Ni tan universal.

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Imagen de una campaña por la justicia y la memoria en Colombia

Para fingir que los derechos humanos son universales y no un catalogo eurocentrista únicamente aplicable en el primer mundo y denunciable en el resto para derrocar gobiernos, la Organización de las Naciones Unidas ha desarrollado una doctrina, que aunque tardíamente ha aplicado con cierta uniformidad en distintos conflictos mundiales. En el caso de Venezuela, a juzgar por la recién dictada comunicación -vía Twitter- del Alto Comisionado de  Derechos Humanos, la misma no aplica.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, en la primera afirmación de su Preámbulo señala “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” lo que significaría que sí hay un valor que nos iguala con los otros homos sapiens y nos separa de cualquier otra especie u objeto es este. Evidentemente, entre la declaración y la realidad, hay un catalogo de tratados que determinan lo que a ciencia cierta corresponde para cada quien; dividiendo el mundo en países atroces por aplicar la pena de muerte y otros, que bueno, no es tan recomendable que la apliquen; lo mismo va con la tortura, con las drogas, etc.

Ahora bien, la dignidad comparte el estadio de núcleo duro o de ius cogens, con otros valores como la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y, el derecho a la justicia que tienen todos los pueblos y los individuos. Para asegurarlo, la ONU se ha explayado en informes, observaciones generales, sentencias de tribunales especiales y claro está el Estatuto de Roma y el Tratado que prohíbe el Genocidio.

Tanto ha sido su empeño que ha dedicado incluso días internacionales a consagrar el derecho a la memoria y a la justicia así como principios para su realización, entre los que destaca el derecho a la reparación y a la indemnización. Desde otrora, se reconoce que no sólo el Estado como todo general es responsable de estos hechos sino también sus operarios y cada vez más que individuos, al pertenecer a organizaciones terroristas, grupos armados irregulares e incluso a corporaciones pueden perpetrar actos de estas naturaleza. Frente a todos estos individuos existe el deber de tratar con decoro, en concordancia con su dignidad a todas las víctimas. Lo que requiere un juicio justo y que estos terminen –si se demostrase el delito y su culpabilidad- con una sanción efectivamente impuesta.

Duras han sido las críticas a las formulas que, con el nombre de Ley u otro artificio jurídico impiden el normal transitar de los procesos que son en definitiva los que determinarán o no, de acuerdo con lo establecido en la norma penal nacional, si algún hecho aislado o sistemático de esta naturaleza se ha cometido, y, para garantizarlo las instancias internacionales, siempre supletorias,  han desarrollado grandes campañas contra la impunidad. Señalando a algunos Estados, entre ellos el nuestro, de no  hacer suficiente para evitarla.

Este año en ocasión a la conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, el Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, declaró “insto a los Estados a que adopten medidas para promover la verdad, la justicia y las reparaciones para las víctimas, lo que es crucial para que no se repitan las violaciones graves de los derechos humanos. Hagamos más por proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas.»

Habiendo desarrollado una amplia doctrina al respecto, entre la cual vale citar los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, con la que ha exigido que,

“En  los  casos  de  violaciones  manifiestas  de  las  normas  internacionales  de  derechos  humanos  y  de  violaciones  graves  del  derecho  internacional  humanitario  que  constituyen  crímenes  en  virtud  del  derecho  internacional,  los  Estados  tienen  la  obligación  de  investigar  y,  si  hay  pruebas  suficientes,  enjuiciar  a  las  personas  presuntamente  responsables  de  las  violaciones  y,  si  se  las  declara  culpables,  la  obligación   de   castigarlas.   Además,   en   estos   casos   los   Estados   deberán,   en   conformidad  con  el  derecho  internacional,  cooperar  mutuamente  y  ayudar  a  los  órganos  judiciales  internacionales  competentes  a  investigar  tales  violaciones  y  enjuiciar a los responsables.”

 

Observándose que las denominadas “normas  internacionales  de  derechos  humanos” se constituyen por los tratados que han sido adoptados en ese foro, así como en instancias regionales y de derecho interno. Los cuales se ven ampliamente comprometidos cuando las acciones que se pretenden genéricamente amnistiables y sin existir proceso de diálogo, ni reconocimiento de responsabilidades, visaron una parte de la población identificada por su pertenencia y militancia a favor de una opción política por parte de grupos y acciones irregulares así como abiertamente violentas. El contenido de la ley con respecto a la cual se pronunció a favor la ONU, es por demás, ampliamente generosa en la despenalización del trafico de drogas, armas y la corrupción tres elementos que han reconocido estos foros como contrarios al normal, democrático y prospero desarrollo de los pueblos.

 

Seguramente, muchas reacciones se harán frente a esta Declaración con la cual se reconoce que el derecho que asiste a las víctimas de otros conflictos, propiciados por el Estado o por la oposición al enjuiciamiento de culpables, reparación de las víctimas, memoria colectiva no acompaña a los venezolanos y las venezolanas que, en opinión de la vocera de la ONU, deben renunciar al enjuiciamiento de los responsables a nombre de alguna garantía desconocida hasta hoy por el derecho internacional.

 

Volviendo a casa, vale la pena recordar que el Derecho de un pueblo luchó su Independencia tiene garantías claras de soberanía y evita, la intervención indeseable –además de incoherente- de factores externos que dispongan o favorezcan salidas distintas a las que animaron a “refundar la República”. Por ello, que ninguna de estas declaraciones tiene en el derecho valor superior al de una observación, que no es vinculante ni determina el proceder del aparato estatal. El cual debe tomar esta situación como impulso para adoptar medidas permanentes de justicia, reparación y reconocimiento de todos los delitos contenidos en esta ley, y, todos los demás que ocurren en el país.

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