Entre la Dignidad y la Propiedad: el debate constitucional.

Poco4-La-extendida-censura-oficials países del mundo dan prueba de una historia constitucional tan intensa como Venezuela. Con una historia republicana bicentenaria hemos tenido más de veinte cartas fundamentales, entre las cuales, sólo algunas han determinado la búsqueda real de un nuevo rumbo país. En esta historia, llena de glorias y miserias,  más de un analista desprevenido la ha sentenciado afirmando que no hemos sino hecho de la carta magna una imitación de otra y sobra quien suspire decepcionado al pensar que nuestra dinámica política devela inmadurez o inconsistencia frente, especialmente a la historia de los Estados Unidos de Norteamérica.

Lejos de eso, sin entrar en mayores detalles, vemos que desde 1811 en Venezuela se habla de soberanía, se condena constitucionalmente la corrupción y existe un catálogo de derechos, más o menos universales, más o menos integrales. Sin embargo, frente a ese paso paulatino, con algunos importantes retrocesos, se va a erigir un texto radicalmente distinto en su forma y contenido.

Se trata de la ley constitucional de 1999, en la cual, se suele afirmar nace el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Si este fue nuevo y continental fue porque modificó la manera de hacer constituciones, tradicionalmente en claustros cerrados, permitiendo que las angustias y deseos de los siempre excluidos se hicieran norma suprema. Por ello, podemos concluir que la nueva constitución no fue producto de la magia sino de un hecho social y jurídico inédito.

Su lectura nos explica porque nuestra Constitución no puede ser un texto calmado, permanente, insensible a la esclavitud, la discriminación y la guerra como es la Carta Magna de los Estados Unidos puesto que viene a regir una sociedad impregnada de un ánimo de refundación nacional, que descubre un nuevo concepto de igualdad y de sociedad, en la cual, los pueblos excluidos exigen ser reconocidos, no en el calendario sino en el derecho.

Los derechos, que son la razón de ser de la Constitución vienen determinados por un catálogo que contrasta con el del texto que la precedió pues opta por el carácter normativo que reclama y denuncia la pasividad de los textos programáticos. Por lo cual, por ejemplo, la educación deja de ser un derecho a desarrollar según diga la ley y existan recursos, pasando a ser uno a garantizar gratuita y universalmente hasta la universidad.

La democracia supone una apuesta difícil que ha sido ganada persistentemente en tiempos de revolución, pues sugiere que el espacio público es permanente, hiperactivo, constituyente y no puede amarrarse a un ejercicio electoral programado y limitado.

Sin embargo, en este aniversario la Constitución amanece amenazada frente al vilipendio de sectores venidos a la Asamblea Nacional que afirman regresarán al modelo constitucional de 1961 y que pueden desarmar todo el enramado jurídico que sustenta y desarrolla la Constitución.

Afirmación de la que se deriva, que si la apuesta se jugara desde la institucionalidad democrática, vienen tiempos intensos para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que es según el mismo texto fundamental su único intérprete. Esto, porque a diferencia de la Constitución de 1961, este es un texto que tiene la amplitud de los derechos y sus garantías encriptados en su propia formulación. Por lo que hacer desaparecer derechos adquiridos o, reducir las garantías de alguno de ellos resulta jurídicamente inviable y socialmente inadmisible.

Por ello, veamos puntualmente la afirmación de que la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, es un texto pesado que debe eliminarse, pues para llevar el trabajo al estadio de la dictadura del capital y del neoliberalismo se trata tan sólo de eliminar aquella ley que dictase el Comandante Chávez. La verdad, es que la mayor parte del desarrollo de la ley no hace sino desplegar una a una las palabras de la Constitución, como ya lo declaró la Sala Constitucional cuando el texto le fue presentado y el entramado de normas comunes sobre el régimen de los derechos haría que automáticamente el contenido garantista de la ley adquiera, por desarrollar derechos inherentes a las personas, rango constitucional.

Lo mismo se presentaría si el esfuerzo legislativo entrompa hacia despenalizar la especulación o el acaparamiento que son los dos únicos delitos, además de la corrupción y de los crímenes internacionales que están previstos en la Constitución de 1999.

Evidentemente, en el derecho la retórica es siempre un aliado a utilizar. Pues para avanzar en la restauración de los privilegios de clases ellos podrían valerse de las afirmaciones de la primacía de lo individual sobre lo colectivo; de lo privado sobre lo social; en definitiva, de la defensa –dígase incluso eufemísticamente de la recuperación- del derecho de propiedad.

La propiedad que en la Constitución existe, incluso acompañada de la libertad de empresa y el derecho a la competencia pero que dejó de ser en 1999 el núcleo central del sistema de derechos humanos. Por una causa tan fundamental como que su razón de ser es la tenencia de los medios de producción y no la dignidad de las personas, que iguala y exige al Estado políticas públicas de satisfacción de necesidades individuales y colectivas. La propiedad, testigo silencioso de una historia de masacres de los pueblos indígenas, de la asfixia de las clases trabajadoras y del éxodo de los pueblos campesinos no es en la Constitución de 1999 el centro del derecho ni del Estado y es este el asunto central del debate de la calle y la media en Venezuela.

Si buscamos en esta línea discursiva, que intenta leer jurídicamente los complejos fenómenos que pasaron, los que se están viviendo y los que vienen, veremos que hemos estado sometidos a la pretensión de que los derechos de los ciudadanos han de determinarse en la función que estos puedan, con dinero o algún otro bien de intercambio, acceder a ellos. Es decir, que la hora viene siendo pero sobretodo es y será una confrontación entre un Estado de derechos y un Estado de privilegios.

La pugna entre derechos y privilegios es tan radical, que los lleva a afirmar que realidades concretas, como la existencia de médicos de extracción y dedicación popular es insostenible; o, que abogados nacidos de comunidades y para ellas, son una situación peligrosa que debe revertirse. Lo que devela el poco apego a la máxima de la irreversibilidad de los derechos adquiridos.

Lo que nos recuerda que en Venezuela, la propiedad opera como un sistema nobiliario pues se adquiere principalmente por herencia, excluye a otros del goce y disfrute de las condiciones mínimas para la vida digna y elimina toda posibilidad de repartición o superación del modelo. Esta ha sido sin duda la paradoja de la Revolución bolivariana, convivir sin desapoderar con estos sectores hasta que pudieron reagruparse y alimentarse del desgaste del proyecto bolivariano.

Pero como hemos venido sosteniendo, en la oscurana que intentan olvidan que el alba regresa y en las calles, en las voces, en las paredes de Venezuela se despierta ese espíritu que en 1999 supo pedir igualdad, patria y derechos. Para ellos, no nos queda sólo la Sala Constitucional, nos queda toda la democracia participativa y protagónica que tan bien sabemos hacer.

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