Vivienda o propiedad: una trampa para bobos.

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Gran Misión Vivienda

El 17 de marzo, en el programa “Tres y dos” de Venezolana de Televisión se presentó un interesante debate sobre el régimen jurídico de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Estas, que conforman un conjunto heterogéneo de casas construidas por la vía de acuerdos internacionales, por autoconstrucción o por producción pública nacional constituyen la única política pública sistemática de vivienda con resultados tangibles y masivos en la historia de Venezuela.

El instrumento que actualmente se debate es el Proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), al cual la derecha se refiere comúnmente como la Ley de Propietarios que contiene como denunciaba el Diputado Ricardo Molina una serie de trampas derivadas de la perdida de los soportes de los subsidios que permitieron que los precios de las viviendas de la Misión fueran tan distintos a los del sector privado, o, que incluso, en caso de causa mayor las mismas fueran adjudicadas de manera gratuita.

Seguir en ese debate, planteado sobre la legitimidad o no de una persona de aspirar a ser propietaria, entrar en la disertación de la existencia de ciudadanos diferentes entre unos y otros es obviar que lo que es distinto es el derecho a la vivienda y el derecho de propiedad. Cierto, ambos son constitucionales pero son antónimos .

La propiedad, derecho sagrado del liberalismo, se obtiene mediante la herencia o por las transacciones económicas que permiten acceder a ella. Su presupuesto básico es el dinero y existe en el país, por lo menos, desde que llegó la Colonia y sin duda alguna sin modificaciones sensibles desde la Independencia.

La propiedad no deriva en ningún caso de la dignidad de sus propietarios y en todas las legislaciones se reconoce que personas morales, es decir, ficciones distintas a los humanos pueden ser propietarios. Allí, la propiedad de las compañías, del Estado, de las Iglesias, de las Alcaldías, etc.

Distinto es el derecho social a la vivienda. Este derecho surgido en los catalogos constitucionales con posterioridad existe respecto a quienes no tienen acceso al sistema de propietarios. Su contenido, o, como dicen los abogados, el bien jurídicamente tutelado, no es el patrimonio, es la necesidad de condiciones materiales mínimas para un normal desarrollo personal.

Con ello no quiero decir que una persona con dinero no tenga la posibilidad o el derecho a obtener una prestación positiva del Estado sino que estos son derechos derivados de las luchas obreras que exigieron a aquél ausente Estado policía intervenir frente a los níveles de miseria que les causan los salarios no que no alcanzan sino, cuando mucho, para sobrevivir.

La atención de los derechos sociales exige una planificación para garantizarlos progresivamente además haciendo enfasis en los grupos más vulenerables: poblaciones empobrecidas, mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos minoritarios, etc.

De allí, que la vivienda sea un derecho del Estado de bienestar. Su “boom” en Europa se encuentra en la posguerra y la formula política para garantizarlo no implica en la mayor parte de los países el derecho de propiedad de nadie. Pongamos un ejemplo concreto que pueden revisar en la web. En el caso de Francia, la política más largamente desarrollada en materia de vivienda y que cuenta con 10 millones de beneficiarios es un programa llamado “Habitation à Loyer Modéré (HLM)”, mediante el cual un conjunto de edificios conformados por unidades de vivienda, más o menos sencillos, más o menos grandes, se someten a un costo de alquiler es controlado por el Estado.

Este monto, que se establece considerando distintos factores es lo que permite que un número tan importante de residentes galos tengan como vivir. Sin embargo, estos no pueden  de ninguna manera, en ningún tiempo y mediante ningún papel aspirar que esa construcción donde demoran será algún día sea suya. Por esta razón nunca terminan de pagarlos y llegadas las crisis económicas, como la que golpea el país desde el 2008, pueden terminar teniendo que entregar hasta la solución habitacional.

Es ese supuesto, el de la no reversibilidad el elemento central de la concepción de la política pública de garantía de la vivienda que se desarrolló en Venezuela tanto el que se garantizó estableciendo un regimen jurídico de naturaleza similar a la propiedad en todo menos en lo referido a la enajenación del apartamento.

Por ello, hechos los pagos del monto subsidiado del apartamento, la familia a la que se le adjudicó tiene la tranquilidad de saber que ese apartamento es y será suyo; será heredable por sus familiares, etc., con la única limitante de que esa propiedad no podrá cotizarse libremente en el mercado secundario puesto que la erogación pública no puede transformarse en beneficios individuales desproporcionados y sin base constitucional alguna.

La propuesta de la derecha es eliminar todos los sistemas de protección y someter las viviendas al regimen común de la enajenación.Por lo cual, las bases de cálculo del precio cambiarían, y, las formas de pago se llevarían bajo el regimen ordinario de la banca, el cual, parece ser la aspiración parlamentaria ha de ser cada vez más libre. Por ello, no es descabellado observar que lo que se pretende es darle a los bancos el dinero que ellos nunca le dieron a la gente.

La propuesta de Venezuela de la vivienda que utiliza los recursos presentes para garantizar la dignidad de las personas que en el sistema de exclusión capitalista no tienen como acceder al sistema civil de propiedad establecido desde la creación de la República, es un sistema de protección del derecho sin precedentes y debemos cuidar no caer en el debate al cual quieren llevarnos de tratar como sinónimos dos antónimos.

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