Entre la Dignidad y la Propiedad: el debate constitucional.

Poco4-La-extendida-censura-oficials países del mundo dan prueba de una historia constitucional tan intensa como Venezuela. Con una historia republicana bicentenaria hemos tenido más de veinte cartas fundamentales, entre las cuales, sólo algunas han determinado la búsqueda real de un nuevo rumbo país. En esta historia, llena de glorias y miserias,  más de un analista desprevenido la ha sentenciado afirmando que no hemos sino hecho de la carta magna una imitación de otra y sobra quien suspire decepcionado al pensar que nuestra dinámica política devela inmadurez o inconsistencia frente, especialmente a la historia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lejos de eso, sin entrar en mayores detalles, vemos que desde 1811 en Venezuela se habla de soberanía, se condena constitucionalmente la corrupción y existe un catálogo de derechos, más o menos universales, más o menos integrales. Sin embargo, frente a ese paso paulatino, con algunos importantes retrocesos, se va a erigir un texto radicalmente distinto en su forma y contenido.

Se trata de la ley constitucional de 1999, en la cual, se suele afirmar nace el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Si este fue nuevo y continental fue porque modificó la manera de hacer constituciones, tradicionalmente en claustros cerrados, permitiendo que las angustias y deseos de los siempre excluidos se hicieran norma suprema. Por ello, podemos concluir que la nueva constitución no fue producto de la magia sino de un hecho social y jurídico inédito.

Su lectura nos explica porque nuestra Constitución no puede ser un texto calmado, permanente, insensible a la esclavitud, la discriminación y la guerra como es la Carta Magna de los Estados Unidos puesto que viene a regir una sociedad impregnada de un ánimo de refundación nacional, que descubre un nuevo concepto de igualdad y de sociedad, en la cual, los pueblos excluidos exigen ser reconocidos, no en el calendario sino en el derecho.

Los derechos, que son la razón de ser de la Constitución vienen determinados por un catálogo que contrasta con el del texto que la precedió pues opta por el carácter normativo que reclama y denuncia la pasividad de los textos programáticos. Por lo cual, por ejemplo, la educación deja de ser un derecho a desarrollar según diga la ley y existan recursos, pasando a ser uno a garantizar gratuita y universalmente hasta la universidad.

La democracia supone una apuesta difícil que ha sido ganada persistentemente en tiempos de revolución, pues sugiere que el espacio público es permanente, hiperactivo, constituyente y no puede amarrarse a un ejercicio electoral programado y limitado.

Sin embargo, en este aniversario la Constitución amanece amenazada frente al vilipendio de sectores venidos a la Asamblea Nacional que afirman regresarán al modelo constitucional de 1961 y que pueden desarmar todo el enramado jurídico que sustenta y desarrolla la Constitución.

Afirmación de la que se deriva, que si la apuesta se jugara desde la institucionalidad democrática, vienen tiempos intensos para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que es según el mismo texto fundamental su único intérprete. Esto, porque a diferencia de la Constitución de 1961, este es un texto que tiene la amplitud de los derechos y sus garantías encriptados en su propia formulación. Por lo que hacer desaparecer derechos adquiridos o, reducir las garantías de alguno de ellos resulta jurídicamente inviable y socialmente inadmisible.

Por ello, veamos puntualmente la afirmación de que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es un texto pesado que debe eliminarse, pues para llevar el trabajo al estadio de la dictadura del capital y del neoliberalismo se trata tan sólo de eliminar aquella ley que dictase el Comandante Chávez. La verdad, es que la mayor parte del desarrollo de la ley no hace sino desplegar una a una las palabras de la Constitución, como ya lo declaró la Sala Constitucional cuando el texto le fue presentado y el entramado de normas comunes sobre el régimen de los derechos haría que automáticamente el contenido garantista de la ley adquiera, por desarrollar derechos inherentes a las personas, rango constitucional.

Lo mismo se presentaría si el esfuerzo legislativo entrompa hacia despenalizar la especulación o el acaparamiento que son los dos únicos delitos, además de la corrupción y de los crímenes internacionales que están previstos en la Constitución de 1999.

Evidentemente, en el derecho la retórica es siempre un aliado a utilizar. Pues para avanzar en la restauración de los privilegios de clases ellos podrían valerse de las afirmaciones de la primacía de lo individual sobre lo colectivo; de lo privado sobre lo social; en definitiva, de la defensa –dígase incluso eufemísticamente de la recuperación- del derecho de propiedad.

La propiedad que en la Constitución existe, incluso acompañada de la libertad de empresa y el derecho a la competencia pero que dejó de ser en 1999 el núcleo central del sistema de derechos humanos. Por una causa tan fundamental como que su razón de ser es la tenencia de los medios de producción y no la dignidad de las personas, que iguala y exige al Estado políticas públicas de satisfacción de necesidades individuales y colectivas. La propiedad, testigo silencioso de una historia de masacres de los pueblos indígenas, de la asfixia de las clases trabajadoras y del éxodo de los pueblos campesinos no es en la Constitución de 1999 el centro del derecho ni del Estado y es este el asunto central del debate de la calle y la media en Venezuela.

Si buscamos en esta línea discursiva, que intenta leer jurídicamente los complejos fenómenos que pasaron, los que se están viviendo y los que vienen, veremos que hemos estado sometidos a la pretensión de que los derechos de los ciudadanos han de determinarse en la función que estos puedan, con dinero o algún otro bien de intercambio, acceder a ellos. Es decir, que la hora viene siendo pero sobretodo es y será una confrontación entre un Estado de derechos y un Estado de privilegios.

La pugna entre derechos y privilegios es tan radical, que los lleva a afirmar que realidades concretas, como la existencia de médicos de extracción y dedicación popular es insostenible; o, que abogados nacidos de comunidades y para ellas, son una situación peligrosa que debe revertirse. Lo que devela el poco apego a la máxima de la irreversibilidad de los derechos adquiridos.

Lo que nos recuerda que en Venezuela, la propiedad opera como un sistema nobiliario pues se adquiere principalmente por herencia, excluye a otros del goce y disfrute de las condiciones mínimas para la vida digna y elimina toda posibilidad de repartición o superación del modelo. Esta ha sido sin duda la paradoja de la Revolución bolivariana, convivir sin desapoderar con estos sectores hasta que pudieron reagruparse y alimentarse del desgaste del proyecto bolivariano.

Pero como hemos venido sosteniendo, en la oscurana que intentan olvidan que el alba regresa y en las calles, en las voces, en las paredes de Venezuela se despierta ese espíritu que en 1999 supo pedir igualdad, patria y derechos. Para ellos, no nos queda sólo la Sala Constitucional, nos queda toda la democracia participativa y protagónica que tan bien sabemos hacer.

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Humanidad en efervescencia: Venezuela 10D

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La Patria es el Hombre. Alí Primera.

Hoy es diez de diciembre y los días como hoy, cuenta la ONU, son para la conmemoración mundial de los derechos humanos. Así las cosas, las noticias hablan de progresos y retrocesos, los colegios escriben carteleras y la vida sigue, como cualquier otro día. Pero en este día, yo quiero tomarme el tiempo no de hablarles desde un estrado, ni de un acto de conmemoración sino desde una América Latina que cuenta que sigue viva, desde la Venezuela de Chávez en esta hora maravillosamente dura.

Hablar de derechos humanos es citar al mismo tiempo la mitología y el sistema económico,  la opresión discursiva,  la exclusión estructural y la repartición de los roles en la Sociedad de las Naciones. Por eso, es hablar del África vergonzosamente pobre, de la América Latina con su humillación bananera y de una Europa, vieja y opulenta. Estos tres continentes, son hijos de la idea de que los derechos son porque alguien dijo que eran; que son producto de unos seres pensantes con una bondad sobrenatural, y, finalmente que los pueblos pueden hacer poco para garantizarse a ellos mismos el agua, la luz, la medicina o el pan.

Esa mentira, proyectada desde los satinados estrados de los cuerpos mundiales, desde el almanaque que copia la maestra y desde el periódico y la radio sometidos a la libertad de empresa, hoy debe denunciarse en todas las calles, en todas las bocas, en todas las manos de esta América nuestra.

Porque los derechos no son porque el pueblo los tenga sino porque el pueblo los hace. Todo sistema político ha tenido que conocer y reconocer un derecho cuando el movimiento social ha sabido imponerlo; así, el trabajo dejó de ser discursivamente tratado como una mercancía, o, la cárcel como una depositaria. Esos dos logros, relativamente antiguos, quizás, consolidados nos hablan de calles que se calentaron, de empresas que se cerraron, de pueblos que se insubordinaron.

Ese es el cuento del voto femenino, de la libertad de culto, de la igualdad racial, de la educación universitaria. Ese es el cuento que hoy viven, hacen y diseñan las calles de Caracas donde el conocimiento intuitivo de las personas, más allá de las leyes y sus tecnicismos saben que la progresividad es otro mito y que no se otorga por decreto.

¿Puede hoy Venezuela olvidar el régimen del cestaticket? ¿Puede olvidarse el derecho a las pensiones? ¿Puede silenciarse la voz de la comunidad que no entra a la radio por la vía del gran capital? Legislativamente todo puede ocurrir, tanto como la infamante pretensión de soplar sobre el tiempo y volver a 1989. ¡Volver, a la privatización del agua y de la luz! ¡Volver, a la PDVSA entreguista y entregada! ¡Volver, a las pensiones desmejoradas!, ¡Volver hasta ver todos los productos pudrirse en el anaquel! Pues todo es cuestión de retórica porque con el argumento de que lo social cuesta, cualquiera puede construir un discurso señalando que estos actos forman parte de la recuperación del derecho a la propiedad privada.

Recordemos que para la “democracia capitalista”, no hay derecho más importante que la propiedad así como no hay ninguna manifestación de voluntad más que el sufragio que es el único instrumento de canalización de las voluntades. Por ello, la defensa de los derechos, tan simples como la tarjetita extra, constituye una pugna entre visiones y sistemas.

Con esta situación se devela que la estrategia continental utilizada para consolidar la Restauración Conservadora y Fascista trasciende lo económico porque a través de esto busca disparar al corazón de la idea de la participación de los que Galeano llamaba los nadies, los que hoy están llamados a la calle, al debate, a la idea, al 13 de abril.

El Estado de bienestar, que fue aquella forma de capitalismo desmovilizador, donde algún nivel de estabilidad y de acceso de las personas a las cosas buscaba impedir la revolución europea o americana, es hoy una cosa del pasado. Ese primer mundo, construido sobre la lógica de la colonización y el sometimiento del otro, avanzó hasta someter a su propia población y no ha habido reclamo, por legítimo que sea, que pueda recuperar un poco de aquello frente a la lealtad del capitalismo hacia sus actores.

Por ello, un francés o un alemán, un griego o un portugués tiene hoy menos posibilidades de empleo, menor nivel salarial, menor atención médica y menos oportunidad de convertirse en profesional que cualquiera de sus compatriotas hace veinte, diez o cinco años; tiene más posibilidades de ser desahuciado; de ser declarado en quiebra; de regresar al campo o de vivir en su vehículo que cualquiera hace un par de años.

Nuestramerica quizás víctima de la paradoja de la clase media, certeramente herida por la sociedad de la información, donde todo es verdad porque alguien lo dice, donde la gente pierde contacto con su historia más cotidiana ante la esclavitud a los medios, tiene que levantarse como bastión de la humanidad.

Quizás, por ello Einstein temió tanto esta hora donde la tecnología limita el contacto directo con otros humanos. Quizás por eso no vimos un solo afiche de la derecha en las calles de Caracas o en las playas de Falcón. Quizás por ello, Instagram y Twitter se inventaron los mensajes que nadie le pidió enviarnos. Quizás por ello, en el día de los derechos humanos nos hablen de Paris y no de Siria, de la guerra civil en África y no de los pipotes de basura encendidos que calientan al mendigo en Madrid, o, de la familia que naufraga a esta hora en el Mediterráneo.

La guerra ha llegado. Norte contra Sur, países centrales contra la periferia; trasnacionales contra las Naciones y la ONU no lo declara hoy el día de los niños ahogados, de las aguas contaminadas, de las madres venezolanas sin leche y sin pañales. No lo declara. Hoy, se juramentaba Macri en la Argentina y sus seguidores, le aplaudirían por el Twitter porque no llenaron ni una calle.  Hoy sigue Venezuela  organizándose, cabildeando, tocándose… Hoy seguimos apostando a recuperar la sonrisa, a politizar los derechos, a volver si quieren al 89 o al 98 porque en esos años nació este sueño. Hoy vuelve, el indomable grito del “por ahora” y nos toca soltar la caballería de la generación de oro. Nos toca la renuncia a la cobardía y la defensa de la alegría como una trinchera, como una Patria, como una resurrección.

¿Por qué votar el domingo?

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“Patria o Patria venceremos, ya está escrita la historia.” Gino González

La Asamblea Nacional es en la estructura del Estado el primer poder. Esto, porque es la única representación suprema que se ejerce debatiendo y en colectivo bajo la promesa de que la selección de los diputados y diputadas es la radiografía exacta de un pueblo en sus intereses y necesidades.

Para la Venezuela bolivariana la representatividad es un asunto complejo pues forma parte de esas cosas que viven la crisis de Gramsci, pues la apuesta final es su sustitución por un modelo de participación directa donde Petra no necesite a nadie que intervenga para ejercer sus propios derechos y donde se vean con la misma claridad la Avenida la Lago de Maracaibo, la Calle Buchivacoa de Coro o la última callejuela de la Dolorita.

Sin embargo, esa Venezuela depende del trabajo y de la orientación que lleve su cuerpo parlamentario pues más allá de la relación que lleva con el Poder Ejecutivo y de los instrumentos legales que construye, la Asamblea Nacional es la casa de las grandes decisiones porque es ella y no otro quien  autoriza o niega aquello que se considera excede lo ejecutivo y lo judicial.

Por ello, los grandes juicios se autorizan en la Asamblea así como las representaciones internacionales, la paz o la guerra, el presupuesto y el endeudamiento. Por estas grandes tareas, es tradicional que los parlamentos sean por un lado inaccesibles a las mayorías, que ven coartada la posibilidad de convertirse en diputados pues para acceder a ello se hace imperioso reunir requisitos que incluso exceden la vida individual  o tener grandes cantidades de dinero, haber tenido honores o cargos,…, tanto como que sus intereses de “gente simple” lleguen a esos estrados.

Así las cosas, para que un parlamento hablara de mujeres y de indígenas fue necesario que pudieran llegar a él, mujeres e indígenas; que para que el agro fuera un tema más allá de un problema de normas técnicas se necesitó que los campesinos, con sus pantalones arremangados y sus sombreros pudieran también ser parlamentarios y así se construyó un modelo bolivariano de Asamblea que, magistralmente resumía Fernando Soto Rojas como el único donde podían sentarse antiguos militares y antiguos guerrilleros, compañeras del 13 de abril e indignos del 11 de abril. Uno que no tan sólo se parece a la gente y a su manera de llevar la vida en esta “extraña dictadura” donde todos gritan porque no se pueden expresar sino uno que ha sido vital para la estabilidad de esta República, que ha permitido esta historia.

Para verla, no soplemos tampoco tan fuerte, quedémonos en el duro año 11 donde el Comandante Chávez descubre y anuncia su enfermedad, lo que ameritaba que de inmediato lo intervinieran: fue la Asamblea Nacional quien lo aprobó; recordemos el terrible año 13 con la muerte del Comandante y la difícil hora de enero: fue la Asamblea Nacional quien permitió salir institucionalmente de aquel momento; miremos las ventanas desde las casas nuevas: fue la Asamblea Nacional quien las autorizó. Asiste a tu Consejo Comunal, denuncia la especulación, quéjate de un novio que te gritó o te robó: es la Asamblea Nacional quien lo permitió.

Esto porque la Asamblea es cuerpo vivo de desarrollo de un modelo de país y hermano silencioso de los grandes cambios. Su rol en nuestro régimen político mixto, a un paso del Presidencialismo y con rasgos parlamentarios, es aquel de permitir la estabilidad política. Por ello, existen juegos de contrapeso que pueden suponer un nivel de conflicto de poderes que dificulte que el Estado siga atendiendo, con Misiones u otras formas inmediatas, como el Gobierno de Calle las exigencias del pueblo porque tendría en permanencia la amenaza del poder parlamentario que podría incluso negar las relaciones internacionales que son vitales para Venezuela en el escenario de la caída de los precios petroleros, como en el que estamos y que pocos analistas ven posible superar en corto tiempo.

Por ello, más allá de un análisis técnico, es importante considerar que en esta situación para quienes militaron en el sueño bolivariano cualquier idea de voto castigo o de abstención no iría tan sólo a hacer eco de un descontento por las crecientes dificultades que vivimos sino que podría suponer empeorarlas.

Esto por situaciones a prever, como el carácter dinámico y de autorregulación que tienen los parlamentos y su posibilidad de llevar reformas incluso constitucionales que permiten a cualquier nuevo parlamento desandar no  lo que hizo sola la Asamblea sino un pueblo, que es la Revolución.

Porque una de las banderas que ondea orgulloso el modelo de país que dejó Chávez es el de tener la cualidad Estado de Derecho, sustentado en un sistema normativo que permite el empoderamiento del Poder Popular. Si desparecieran las mayorías parlamentarias populares, la agenda parlamentaria cambiaría e incluso en momentos de gran convulsión como el actual negarían cualquier posibilidad de habilitación al Presidente que es la única manera constitucional de hacer frente al deber de legislar sobre circunstancias en efervescente cambio.

Evidentemente, todos los analistas apuntan a lo mismo, estos años pesados y grises que han tocado vivir llaman a revitalizarnos, a ir a la apuesta originaria del Poder Constituyente, al pueblo contralor de la acción de gobierno y a no olvidar, que fueron los mismos males por los que hoy nos culpan, los que nos legaron los que con decadente sonrisa nos llaman a votar por un “cambio”.