Por el derecho a decidir.

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Entre abogados, los votos concurrentes son las exposiciones que hacen los jueces para decir que están de acuerdo con algo pero quieren, necesitan, explicar sus razones. Porque, puede que sea importante para ellos decir que concluyendo lo mismo el razonamiento  difirió del que la mayoría de sus colegas suscribió. En este caso, yo me siento en esa silla.

El día de ayer, 20 de junio se realizó un acto público para solicitar a la Asamblea Nacional Constituyente que despenalice el aborto en Venezuela. Una especie de movida que se ve enmarcada en un mes de junio cuyo balance tiene lustros en materia de igualdad de género. El primero, la media sanción de una ley que legaliza el aborto en Argentina, y, el segundo, la entrada en vigencia de un nuevo régimen jurídico de las mujeres en Arabia Saudita que se publicita como el inicio del camino hacia la igualdad. Al menos, las que tienen carro han logrado manejar sin autorización de un hombre y con un permiso a su nombre.

El tema del aborto es un asunto complicado porque viene asociado con muchos mitos. El primero es realmente muy importante para el Derecho porque demuestra que la gente cree que las cosas no ocurren sino están en una ley o se promocionan por estar permitidas legalmente. Esto es un cuento fantástico que no tiene nada de cierto.

Si nos vamos a las historias que nos hicieron, Caín mató a Abel antes que se tuviera noticia de un Código Penal que incluyera el homicidio y nadie duda que eso fue un homicidio y lo mismo ocurre con muchas cosas. No porque la gente de un mismo sexo no se pueda casar no existen parejas homosexuales, y, la proscripción del aborto no genera que no se practique. Al contrario, si se prohibió fue porque se practicaba.

La prohibición absoluta que existe en el país ignora muchas cosas y la principal es que los embarazos no son todos historias deseadas, en condiciones seguras para el bébé y la madre. Puede un embarazo derivarse de un incesto o de una violación; puede poner en riesgo la vida de la madre o de la criatura, o de ambas.

De igual forma, la clandestinidad del embarazo y los métodos “artesanales” con los que se realizan son la causa por la cual, las mujeres que se los realizan suelen tener complicaciones que afectan su salud o pueden acarrear su muerte, y aquí, el aborto es un asunto de clases sociales porque la seguridad y salubridad del mismo dependerá del estatus de la persona que lo requiera.

Con estos argumentos en líneas gruesas es que el tema se ha planteado como un asunto de derechos humanos, que se le ha cambiado el nombre en muchos países, por ejemplo en Francia se abandono este pesado vocablo y se habló de la “interrupción voluntaria del embarazo” Igv, por sus siglas en francés, como manera de quitar toda la carga de cuestionamiento moral que viene emparejada al tema del aborto.

Ahora, regresando a Venezuela, a la esquina del edificio la Francia de Caracas donde se realizó la concentración, yo no puedo sino sentir que nosotros seguimos nuestra tradición de hacer las cosas de una manera inconexa.

El aborto o la interrupción del embarazo, legal o no legal, tiene que ser la última alternativa que tenga una persona porque realizarlo siempre tendrá riesgos e impactos para la salud y para el espíritu. Por ende, es un poco extraño la ausencia de un debate serio sobre el tema del acceso a la anticoncepción y a la educación sexual.

Se suponen que estas son las dos maneras de evitar que una persona llegue a tener que necesitar un aborto y la primera, está seriamente limitada por el estado actual del sistema de salud y las farmacias. El segundo se sigue limitando a una charla sonrojada en segundo año de bachillerato.

Si usted desliza el dedo con frecuencia por la prensa nacional verá extremadamente pocas noticias sobre el tema de los anticonceptivos y si lo pasa por la hoja de publicidades, públicas o privadas, verá muy poca información sobre educación sexual.

Hoy usted verá que al no hablarse de ninguna de estas dos cosas, el país tiene una línea de trabajo gubernamental permanente en materia de parto humanizado y una, línea política que comienza a hablar del aborto.

¿Estamos viendo el mundo desde el día después? Parece que a la sexualidad en Venezuela le seguirían entonces dos únicos destinos: parir o abortar, cuando en el medio está un derecho fundamental y una de las mejores facetas de la vida humana: la sexualidad libre, plena y responsablemente vivida.

Por eso mi voto es concurrente. Creo en el derecho a la sexualidad como una de las cláusulas que no han sido desarrolladas, uno que debe ejercerse desde nuestra naturaleza y deseos; creo que tenemos que mirar cuál es la situación del acceso permanente, ininterrumpido y programado a los anticonceptivos que cada quien elige por su preferencia y salud; tenemos que valorar cuáles son las alternativas para palear una enorme maternidad adolescente no deseada y con ello evitar los abortos, los cuales si han de ser no deben ser un riesgo para la mujer pobre, como tampoco debe serlo el parto, el cual requiere mucho más que salas bonitas para ser humanizado.-

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Niños enjaulados.

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El mundo está conmovido. Se han hecho virales las fotografías de niños siendo separados de sus padres, de niños durmiendo en estructuras enjauladas o con pulseras dotadas de códigos de barras. El escándalo empezó por algunos senadores norteamericanos y se volvió un asunto importante en la arena política estadounidense, donde demócratas y republicanos, se echan mutuamente la culpa.

En este asunto hay una verdad y una mentira. La verdad es que este es un acto abominable, que desprecia toda la normativa básica de los derechos humanos y que ocurre en el territorio norteamericano. La mentira es que este sea un hecho inédito o que no esté ocurriendo en Europa.

Si nos vamos a desmontar que sea inédito podemos recordar que Venezuela lo había denunciado ante la OEA, cuando desde el gobierno de Obama se fueron instalando estas practicas que luego se verían disminuidas al instalarse el gobierno de Trump por la retórica abiertamente anti inmigrantes que ha mantenido.

Con respecto a prácticas que encarcelan niños migrantes las mismas tienen más de una década ocurriendo en Europa como lo atestigua la doctrina y la jurisprudencia europea, En ese sentido, al abordar el tema  podemos incorporar la opinión del  Profesor de Cadiz, López Ulla[1], publicada en 2014 que recordaba que,

El Consejo de Europa y la Unión Europea, en varios documentos aprobados entre 2010 y 2012, reconocen abiertamente que en Europa no se han adoptado las medidas suficientes para garantizar de manera efectiva los derechos reconocidos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) en relación con los menores extranjeros no acompañados. Por lo que se refiere a las condiciones en las que pueden ser detenidos, urge implementar un procedimiento común capaz de salvaguardar la tutela administrativa y jurisdiccional de estos menores.

Existe una enorme cantidad de material sobre el tema, desde informes publicados por organizaciones que denuncian la practica como el informe ”Los niños indocumentados en Europa: Víctimas invisibles de las restricciones a la inmigración” de la PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) aparecido en 2008, hasta las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos donde se puede ver que un elemento fundamental ha sido la denuncia del sufrimiento que significan para los niños el trato que reciben en los países de acogida.

En la Sentencia Rahimi c. Grecia, el TEDH en varios parágrafos hace referencia a que los niños representan uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, y aún más los menores inmigrantes ilegales no acompañados; esta circunstancia es determinante para declarar la lesión del art. 3 CEDH cuando las autoridades no atienden la especial obligación que tienen de proteger a estas personas (parágrafos 86 y 87). Al respecto, la Sentencia Rahimi se remite a la Sentencia Mubilanzila Mayeka y Kaniki Mitunga c. Bélgica, parágrafo. 55, donde ya se subrayó que entre las circunstancias a valorar para determinar si se ha superado el umbral de sufrimiento que nos permite calificar una actuación de trato inhumano hay que considerar que los niños representan un grupo especialmente vulnerable de nuestra sociedad, especialmente los inmigrantes no acompañados en situación de irregularidad; esta circunstancia ha de tomarse especialmente en consideración cuando se presenta una denuncia relativa a las condiciones en las que se ha practicado la detención (parágrafos 55 y 56). En Okkali c. Turquía, de 17 de octubre de 2006, parágrafo 70: “los niños son particularmente vulnerables porque están expuestos en primera línea a diversos tipos de violencia, por lo que los gobiernos tienen la obligación de implementar las medidas de protección oportunas”. En el mismo sentido, A. c. Reino Unido, de 19 de febrero de 2009, parágrafo 22, (que se remite mutatis mutandis, a la Sentencia X y Y c. Holanda, de 26 de marzo de 1985, parágrafos 21 a 27; a Stubbings y otros c. Reino Unido, de 22 de octubre de 1996, parágrafos 62 a 64; y también a los arts. 19 y 37 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niños). En este sentido también, inter alia, A. c. Reino Unido, de 23 de septiembre de 1998, parágrafo 22. La Corte se ha pronunciado en varias ocasiones en relación con actos de violencia física contra los niños en el seno de la familia: entre otras, en las Sentencias A. c. Reino Unido, de 23 de septiembre de 1998, Z. y otros c. Reino Unido, de 10 de mayo 2001, y en E. y otros c. Reino Unido, de 26 noviembre 2001, donde el Tribunal recuerda que los niños son personas muy vulnerables, por lo que los gobiernos tienen la obligación positiva de tomar las medidas oportunas para disminuir, tanto como se pueda, las posibles situaciones de peligro real que pudieran ser previsibles, ya sea actuando sobre la ley, esto es, operando las modificaciones normativas que se adviertan necesarias, ya sea corrigiendo las posibles derivaciones fácticas del sistema. En Siliadin c. Francia, de 26 de julio de 2005, encontramos otro caso interesante: se trata de una residente togalesa menor de edad víctima de eso que hoy se conoce con el nombre esclavitud doméstica.

Por vez primera la Corte asemejó el estado de servidumbre que había sufrido la recurrente con la esclavitud, declarando por ello la violación del artículo 4 de la Convención (que prohíbe la esclavitud y los trabajos forzados) y censurando que la legislación francesa no tipificara en el código penal conductas como éstas. Por lo que ahora más nos interesa, en el parágrafo 112 de esta Sentencia se subraya la obligación positiva que tienen los gobiernos de reprimir el crimen de manera efectiva, y particularmente la necesidad de prevenir de manera eficaz los atentados contra determinados colectivos de personas especialmente vulnerables, categoría a la que pertenecen los niños, cuya dignidad e integridad ha ser preservada en todo momento, de acuerdo con lo establecido en la Convención sobre lo derechos del niño (arts. 19 a 37). (misma fuente)

Traemos a colación estos datos como un ejercicio de soplar sobre el olvido que nos impone la manera en la que la información se difunde en el tiempo presente, donde el horror de los niños presos hace ya más ruido que la situación que sufrió la flota Aquarius de la ONG SOS Mèditerranée, donde también habían niños e Italia les negó llegar a puerto y Francia rechazó olvidando que Córcega es parte de su territorio.

Mienten quienes intentan decir que esta es la situación de dos mil niños y que esto tiene uno o dos meses ocurriendo. Se trata de la realidad de un número incierto de personas que protagonizan la denominada “crisis migratoria” que se ha agudizado desde el 2018, al ser cada vez más los países sancionados o en guerra, o sometidos que sufren el tiempo de una situación mundial que para que nadie la mire de frente, no se le ha puesto nombre.

Según datos publicados el día de ayer, por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en su último informe Tendencias Globales. En total, las personas que abandonaron sus hogares de manera forzosa ya son 68,5 millones, 2,9 millones más que en 2016. Estos números superan las estimaciones anteriores que ya para el 2016 contaban que habían más personas en situación de migrantes en el presente que en la Segunda Guerra Mundial.

Según la misma organización universal, los sirios continúan siendo los protagonistas de esta dramática instantánea, con 6,3 millones de refugiados y 6,2 millones de desplazados internos, pero el deterioro de la situación en Myanmar, República Democrática del Congo o Sudán del Sur ha hecho que estos países ganaran cada vez más peso en las estadísticas.

En nuestro caso, con números y causas que siguen siendo objeto de debate, en Venezuela tenemos por primera vez una situación de migraciones que tiene impacto en la realidad nacional y que exige que se desarrollen políticas públicas para enfrentarla porque no tan sólo los países de acogida, al menos en la situación del sur de los Estados Unidos tienen explicaciones pendientes, también sería interesante saber porque este asunto trasciende por la molestia de algunos senadores estadounidenses y no por las representaciones consulares de los países de origen que participan en el proceso que viven los inmigrantes indocumentados en estas cárceles infantiles.[2]

[1] REMHU – Rev. Interdiscipl. Mobil. Hum., Brasília, Ano XXII, n. 42, p. 63-80, jan./jun. 2014

[2] https://elpais.com/internacional/2018/06/18/actualidad/1529339481_736195.html

Estados Unidos abandona el Consejo de Derechos Humanos. 8 Precisiones.

  1. Sala_XX.jpgLa Organización de las Naciones Unidas tiene dos oficinas principales en materia de derechos humanos, el Alto Comisionado y el Consejo.
  2. El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Fue creado el 15 de marzo de 2006 en votación de la Asamblea General con los votos en contra de Estados Unidos, Israel, Palaos y las Islas Marshall.
  3. Se reúne cada año por 10 semanas como mínimo, repartidas en tres periodos de sesiones, pudiendo celebrar también reuniones extraordinarias.
  4. El retiro se produjo al día siguiente que el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, en el marco de un discurso en la 38.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a las autoridades de EE.UU. a acabar con la práctica de separación forzada de niños de las familias inmigrantes que entran ilegalmente en territorio estadounidense a través de su frontera con México.
  5. La decisión la dio a conocer Nikki Haley, en conferencia de prensa conjunta con Mike Pompeo, alegando que el Consejo ha demostrado ser un organismo parcial, hostil y antiisraelí”
  6. Los Estados Unidos de América son un país conocido por no ratificar los tratados fundamentales del régimen de los derechos humanos, entre ellos, la Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena o la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual junto con Somalia constituyen las únicas excepciones.
  7. La salida de Washington del Consejo de Derechos Humanos es un retroceso similar al que significó su postura sobre el Estatuto de Roma (que rige la Corte Penal Internacional) el cual fue firmado en los últimos días de la Administración de Bill Clinton. Pero su sucesor, George W. Bush, dejó claro que no están dispuesto a ratificarlo.
  8. Se debe observar también que esta medida es similar a la anunciada el 3 de diciembre de 2017 cuando la administración Trump retiró a los Estados Unidos de la discusión de Pacto no vinculante con directrices comunes para la gestión humanitaria de movimientos migratorios y de refugiados, cuya firma estaba prevista para 2018.

 

Próxima parada ¿la selficracia?

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En mayo de 2017, Emmanuel Macron publicó una selfie con su equipo de campaña al ganar las elecciones presidenciales.

Yo no sé cómo es la relación de los escritores de verdad, esos que tienen hermosos libros publicados con sus mejores obras. Quizás me imagino un Cortázar años después volviendo a llenarse de las frases de La Rayuela o a un Gabo deslizando su dedo por una copia de El amor en tiempos de Cólera. Si no lo sé es porque suelo olvidar muy rápidamente lo que escribo y no estoy en su nivel. Sólo creo que tengo una excepción a esa regla y es un número de “A Desalambrar” destinado a jugar con conceptos para hablar de “La Fotocracia.”

La Fotocracia como artículo nació un viernes en la noche de un ataque de indignación. Formal como soy me resultaba terriblemente incomodo encontrarme con escenas íntimas de personajes políticos que además partían de la premisa que alguien tenía interés en ver que trabajaban. Sentía que esa no podía ser la respuesta porque no era la pregunta. El asunto venía de que la gente quería soluciones y no reuniones. Me invitaron a escribirlo tras ponerlo en algún twit y así fue, nació para mí una categoría para quejarme de una forma de democracia de las apariencias que me resulta aristocrática.

Aquella explicación terminaba en algunas interrogantes que no consigo contestar al día de hoy ni que nadie me dé luces que nos acercamos a superar el problema. Así, esas preguntas que vuelven y vuelven, fueron: “¿Creemos nosotros en la militancia política de las personas por las fotos que publican? ¿Creemos que las imágenes de grandes operativos cambian el sentir de quienes siguen presos en el mismo laberinto? ¿Creemos que es la intimidad del auto video lo que aspira una población agobiada de conflictos? La fotocracia es entonces una tendencia peligrosa que tiene tan poco de simpática como mucho tiene de peligrosa al alejarse de las bases de la democracia  y tener rasgos aristocráticos de privilegio y autopromoción.”

Eso fue en el 2016 y ya había sido entendido el Ministerio de la Comunicación como una oficina donde se escriben etiquetas para el Twitter. Ahora, el asunto tiene  muchas más herramientas. En especial, el instagram con su vocación de ventana donde todos queremos exhibir la parte más nice de nuestra vida.

Sin duda, este catálogo de opciones, estas tablas para exhibirnos han cambiado la política y todas las formas de interactuar en ellas pero ¿han cambiado la democracia? ¿no nos engañan? Parece que hablamos más y nos hacemos más sordos. Creemos que la comunicación política es el arte de decir lo que hacemos o queremos y no de leer lo que nos dicen.

¿Tiene sentido? ¿Es peligroso? No lo sé. En la experiencia de ciudadana a veces parece desalentador, en especial cuando sufrimos una interrupción o alteración en la prestación de un servicio público y los responsables están twiteando de cosas radicalmente diferentes. Se ven indiferentes o atontados, quizás las dos cosas.

Este es un gran tema en el 2018 porque el imperialismo se ha transformado también en un sistema político de gobierno desde el Twitter porque no tan sólo a Trump le encanta escribir mensajes sino que el Poder Judicial le impuso la prohibición de bloquear usuarios porque estima que este es un medio de interacción e información trascendental en el momento actual de la política estadounidense.

Yo admito que le sigo teniendo miedo a la fotocracia porque yo vengo de la política que se vive en la comunidad donde la gente se abraza, también porque creo que ha desfigurado la obligación de informar y la utilidad de estar informado y veo una evolución nefasta hacia una “selficracia”.

Para seguir jugando con palabras, creo que pocas me gustan más que República y su etimología latina de cosa de todos; a ella se deben nuestros esfuerzos políticos y vivimos en un esquema de interelaciones ancladas en el yo. Solo existe el yo para quien gobierna, para quien comunica y para quien recibe como ciudadano una información y esto desborona las dimensiones colectivas.

Mientras los problemas siguen allí, mientras el escenario internacional empeora, la vida política parece un rompecabeza donde las piezas no se encuentran…

Quizás me acueste hoy como acariciando mi viejo artículo y con la necesidad de decir que a nuestra política le está faltando realizar las acciones mas sencillas como mirar, escuchar, pensar, sentir y  unir, al tiempo que nos obsesionamos en mostrar. En mostrar-nos.

Hay una canción uruguaya, Santamarta de Labarnois y Carrero cuya última estrofa se me hace necesaria: “Y aunque es malo mantenerse aislado cuando todo el mundo está tan conectado si el diablo gobierna hay que tener cuidado la cultura nunca puede estar de lado no todo está en venta, no todo es mercado árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal.”

..a ver si lo pensamos.

Lo que dijo la Corte Constitucional colombiana sobre Venezuela: el deber de leer las pequeñas letras.

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Algunos medios venezolanos se han sentado a la mesa para disfrutar una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, dictada el 12 de junio de 2018, en la cual se exhorta a las autoridades neogranadinas a hacerse cargo de la situación de los venezolanos que han ingresado en el vecino país.

Aseguran, los comentaristas, que esta es la prueba que les faltaba para que nadie pueda dudar que Venezuela enfrenta una diáspora. Lamentablemente para ellos, esto no fue lo que dijo la Corte Constitucional colombiana porque lo que esta instancia hizo fue resolver un amparo interpuesto por una mujer venezolana de 34 años y la mamá de un niño de dos años porque el acceso a la salud en Colombia no es ni gratuito ni universal.

Lo que, en el caso particular consideró el juzgador era inhumano porque estas personas son migrantes económicos que alegan por demás que no pueden ser atendidas en Venezuela por falta de insumos. Por ello, la Corte Constitucional ordenó que fueran atendidos pero no de manera plena y gratuita sino “progresiva, ya que requiere de esfuerzos complejos por parte del Estado y de la disponibilidad de recursos suficientes que no pongan en un mayor riesgo al sistema”. Es decir, que ha de priorizarse la atención de colombianos y en medida que los recursos para atender a los primeros no se vean comprometidos debe atenderse a los venezolanos que se encuentran en Colombia.

Más allá de estas necesarias precisiones sobre la decisión colombiana en materia de atención de venezolanos debemos ubicarnos en cuál es el diagnostico país realizado por la misma instancia en fechas recientes, donde hemos de observar que el 7 de junio de este mismo año, la Corte consideró que la situación en la que han permanecido en los últimos años, con plena indiferencia de las autoridades, los guajiros y en especial los niños guajiros es tan grave que constituye un “estado de cosas inconstitucional” por lo que,  por primera vez, la Alta Corte reconoce la vulneración masiva y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu por fallas en el funcionamiento de las entidades estatales.

Reconoció en consecuencia que en Colombia, en el gobierno de Santos, viene ocurriendo la vulneración masiva y generalizada de los derechos constitucionales a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la participación étnica de esta población, lo que más allá de otra situación nos alerta que hay causas más allá de las políticas públicas (como la sequía que en esta parte del mundo estamos enfrentando) que han significado la pauperización de la población.

Por falta de voluntad en Colombia, por falta de insumos en Venezuela, los derechos fundamentales están comprometidos en toda la región latinoamericana y podemos observar este caso lo peligroso que es leer la realidad desde los titulares obviando las letras pequeñas que revelan: la inexistencia de un sistema de salud público en Colombia capaz de hacerse cargo de toda su población -es un hecho público que el vecino es uno de los países más desiguales del mundo- y que no hay una voluntad colombiana de recibir universal e inmediatamente a los venezolanos que ingresen en su territorio sino progresivamente y según sus reglas, las cuales funcionan tan mal -según la misma Corte- que parece estar en su peor momento.

Desde el odio: llamando peste al chavismo

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El día de hoy, 12 de junio de 2018, el Diario El Nacional, en su cuenta Twitter publicó el anuncio de un estreno del considerado por ellos como “documental” que recibe por título “Chavismo, la peste del siglo XXI”, lo cual merece algunas consideraciones jurídicas.

Fue el Consejo de Europa el que dijo que  cualquier forma de expresión que difunde, incita, promueve o justifica el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia” es un discurso de odio y que esto atenta contra el espíritu democrático que ha de imperar en las naciones modernas. Lo que coincide con lo que estamos viendo cuando tenemos un documental que quiere ubicar el chavismo, que es un movimiento político con el que se identifican millones de venezolanos, como la “peste del siglo XXI”.

Esto porque según el Diccionario de la Real Academia Española, por peste ha de entenderse una “enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad en los hombres o en los animales.”

Argumento o descripción similar a la que se ha usado para promover el odio en algunos pretéritos contextos, desde la preparación por parte del nazismo del Holocausto hasta el genocidio de Ruanda, ejemplos que han sido plenamente reconocidos en el seno de la Organización de las Naciones Unidas.

En una valoración jurídica nacional más limitada nosotros vamos a ver que existen distintas responsabilidades que confluyen en esta publicación.

Porque primero está el hecho de la creación y la proyección en sí de este documental que parece contrariar lo previsto en la Ley Constitucional contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, en específico en el artículo 20 en el que la promoción del odio quedó tipificada en los siguientes términos:

“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.”

Lo que no limita la posibilidad que tienen las personas identificadas como un colectivo de promover acciones constitucionales en contra de este acto hostil contra un sector de la población. Pudiendo ver por ejemplo, como un caso en algunos de sus términos análogos a este generó de la Sala Constitucional una medida cautelar que impidió una proyección de un largometraje sobre la vida del boxeador Edwin Valero.

La decisión N° 456 de la mencionada Sala del TSJ, con ponencia del magistrado Calixto Ortega Rios, acordó la medida cautelar solicitada, por lo que con carácter temporal y hasta tanto se dicte la sentencia que resuelva el fondo de la controversia planteada, se  suspenden los efectos del referido fallo del 15 de mayo de 2017 y ordena la suspensión de la Proyección y de la Producción Cinematográfica “El Inca”, en salas de cine y/o cualquier otro espacio audiovisual y/o impreso que exponga su contenido original.

Señala la Sala Constitucional, entre otros aspectos, que los hechos descritos por el representante judicial de la accionante hacen presumir la existencia de una situación que amerita la utilización de sus amplios poderes cautelares, habida cuenta del peligro que corren los adolescentes involucrados en la presente causa, de ser lesionados en sus derechos al honor, vida privada, intimidad, confidencialidad y reputación, por la autorización de la proyección de la película “El Inca”, que proyecta la vida personal y profesional del fallecido Edwin Antonio Valero.

Debiendo destacarse que, a diferencia de aquella valoración que le dio preponderancia a los intereses de una familia integrada por niños y adolescentes, en este caso parece evidenciarse una situación más grave porque parece evidente que el contenido del documental es difamatorio y promueve el odio en contra de toda una parte de la población venezolana.

Pudiendo observarse -para evitarnos el discurso de que esto sólo ocurre porque esto es una dictadura- como estas decisiones se han tomado en otros países cuando se considera que el material a presentar atenta contra valores superiores, como el caso de la decisión francesa del año 2015 de suspender unas presentaciones del humorista Dieudonné.

El alcalde de Nantes firmó este martes una “orden de prohibición ” del show. Los alcaldes de Burdeos (suroeste), Tours y Orléans (centro) han ido aún más allá y anunciaron su decisión de prohibir que Dieudonné trabaje en su ciudad.

El presidente François Hollande ha hecho un llamamiento para que las autoridades se muestren “inflexibles” ante el humor antisemita del cómico franco-camerunés y frente a las alteraciones del orden público que generan sus provocaciones inútiles.

En una circular, el ministro del Interior, Manuel Valls, dijo que la prohibición del espectáculo se produce para evitar el riesgo de graves perturbaciones del orden público y para que no “afecte al respeto debido a la dignidad de la persona humana”.

Ocurriéndole posteriormente a este humorista lo mismo en otros países como Marruecos.

El polémico humorista francés Dieudonné no podrá representar en Marruecos su espectáculo “La bestia inmunda”, previsto para el 29 de abril próximo en Casablanca, después de que haya sido prohibido por las autoridades, aseguran hoy varios medios marroquíes.

Dejándonos pendiente un último asunto referido a la responsabilidad en la que puede incurrir un medio electrónico o una cuenta de una red social por difundir este evento que estaría enmarcada en la misma ley constitucional así como en las premisas de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos que impone que los mismos sean usados de un modo compatible con la democracia.

Veamos lo que dice la Ley Constitucional,

Responsabilidad en las Redes Sociales

Artículo 14. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga.

Sin duda alguna este es un tema a valorar y cuyo debate es necesario en aras de una mejor democracia, recordando por demás que estamos en un contexto de reconciliación y pacificación que impulsa el Presidente de la República, que queda bastante comprometido con este tipo de acciones que parecen querer devolver la violencia y el odio entre venezolanos.

 

 

Sistema de Justicia ¿El aumento de las penas como solución?

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La reciente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de permitir el juzgamiento en libertad, o,  que el cumplimiento de penas no fuera mediante el régimen cerrado, de las personas implicadas en actos de importancia política en el país parece haber abierto el tema de la justicia en la agenda constituyente enVenezuela.

En este contexto una de las ideas que parece estar rondando es el aumento de las penas porque, sin que tengamos un instrumento que permita ver esto de manera objetiva, consideramos que para la inmensa mayoría de las personas, las penas son muy cortas o que, hacer justicia es encarcelar personas.

Vamos a intentar analizar esto desde tres angulos: el primero, la eficacia –o no- de un aumento de las penas como mecanismo para combatir la delincuencia; el segundo, los pocos casos en los que con las previsiones del actual Código Penal puede darse esta situación y el tema penitenciario en sí.

  1. a) El aumento de las penas

La pena, a nuestros efectos, es una situación excepcional que se activa cuando ha habido una interacción de instituciones capaces de demostrar que un sujeto a infringido las normas conductuales de nuestra sociedad. Por ende, vamos a ver que esta ya sea mediante la privación absoluta de la libertad física, la imposición de obligaciones de hacer o de no hacer.ocurre como situación excepcional que se contrapone al estado general de libertad en el que nacen y de ordinario permanecen los ciudadanos y ciudadanas.

Esto porque la libertad es un derecho civil fundamental, consagrado en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela y que no puede ser objeto de limitación alguna, salvo en los casos excepcionalmente previstos por la legislación.

Esto ocurre sólo de dos maneras: una privación judicial preventiva de libertad cuya aplicación se encuentra supeditada al cumplimiento estricto de unos elementos de procedibilidad previstos en el artículo 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que se utiliza en materia penal ordinaria y supletoriamente en las materias especiales tales como en violencia de género.

Quedando un segundo supuesto, aquel en que una persona ha sido objeto de un debido proceso ha recibido una sanción penal, o derivada de la responsabilidad penal del adolescente, que amerite una pena privativa de libertad.

La privación de la libertad por parte de un órgano del Estado es un momento sensible ante el cual las autoridades deben estar alerta. La experiencia muestra que en los centros penitenciarios o centros de detención se alcanza el más alto riesgo de encontrarse ante prácticas de tortura, trato denigrante, golpizas e incluso de que un agente del Estado cause la muerte de una persona.

Por ello, el proceso de privación de libertad cuenta con una serie de garantías y mecanismos de protección contemplados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los detenidos y detenidas. Los estándares internacionales son claros respecto de la solución a la compleja tensión entre asegurar la sanción penal y resguardar los derechos fundamentales del privado de libertad o de la  privada de libertad.

Para ello, las medidas apuntan en dos direcciones. Se debe entonces en primer lugar, impedir que para el logro de sus objetivos penitenciarios y preventivos generales el Estado configure actos de tortura física o psicológica, y en segundo lugar, recalcar que la persona privada de libertad se encuentra en un estado de indefensión del cual el propio Estado la debe resguardar.

Entonces debemos considerar que son dos cosas diferentes de las que estamos hablando aunque en la prensa o en el sentir público las tratemos como si fuesen lo mismo:

  1. a) el momento donde alguien es presentado ante la justicia que según la Constitución debe procurarse que esto se haga preservando la libertad de las personas porque nadie puede ser penado hasta tanto se haya comprobado su culpabilidad.
  2. b) y luego, el tiempo que la gente estaría penada (castigada) si se comprueba que la persona cometió un delito que se sancione de esta forma.

La primera situación está muy relacionada con el tema que se presenta con frecuencia ante la opinión pública y es el hecho que los juicios duran demasiado porque las audiencias se difieren. Entonces tenemos personas que probablemente no sean penadas que han pasado largos periodos detenidas, en clara contradicción con el régimen de los derechos fundamentales. Esto debe evitarse y existen iniciativas para procurar que a las personas en esta condición, por delitos de cualquier naturaleza, se les libere.

Si esto se configura volveremos a tener un escenario complicado para la opinión pública acostumbrada a simplificar el asunto presentando que la respuestas a la impunidad es detener, en flagrancia de preferencia, a las personas que alguien señala como implicadas en delitos.

Es incluso un tema sumamente interesante para el debate constitucional porque nos va a enfrentar las contradicciones que tenemos entre el derecho, las practicas periodísticas y lo que creemos es el sentir mayoritario de la gente sobre la materia porque muchas veces solemos escuchar decir cosas del estilo “es que a la gente le gusta que le muestren personas detenidas”.

De modo que, tenemos que abrirnos a estas preguntas ¿Creemos en el juicio en libertad o no? ¿Si aceptamos que la regla sea que las personas imputadas queden presas quién y cómo compensan los daños sufridos por personas cuya culpabilidad no será probada? ¿Cuánta es la duración máxima de un juicio?

Luego de ello  y bien separado el régimen de los procesados de aquél que se corresponde con los penados vamos a tener frente a nosotros otros asuntos entre los cuales, e primero  es tan filosófico como interrogarnos para qué sirve que alguien vaya preso si, al final de cuenta los asesinados no resucitan y creemos que la cárcel sirve tan sólo para perfeccionar las técnicas de los delincuentes.

Entonces, en mi opinión, de entrada no podemos centrarnos en pensar si una pena es –o no- muy larga sino vemos primero para qué sirve que alguien esté preso. En tal sentido, se puede observar que el sistema penitenciario venezolano, creado en la Colonia, sufrió relativamente pocas modificaciones y que fue una constante el entender lo penitenciario como parte de la potestad administrativa.

Esto confirma la denuncia de Binder[1] sobre la materia penitenciaria y es que en la práctica las penas suelen consistir, de manera obligatoria y por mandato judicial, en que “una persona sea encerrada en una jaula, y pase allí, supongamos, los siguientes diez años de su vida.”[2]

Lo anterior es una situación que podríamos describir como antigua, permanente y universal, puesto que viene de la dificultad de entender cuáles son las misiones y los objetivos de la prisión como institución y el lugar que tiene el detenido en la institución penitenciaria, y, en definitiva, en la sociedad.

De allí que para Larralde[3], “la prisión constituya una institución compleja, en la cual confluyen varias teorías, muchas veces ambivalentes y que tiene emparejado una multiplicación de funciones que la Administración Penitenciaria ha de cumplir”[4].

Por lo cual, a lo planteado por Binder se le suma que en la actualidad el ius puniendi del Estado ha perdido su cualidad de ilimitado al encontrarse necesariamente sometido al ímpetu y al contenido del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De allí, que le haya tocado su turno de someterse, como le correspondió a la escuela y al ejercito, al respeto del derecho y en especial, a la obligación de respetar los derechos humanos.

Lo anterior es producto de nuevos paradigmas en materia penitenciaria que se fueron incorporando progresivamente en distintos Estados y que son definidos por Redor-Fichot[5] como un progreso no sólo de los derechos sino en sí mismo como un “progreso del derecho”, porque con ellos el régimen penitenciario superó el estadio de “infraderecho”[6] y acercó a las personas privadas de libertad a un régimen más general, el de los administrados y en definitiva, el de los sujetos de derecho.

Es decir, que el tiempo de reclusión ya no equivale al fin de la personalidad sino tan sólo la limitación de la libertad pues, la vida de una persona natural sólo se extingue cuando se produce la muerte física.

Así las cosas hoy en día pensamos que la gente no puede ser penada simplemente para que quede detenida o a los fines de que las victimas sientan vengadas las afrontas que los criminales les han hecho sino sobre todo para reinsertar, o, transformar en el lenguaje penitenciario venezolano actual, a quienes son detenidos.

Por ende, el ingreso de una persona al sistema penitenciario, el Estado adquiere la obligación de proveer al ciudadano o ciudadana atención integral que incluye la acción de custodia para conseguir la transformación del individuo. En base a ello, la estancia de una persona en un centro penitenciario va a ser en cierto modo un proyecto individual pues su duración y severidad se verán influidas por su actos individuales.

Por lo que, dos homicidas que han sido detenidos por un mismo acto, juzgados por un mismo juez, penados en una misma cárcel podrán tener periodos y formas de cumplimiento de sus penas que son profundamente distintos porque si uno de ellos, estudia y trabaja, la ley tendrá un régimen que le ayudará a salir de una manera mucho más pronta y tener condiciones menos difíciles que su colega que se niega a colaborar.

Y esto no es más que una contextualización del problema que además tiene por base un sistema penal muy antiguo cuyas penas fueron pensadas en función de la longevidad de las personas en el siglo XIX y cuya escala de valores ha sido intervenida en función de que existen hechos que han sensibilizado la opinión pública.

Por lo cual, son muy raros los casos en los cuales vamos a ver que las penas se harán mas largas si tan sólo eliminamos o modificamos la cláusula que establece la pena máxima en la Constitución, en virtud que la pena que una persona recibe es el resultado de una previsión legal intervenida con las situaciones agravantes y atenuantes que consiga en el caso concreto, la autoridad judicial.

Por ello, con tantas aristas y una innegable importancia para la construcción del mundo que queremos nos atrevemos a plantear que el debate de la justicia debe definir previamente algunos asuntos: cuáles son los delitos más graves en el país y cómo castigamos los delitos (lo que lleva necesariamente a terminar de convocar el debate sobre el Código Penal pospuesto al menos desde hace cincuenta años); cuál fórmula tendrán los juicios para un mejor equilibrio entre los intereses que en ellos se concretan; cuáles son los beneficios que se otorgaran a las personas que cumplen una pena; qué importancia tiene la opinión y el deseo de las víctimas individuales o colectivas al momento de condenar o valorar el cumplimiento de las condenas por parte de los delincuentes.

En conclusión, hay mucho más trabajo que cambiar una línea de la Constitución.

[1]Alberto Binder, argentino, Procesalista, Experto en Sistemas Judiciales, es miembro del consejo asesor del Inecip – Argentina (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales), Director del instituto latinoamericano sobre seguridad y democracia (Ilsed), miembro titular del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal Penal, igualmente Director del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas). En el campo docente, es profesor de Derecho Procesal penal de postgrado en la universidad de Buenos Aires. También docente en la universidad nacional del Comahue, San Juan Bosco de la Patagonia; en la Universidad de Zulia Venezuela y Diego Portales de Chile. Además es asesor técnico de los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana y otros países de América latina.

[2] BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina, Editorial AD HOC, 1993. página 274

[3] Jean-Manuel Larralde, Profesor de Derecho Público de la Universidad de Caen Baja Normandía (Francia) investigador en Derechos Fundamentales, Convención Europea de Derechos Humanos, Derechos de las Personas encarceladas y Teoría del Estado

[4] LARRALDE, Jean-Manuel. Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation. Article paru au CRDF de l’Université de Caen-Basse Normandie, n°2, 2003, p. 63

[5] Marie-Joelle Redor Fichot. Profesora de Derecho Público en la Universidad de Caen Baja Normandía. Coordinadora del Centro de Investigaciones sobre los Derechos Fundamentales y las Evoluciones del Derecho.

[6] REDOR-FICHOT, Marie-Joëlle. Synthèse parue au CRDF de l’Université de Caen-Basse Normandie, n°2, 2003, p. 78