30 M: ¿La Carta Democrática por compasión social?

Ana Cristina Bracho

Hace aproximadamente seis años que concluí mi tesis, en ella, tras examinar meticulosamente las decisiones, resoluciones, declaraciones y pactos de la OEA no tuve más que concluir que los derechos sociales nunca le han importado mucho a la organización interamericana. La verdad, por ser justos, es que no tiene tampoco mucho como hacer alarde de que le importe visto su esqueleto normativo. Más allá de la bonita Declaración del 48, nunca desarrolló coercitivamente el tema social. Excusas de que con ellos se favorecía o se promovía el comunismo; que la dictadura era el mal a perseguir… motivos, justificaciones existieron varios. Una coartada repetida y  disfrazada de apolítica, es aquella que indica que para tener derechos sociales hay que tener condiciones económicas favorables y esto, no depende del todo de las decisiones del buen gobierno. Así pues que la pobreza, el hambre o la explotación no tan sólo no han sido problemas reales para la OEA sino que lo han sido cada vez menos. Por ello, su regulación ha sido restrictiva y su jurisprudencia, salvo por algunas excepciones, inexistente.

Todo iba así, hasta el 30 de mayo de 2016 cuando de nuevo Venezuela es la causa de una innovación en las maneras de trabajar de este sistema, que recordemos siempre juega banca frente a la soberanía del Estado y sólo puede activarse a petición de ellos y excepcionalmente de los particulares, puesto que ese día el Secretario General invocó la Carta Democrática Interamericana intentando derivar de la “democracia representativa” un derecho real al bienestar material.

¡Vaya innovación! ¡Qué laudos se ganarán este año en las Crónicas francesas! ¿Es realmente pensable que la crisis de los precios sea la causa de una intervención? ¿Qué pensarían los parados, los desahuciados, los simplemente hambrientos? El derecho y menos aún el comitas gentium se juega así. Para actuar en este campo, primero tiene que haber derecho y en la comunidad de las naciones, para que este exista debe haber acuerdo y sumisión voluntaria.

Lo que no se juega así y nunca se ha jugado, es el imperialismo. A él le importan poco los principios de igualdad y condicionamientos que pongan los Estados a las botas que les aplastan. Es un simple juego de fuerza y conveniencia como el ejercicio de hoy. La pregunta de esta segunda parte no es entonces qué pasa jurídicamente sino para qué se juega esta Carta.

El sistema internacional de Derechos Humanos es supletorio; no entra sino después cuando el Estado ya no pudo o ya no hizo, supuesto que en Venezuela no se está observando; los derechos sociales rara vez llegan allí, y, la democracia representativa que defiende no conoce los referendos.

La realidad a lo interno, en principio no cambia, Venezuela no deja de ser Estado o modifica de Constitución ni vota un nuevo Presidente si la sancionan o suspenden en la OEA. El efecto, se busca afuera. Acordaremos todos, que si hoy alguien aparece diciéndonos que va a bombardear Uruguay, que lanzará los tanques, les cerrará la venta de alimentos, les cortará el acceso al mar, ningún venezolano promedio, de derecha o de izquierda, lo aceptaría.

No lo aceptaríamos porque en nuestro imaginario el Uruguay es un país hermano, que vive tranquilo, que no molesta a nadie, que se parece a nosotros. Pero si todo el mundo y en especial, los que se supone que cuidan la humanidad y sus valores, nos dicen que esa es una gente horrible que mata de hambre a su pueblo, que no quieren que la gente decida, que lanzan perros a los estudiantes, alguno sentirá que es un deber “humanitario” intervenir. Esa es la razón de la aplicación de la Carta, manipular la opinión pública externa y lograr un conveniente descredito cuando Venezuela representa instancias de Derechos Humanos en la ONU y preside el Mercosur. Es esta la función de la Carta, dividir el mundo entre los buenos y los malos alumnos.

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