Siete años empezando

Juro, dice Halimi, “como abogada, de ejercer la defensa y el consejo con dignidad, consciencia, independencia y humanidad” ese juramento particular de un abogado que, no es neutral me ha sorprendido cuando este fin de semana festejo un nuevo aniversario de ese día que, como quien compra una aspirina, retiré en la secretaría docente de la Universidad del Zulia mi título de abogada.

Este aniversario confluye con una situación que me divierte horrores, por primera vez desde los diecisiete años no tengo una idea muy clara de cuál será mi trabajo la semana que viene. Al dudar eso, uno se acuerda de otras cosas, como en esencia qué siente uno que es y cada vez eso me recuerda que entre muchas o pocas cosas, soy sobretodo una abogada que tiene como cliente permanente un sueño de país.

Ese sueño ha tenido nombres y etapas. La primera sin duda fue la gran decepción que significó para mí la docencia en las escuelas de derecho, esa, me desilusionó cuando yo apenas era estudiante y valió que pasara toda mi carrera queriendo retar mis instintos vandálicos (extremadamente pobres) para escribir en la entrada de mi facultad una advertencia que le recordara a todos que en esas aulas estaba prohibido pensar.

Pensar qué tiene que ver el derecho con la justicia no en bonitos aforismos sino en la calle. Pensar porqué vivimos en una sociedad absurdamente desigual y conflictiva. Pensar cuál es nuestro rol y el lugar que debemos ocupar. Siempre rechacé en aquel entonces todas las relaciones que vi de los estudiantes universitarios, el derecho y la política, porque sentí que en esa relación alguien siempre salía estafado y las pocas veces que me pronuncié al respecto lo hice sobre el sistema de recompensas y calificaciones de la Universidad que siempre me pareció y me sigue resultando hipócrita e injusto pese a que yo haya podido sino beneficiarme, adaptarme y graduarme con honores.

De esa época y todavía recuerdo el automatismo de pensar que las cosas están mal porque las leyes no se cumplen, como si estas fueran átomos que pueden separarse de la realidad y no una consecuencia de un sistema. El derecho así, se entreteje para que nada cambie o ilusiona para detener, contener o evitar los deseos colectivos más antiguos que son siempre los más presentes.

Con esa idea en mente, perfeccionada como pudo a lo largo del año siguiente, pisé los tribunales para convencerme que los abogados tenemos méritos para ser los profesionales más innecesarios para una país. Llenos de dudas, inspirados por el lucro o por cumplir la eficiencia ministerial, los abogados se asfixian entre clientes que poco conocen y de nuevo, la justicia se pierde en un sistema de relojes, jerarquías y acuerdos. Lo que no supe en ese momento fue lo importante que fue saberlo.

Pasé los años siguientes convencida que en el empeño y en la creación el derecho podía acercarse a la justicia como inspirada por la sensación que habían huecos a los que ponerle el pecho. Trajinando de un espacio al otro, sin medir. De la prensa, a la escuela y de allí a la política y al consejo. Todo, como una sola cosa, como si fuera eso toda la vida.

Y me encontré como tantas otras personas que despiertan dándose cuenta que para cambiar un sistema es necesario más que intenciones. Quizás, en resumen, la injusticia descubierta no conlleva por sí sola a la justicia construida y entonces, uno muere del espanto.

Abogados o no, el camino luce siempre lleno de baches y espantos. Las profesiones son diseñadas por ideas estructurales que siempre logran que las reivindicaciones no superen el mero particularismo. Querer un mundo más justo, no es un asunto de trabajo.

Las leyes que en sí mismas pueden ser buenas o malas naufragan en una realidad que las supera, que las ignora o que las observa por encima de sus preocupaciones. A todo lo bueno le sale algún defecto catastrófico y también hay optimistas del fin del mundo. Tres años haciendo leyes me sirvieron para entender que eran más útiles los reglamentos y tres años intentando hacer reglamentos me hicieron volver a la sensación de inutilidad que sufrí en los tribunales.

De vuelta allí, con una colección de artículos, de foros, de demandas y recursos, de leyes, de discursos. Con un centenar de horas dando clases, el derecho sigue pareciéndome algo que no termino de ver como si en realidad no es nada, como los sueños, si él sólo no cambia nada, como las intenciones, un juramento como el de Halimi. Una razón para leer y escribir. Una manera de intentarlo todo a cambio de nada, un espacio para vivir.

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Amnistía y restauración

Este mes ddudandoe febrero hemos asistido al comienzo del debate de una propuesta, dicha de amnistía y reconciliación nacional con la cual la derecha continua desarrollando la agenda de terminar parlamentariamente con la Revolución. Al respecto, los medios de comunicación y los espacios del debate público se han centrado en la justicia –o no- de amnistiar a los responsables de los hechos que causaron la muerte de 43 venezolanos así como lesiones y perdidas patrimoniales de tantos otros. Por ello, que mi lectura del instrumento quiera salirse de este tema central y tocar jurídicamente el concepto de la impunidad y la justicia para destacar dos temas adicionales como lo es la amnistía a los delitos de narcotráfico y estafa.

Todos los seres humanos, sin distingo de sus condiciones particulares son titulares de derechos fundamentales. Estos, se reconocen como derivados directos del derecho universal que se dictó en 1948 aunque se sepa que en todos los tiempos y pueblos, la humanidad ha creído en que existen cosas que valen más que cualquier otra, ya sea la vida, la tierra o el pan.

La justicia, es uno de esos derechos, erigidos en el panteón de la historia jurídica con las fórmulas de Ulpiano, con las antiguas Leyes de Talión y que hoy, consiguen forma en los artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La justicia, es además un derecho particular, porque se viola cuando por los hechos de terceros el Estado no garantiza un tribunal previo, justo e imparcial.

Claro, que la justicia tiene otra peculiaridad puesto que no es un valor absoluto. La gente no puede ver lo justo o injusto como puede distinguir si una persona está viva o muerta y la historia de la humanidad, que es la misma que la de la barbarie, sabe que la justicia es la prenda gramatical de los ganadores.

Sin embargo, las instancias internacionales, en general y en especial a Venezuela le han venido reclamando lo que a su parecer es un estado de impunidad, que no es otra cosa que aquél donde los juicios no arriban a la finalidad legalmente dispuesta. Por ello, se piensa que es contrario a la justicia y a la convivencia social el hecho que las acciones penalmente perseguibles no sean efectivamente enjuiciadas y condenadas.

Así las cosas, la impunidad es el principal problema para la garantía de los derechos humanos en Venezuela según lo dijeron hasta el cansancio diversos representantes de ONG, entre ellos, Provea y a este hecho, los Principios de Bruselas le otorgan como consecuencias, dichas desastrosas, el que “permite a los autores creer que se escaparán de las consecuencias de sus actos, ignora la angustia de las víctimas y perpetúa los crímenes. La impunidad socava asimismo las instituciones de los estados, niega los valores humanos y envilece el conjunto de la humanidad.”

Esta semana, la Asamblea Nacional promovió en Venezuela un proyecto de ley denominado “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional” donde, la impunidad, mal tantas veces denunciado pasa de ser la consecuencia de un sistema de justicia colapsado a institucionalizarse, en tanto, determina un marco donde las acciones criminales obtienen un estado de superación, sin consecuencias, en el que parece que no existieran las víctimas.

Para que las víctimas no existan es necesario trabajar la opinión pública, descalificar a sus voceros e incluso cuestionar la muerte misma. Esto es un hecho que el fascismo y el colonialismo conocen desde su nacimiento al punto que estas prácticas quedaron hasta en frases de la música popular tales como la de la salsa “Plantación Adentro” que recuerda que “después de una tunda e’ palos que se muera es normal”.

Para evitar esta barbarie es que el derecho dispone que en todo homicidio, la noción de víctima, no se agota a la persona física que fallece y ni siquiera a sus familiares directos sino que son solidariamente víctimas todas las personas que conforman la comunidad nacional, con quienes el Estado y la sociedad mantiene un juramento de protección. De allí, que de hechos como los ocurridos en el 2014, las víctimas sean los fallecidos, los heridos, a los que se les obstaculizó el tránsito, los que perdieron cosas y en definitiva todos los que conforman el país.

La idea de la paz, que tanto depende de la justicia, también tiene que ser revisada puesto que la Ley de Amnistía que pretende tratar temas que reconoce ya fueron objeto de perdón y superación, al recordar por ejemplo, la postura del Comandante Chávez sobre los hechos ocurridos en el año 2002. Sin embargo, la ley pretende englobar acciones más allá de los puntos políticamente álgidos que han ocurrido en estos tiempos, así como en específico,

  • Artículo 30 donde “se concede amnistía de los hechos considerados delitos de tráfico de drogas (…)”
  • Artículo 31 donde “se concede amnistía de los hechos presuntamente constitutivos de delitos de fraude, estafa y usura vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas (…)”

Estas dos consideraciones o bien reconocen que existió una intencionalidad política en el tráfico de drogas y la estafa inmobiliaria o significan la creación de un marco donde, hechos cuya persecución le es exigida al Estado venezolano como parte de la sociedad internacional quede sin efecto, poniendo en riesgo las calificaciones internacionales que por la lucha antidroga tienen los países, o, en todo caso empeorándolas; además de que viene junto con la infame propuesta de ley antivivienda a precarizar aún mas un sector de la población, que, en el marco de la regulación civil -de toda la vida- quiso acceder a su derecho de propiedad.

Por ello es que debe alertarse que la denominada “reconciliación nacional” pasa por retrotraer todas las situaciones políticas y sociales a enero de 1999. En este punto, la ley del olvido divide las responsabilidades señalando que en todo caso lo que hayan hecho los miembros de la sociedad civil ha de olvidarse frente a recordar y estimular la apertura de juicios a los funcionarios públicos, en especial jueces y fiscales, y no olvidar ningún delito de a pie.

Es decir, si la estafa inmobiliaria ha de ser amnistiada, han de olvidarse los delitos millonarios contra un número importante de familias venezolanas pero no sorprende que lo mismo no ocurra cuando se hable del hurto, famélico o no, que comete una persona o más contra cualquier otra. El bien jurídico tutelado siendo en ambos casos el mismo, al ladrón con clase hay que perdonarlo.

Hace muchos años, incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se distingue entre el derecho penal de actos y el derecho penal de autor. El primero señala que a los mismos actos les siguen las mismas consecuencias y el segundo, que previo ha de hacerse un miramiento para ver a la persona, distinguiendo en categorías de personas que son siempre culpables y otras que son siempre inocentes.

La igualdad, valor supremo de la República, así como el carácter laico del Estado que ha permitido que en Venezuela convivan los distintos cultos y religiones se ven poderosamente amenazadas en esta norma que se devela como producto del consejo del Papa a las autoridades venezolanas. Su lenguaje, lleno de palabras rimbombantes y los pequeños extras, como, declarar amnistiados los delitos de corrupción, de robo o introducción de armamentos, de drogas, los previstos en la Ley Orgánica de Precios Justos y los tratados puntualmente en este escrito de la estafa inmobiliaria y el tráfico de drogas, debería ubicarnos que en este contexto la palabra amnistía es sinónimo es restauración conservadora, en definitiva, de precarización de derechos civiles, políticos y socioeconómicos de un pueblo más extenso que las víctimas directas de los hechos del 2014, a quienes además se les pretende negar en existencia y dignidad.