considerar que, que otro gane el juego al que yo no voy, viola mis derechos las vías hubiesen sido los tribunales y no la búsqueda de una solidaridad que se expresa mediante declaraciones y movimientos de fuerzas militares.

 Son estas las cosas que vienen ocurriendo, escondidas en mucho ruido y eventos que parecen inconexos, productos de un momento de tensión o calor, pero que son amenazas reales y profundas a principios que trascienden incluso nuestro presente.-

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15 de enero: los documentos de la Asamblea Nacional

Asamblea 
sala

Cae la tarde del 15 de enero de 2019 en Caracas y ya ruedan por las redes versiones de los documentos que fueron anunciados para el día de hoy por la Secretaría de la Asamblea Nacional. Para referirnos a ellos, hemos seleccionado adrede la palabra “documentos” porque no son actos parlamentarios.

La Asamblea Nacional, como órgano del Estado, funciona siguiendo normas internas y externas obligatorias para que sus actos tengan validez jurídica. Lamentablemente, ambas han quedado fuera de las preocupaciones de sus miembros quienes hoy sesionaron sin cumplir el quórum de funcionamiento y desconociendo algunas de las reglas más básicas de un Parlamento.

Volviendo al penoso día de hoy, veremos que se caracterizó por los discursos altisonantes que hicieron evidente que muchos de los diputados no están interesados en hablarle a Venezuela y que incluso jamás han leído la Constitución de la República, por lo cual, mencionan incesantemente tres artículos que ellos pretenden que por repetición pasen a significar lo que a ellos les conviene.

  1. El orden del día

Circuló el día de ayer, 14 de enero, una fotografía que contenía el orden del día de la sesión convocada para hoy, en el mismo se invitaba a los diputados a discutir los siguientes temas:

  1. Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación de la Presidencia de la República y la aplicación de la Constitución para restablecer su vigencia.
  2. Decreto para otorgar Amnistía y Garantías  Constitucionales a militares y civiles que contribuyan en la defensa de la Constitución.
  3. Debate sobre la protección de activos de la República
  4. Acuerdo de autorización de la ayuda humanitaria que atienda la crisis social en Venezuela.

Aspectos que vamos a considerar individualmente, sólo advirtiendo en primer término que la aspiración de nombrarse “Presidente Interino” planteada en una asamblea de calle por Juan Guaidó no obtuvo ningún acto que intentara darle forma o apariencia de legalidad. Por lo cual, se observa que de darse un reconocimiento por parte de alguna organización internacional o gobierno extranjero el mismo se estaría dando sin siquiera simular la legalidad del nombramiento.

  • Acuerdo sobre la declaratoria de usurpación

En el primer punto del día nos encontramos un verdadero trabalenguas porque en el derecho los acuerdos y las declaratorias no son lo mismo. Ahora lo fundamental es que la usurpación es un delito previsto en el Código Penal y según la Constitución la única autoridad que puede determinar la comisión de un delito y derivar de ello consecuencias es un juez de instancia penal.

Dicho esto se ratifica la postura de la Asamblea Nacional del desconocimiento de las funciones que, según ya lo entendía Aristóteles y bien sintetizó Montesquieu, corresponden al Estado en potencias o poderes separados para evitar la arbitrariedad o la tiranía.

El documento producto de este “debate” consiste en un “acuerdo” sobre seis puntos que resumiremos observando que pretende acumular todas las funciones del Estado no en la Asamblea Nacional sino en la persona del Presidente de la misma (art. 3); que es un acuerdo destinado a motivar a civiles y militares para que desconozcan al gobierno (art. 4); incluye una cláusula donde señala que usará el derecho internacional para evitar que Venezuela salga de alguna organización internacional (art. 5) y que este texto debe notificarse al cuerpo diplomático (art. 6.)

Por ende, no determina o sentencia que se haya configurado una usurpación porque simplemente esta no existe como hoy, incluso algunos otros voceros de la oposición como Claudio Fermín tuvieron que recordarlo. De hecho no estamos ni siquiera frente a una presunción o indicio de una usurpación porque no hay manera jurídica posible que la Asamblea Nacional lo declare, más cuando, para intentar perseguir por algún delito a Nicolás Maduro Moros tendría que reconocerlo como Presidente, en tanto, sólo es competente en materia del juico político de los altos funcionarios.

Adicionalmente, es sumamente preocupante que un Parlamento nacional reconozca que está dictando acuerdos para tener efectos fuera del Estado del que forma parte. Pues esta es la única conclusión a la que puede llegarse de una decisión tan particular de notificar a gobiernos extranjeros de un acto parlamentario sobre el cual, además, de manera directa no tienen intereses que puedan reconocer.

Ahora, la mención expresa a su voluntad de impedir la salida del país de organizaciones internacionales parece referirse al inminente retiro de Venezuela de la OEA toda vez que este año concluye el plazo de dos años para surtir efectos que inició en el 2017 cuando Venezuela manifestó su intensión de separarse.

Así como parece evidente que el clamor a la comunidad internacional parece enmarcarse en los beneficios que obtienen mediante la creación de expectativas como las derivadas del comunicado del Grupo de Lima sobre el 10E que se saldó en la realidad, con nueve países retractándose y tan sólo uno, Paraguay, anunciando la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela.

  • Decreto para otorgar Amnistía y Garantías  Constitucionales a militares y civiles que contribuyan en la defensa de la Constitución

Del mismo modo que no puede determinarse una usurpación en sede parlamentaria, no puede dictarse una amnistía por decreto cuando expresamente la Constitución ordena que estas se otorgan a través de una ley que tiene su forma y requisitos establecidos en la norma fundamental. Es importante recordar adicionalmente que esta no es la primera iniciativa de esta naturaleza que se presenta en este período parlamentario y que la otra quedó en la memoria nacional con el triste epíteto de Ley de Amnesia Criminal.

Ahora bien, convocada la discusión como un decreto para evitar las formalidades y las exigencias de quorum, el documento que circula dice ajustarse a los requisitos del artículo 187 de la Constitución y ser, en consecuencia, una ley. Lo cual hubiese quizás mejorado las cosas si este documento hubiese sido dictado para la pacificación de una situación y no para asegurar, incluso alentar a la población, en especial militar, a que se subleven porque de llegar el movimiento a desplazar el gobierno actual, prometen un marco en el que no sufrirían consecuencias penales por sus actos.

El día de hoy, a las horas que estaba convocada la Asamblea Nacional, el paratribunal tuiteó un comunicado en el mismo sentido ordenando a los militares desconocer a Nicolás Maduro Moros, el cual debió ser objeto de alguna controversia entre estos dos sujetos en pugna, en tanto fue eliminado horas después.

Sobre cuáles actos futuros pretenden ellos llamar prometiendo que otorgaran amnistía a quienes los cometan, tenemos que recordar que los llamados y la promoción de la guerra, constituyen delitos. También que los actos que violenten derechos humanos no tienen forma alguna de escapar a la prosecución penal y que este no es el objeto de una ley de amnistía. Es así este documento otro elemento de este golpe continuado y ahora vestido de apariencia de legalidad.

Finalmente, es importante observar que prosigue el documento en el conflicto con el Poder Judicial. En tanto, la iniciativa que presenta contiene términos que fueron declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional en 2016; señala que la determinación de los sujetos a beneficiar son los que ha reconocido la Asamblea Nacional como estando en una situación de naturaleza “política” independientemente de los hechos imputados o probados en sede judicial; al igual que señala expresamente que en virtud de ese documento se sancionará a los funcionarios judiciales que incumplan esa “ley” que admiten no será ni siquiera objeto de una publicación oficial.

  • Debate sobre la protección de activos de la República

Al hacer seguimiento a lo que ocurrió el día de hoy parece evidente que este es el verdadero punto de interés de esta aventura en la cual no se busca hablarle al país, ni siquiera parecen creer que pronta y seriamente podrán cambiar la conformación política interna. Sin embargo, apenas se asomó el tema económico aparecieron sectores mirando los bienes en el extranjero, en especial a CITGO y sugiriendo que esa es una causa para que empiece a ponerse interesante la cosa.

En simultáneo, la duda se posó sobre cuál es la dimensión real del dinero que ha sido retenido y bloqueado a través de las sanciones para precarizar la vida de los venezolanos, pues parece que esa es la segunda parte del dinero al que aspiran.

Por esta causa, nos resulta interesante que sobre el tema que parece suscitar más interés no haya sido presentado un documento que aclare cuáles son sus aspiraciones tan sólo una argumentación vaga, al redoble de una presión mediática que les mostraba el oasis, a la vez que los presiona hacia acciones de mayor eficacia.-

Desencriptando enero

Nos convocan en el presente muchas cosas. Quizás tantas que el ejercicio al que nos hemos acostumbrado sea complicado pero igual vamos a intentarlo. Les escribo el 14 de enero de 2019 y aunque apenas comienza el año, como tuiteaba Erika Ortega Sanoja, en Caracas parece que ya estamos en abril.

Hagamos un pequeño recorrido por lo que consideramos fundamental:

(a) el 5 de enero de 2019, la Asamblea Nacional inició sus sesiones ordinarias juramentando una nueva Junta Directiva presidida esta vez por un personaje casi anónimo de Voluntad Popular;

(b) hasta el 8 de enero se formó sobre Caracas un clima mediático internacional que buscaba forzar a Nicolás Maduro Moros a no asumir la Presidencia; en la misma fecha la Asamblea Nacional anunció que adelanta los pasos para avanzar en una “transición” la cual se enraíza en la designación de un Presidente y la creación de un marco normativo para tal efecto;

(c) en esa misma fecha la Sala Constitucional, aplicando el artículo 231, convocó al Presidente a presentarse el 10 de enero en el Tribunal Supremo de Justicia;

 (d) ese día, acompañado por miles de seguidores, el Presidente le dio cumplimento a la orden judicial recibida acudiendo a  la sede del Poder Judicial con presencia de todos los representantes de los Poderes Públicos Nacionales salvo la Asamblea Nacional y delegados de gobiernos extranjeros.

(e) el 11 de enero, Juan Guaidó (AN-VP) acude a un acto en el que se proclama –o anuncia estar dispuesto a proclamarse- como Presidente interino de Venezuela. Luis Almagro  tuitea dando su apoyo a esta idea. Se genera una “guerra de modificaciones” sobre artículos relativos a Venezuela en Wikipedia.

(f) el 13 de enero, denuncian la detención de Juan Guaidó por parte de funcionarios del SEBIN, la cual es desconocida por el Ejecutivo Nacional el cual en la persona de Jorge Rodríguez, indica que se trata de un procedimiento no autorizado por el cual se hará responsables a los funcionarios que actuaron.

  • Nota Previa

Antes de cualquier cosa necesitamos recordar que la Asamblea Nacional no ha salido de su conflicto en solitario en el que desconoce las órdenes que le profirió el Poder Judicial. Por lo cual, sigue vigencia la advertencia que le hizo la Sala Constitucional la cual mantiene que hasta que las cumpla todos sus actos son nulos.

En consecuencia, los actos que realiza no tienen incidencia en el ordenamiento jurídico venezolano incluido su “régimen de transición” y la designación de todas las Juntas Directivas posteriores a esta situación. Por lo cual, Juan Guaidó es a los efectos reales diputado más no Presidente de la Asamblea Nacional.

  • La Constitución es una red y no un menú

Para sustentar sus actos, la Asamblea Nacional dice estar actuando basada en la lectura conjunta de tres artículos de la Constitución: el 233, el 333 y el 350, como si los mismos pudieran desprenderse o leerse fuera del resto de las normas fundamentales. Esto no es posible en tanto la Constitución no es un menú de donde yo puedo tomar la norma que me convenga y omitir el resto.

Ningún artículo de la Constitución puede tomarse así pues cada uno forma parte de un sistema donde además la fuerza fundamental se corresponde con los principios que sostienen la República. Por eso, los abogados, hablamos de la Constitución sistemática o de un ordenamiento jurídico. En un lenguaje más sencillo, el derecho es una red donde las partes existen en la medida que se conectan.

El artículo 233 del que hablan contiene el procedimiento que debe seguirse en caso que exista una falta absoluta del Presidente, es decir que explica qué deben hacer los Poderes Públicos para evitar que se dé un vacío de poder y se preserve el Estado en el caso que quien deba asumir la Presidencia no pueda hacerlo. Este es el caso que se interpretó cuando el Comandante Chávez, Presidente electo, estaba fuera del país y sin condiciones físicas para presentarse ante la Asamblea Nacional.

Este artículo, sigue al artículo 231 que dispone un supuesto similar pero no igual y es el que responde a la situación que vivimos que podemos resumir en una interrogante ¿cómo se conserva la continuidad histórica del país en caso que sea la Asamblea Nacional quien tenga una dificultad para recibir al Presidente? Lo que se dio en Venezuela al conjugarse que el Parlamento se encuentra en la situación del desacato y que manifestó publicamente no estar dispuesto a recibir a Nicolás Maduro Moros.

Visto así es que se entiende que jurídicamente no es posible que estemos ante la situación que quieren construir mediáticamente para justificar que exista un ciudadano electo como diputado –es decir para hacer leyes, formar parte del Estado venezolano y controlar a los Poderes Públicos- que amanezca un día y afirme que él es el Presidente.

La conjugación de los artículos 333 y 350 constituye el mantra con el que la oposición ha llamado a la violencia desde que la Constitución entró en vigencia. A esta lectura le hemos dedicado bastante tiempo en otros momentos pero ahora sólo queremos señalarla como una falacia pues son precisamente los actos que adelanta la Asamblea Nacional los que atentan contra el orden jurídico de nuestro país cuya preservación es precisamente el espíritu de estas cláusulas constitucionales.

  • ¿Una hora loca o un juego de espejos?

Sostener lo contrario y crear conceptos que en nuestro derecho no existen ha servido para jugar con espejos. Por un lado, se ha trabajo duramente para crear la idea que el país que dirige Nicolás Maduro Moros es un Estado fallido al que hay que aplicarle la doctrina de la Responsabilidad para Proteger y por otro, han venido dibujando una institucionalidad paralela presuntamente enmarcada dentro de la legalidad, por lo cual, la presentan como un Estado de Derecho.

Es importante considerar que la coherencia y la sumisión del acto a la Constitución no se deriva del hecho que una persona o institución sostenga que el acto deviene de tal o cual norma constitucional sino que el acto no contravenga integralmente el contenido de la Carta Magna. Esta es una tarea que requiere, primero darle a las palabras el sentido que tienen en nuestro idioma y seguidamente integrar la norma con el resto del sistema, guiados además fundamentalmente con los principios de preservación del Estado, del derecho, de la democracia y de los Derechos Humanos.

Si leemos esto usando consideraciones sobre el tema como las que realiza Serge Halimi nosotros vemos que estamos ante la creación de una imagen que sensibilice a la opinión pública extranjera para que considere que es imperativo intervenir en Venezuela.

A la vez, si pensamos en la historia reciente podemos ver cómo se construye sobre Venezuela una retórica similar a la que se ha hecho sobre Siria en los últimos tiempos.

Desde ese ángulo, otros hechos aislados que están ocurriendo se insertan para favorecer un discurso: fallas eléctricas que regresan a Maracaibo, quema del material oncológico para empeorar la condición de los pacientes crónicos, y, atentados directos contra estructuras hospitalarias. Pues sirven para titulares de prensa en medios extranjeros que afirman el descuido del Estado de sus obligaciones internacionales.

  • ¿Cuántos gobiernos hay? ¿Cuál es el verdadero?

Desde el punto de vista de cómo nace una autoridad nosotros tenemos que referir el artículo 5 de la Constitución que refiere que la soberabía reposa intransferiblemente en el pueblo, para luego desglosar un sistema en el que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo nacen a través del sufragio mientras que el Poder Ciudadano, el Judicial y el Electoral nacen de la Asamblea Nacional.

Esa es la legitimidad que tienen los diputados y diputadas desde el 2015, los constituyentes y las constituyentes desde 2017; y que tiene Nicolás Maduro Moros desde 2018, para este nuevo período.

De los resultados de las elecciones puede haber dudas o inconformes y esto se resuelve mediante procedimientos administrativos ante la autoridad electoral, o, por la vía del contencioso electoral ante el Poder Judicial. Esto, por ejemplo, fue lo que intentó el chavismo ante los resultados que no sintió claros cuando perdió escaños que históricamente había ganado del Poder Legislativo. Es también lo que históricamente, en muchos otros casos, hizo la oposición.

Contra la selección de un ciudadano o una ciudadana por parte de la Asamblea Nacional puede intentarse la nulidad del acto, por estar viciado de algún elemento, por ejemplo, si consideramos no se siguió el procedimiento o que la persona no cumplía los requisitos. Por el mal actuar de algún funcionario puede intentarse un juicio en su contra, etc.

Si esto no ocurre, la persona estará en ejercicio de su cargo hasta que pase el tiempo que dure la función, fallezca o renuncie. Su elección de hecho, no concuerda con los tiempos de los otros funcionarios precisamente para que la tensión entre ellos los haga controlarse y colaborarse mutuamente. Así,  sintió el Constituyente que le garantizaba al país tener un buen gobierno.

Ninguna de estas cosas ha ocurrido. La Asamblea Nacional desconoce al Poder Judicial porque objeta parte de su conformación: los diputados nombrados en 2015 cuando estos son sólo una parte de todo el quórum del máximo juzgado y sin hacer uso de los procedimientos judiciales.

Por la vía de acuerdos –que tampoco es parlamentariamente el modo- dictaron un nuevo Tribunal que avalado por la OEA ha actuado en México, Panamá y Colombia; este nombró un Presidente de la transición; ellos adoptaron a una Fiscal General destituida y ahora, la Asamblea Nacional nombra un nuevo Presidente al que llama interino.

Podría alguno señalar que el nombramiento realizado por el paratribunal de Antonio Ledezma como Presidente era hasta el nueve de enero. Sin embargo, era el Presidente de la transición según el titulo qu recibió. Ahora, esta no ocurrió. Por ende, parece que vienen a existir dos personajes que se disputan la cualidad de Presidentes de Venezuela afuera mientras la realidad palpalble es que en Venezuela, jurídicamente y en la realidad, tan sólo existe un Presidente que es Nicolás Maduro Moros.

Puede que esto revele que la contradicción que existió meses atrás entre la estructura parajudicial y la Asamblea Nacional en desacato persiste. Pues recordemos todo lo que le costó al parlamento sumarse a la aventura del juicio al Presidente Nicolás Maduro Moros pero sin lugar a dudas esto lo qu demuestra es a lo interno y a lo externo, lo extremadamente desestructurada que se encuentra la oposición que se debate entre considerar como su líder fuera del país a Julio Borges, Antonio Ledezma o su reciente contendor.

Frente a su oscurana, nuestra claridad de quiénes son nuestras instituciones es meridiana: son autoridades en Venezuela a quiénes el pueblo vota, cuando el CNE convoca y mientras no existan decisiones judiciales o del Poder Constituyente que indiquen lo contrario. Esto porque es el resumen de todas las normas sobre el Poder Público que contiene la Constitución.

Sin embargo, la oposición utiliza todos el apoyo mediático e internacional que recibe para construir otra versión de los hechos, según la cual, son autoridades de Venezuela a quiénes las organizaciones internacionales o los gobiernos extranjeros reconocen.

Si esto fuera así no seríamos una República sino un protectorado o alguna forma de apéndice territorial de otro gobierno y en este momento en Venezuela no sólo no habría Presidente sino que tampoco gobernadores, alcaldes o Asamblea Nacional Constituyente.

Es decir, que usted no tendría ni siquiera su cédula porque el Estado todo está siendo cuestionado. Son muchas e importantes las lecturas históricas, políticas y sociológicas de lo que esto significa. Quizás la fundamental es ver que estamos defendiendo la idea del Estado-Nación frente a un sistema que busca eliminar esta forma de organización en los jóvenes Estados ricos de materias primas para favorecer sociedades primitivas más fáciles de dominar.

  • ¿Una situación peor que el decreto Carmona?

Como Erika Ortega Sanoja señala este es un enero con mucho aire de abril. Hasta ahora era “El Carmonazo” el más abierto acto de desconocimiento a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que se había consumado había sido ese terrible documento que exterminaba el contenido de la Carta Magna y destituía a las autoridades públicas, con la venia de las facultades de Derecho.

Sin embargo, este acto de construcción paralela y sin derivación del marco jurídico nacional se ve empeorado cuando ahora estamos ante la construcción de un Estado que no tiene vocación de gobierno pero sí de representación y maniobra financiera en el extranjero.

Eso es lo que se hace evidente en una primera lectura del documento llamado “Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia y el Restablecimiento de la Vigencia  de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

El primer elemento, transversal al documento es la negación de la Independencia y la súplica a la intervención extranjera que libre a la oposición del penoso deber de soportar la voluntad política del pueblo de Venezuela.

Así, avanzando en las líneas que dejó establecidas Julio Borges en la Presidencia del Parlamento, el documento insiste en la ayuda humanitaria y en redoblar el bloqueo, a la vez que busca darle a la Asamblea Nacional el manejo de las finanzas venezolanas.

El segundo, es la criminalización de todos los funcionarios del Estado pues establece la norma que dará “incentivos jurídicos” a quienes desconozcan al gobierno. Lo que abre la puerta a interpretar en qué situación estiman ellos que se encuentra el funcionariado nacional dado que por incentivos jurídicos suele entenderse todos los beneficios procesales o de reducción de pena que se les da a los criminales. Por ello, como tantas otras veces vemos cómo en el fondo todo se trata de abrir la puerta para un proceso de criminalización popular.

Sin duda este documento amerita una lectura a profundidad y esta situación que observemos la dimensión del desafío que está presentando este enero. En una situación internacional compleja cada reacción será medida pero cada inacción será cobrada.

Nos toca entonces hacernos de toda la fuerza del 13 de abril  y seguir la faena.

¿Se disolverá la República?

Un grupo de expertos, bajo el emblema de una universidad autónoma y con frases rimbombantes anuncian que se producirá un Apocalipsis sin precedentes el 10 de enero en Venezuela.

Así, se suman a las maniobras ya conocidas para nosotros que intentan reescribir las categorías jurídicas nacionales para hacer titulares de prensa y frases que convienen a las carpetas sobre Venezuela en los organismos internacionales.

Esta vez afirman que se producirá la disolución de la República y sugieren a la Asamblea Nacional que declare que el Gobierno liderado por Nicolás Maduro se transformará en un Gobierno de facto.

  • Dos matrices, dos comentarios.

La palabra disolución sólo está contemplada en la Constitución en relación con el Parlamento. Puede el Presidente, en el marco de los contrapesos, disolver la Asamblea Nacional cuando está ha entrado en supuestos previstos en la Carta, que tienen como consecuencia limitar la facultad del Presidente para gobernar.

La República constitucionalmente no se puede disolver. Por el contrario, la refundación y la preservación de la República es un valor fundamental de nuestra Carta Magna y nuestro principal deber como venezolanos.

Una República es una forma de Gobierno que es distinta a la monarquía y solemos, en Venezuela relacionarlo con nuestra libertad y democracia. En nuestro sistema las sucesiones de las Repúblicas han estado en relación a los cambios mayores de las Cartas Mangnas, lo que ocurre igual por ejemplo en Francia.

¿Un error? Puede que esto amerite que lo tildemos de horror pero antes de escandalizarnos debemos recordar que no somos un sistema político ni jurídico plenamente independiente sino que estamos conectados con sistemas que tienen sus propias categorías.

Entonces ¿Hablarán desde un nuevo carmonazo? ¿Pretenderán que el 10 de enero se acaba la era constitucional que se marcó el 15 de diciembre de 1999? Quizás a lo interno pero a lo externo recordemos que la visión del Estado fallido o forajido que es la justificación actual de las sanciones colectivas y la intervención requiere de esos voceros que digan que el país se encuentra en una situación de anomia que significa un riesgo para la población local y una amenaza para el resto de la sociedad internacional.

El supuesto de la declaratoria que recomiendan a la Asamblea Nacional opera del mismo modo y sobre una lógica que jurídicamente no puede sostenerse. Una vez que Nicolás Maduro fue electo y proclamado Presidente, solicitar o exigir que no asuma el Gobierno el 10 de enero, se desplaza entre pedirle al Mandatario que acompañe a la Asamblea Nacional a desconocer la fuerza creadora del resto de los poderes del Estado o pedirle, simplemente, como han hecho desde que inició su rol de Presidente que renuncie en tanto ellos manifiestan su inconformidad -por medios dado que se niegan a votar- con su Gobierno.

Sobre lo que ocurre, cuáles son los sujetos y las causas, en el marco de llegar otra cita constitucional en el marco del continuado desacato ya hemos escrito y pueden consultarlo en este mismo espacio.

10E. El que jura ya es el Presidente 


Arranca un nuevo año y desde temprano es tiempo de entrar en materia. Sin embargo, antes de empezar con esta nota los análisis jurídicos, las explicaciones y advertencias con las que espero pueda acompañarles un año más quiero que nos felicitemos. Pues hemos logrado terminar el periodo que inició el Comandante Chávez con un gobierno chavista pese a todo el empeño que destinaron nuestros enemigos.

Ese es el primer punto a considerar, hemos logrado desafiar sanciones, contradicciones y traiciones. Así, vamos aguantando, con un barco que sin duda se ha venido agujereando pero sin que nadie pueda negar que este pueblo está conformado por las más importantes ganas de ser definitivamente libres.

La atención mediática está fijada en el 10 de enero y allí se construye toda una retórica de posibles tragedias que pueden suceder. Al respecto, vamos a hacer algunas advertencias. En primer lugar, Venezuela tiene en su sistema jurídico varias fechas específicas.

Por ejemplo, el 1 de enero arrancó el ejercicio fiscal y el 5 tiene lugar el inicio del período de sesiones de la Asamblea Nacional mientras que el 10 de enero que tiene relevancia solamente en los años donde inicia el período constitucional para el ejercicio de la Presidencia de la Republica, pues en ese acto formal se entiende que el gobierno saliente le entrega el mando a la autoridad que fue electa para sustituirle.

Es decir, que el 10 de enero nadie empieza a ser o deja de ser Presidente. Lo que ocurre es el acto en el que se termina un gobierno e inicia otro. La cualidad de Presidente se obtiene en las urnas y se certifica con la proclamación que hace la autoridad electoral. Por ende, ese acto no puede hacer que ninguna persona a quien se le atribuyó electoralmente la cualidad de Presidente, la pierda.

Lo que puede ocurrir y esa es la línea del discurso de oposición es que se dé una falta absoluta de algún Presidente, lo que parecía iba a pasar cuando electo el Comandante Chávez no estaba en condiciones de salud para asistir ante la Asamblea Nacional porque allí, a donde debía ir por orden constitucional podía no llegar.

No existen en el presente causas razonables que hagan pensar que el Presidente Nicolás Maduro no está en condiciones de tomar posesión. Por ende, este supuesto debe leerse con cuidado porque lo que ocurre es que, persistiendo el desacato, la Asamblea Nacional parece que iniciará otro año de conflicto en solitario donde no reconoce ninguna otra autoridad del Estado venezolano.

En consecuencia, la cuestión a dilucidar está en qué va a pasar si la Asamblea Nacional no se apresta a cumplir con un deber, el de recibir, al Presidente en su condición de presidente reelecto que le otorgó la autoridad electoral.

¿Es esto nuevo? En lo absoluto. Esta es la situación que se viene presentando desde el 2016 y que ha sido la causa del desorden institucional que justificó la activación de la Sala Constitucional así como posteriormente el llamado e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente puesto que la Asamblea Nacional, como primer poder de la Nación, tiene competencias sobre infinitas materias que tienen que ver con nuestra vida cotidiana.

Así, por ejemplo, el abandono de su rol ha significado que tengamos dos períodos en los que se ha tenido que ir a vías accidentales para tener presupuesto nacional o nombrar autoridades como el Fiscal General de la República.

Del mismo modo, ha sumido a la Asamblea en una situación tan absurda como toda la relativa a sus declaratorias de abandono o enjuiciamiento del Presidente de la República, las cuales quedaron como escenas de la fábula de Pedro y el Lobo.

Dicho esto, lo que ocurre el 10 de enero es que la Constitución ordena que se realice un acto. Una reunión en la sede del Parlamento donde se entrega y se recibe el poder así como se jura dar fiel cumplimiento a los deberes constitucionales.

Para los abogados, esto es una formalidad o un acto de forma. El cual no es un acto cualquiera porque es uno que sirve para cortar las eras en los libros de historia y cuya naturaleza jurídica ya fue estudiada por la Sala Constitucional.

Al respecto, reconociendo la importancia que tiene esta previsión normativa se considera que este es una formalidad con consecuencias jurídicas fundamentales pero que debe analizarse en los supuestos de hecho que la rodean tales como que no existe, una vez que la Constitución de 1999 permite la reelección inmediata –que es lo que hemos vivido- la obligación de conformar un nuevo gobierno y que no hemos vivido ningún supuesto equivalente a una falta nueva, menos cuando la Asamblea Nacional no reconoce, al menos desde que lo destituyó por considerar que había abandonado el cargo, a Nicolás Maduro Moros como Presidente, independientemente de en base a cuál credencial se presente.

En el frente internacional hemos de recordar que ningún tipo de aval extranjero es solicitado ni reconocido en el país como suficiente ni definitorio para las decisiones nacionales y la situación planteada de un desconocimiento de las autoridades venezolanas viene ocurriendo desde julio de 2017, sin que hasta el momento esto haya sido causa de más perturbación que algunos entuertos de invitaciones que llegan y se retiran para actos extranjeros e internacionales. Si afirmamos esto es porque consideramos que los actos de agresión y bloqueo no forman parte de los asuntos diplomáticos.

Nos queda entonces una pregunta en el ambiente y esta está referida a cuál es la autoridad idónea para recibir al Presidente de la República el día 10 de enero para que preste el juramento de cumplir con sus obligaciones en el nuevo período constitucional. Al respecto, puede que veamos activarse en los próximos días a la Sala Constitucional si se plantea un recurso de interpretación que determine quién asumirá la falta de la Asamblea Nacional.

Al respecto, parece plausible considerar que los actos se llevaran a cabo como ha sido desde que se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, la cual ejerce el supremo Poder Originario y que será ante esta que se asumirá la falta, como se ha hecho con el resto de los actos ordinarios.

Sin embargo, falta observar cuál es la autoridad que, en virtud de su rango asume el Poder o a la cual la Sala Constitucional le otorga la tarea de recibir el juramento con el objeto de preservar las formas requeridas para la normalidad nacional.-

La Constitución Bolivariana

En su última página, el librito azul que siempre acompañó al Comandante Chávez tiene escrita
una fecha. La del 15 de diciembre de 1999, pues ese día Venezuela decidió que la moribunda debía fenecer y dar paso a la primera norma escrita desde el corazón del pueblo. Este texto,
tiene algunos rasgos que la distinguen.

El primero, si queremos pensar como los juristas, es que significó el nacimiento de un nuevo
consitucionalismo latinoamericano. Es decir, reformuló la palabra democracia y los sujetos que tienen derechos; también cambió su lenguaje para que la gente pudiera usarla
directamente; dispuso un mecanismo en el que la sociedad puede cambiarla, y, le dio voz a las
mujeres que encontraron en la letra “a” su primera prueba de pertenecer a este país.

Al ser construida por medio de las consultas, la Constitución dio lugar a un cabildo intenso en el que los distintos temas se lidiaron, como por ejemplo, el gran debate sobre el derecho a la información y los términos en los que la misma debía transmitirse, que ha sido recogido en
las crónicas de Earle Herrera. También, la entrada del derecho a la demarcación de tierras y a sus propios idiomas, que obtuvieron revolucionariamente los pueblos indígenas.

Con el paso del tiempo, aquel momento se ha contado cambiando omitiendo o tergiversando algunos hechos fundamentales. Tales como que la Constitución tuvo feroces oponentes, como Henrique Capriles quien entonces estaba en el Congreso o la Conferencia Episcopal. Las
academias también miraron con dudas lo que se hacía temerosas que sus espacios de prestigio y poder se redujeran. Así como la importancia que tuvieron algunos ajustes
realizados por un personaje que pronto quedaría al descubierto para todo el país, Luis Miquilena.

La niña de Chávez, su eterna acompañante, la carta de navegación que llevó a la construcción de la democracia entendida como una fórmula de gobierno y no como un ritual electoral; la que dijo que los derechos son más importantes que las formas y así permitió las misiones; o,
que los pueblos tienen derecho a tener los gobernantes que quieran por el tiempo que quieran, ha pasado toda su existencia en un entorno hostil. Que va desde su abierta
derogación por Carmona Estanga hasta el fetichismo que algunos han tenido al interpretar el artículo 350 entendiendo que el sistema democrático puede suspenderse si ellos no están de acuerdo con la manera en la que las cosas se hacen.

Así, en sus diecinueve años, la Constitución bolivariana ha pasado una reforma que no la modificó y una enmienda que la cambió. Una falta absoluta del Presidente de la República, un contexto internacional cambiante y la exigencia de las instituciones internacionales de ser
consideradas como superiores a su contenido.

Igualmente, ha visto activarse los mecanismos de interpretación y protección, principalmente en la Sala Constitucional pero también con el Decreto del Estado de Excepción, la convocatoria al Consejo de Estado y al Consejo de Seguridad de la Nación, en el marco de las dificultades institucionales que se han vivido desde el año 2014. Para finalmente, desde el año 2017 encontrarse en el marco de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que debe dar respuestas a la compleja situación social y política que enfrenta Venezuela por la
hostilidad de ciertas potencias y la difícil convivencia del Estado con una Asamblea Nacional que, sin respetar las formas ni reconocer al Poder Judicial, intenta todas las vías para terminar el proceso político que dio nacimiento a la Constitución bonita.

El Derecho Constitucional, que antes era llamado tan sólo Derecho político y ocupaba sólo interés de algunos juristas que, se inclinaban por la política o la filosofía, es en el marco de esta norma una actividad viva, en permanente reescritura que tiene que además entenderse reconociendo cuál es la naturaleza y el sentimiento de una Nación. Así, fuera de los criterios
imperialistas del Derecho que buscan convencernos que la calidad de una norma depende de su longevidad podemos ver que cada pueblo decide qué entiende como su ley fundamental.

Es cierto, Venezuela es un país joven con muchas Cartas Magnas pero más allá de repetir que eso indica la falta de estabilidad de nuestro Estado podemos ver que demuestra que para los venezolanos una Constitución es un pacto social que se renueva al candor de las exigencias de un momento político.

Algunas veces, como la Constitución de 1999, las normas que se adoptan
marcan una era e incluso un punto de no retorno: un nuevo estamento mínimo con el cual se ha hecho la República, como pienso pueden ser los derechos sociales adquiridos y el
reconocimiento de los sujetos que antes de esta norma jurídicamente no existían como entes
diferenciados.

Por el otro, el nacimiento de una Constitución refleja un clamor de los sujetos que la hacen. Algunos de los cuales se han mantenido relativamente incólumes desde el momento que vio nacer la norma bolivariana. Por ejemplo, la urgencia de un sistema de justicia que sea
sencillamente justo; de una Administración Pública que adopte sus formas para garantizar los
derechos civiles y alguna forma que, con la fuerza que le otorga tener rango constitucional, logre darnos un sistema económico que logre evitar que nuestra historia sea tan sólo un
péndulo entre periodos de barriles petroleros a precios altos y menguas.

El presente tiene algunos puntos adicionales que nos exigen respuesta porque el momento constituyente ya ha significado el triunfo del consenso sobre la barbarie pues logró desactivar una estrategia de promoción extranjera de una guerra civil en Venezuela. Por eso, el acto
constituyente debe pensar que cada día que vive debe ser una pista para entender cómo hacer
justicia, cómo evitar los enfrentamientos, cómo detener los mercenarios y como reconstruir la
convivencia que cada día, con guerra económica, ineficiencias inducidas o promoción de la emigración, se encuentra amenazada.

Recuerdo aquellos días y la impresión que encartada en algún periódico llegó a mi casa. La emoción de subrayar la palabra y leer palabras que nos nombraban. El aliento de esperanza que infundaba aquel texto a un país que quería nuevos caminos. Es cierto, la Constitución
bolivariana es el más importante regalo que nos hizo Chávez y nuestra mayor promesa es que al tocarla, prolongaremos esta idea, que vivir una Constituyente es mirarnos y mejorar.

Poemas para no morir

Desde el 2017 empecé a escoger algunos de los poemas que iban quedando al margen de estos meses que se viven en Venezuela. Tristeza, cansancio, esperanza, rabia. Todos se unen en estos versos. Después de reflexionar sobre cuál debía ser la forma en la que salieran, una vez que siento que los tiempos para publicarlos han llegado y es tan poco el espacio para publicar poesía en el país decido simplemente postearlos en la forma y en la combinación que sentí representa este período de mi escritura.