#ElDerechoAlDerecho: Inamovilidad Laboral 2020

Según el Decreto N°4.160 de la Presidencia de la República, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.519 el 13 de marzo de 2020, el país se encuentra en un Estado de Alarma que incluye todo el territorio nacional que tiene por objeto tomar las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población a fin de mitigar y erradicar los riesgos que genera el COVID-19.

En relación con nuestros derechos, el Estado de Alarma es una de las formas del Estado de Excepción previstas en la Constitución y puede restringir algunas de nuestras libertades. En concreto según lo decretado puede decretarse la suspensión de actividades, en todo el país o al menos en algunas zonas.  Actualmente estamos dentro de ese supuesto.

Es importante que nosotros tomemos en cuenta que en la Ley Orgánica Del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras existe una institución similar a esta, la suspensión de la relación de trabajo, en la que quedan claras las instituciones mínimas de protección al trabajador y a la trabajadora. Tomando en cuenta que este es para todo el país un hecho inédito que parece revelar de la naturaleza de un “caso fortuito o de fuerza mayor que tengan como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión temporal de las labores” (art. 72, i), que esta suspensión ha sido dictada por el Ejecutivo Nacional, así como el principio que manda a interpretar la ley laboral en favor de los trabajadores nosotros observamos como protección mínima de todos y todas quienes se encuentran en esta condición que:

  • El tiempo de la suspensión se computará para la antigüedad del trabajador o trabajadora.
  • El patrono o la patrona deberá continuar cumpliendo con las obligaciones relativas a:
  • La dotación de vivienda y alimentación del trabajador o trabajadora, en cuanto fuera procedente.
  • Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad Social.
  • Las obligaciones convenidas para estos supuestos en las convenciones colectivas.
  • Los casos que por motivo de justicia social establezcan los reglamentos y resoluciones de esta Ley.
  • Prohibición de despido, traslado o desmejora (artículos 72, 73 y 74 de la Ley Orgánica Del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras)
  • El tiempo que dure la suspensión no puede ser tomado como vacaciones pues estas tienen un régimen jurídico distinto al de la suspensión.

De manera adicional, previendo que existieran patronales que quisieran hacer despidos en base a la inactividad o a las pérdidas económicas que pueden enfrentar como consecuencia de esta situación, el Ejecutivo Nacional dictó un decreto, con fecha del 23 de marzo de 2020, que contiene la ratificación de la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de este año y además establece un Plan Especial de pago de nóminas a través del Sistema Patria por un lapso correspondiente a 6 meses, comenzando desde marzo hasta agosto.

La inamovilidad laboral como institución de protección laboral también se encuentra consagrada en la Ley Orgánica Del Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras según la cual “los trabajadores y trabajadoras protegidos de inamovilidad no podrán ser despedidos, ni trasladados, ni desmejorados sin una causa justificada la cual deberá ser previamente calificada por el inspector o inspectora del Trabajo. El despido, traslado o desmejora de un trabajador o trabajadora protegido de inamovilidad son contrarios a lo previsto en la Constitución y en esta Ley.”

De modo que si pese a la protección dictada por el Ejecutivo Nacional te encuentras con la pretensión de la patronal de proceder al despido tienes que dirigirte a la Inspectoría del Trabajo de la entidad donde te encuentres.


Aquí tendrás las direcciones y teléfonos a nivel nacional –> https://www.actualidad-24.com/2014/07/inspectoria-del-trabajo-direccion-ubicacion-telefono.htm

Los ancianos y su debilidad.

“Si nada va bien, llama a tu abuela”

Proverbio Italiano

El Covid 19 es una crisis que ninguno de nosotros esperó vivir. Esta ignota y feroz enfermedad nos ha puesto ante algunas evidencias difíciles de asimilar. Nuestro mundo tan tech, tan avanzado, tan presumido no es nada ante una gota de saliva. Por eso, de un solo estornudo –cual efecto mariposa- puede caer todo el sistema financiero internacional y dejar en evidencia que las políticas económicas actuales más difundidas ocasionan grandes desastres sociales.

Por ello, tenemos de frente la evidencia de nuestra debilidad colectiva y no nos llegó sola, también nos dejó ver que el mundo está mejor si nosotros nos recogemos: vemos delfines en Cartagena, peces en Florencia, aire en las metrópolis y sentimos frío en Caracas.

Al evidenciarlo, son tantas las cosas que ya han pasado, que el mundo ya parece diferente. Sin embargo, falta tanto para que la situación se corrija que para hacer balances habrá que esperar un par de meses. En la espera, algunos analistas ya adelantan algunas graves consecuencias:  se producirán enormes caídas del PIB, habrá un disparo del desempleo a máximos históricos según la OIT, se reformularán los planes de endeudamiento en Europa, se harán concesiones para amortizar la crisis en USA, etc.

Ahora, entre todos esos temas creo que hay uno que merece que nosotros lo evaluemos y es el discurso que en algunos países se ha dado sobre las personas de la tercera edad. Al considerarlo, observamos la decisión dolorosa pero enmarcada en el agotamiento del sistema, de la suspensión del tratamiento de los octogenarios en Italia y luego el revuelo que generó la declaración de Dan Patrick, Vicegobernador de Texas quien opinó que las personas mayores de 70 años “sabrán cuidarse a sí mismas” y que debían sacrificarse e incluso ofrendar sus vidas para que la economía estadounidense no se detuviera.

¿Pensamos nosotros así? ¿Estamos de acuerdo? ¿es una decisión lógica ante un escenario tan difícil? Quizás la situación italiana donde parece que la decisión a tomar era cuál priorizar entre dos vidas en riesgo, nosotros podemos entender el razonamiento: entre un anciano cuyo caso es más complicado, cuya expectativa de vida es más limitada y que alguien podría decir que “ya vivió”, y, una persona joven cuyo cuadro sea más alentador, cuya expectativa de vida sea mayor y que no ha tenido “la oportunidad de vivir”, los médicos o los responsables del sistema de salud priorizan al joven aunque signifique una condena para el anciano.

El discurso de Dan Patrick tiene otros elementos porque no está hablando de una elección entre dos personas o dos vidas sino entre la vida de una persona y cosas. Se refirió a bienes materiales –como los que son la base real de la economía- y a elementos ideales como los que conforman la cultura, las instituciones o la estructura de una sociedad. ¿Son estas cosas más importantes que una vida?

El debate sobre el valor de la vida en Estados Unidos es común. En especial, en Estados como Texas que todavía aplican la pena de muerte aunque esta haya sido tachada de elemento bárbaro, anticuado, cruel, innecesario e ineficiente en casi todas las partes del mundo.

Jurídicamente esta situación nos hace pensar en estas cosas: el derecho a escoger morir, el derecho al adiós, la posibilidad del Estado de causar la muerte por su acción o su inacción y finalmente, cuál es la valoración que tiene la sociedad en la que vivimos de la vejez.

“El derecho a escoger morir” es una frase que contiene el controvertido tema de la eutanasia, la cual no se encuentra legalmente consagrada en Italia donde hace pocos meses se celebró como un éxito para quienes la defienden que en septiembre de 2019, el Tribunal Constitucional determinó que ayudar a morir a un enfermo con una patología irreversible no siempre se puede punir.  Por ello, la eutanasia dejará de ser condenada como homicidio si el enfermo considera “intolerable” el “sufrimiento físico y psicológico” que le provoca su patología, pero sigue siendo “totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes”. En Texas, la eutanasia es legal desde 1999.

¿Qué ocurrirá en estos casos? ¿Será un diagnóstico de COVID-19 a una avanzada edad suficiente para ser considerado “intolerable” el “sufrimiento físico y psicológico” al que es sometido el enfermo?  Este es un tema del que seguramente en los próximos meses empezaremos a ver controversias.

Queda, sin embargo, un tema al desnudo con estas polémicas y es el poco valor que se le da a los ancianos, resumido en las ideas de Lagarde, Directora del Fondo Monetario Internacional, tristemente célebre por afirmar en los últimos años que “los ancianos viven demasiado”.

¿Son las personas mayores cargas económicas insostenibles? ¿cuerpos que perdieron lo estético y lo útil? ¿elementos sacrificables para un hipotético provecho de los más jóvenes? Quizás un enfoque de esta naturaleza esté saliendo a flote y dejando ver que hemos perdido valores que comparten muchos otros pueblos, como los asiáticos y los pueblos originarios de América que estiman que en la vejez está la sabiduría y a ésta se le debe respeto.

Curiosamente al día que escribo estas líneas parece que China es el primer país que levantará la cabeza frente a esta pandemia y es también uno reconocido por el respeto que tiene por sus mayores.  En su filosofía existen citas celebres sobre esto, como el pensamiento de Confucio quien se interrogaba diciendo “si uno no demuestra respeto hacia los ancianos, ¿en qué se diferencia de los animales?”.  Legalmente en China existen importantes deberes que imponen que las familias cuiden a las personas mayores y demográficamente es uno de los países con más ancianos del mundo, superando los 40 millones de habitantes ancianos.

Ahora que esta pandemia galopa hacia nuestros países será nuestro turno de tomar decisiones y de cuidar a nuestras poblaciones, en medio de las situaciones particulares de nuestros países que no se caracterizan por tener infraestructuras prestas para esta calamidad.

En medio de esto tendremos que preguntarnos, individual y colectivamente, cuál tratamiento daremos a nuestros mayores, cómo los protegeremos de enfermarnos y qué priorizaremos.

Cuidar a los enfermos

A Desalambrar

Una persona portadora de COVID-19 que ignora su condición es capaz de contagiar a mucha gente, también alguien cuya condición de portador ya se ha evidenciado y certificado, o, al menos hasta ahora eso es lo que piensan los médicos. Sin embargo, a diferencia de los vectores que transmiten el dengue o la malaria, quien contagia esta patología es un ser humano. Es decir, una persona dotada de derechos y dignidad.

Por la dignidad todos los humanos somos diferentes a las cosas, somos superiores a ellas, incluso cuando estamos enfermas o después de morir. Por la dignidad todos los humanos somos iguales entre nosotros, miembros del concepto abstracto y colectivo de la humanidad. Por ello, estamos ante un desafío en el que hemos de protegernos de enfermarnos al tiempo que debemos cuidar, sanar y proteger a los enfermos de posibles actos de discriminación y odio.

Nadie duda que las personas que sufran el COVID-19 deberán someterse a todos los tratamientos incluso aislamientos que necesiten para recuperar su salud y evitar contagios, pero deben ser tratados con decoro, con discreción y prudencia, en tanto, podría venirse sobre ellos algunos bárbaros que busquen forzar a que abandonen sus hogares o que quieran atentar contra su integridad física o contra su vida.

¿Podemos estar seguros que nosotros no nos enfermáremos, qué no estamos enfermos? Según lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud nadie puede asegurarlo. Por ello, existen muchos deberes nuevos e inesperados que nos arropan.

Como Nación somos un pueblo unido por una historia, que habita un territorio y aspira un futuro y es allí donde se plantea este reto que requiere el sacrificio de la más grande de las mayorías para proteger la vida de un número incierto de personas, de las cuales, por los momentos algunos podrían pensar son tan sólo un grupo pequeño.

Pero esas personas, que de darse el crecimiento exponencial que se ha dado en otras partes pasarían a ser muchas más, requieren con urgencia que nosotros tengamos hacia ellos una mirada compasiva, justa, de humanidad. No sólo porque esto es un deber de todos los que practican alguna espiritualidad sino porque esta enfermedad es un impase fortuito de la vida y pase lo que pase, ni siquiera los más grandes criminales dejan de tener dignidad, de ser ciudadanos o de ser humanos.

Por estas horas son cada vez más comunes los rumores. Las historias suelen concluir diciendo que es posible que la hija de la vecina tenga fiebre. Algunas veces, en la comunidad salen algunos a proponer que se tome alguna acción de fuerza. Esto es precisamente lo que no debe ocurrir, ese es el comportamiento cruel que empeora la situación de alguien que puede estar enfermo.

Ante esta enfermedad, si usted va a perseguir a un supuesto enfermo tiene riesgo de contagiarse además se le verán las costuras de su poca sensibilidad social así como que no ha entendido que de esta enfermedad –Dios nos proteja- podemos contagiarnos todos. En estas horas debemos cuidarnos en el cuerpo y en el alma, en nosotros y en los otros.

@anicrisbracho

Caracas

Pensar el COVID-19 desde la perspectiva de los derechos

Desde que la Organización Mundial declaró que el Covid-19 era una pandemia y empezaron a tomarse medidas severas y simultaneas en distintas partes del mundo para frenar su contagio, se ha hablado insistentemente de las consecuencias económicas de este suceso. El mundo se ha parado y con ello todo el tejido social, todas las relaciones económicas, todos los emprendimientos están en riesgo.

Esta situación es tan severa que algunos analistas comienzan a sostener que el mundo cuando pase el “distanciamiento social”, “el Estado de Excepción global” o “la cuarentena social obligatoria” no será el mismo y ya comienzan a observarse algunos síntomas. Por ejemplo, ya es evidente que la Unión Europea es una estructura incapaz de prestar el auxilio requerido por sus propios ciudadanos. Así, Italia y España se han visto en la necesidad de actuar como Estados independientes y esperar la ayuda de países externos de la unión como China y Cuba para protegerse. Lo que puede generar que se reevalúe esta fórmula de integración mucho más allá de la crisis que vive en el marco del Brexit.

Otra situación interesante se presenta ante la fuerza que ha adquirido la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, como verdadero gestor de la crisis, con protocolos unificados que se han implementado y que significan limitaciones a los derechos individuales de un porcentaje muy significativo de la población mundial.

Sobre este punto, vale recordar que el Estado de Excepción, previsto en muchas Constituciones occidentales y periféricas, se encuentra activo –parcial o integralmente- en varios países y por recomendaciones de la OMS. El tiempo de duración, la dimensión de la limitación de los derechos parece tener algunos rasgos inéditos. Por ejemplo, al haber sido pensado para catástrofes que tendrían limitaciones geográficas –una región, una ciudad o un país- así como soluciones en un tiempo de quince días o un mes y que se extenderían a lo mucho el doble de ese tiempo.

¿Cuánto durará la crisis que genera no tener una vacuna para el COVID-19? ¿Quedará algún territorio libre de la enfermedad? A juzgar por lo que se sabe hoy parece que se requiere un tiempo para que exista una medicina capaz de inmunizarnos, un sistema capaz de proveérnosla y mientras la enfermedad seguirá avanzando.

Para evitarlo, confiamos en los más elementales recursos, como la precaución, el jabón, el cloro y los remedios naturales. Los consejos que emanan de la OMS y que se imponen, a través de variadas formas de Estado de Excepción son todas limitaciones de las diversas facetas de las libertades individuales: desplazamiento, comercio, reunión, manifestación, trabajo y educación.

¿Qué consecuencias traerá a nuestras nociones de libertad este momento? Este hecho también interfiere y entorpece algunos calendarios electorales y preelectorales que podrían verse atrasados por la situación que se vive, con lo cual pasará a afectar elementos de la libertad política relacionada con los comicios electorales, en muchos países entre ellos en Estados Unidos donde las acciones partidistas han sido supendidas.

Un elemento que finalmente entra en estas consideraciones está relacionado con cuáles son las condiciones sociales en las que se enfrenta el llamado a una cuarentena y cómo esta, para ser efectiva y posible, requiere estándares de acceso a derechos sociales que no están mundialmente garantizados.

Por ello, hemos de pensar que pese a las ayudas gubernamentales que se prometan, la inactividad impacta a una población mundial que habita un sistema caracterizado por los recortes en los servicios sociales y la precarización del empleo.

De este modo, la cuarentena global ha sido dictada en un mundo donde no todas las personas tienen las condiciones para cumplirla y en cierto modo esta instrucción omite que:

  • Según la ONU, 1.600 millones de personas habitan en casas inadecuadas, 900 millones en asentamientos informales o campamentos, que en estas estadísticas no se incluye a las personas que viven sin casa o en la calle.
  • Según la UNICEF, 2.200 millones de personas en el mundo no cuentan con acceso a agua potable de forma segura, 4.200 no tienen servicios de saneamiento y 3.000 millones no tienen las instalaciones básicas para el lavado de manos.
  • En el mundo existen miles de personas privadas de libertad y la condición de hacinamiento se encuentra expandida en la mayor parte de los países, conllevando con ella un precario acceso a las instalaciones sanitarias indispensables para la mayor parte de las personas en esta condición.
  • Según la OMC, al menos el 5% de la población del mundo se encuentra desempleada y según el Banco Mundial casi la mitad de la población mundial está dentro de los parámetros internacionales de la pobreza.
  • Según las oficinas que miden la migración de la ONU, en el mundo existen 272 millones de personas en condición de migrantes y éstas se enfrentan a ambientes cada vez más difíciles que incluyen precariedad y confinamientos.  

Es decir, que la situación no es tan sólo un problema macroeconómico donde se evidencian pérdidas de mercados, reducción de ingreso público o posibles colapsos que se producirán con el paso de los días sino que cada día que pasa constituye un apremio para millones de personas que se encuentran en distintas partes del mundo, ante el reto de una situación particularmente grave y sistemas públicos precarizados.

De este modo, nosotros estamos ante una situación que evidencia especialmente la gravedad de que los derechos sociales, económicos y culturales se encuentren condicionados a que los Estados cuenten con los recursos presupuestarios y financieros que les permitan garantizarle condiciones de vida aceptables a su población.

En tanto, existen hechos impredecibles, catastróficos como esta situación que el mundo enfrenta con la aparición del nuevo coronavirus que caen en sistemas que no son permanentes, universales ni suficientes que se encuentran condicionados a la existencia de recursos en un país, de su correcto aprovechamiento y que siempre se encuentra condicionado a la posible libertad de desarrollo de un país –que no ocurre bajo las condiciones actuales del mundo-.

Mientras estas diferencias existan y sean admitidas entre los derechos, se estará permitiendo y favoreciendo que se den grandes diferencias entre las personas que en caso como el actual son diferencias entre la vida y la muerte, la existencia individual y colectiva, así como la más sencilla posibilidad de acatar o no las recomendaciones de la OMS convertidas hoy en normas de excepción.

Estado de Alarma en Venezuela por Coronavirus ¿y eso qué es?

La vida republicana está regida por la Constitución que establece nuestros derechos, así como los procedimientos y mecanismos mediante los cuales el Estado debe garantizar la gobernabilidad del país. Adicionalmente a esto tiene, en su parte final, una serie de consideraciones que aplican cuando es imposible garantizar la vigencia y efectividad de la misma y del resto del ordenamiento jurídico mediante la utilización de las facultades ordinarias de las autoridades competentes, debido a la concurrencia de circunstancias excepcionales, como es el caso del coronavirus que exige una cuarentena preventiva y social. Para ello, el 13 de marzo de 2020 el Presidente de la República hace uso de una de las figuras previstas en el artículo 338 que contempla el “estado de alarma” que  procede cuando es imposible garantizar la vigencia y efectividad de la misma y del resto del ordenamiento jurídico mediante la utilización de las facultades ordinarias de las autoridades competentes, debido a la concurrencia de circunstancias excepcionales.

Su dictado proporciona al Gobierno capacidades extraordinarias para abordar revertir la situación extraordinaria y devolver la coyuntura al estado de normalidad para el que está concebido la Constitución. Esas facultades extraordinarias, que básicamente consisten en la limitación o suspensión del ejercicio de algunos derechos fundamentales, no son poderes ilimitados ni de ejercicio arbitrario o discrecional. De este decreto existe un control parlamentario y hemos de tomar en cuenta que en Venezuela ninguna de estas consideraciones permite tocar el derecho a la vida, el derecho a la comunicación –prohibición de la incomunicación-, no se pueden practicar torturas, omitir el debido proceso o el derecho a la información. Pueden darse, como ya se han dictado limitaciones en el derecho a le educación, a la libertad de trabajo o de desplazamiento.

Según nuestra Constitución este Estado durará un máximo de treinta días  y puede prorrogarse una vez más por el mismo tiempo.

Venezuela elige la Corte Penal Internacional: los pros y contras de esta instancia

derecho

La República Bolivariana de Venezuela ha hecho del conocimiento público que el día 13 de febrero de 2020 presentó ante la Corte Penal Internacional un documento con el que solicita “se investiguen los graves delitos cometidos contra la población venezolana por parte del Gobierno de Estados Unidos”[1], lo cual nos adentra a un tema poco conocido por los venezolanos, el de la justicia penal internacional.

Esta materia es un cruce de caminos entre el derecho penal y el derecho internacional, por lo cual, genera una mezcla de sentimientos. Podemos, al acercarnos a ella sentir mucha esperanza en la construcción de un mundo mejor o evidenciar porqué el mundo está constituido como un entorno donde existen países hegemónicos que dominan a los demás.

Tomemos en cuenta que la Corte Penal Internacional es una figura que aunque generó un intenso debate al final de los años 90 cuando más de 130 países firmaron el Estatuto de Roma, hoy tan sólo cerca de 100 lo han ratificado y en los últimos años, en vez de conseguirse la sumisión de países por los cuales la instancia esperaba, en especial, de Estados Unidos, ha sido noticia que Filipina, Malasia, Rusia y Sudáfrica se han retirado de esta institución judicial.

Ahora, siendo que la decisión de la República Bolivariana de Venezuela es someter a esta instancia lo que ha sido la política –recientemente ratificada por Donald Trump- iniciada con el Decreto Obama de calificar a Venezuela como amenaza y dictar sobre ella todo un conjunto de acciones coercitivas unilaterales nos proponemos el estudio minucioso de esta acción, iniciando por ver ante cuál instancia se ha presentado.

¿Quién es la Corte Penal Internacional?

El documento presentado por la Vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, el viernes 6 de marzo de 2020 en su segundo apartado señala: “La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Es un organismo distinto a la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas que trata principalmente las controversias entre Estados.”

Veamos primero la promesa: la Corte Penal Internacional es el tribunal de la humanidad. Sus defensores nos dirán:

  • El Estatuto de Roma desarrolló el derecho internacional al recopilar normas, costumbres y principios que se encontraban desordenados en el orden jurídico mundial.
  • La Corte Penal Internacional es la superación de la figura de los tribunales ad-hoc que venía dictando el Consejo de Seguridad para conocer conflictos que ya habían generado mucho sufrimiento y en los que se evidenciaba se habían cometido grandes crímenes.
  • Por eso, como es un tribunal permanente que sanciona crímenes en cualquier parte del mundo, tiene una función punitiva pero también una disuasiva, en tanto se estima que por su mera existencia las autoridades que pueden cometer estas acciones las eviten.
  • Tiene competencia en casos de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidios y guerras ofensivas o de agresión.

Seguidamente observemos algunos de sus problemas:

  • La Corte Penal Internacional nació y se desarrolla en un mundo caracterizado porque los Estados más fuertes hacen uso de su fuerza en contra de los eslabones más débiles y/o no alineados a sus intereses, los cuales pueden tener en la CPI un instrumento que les hace más fuerte porque les dota de un brazo punitivo, con buenos o malos motivos, más allá de sus fronteras.
  • Desde esta perspectiva la CPI es “una potencia juzgadora hegemónica dotada con la capacidad de adoptar, eficazmente, decisiones unilaterales en este campo, que aplicaría su versión del derecho, nacional o internacional, desplegaría su propio sistema de justicia y arribaría a las consecuencias punitivas que considere pertinentes”[2]
  • La implementación de la Corte Penal Internacional así como de su derecho está plagada de incógnitas, en especial en lo que exige la CPI para considerar que en el derecho nacional existen normas suficientes para que baste la persecución nacional de los delitos.
  • Sobre lo sustantivo hay quien señala que sus tipos penales no ofrecen certeza en los elementos del crimen, que el Estatuto se enfrenta a problemas sobre las penas a imponer en tanto consagra como pena la cadena perpetua y esta no existe en todos los Estados parte. Finalmente observando que ir ante la CPI puede que rompa el principio ne bis in ídem en tanto signifique el juzgamiento por los mismos hechos y en contra de la misma persona.
  • Adjetivamente hay quien cuestiona que la CPI tiene en la instrucción de sus causas varios vicios que anularían sus procedimientos. Por ejemplo,  la desatención al sistema local de inmunidades constitucionales y con mucha más gravedad se señala la no identificación del acusador, el posible valor de la delación, el desconocimiento de los investigados de las personas que realizan la investigación, la persecución y el procesamiento, lo que en resumen puede significar el irrespeto del principio de defensa necesaria toda vez que existe reserva sobre elementos de prueba y una enorme discrecionalidad del Tribunal.

Si estos aspectos podríamos catalogarlos como cuestionamientos jurídicos, vienen acompañados de otros que valoran lo que han sido el desempeño de la Corte Penal Internacional en sus dos décadas de existencia entre los cuales podemos observar:

  • El Estatuto de la Corte no ha sido firmado ni ratificado, entre otros países, por Estados Unidos, China, India, Israel, Cuba e Irak.
  • La postura de los Estados Unidos sobre la Corte Penal Internacional recogida en la American Servicemembers Protection Act (Ley de Protección del Personal de Servicio Estadounidense) que prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses (incluidos los tribunales y los organismos encargados de hacer cumplir la ley) la asistencia a la Corte. En consecuencia, se prohíbe la extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte y se prohíbe a los agentes del Tribunal llevar a cabo investigaciones en los Estados Unidos. La cual ha sido cada vez más frontal bajo el Gobierno de Donald Trump que señala que sancionará a los miembros de la CPI y retirará las visas de todos los que trabajen o colaboren con ella.
  • Desde su entrada en funcionamiento en 2002, hasta 2018,  la Corte Penal Internacional sólo había emitido 34 órdenes de arresto, adelantado 11 investigaciones principales y 10 exámenes preliminares y  tan sólo había emitido sentencias sobre africanos.
  • De igual forma, se observa que los tiempos del procedimiento, determinados por la agenda internacional y la presión de actores externos genera que la imparcialidad de la Corte sea cuestionada, por no avanzar casos como los contenidos en las Evaluaciones Preliminares de México o Colombia, así como la posible legitimación de acciones que terminaron siendo procesos de invasión como el de Libia donde antes del asesinato de Muammar Gaddafi este había sido señalado por la CPI.

En relación a nuestro caso, observamos que Venezuela se adhirió el 13 de Julio de 2000 mediante Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma; que la Corte Penal Internacional el 7 de febrero de 2018 anunció que abriría un Examen Preliminar sobre Venezuela en relación a los hechos sucedidos en las manifestaciones de 2017 y que finalmente, decidió tomar lo planteado por Venezuela como uno de los aspectos de éste examen por tratarse, en su opinión, de hechos que ocurren en el mismo tiempo y lugar que aquellos que su despacho ya estaba investigando.


[1] Publicación oficial “Las sanciones son un crimen” 10 puntos clave para entender la acción llevada adelante por Venezuela en defensa de la soberanía nacional y los derechos humanos del pueblo venezolano.  Punto 1.

[2] Sergio García Ramírez “México ante el Estatuto de Roma” en Anuario Mexicano de Derecho Internacional, Volumen III, 2003