30M: Invocando la Carta OEA contra Venezuela

Dice la Carta Democrática Interamericana[1] “la democracia representativa es la base del Estado de Derecho[2]  y es uno de sus elementos esenciales “la celebración de elecciones periódicas[3]. Por lo cual recuerda con claridad que en aquella forma de gobierno, el votante se convoca a lo más, así, de algún tiempo a otro donde entrega la administración, la orientación y el gobierno a otros que tan sólo están sometidos a un control político, usualmente parlamentario.

La democracia representativa no conoce de la participación directa y menos permanente, considerada una pesada responsabilidad de la que hay que eximir a los pueblos, prefiriéndose las ejecuciones de los técnicos. Sencillamente porque la politización permanente y de todos no se corresponde con la ideología liberal que definió esta forma de gobierno. Curioso –o no- que a este modelo político, aún mas desde los escenarios internacionales, le incomode más la democracia participativa que la monarquía o el colonialismo con los cuales gustosamente convive.

Pero volvamos a lo nuestro, en Venezuela hay elecciones periódicas, generales, universales y directas. Las mismas que llevaron a Nicolás Maduro a la Presidencia de la República en el año 2013 y a la oposición de manera mayoritaria al Parlamento. Es en adición a esto que existen otras formulas que tan sólo se consagran en el nuevo constitucionalismo latinoamericano como la posibilidad de que antes del vencimiento y con cumplimiento de los extremos legales, se realice una consulta a la población sobre su voluntad sobre que un ciudadano electo para un período constitucional en un cargo de elección sea separado del mismo antes de la fecha en la que de ordinario, debía terminar y esto ha pasado antes en el país, exactamente 17 veces.

Ahora, que vivimos en tiempos donde la democracia no es sólo que “voten los más” sino una estructura legal donde ha de haber derechos y seguridad jurídica es tan indispensable como la participación, la soberanía. Esa, que en nuestro país reside intransferiblemente en los venezolanos y venezolanas y que justifica la defensa de la Patria y el dominio de la potestad de imperio para el Estado, garante del bien o interés general.

Por lo cual, desde aquel mito del contrato social ha de someter a quienes aquí habitan a tiempos, formas y prohibiciones. Este es el verdadero debate actual, la permanencia, la renuncia o la pérdida de la soberanía por la imposición extranjera o, por la pérdida de las cualidades de imperio sobre los ciudadanos, omitiendo la ley ante las presiones de grupos que, herederos de la sociedad mantuana se niegan a que sean las masas las que decidan el destino del país.

Para la OEA, o al menos lo que declaraba en septiembre de 2001, en un texto que estaba vigente cuando en el país se produjo el Golpe de Estado sin jamás haber sido invocado, son los gobiernos de los Estados miembros los que en virtud del artículo 17 cuando consideran que está en riesgo “su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del Poder” los que pueden solicitar asistencia para “el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

El Gobierno es el Ejecutivo y esto es así en todos los sistemas presidencialistas donde el Primer Dignatario nacional ejerce la función de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno como ha sido en Venezuela desde la primera Constitución. Es él quien ha de solicitar al Secretario General de la OEA la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, o, al que de conformidad con el artículo 18 debe requerirse su consentimiento para visitar, opinar y actuar en el territorio del país miembro de la OEA.

Esta regla general conoce una sola excepción que es la que invoca en el presente el Secretario General Luis Almagro, contenida en el artículo 20 que le permite a este funcionario hemisférico convocar al Consejo Permanente de la Organización donde podría decidirse la adopción de “medidas diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática”.

Si el término “medidas diplomáticas” resulta vago, en principio refiere que no pueden adoptarse medidas coactivas, en especial de agresión o de fuerza aunque en el pasado se han venido implementando sanciones económicas aparejadas con ellas. Ahora no es al Secretario General, en ninguno de los supuestos al que le toca ni decidir ni aplicar, su rol se agota a solicitar, esta vez en primer lugar al Consejo Permanente de la OEA que, de conformidad con la Carta de la organización, es un órgano de la Asamblea General compuesto por un representante de cada Estado nombrado por su Gobierno.

En este foro habría de darse un primer debate que puede que no cierre en ningún  acuerdo favorable para aplicar “medidas diplomáticas” contra el país. Por lo cual, hay que apurar la marcha para asegurar, entre otros, el voto de Brasil. Si esto fuera así, de conformidad con el artículo 21 hay que convocar a la Asamblea General que, de lograr la mayoría necesaria podría suspender del ejercicio de participación en la OEA al país sentado en el banquillo.

Una situación como esta ocurrió el 4 de julio de 2009, cuando Honduras fue suspendida luego del Golpe de Estado consumado contra Manuel Zelaya y se mantuvo en este estado hasta que se aprobó una resolución retornándole su condición de miembro activo el 11 de junio de 2011. Cuando se aplicó, se acompañó la medida para la nación centroamericana con algunas sanciones económicas como formas de presión.

Otro caso que pese a ser similar guarda sus diferencias fue el de Cuba, que no fue suspendida sino abiertamente expulsada tras un gran lobby norteamericano en la Octava Cumbre de Punta del Este que tuvo lugar en enero de 1962.

Cerremos pues en Venezuela, a la que se le busca aplicar a un gobierno en ejercicio desde hace más de dos años constituido tras una elección libre y democrática, una Carta para “mantener el hilo democrático” en base a que se ha respetado el Estado de Derecho para displicencia de algunos que exigen el reconocimiento de un derecho que no forma parte del derecho interamericano y mucho menos de esta Carta. Por ello, una vez más la batalla es de Independencia o nada.

[1] Aprobada en la primera sesión plenaria,

celebrada el 11 de septiembre de 2001

[2] Artículo 2

[3] Artículo 3

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