Bolivia ¿renuncia o Golpe de Estado?

Fotografías de la casa de Evo Morales tras ser saqueada.

El domingo 10 de noviembre de 2019, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales comunicó a la prensa su renuncia al cargo que desempeñaba, seguido en breve por Álvaro García Linera quien era el Vicepresidente de esa Nación. Desde entonces se manejan muchas categorías del derecho político, las primeras refieren que fue una renuncia, otras que fue un Golpe de Estado. En este caso, las palabras importan y vamos a intentar exponerlas.

Una renuncia es para los juristas el acto de “resignarse a algo de manera voluntaria o apartarse de una cosa que se posee o se puede llegar a conseguir, alejarse de algún proyecto, privarse de algo o  de alguien” como en el trabajo, en la política, este debe ser un acto libre de coacción. En el caso de Evo Morales nosotros vemos cómo las horas previas fueron actos de intimidación y de coacción, como él lo expresó en su alocución y en los mensajes en redes sociales, donde afirmó que su decisión estaba motivada en su voluntad de evitar más violencia.

Una violencia que además ha estado centrada en la población indígena, en los líderes del MAS y en sus familiares. Podemos observar, por ejemplo, la práctica sistemática destruir las viviendas de las autoridades y cómo las condiciones que se dieron ocasionaron la renuncia de los Ministros, de las autoridades electorales, de los diputadosy senadores, de gobernadores y alcaldes así como de una parte del cuerpo diplomáticos.

Tomemos igualmente una definición básica de Golpe de Estado y veremos que este es “una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición.” Seguidamente, tomemos la prensa del día de ayer.

De donde podemos incorporar un titular de hace 18 horas –del 10 de noviembre- del Diario El Clarin según el cual “las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia a Evo Morales”, procediendo seguidamente el Presidente Evo Morales a hacerlo y a entrar los líderes del movimiento insurrecional al Palacio Quemado que es la sede de gobierno de Bolivia.

Es importante en esto que veamos el contexto, hipotéticamente la acción de protesta arrancó por un cuestionamiento sobre si la diferencia electoral con la que ganó Evo Morales las elecciones para Presidente del próximo período era suficiente o existiría alguna irregularidad en el contexto. Para verificarlo se produjeron una serie de auditorías que no habían concluido y que en su espera aumentó la presión sobre el gobierno incluyendo atentados directos a sus domicilios y familiares. Entre ellos,  el frustrado asesinato de la hermana de Morales y la destrucción de su domicilio.

Por ende, existió un acto claro y violento de coacción. Los hechos por los que se cuestionaba la democracia en Bolivia correspondían a una autoridad distinta al Ejecutivo porque según su Constitución que es el órgano electoral que es electo por el Poder  Legislativo (artículo 158,4 de la Constituión boliviana) aunque ante él, por la Constitución, el Presidente tiene su representante.

Por ello, el eventual conflicto que se anunciaba relacionado con la organización, administración ejecución de las elecciones era con  el Tribunal Supremo Electoral y su vía de resolución debía ser la impugnación o el contencioso que según sus leyes y procedimientos anulara las elecciones en caso de haber alguna anomalía. Este fue siempre un supuesto negado, de allí que en las últimas semanas los alzados procedieran a quemar las sedes de este órgano donde reposaban las pruebas del proceso electoral. Para trascender este problema es que vimos una oferta presidencial de someterse a unas nuevas elecciones.

En evidencia, entonces, el ejercicio del presente mandato constitucional no era objeto de ningún cuestionamiento, Evo Morales era el presidente en funciones de Bolivia y el periodo que se discutía era el que iniciaría cuando corresponda asumir la presidencia para el nuevo período, lo que nos muestra una acción construida para justificarse ante los medios aunque ni política, ni jurídica ni históricamente pueda verse como ninguna otra cosa que un golpe de Estado de los que recurrentemente han comprado los Estados Unidos en la región, como lo denuncian importantes actores latinoamericanos e incluso algunos estadounidenses como Noam Chomsky.

Las horas que han seguido también confirman que se trata de un golpe de Estado, por la represión policial, la persecución de los lideres sin procedimiento legal alguno, la quema de los símbolos del Estado Plurinacional y el clima de terror que ha merecido la renuncia masiva de los senadores y diputados, así como el acompañamiento expreso de quienes buscan aventuras fuera de la legalidad en el Continente americano.

Bolivia: asalto contra un pueblo

El 10 de noviembre de 2019 quedará inscrito como una fecha terrible para la historia de América Latina y  para todos quienes creemos en el derecho de los pueblos a escoger sus gobernantes, sus Constituciones y que quienes les dirijan se parezcan a los gobernados.

La situación de Bolivia demuestra muchas cosas. En primer lugar, que la deposición de un líder puede agendarse incluso cuando tenga un alto respaldo popular, grandes indicadores económicos o que su gobierno sea el momento de mayor reivindicación de derechos de la población de un país.

En estos últimos días también hemos observado el tamaño de un hombre que deja la Presidencia intentando que su sacrificio evite que las mujeres humildes sean golpeadas cómo lo han sido en las últimas semanas, así como lo que se presenta como unas protestas por resultados electorales es  una acción centrada en  un discurso racista.

Al verlo, pienso con Memi sobre cómo son las sociedades que sufrieron la Colonia o con Fanon, sobre el mundo periférico e ignorado de nuestros pueblos para intentar entender cómo ocurren estos actos espantosos, cómo se manipula a las masas y se las lleva a caminar senderos que van hacia sus propios Apocalipsis.

En esta América Latina nuestra, el proceso permanente de dominación foránea se mantiene en parte a través de fomentar el desprecio de un pueblo por sus propios miembros.  Un tema especialmente fuerte en las clases medias que parece que se alimenta, en las bonanzas progresistas, sobre la esperanza de finalmente dar ese paso -que en su percepción es solo una pequeña distancia- que los separa de ser gente realmente influyente.

Lo decía Neruda, antes de avanzar a tomar el poder en Chile fue necesario convencer a los chilenos que en ese país no había nada que salvar, ni siquiera la especie. En Venezuela, ya en los años cincuenta, Briceño Iragorry explicaba que la promoción del american way of life era ante todo un proceso mediante el cual se dominaba sin invadir porque los consumidores, por ellos mismos y sin importar su nacionalidad, eran agentes de los intereses extranjeros.

Todas estas ideas nos permiten entender que en América Latina, la historia se mueve a su propio ritmo, con las condiciones una sociedad post-colonial que intenta avanzar y que muchas veces sólo el derecho a existir es una verdadera reivindicación.

Hoy todas estas ideas están mezcladas en mí. No tan sólo porque hoy se dio un Golpe de Estado en Bolivia, uno clásico por demás. Recordemos que Evo fue conminado a renunciar por la amenaza de los militares y que antes sus Ministros renunciaron al ser asediadas sus familias. Ahora, hay un vacío de poder por la declarada persecución de todos los integrantes del Estado y del Partido de Gobierno.

Sin embargo, si los Golpes de Estado de los Estados Unidos avalados por la OEA son una triste escena repetida en América Latina, en este caso tenemos que ver algunas cosas. Primero, la amenaza cierta a la vida de Morales y García Linera tras un extraño evento con un avión, luego, con una hipotética orden de captura que no emite un fiscal sino un autoproclamado líder que parece un llamado a estos sectores extremadamente violentos a que ubiquen a Morales y sean ellos quienes decidan qué hacer.

Es decir, existe un proceso general de criminalización de una postura política y de una pertenencia étnica porque nadie puede pensar el caso boliviano, los gobiernos de Evo sin entender la mejoría macroeconómica pero sobretodo el empoderamiento de las clases históricamente desposeídas, no en términos marxistas sino en una sociedad principalmente indígena en la que se mantuvo la distancia social entre blancos e indios

Una donde además el Presidente depuesto está ejerciendo un período presidencial previo al que le cuestionan y que, según los datos emitidos hace  unas semanas tiene un apoyo popular suficiente para ganar elecciones en primera vuelta, lo que nos explica un proceso popular de resistencia que comienza a verse  y la violencia contra los líderes que deben ser tomados de inmediato para consolidar la acción.

Tomado el Palacio de Gobierno, el tema simbólico demuestra que es un Golpe restaurador de la antigua sociedad del privilegio. Se quema la bandera que une un Estado en una sociedad pluricultural y se ubica una Biblia. Un acto que rememora todos los relatos de la colonia, donde al indio le quitaron la riqueza y le dejaron el evangelio pero que también parece probar que la estrategia es una figura que toma el poder sin los votos, sin ser militar o sin tener una opción constitucional para tomarlo. Aquí, la historia se parece al intento que desde enero se ha hecho en Venezuela.

Pero en el fondo, Luis Fernando Camacho es, según reportan los medios, una figura extremadamente parecida a Bolsonaro, que parece conveniente para enfriar los movimientos sociales y garantizar intereses económicos foráneos quizás sobre la Amazonía donde empezó a evidenciarse todo el entramado de financiamiento y de figuras que se preparaban para escenas como las que en este mes de noviembre hemos visto.

Si la guerra es un negocio, los golpes de Estado también lo son y en este 2019 vemos como América Latina parece en Venezuela y en Bolivia mantener o perder el derecho de los pueblos a decidir quién los gobierna.

Ahora no creo que en este caso el asunto se limite a la afirmación o negación del derecho a la autodeterminación de los pueblos sino que va más allá, es el derecho de los pueblos a elegir, a que sus votos valgan lo que se juega ante una terrible estrategia.

Parece que asistimos a una locura como un tutelaje para “rectificación de elecciones” a favor de  los países hegemónicos y sus satélites, demostrando que esta no es una hora entre izquierdas o derechas sino entre libertad o barbarie, entre independencia o neocolonialismo, entre  ciudadanos iguales que eligen gobernantes o simples espacios donde otros designan agentes y procónsules.

Guante de Seda.

¿Son los derechos humanos las cláusulas universales que garantizan que todos somos iguales en dignidad y derechos? Quisiéramos pero una mirada al mapa y sus noticias nos bastan para descartarlo.  Por eso, para algunos analistas críticos los derechos humanos son el paradigma retórico del imperialismo. Un instrumento tan sutil que como un guante de seda permite dominar países y que estos terminen agradecidos por las agresiones que sufren.

Hoy, América Latina pare una nueva era  y se enfrenta a quienes juraron que se había vuelto a dormir y ruge, con su voz de pueblo libre, en las distintas capitales.  Estamos viendo a Chile, el país reputado por ser aquél que superó la dictadura, aquél donde el neoliberalismo es una fórmula mágica de prosperidad, levantarse.

Cuando lo hace es brutalmente recibido por el orden impuesto. Le espera, con el ejército en la calle, con disparos a mansalva y un Presidente rodeado de militares dándole vuelta al reloj para ampliar un toque de queda y advertir que está “en guerra contra un enemigo poderoso”.

Ciertamente, un pueblo digno y libre es un enemigo poderoso para quienes se han jactado de tomar la estrella de la bandera de Chile y anexarla con orgullo a la bandera de Estados Unidos, para quienes durante mucho tiempo ha saqueado de forma campante los recursos naturales de nuestro territorio y desmantelado el Estado para su máximo beneficio personal, no paran de crecer y acumular capital. Ganancias que, por cierto, son tan escandalosas como los paupérrimos y vergonzosos índices de distribución de la riqueza, que hacen de Chile uno de los países más desiguales del mundo como lo explicaba en julio Tapia Ampuero dejándonos entender que lo que hoy ocurre no se limita a saltarse un torniquete porque aumentó un servicio de transporte.

Hace muy poco lo veíamos en Ecuador donde un paquetazo hizo calentar las calles donde hacía pocas horas se hablaba de la salida del país de la OPEP y donde hoy continua la persecución de todos aquellos que se relacionaron con la Revolución Ciudadana, así como se evidencia que la ONU apareció al rescate de Moreno para enfriar una escena que parecía avecinar que veríamos otra huida presidencial.

La apuesta del orden hegemónico en América Latina pasaba por estos personajes e incluso los erigió como algunos de los más presentables frente a un Bolsonaro paleolítico  y un Macri que veranea. Por eso, el relato de la buena y próspera América Latina parece entrar en conflicto cuando hace apenas unos meses estos Presidentes dedicaron toda su energía en desaparecer al chavismo y ante la conciencia de sus pueblos se inventan un mito donde el “debilitado gobierno de Caracas” ahora se mueve por todo el Continente.

Desde el punto de vista de los Derechos, el asunto es igualmente complejo. Revelador. El discurso de los derechos humanos se presenta con sus relativizaciones: los principios de manejo de manifestaciones no parecen ser los mismos en todos los países. Así mientras que cualquier desmán era ayer una exigencia legítima en Caracas y cualquier acción de orden público, era tildada de ser una brutal represión compatible con un crimen de lesa humanidad, es distinto en Ecuador o en Chile, donde el discurso justifica que las garantías se hayan suspendido y que sean cuerpos dotados de armamento letal los que efectúen las operaciones.

¿Qué haremos nosotros, los pueblos, con esto? Parece que es tiempo de buscar también un lenguaje de garantía de derechos que nazca de nuestros propios pueblos, donde no tan sólo nos inspiran las preocupaciones del liberalismo sino de lo social, donde los pueblos se niegan a que se les arrastre a la eterna noche de ser obreros extractores de materias primas.

Un momento que debe empezar a tejer una manera de entender cuáles son las garantías de los ciudadanos en todos los contextos, hasta en las protestas, frente a la policía y los Ejércitos. Una que vuelva a acordarse de que hace muchos años supimos que no teníamos nada que esperar del sistema interamericano ni del onusino y que ahora nos recuerda, cuan urgente es pensarnos un derecho nuestroamericano de los derechos humanos que no puede volver a fijarse como nuestra última y menos importante de las tareas.

[Nota de doctrina] Los tribunales de opinión y el Tribunal Permanente de los Pueblos* LUIS MOITA

Por acción o por omisión, sea por deficiencia interpretativa, sea por vacío legal, el derecho, y especialmente el derecho internacional, no siempre responde a las exigencias de las complejas situaciones humanas. De ahí esta aparente necesidad histórica de creación de instancias de rectificación, de rehabilitación, de contestación, como antídoto
a la posible deformación de la justicia provocada por sus mismos agentes.

Tal vez sea esta misma necesidad de hacer justicia fuera de los marcos convencionales lo que lleva a la creación de instancias especiales en aquellas circunstancias en que los tribunales regulares no parecen ser los lugares más apropiados para enjuiciar
los comportamientos colectivos o individuales, como es el caso de las comisiones de la verdad y reconciliación. Son conocidas las iniciativas en este campo, en situaciones como las de Sudáfrica post-apartheid o de las sociedades latinoamericanas tras las dictaduras militares. Procurando evitar los ajustes de cuentas susceptibles de reabrir heridas del pasado, pero también teniendo por inadmisible la impunidad de los responsables por los crímenes cometidos, tales comisiones han tenido el papel de conservar la memoria de los hechos y establecer la responsabilidad de los actores políticos, dirigiendo la mirada no tanto a la punición como al reconocimiento, la visibilización, el perdón y la reconciliación. En estos casos prevalece la prudencia de las fases de transición con vista a la consolidación de la democracia más que a la aplicación mecánica de las leyes penales.


Encontramos un proceso análogo en Ruanda como terapia de cara a la memoria de la tragedia del genocidio de los tutsis por las milicias hutus perpetrado entre abril y junio de 1994, que provocó la muerte de más de 800.000 ruandeses y la huida de casi dos millones de personas. Internacionalmente se creó un Tribunal especial para juzgar a los responsables por los crímenes, pero en el propio país permanecía un gran número de prisioneros, por encima de los 100.000, por lo que los tribunales oficiales no
tenían capacidad para juzgar todos los casos. El gobierno local encarriló el recurso hacia la institución tradicional de resolución de conflictos — designada Gacaca — como forma de
mobilizar a la población para el cumplimiento de la justicia, realzando el papel de los ancianos y la función de integración social, de acuerdo con las mejores tradiciones africanas.

Estamos viendo la variedad de modos de como se han encontrado soluciones para replicar o complementar el papel de los sistemas judiciales establecidos, ya por movimientos de opinión, ya por comisiones internacionales de investigación, ya por comisiones de la verdad y reconciliación, ya por prácticas consuetudinarias, en
la referida tensión entre derecho y opinión pública. En el límite, esta acción puede hasta ser individual, como demuestra el caso especial del blog del gran jurista norteamericano Richard Falk, uno de los nombres más influyentes en el campo del derecho internacional, que lanzó el día que cumplió 80 años y que constituye un impresionante compendio del pensamiento independiente y crítico del autor sobre cuestiones jurídicas y políticas, con un título que es en sí mismo un programa: Global Justice in the 21st Century.

En una esfera totalmente diferente surgen los tribunales de opinión. Puede dudarse de la pertinencia de esta denominación, según más adelante se referirá. Sea como fuere, numerosas iniciativas de ciudadanos, sin ningún mandato oficial, han asumido la forma de proceso judicial para emitir pronunciamientos relativos a cuestiones en que están en juego derechos humanos fundamentales. Constituyen así una especie de jurisdicciones
internacionales informales, oriundas de la sociedad civil y no de los poderes establecidos, desprovistas de fuerza coercitiva, pero que ambicionan sensibilizar a la opinión internacional y a los poderes públicos gracias al valor moral de sus sentencias,
fundadas ellas mismas, además, en el derecho internacional vigente.


El más representativo de estos tribunales de opinión será tal vez el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), activo desde 1979 hasta el presente y objeto central de este estudio. Su creación, por tanto, se sitúa en un contexto que importa recordar.

[Nota de Doctrina] ANTILLÓN: La insoportable levedad del derecho internacional

Cuando nos encontramos ante la triste aunque previsible situación en la que ni la ONU, ni la UE, ni las potencias de Rusia y China, ni la Corte Penal Internacional son capaces de detener las acciones delictuosas del gobierno USA, ni de aplicarle las sanciones correspondientes, debemos ponerle atención al despertar de una conciencia de los pueblos, que ha mostrado capacidad de expresarse y comunicar su rechazo de la política usana de manera cada vez más perceptible y consistente.

Es evidente, en efecto, la existencia de un creciente desafío popular mundial contra aquella política, y un rechazo generalizado con respecto de los actos de su gobierno, y de la ideología que los sustenta. Los pueblos superaron las distancias de las lenguas y las fronteras, y marcharon al unísono para repudiar aquella guerra inicua. ¿Tendrán
éxito, al final, esos movimientos? Ahora lo veo como posible; aunque, en el mejor de los casos, me parece que no bastará con frenar o moderar, por ejemplo a los halcones republicanos, o en general al presente y a los futuros gobiernos de los Estados Unidos, del partido que sean.

Porque me temo que los Estados Unidos sólo son, también ellos, un síntoma más de aquel fenómeno de la desigualdad y la inequidad de las relaciones humanas que nos tiene abatidos desde hace milenios, porque vive también dentro de cada uno de nosotros: no habrá paz entre las naciones ni entre las personas mientras predomine en el Mundo una mentalidad clasista y discriminadora, mientras se propicie la justificación de la desigualdad y se estimule el espíritu depredatorio frente a los demás; y mientras exista un sistema institucional como el Capitalismo, que no sólo permite sino que acepta, presupone, requiere la explotación de un Estado por otro, de un ser humano por otro.

Revista de Ciencias Jurídicas Nº 108 (11-32) setiembre-diciembre 2005

#ElDerechoAlDerecho: Ante la policía

En Venezuela, todas las personas, en todos los momentos de su vida tienen derechos. Estos te acompañan en cada actividad e incidencia que puedas tener incluido los contactos con la policía. Ha sido esto una lucha histórica, intentar enmarcar el poder represivo del Estado dentro de unas normas que les obliguen a respetar unas premisas básicas.

Es importante que nosotros veamos que el contacto con la policía es unos de los momentos más dramáticos para el derecho en todas partes del mundo ¿porqué? Porque es este uno de los momentos donde el Estado es más fuerte y los ciudadanos más indefensos, entre otras cosas por la capacidad real de los agentes del orden de usar la violencia contra una persona o arrebatarle la vida o la libertad.

Cuando entendemos esto, vemos que son cotidianos los problemas que generan en materia de derechos humanos las prácticas policiales. Justo vimos esta semana, en el marco de las protestas en el Ecuador el dramático puente donde cayeron tres personas, o, recordaremos mil incidentes de abusos policiales en Estados Unidos relacionados con las acciones que suelen realizar sobre los adolescentes afroamericanos las autoridades de ese país.

En Venezuela, en tu relación con la policía intervienen muchas normas, que, de manera resumida los abogados y las abogadas llamamos el debido proceso que, en su expresión más completa está en el artículo 49 de la Constitución.

Veamos lo central: toda persona se presume inocente, tiene derecho a la defensa y a la asistencia jurídica, tiene derecho a ser oída, a ser juzgada por jueces naturales, sin que nadie le obligue a declararse culpable y que exista la posibilidad de ser indeminzada si alguna de estas normas no se cumplen. El artículo 55 tiene en específico una norma en este tema que dice “los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas”

A lo que posteriormente la Constricción incluye normas cada vez más especificas. Por ejemplo en materia de orden público está el artículo 68 que señala que “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público.” Observando seguidamente que en Venezuela no existe un solo cuerpo de policía aunque estas normas son válidas ante todas.

Seguidamente en el campo de tus derechos podemos ver:

Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:

 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no causará impuesto alguno.

Una norma que se encuentra bien desarrollada en el Código Orgánico Procesal Penal que divide las fases en las que se encuentran las personas en relación con una investigación penal.

En primer lugar, desde nuestra idea de esta fase “0” estamos pensando en  el detenido que es aquella persona que se encuentra provisionalmente privada de su libertad, que no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. En todo caso, en el plazo máximo de 48 horas, deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial según lo establece el artículo 356 del COPP.

En este momento, los cinco derechos “básicos” con los que cuenta una persona son:

  1. Derecho a ser informado de las razones de la detención y de los derechos que nos asisten.
  2. Derecho a guardar silencio.
  3. Derecho a la asistencia de un abogado de oficio.
  4. Derecho a informar a los familiares del detenido.
  5. Derecho a la asistencia médica.

Es importante saber que cuando estas normas no se cumplen existe la posibilidad constitucional de hacer uso de un habeas corpus que obliga a que toda persona detenida se la presente en un plazo preventivo determinado ante el juez, quien puede ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. Esta es una de las competencias de la Defensoría del Pueblo. Por ello, en caso de que una situación así suceda en tu entorno debes dirigirte a la oficina delegada de la Defensoría que existe en todos los Estados del país, puedes buscar en internet la dirección de estas.

No sólo están estos derechos sino todos aquellos que están relacionados con el respeto a la dignidad de las personas detenidas, en esto la ley que debes conocer  es la Ley contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes  que establece cuáles son las condiciones de reclusión y cuando estas violan los derechos humanos, estableciendo la responsabilidad de las personas involucradas en estos casos.

Si enfrentas una situación de esta naturaleza además de pedir el auxilio de la Defensoría del Pueblo, toma en cuenta que los Fiscales del Ministerio Público tienen por ley la obligación de proteger la dignidad humana y los derechos y libertades fundamentales de los detenidos y detenidas y se encarga de esto en la que hoy se denomina Dirección de Protección de Derechos Humanos que antes era la Dirección de Protección de Derechos Fundamentales.

Este es un tema extremadamente amplio y delicado, uno de los que merece la pena entender que todos los ciudadanos como son titulares de derechos se encuentran obligados a conocerlos, a entender cuáles son las personas que están obligadas de venir a su auxilio y cuál es el comportamiento que deben tener ante las autoridades.

En primer lugar ante la policía conviene mantener la calma y saber que aunque cada cuerpo tiene su regulación se viene trabajando en unificar su régimen jurídico.  Tomamos en esto por ejemplo, el instrumento denominado Baquía del CGP señala:

Tu fuerza es mi medida (adaptada a la resolución N° 39390 del 19 de marzo de 2009 del MPPIJP), se establece que “En el nuevo modelo, la Policía lucha contra el delito apegada al estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y haciendo uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial cuando sea necesario, según los niveles de resistencia de la ciudadana o el ciudadano y ajustados a los principios de legalidad. Sus funcionarias y funcionarios utilizarán el arma de fuego sólo en circunstancias extremas, como reacción al ejercicio de una fuerza letal para la defensa de la propia persona o de los terceros, ante una agresión ilegítima y atendiendo a los principios de necesidad, oportunidad y proporcionalidad”.

Esto es un estándar de obligatorio cumplimiento por las funcionarias y los funcionarios policiales en el marco de la garantía a los derechos humanos, que nos indica que mientras menos resistencia pongamos, debería la policía tener una actuación más limitada y menos lesiva. En caso contrario, como lo venimos señalando podemos y debemos denunciarlo.

Nos queda tomar en cuenta que los funcionarios policiales deben estar debidamente uniformados, identificados y explicar el procedimiento que realizan y sus causas, así como exhibir las órdenes judiciales en las que se basan en caso de que así lo exija la ley, debiendo tomar en cuenta que en nuestra legislación existe un delito que en la práctica se ha tornado demasiado flexible que es la resistencia a la autoridad como una sanción penal que se recibe en caso de faltas de respeto o manifiestas faltas de colaboración con los uniformados.-

Jornadas de Justicia Municipal, Mujer, Poder Popular y Paz” NINOSKA QUEIPO BRICEÑO”

El 11 de octubre se celebraron en Maracaibo las Jornadas de Justicia Municipal, Mujer, Poder Popular y Paz” NINOSKA QUEIPO BRICEÑO”, en la cual compartimos una ponencia denominada “Tribunales de Conciencia: una propuesta para la justicia y la memoria en la coyuntura actual.”