Precisiones sobre los últimos eventos en la Asamblea Nacional

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El 28 de julio de 2016 iniciamos un capítulo nuevo de enfrentamiento-desconocimiento de los Poderes Públicos del Estado venezolano por parte del legislativo nacional. El hecho ha merecido toda la atención política y comunicacional que supone un quebrantamiento único, por lo menos desde la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de la coexistencia del Poder Público nacional y muchas son las precisiones que han de hacerse para entender el conflicto. Por ello, intentaré en las siguientes líneas aclarar cuáles son los supuestos constitucionales comprometidos así como los mecanismos legales a tener en cuenta.

¿Es o no es un diputado?

El derecho parlamentario, que es la parte del derecho constitucional que estudia el régimen aplicable a los diputados, a los senadores (en los países que existen) y su integración como Poder Público nacional dispone unas reglas, algunas nacionales y otras que se han adaptado desde el Parlamento inglés de manera casi universal. Siendo el primer grupo de normas a las que nos referiremos las del estatuto parlamentario. Es decir, quién es, desde cuándo es y para qué es un diputado.

La regla general, es que en Venezuela todas las personas que cumplan los requisitos de la Constitución pueden aspirar ser electas para un cargo público, mediando entre su voluntad y la realidad, una serie de actos administrativos previstos en la Constitución, en la normativa electoral y en este caso en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN).

Cuando nos referimos a esto, estamos hablando de la elegibilidad, la cual explica Andueza, es la aptitud requerida por la Constitución para ser Diputado, quien no llene esas condiciones, no puede ser electo.[1] La Constitución de la República establece las condiciones para que un ciudadano o una ciudadana decida optar a la función pública de parlamentario. Así, la norma principal a este respecto se encuentra contemplada en el artículo 188 que establece:

“Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son:

  1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento, o por naturalización con, por lo menos, quince años de residencia en territorio venezolano.
  2. Ser mayor de veintiún años de edad.
  3. Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección.”

El primero de esos actos administrativos es de rango constitucional y es el hecho que todas las personas con tal aspiración han de acudir a las elecciones universales, directas y secretas a las cuales se convoca al país para conformar la única cámara legislativa nacional que existe en Venezuela. En el presente caso, el evento electoral del día 6 de diciembre de 2015.

“Virtualmente, el mandato comienza tan pronto como terminados los escrutinios es atribuida a cada lista de candidatos el número de puestos al cual tiene derecho en efecto, el candidato debe su mandato a la voluntad de los electores expresada en votos; mas desde el punto de vista jurídico, es sólo cuando el organismo encargado del proceso electoral proclama la elección de los candidatos cuando el mandato comienza; prueba de ello es que la propia Constitución les atribuye el privilegio de la inmunidad sólo a partir de este instante. Materialmente, sin embargo, el mandato comienza desde que la Cámara a la cual pertenece el electo, previa revisión de su título jurídico y la prestación del juramento necesario, le incorpora a su seno; desde ese momento, no ya virtualmente, como lo era en el momento del escrutinio, ya no jurídicamente como lo era en el momento de su proclamación, el parlamentario entra en el ejercicio del mandato con que fue investido por la soberanía popular. Dentro de nuestro sistema de suplencia, iguales criterios son válidos para el suplente, sólo que para éste se presume como si su elección se hubiese efectuado sometido a una condición suspensiva –el hecho futuro e incierto de la muerte, renuncia o inhabilitación del principal durante su mandato-“[2]

A tales efectos, más allá de lo que la normativa electoral disponga, se observa que el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional establece en sus primeros artículos cómo se verificará la cualidad de diputado o diputada de las personas que asisten a la Sesión de Instalación de la Asamblea Nacional dispuesta constitucionalmente. Con tal espíritu el artículo 5 del RIDAN indica,

 “La dirección de debate nombrará una Comisión Especial integrada por cinco diputados o diputadas para examinar las credenciales conforme a la ley.

Una vez cumplido este requisito, la Comisión lo informará al director o directora de debate, que leerá el acta de resultados y procederá a disponer todo lo necesario para la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional.

En el caso de los diputados y diputadas que se incorporen con posterioridad, la Presidencia designará una comisión integrada por lo menos por dos diputados o diputadas para el examen de las respectivas credenciales.”

 A este acto le sucede, de conformidad con el artículo noveno, la Juramentación de todos los diputados y diputadas. En el caso de los ciudadanos que se presentaron como candidatos a diputados por el Estado Amazonas se observa que los mismos no pueden ser reconocidos como diputados en tanto todos los actos para que jurídica y materialmente fueran considerados como tal no se cumplieron porque medió entre ellos, un procedimiento judicial, que podemos llamar demanda a nuestros efectos, que solicitó que se revisara el acto administrativo con el cual se da por finalizado el proceso electoral (la proclamación) que es, en sentido amplio, un juicio.

Del juicio contencioso electoral

Todos los juicios, en virtud del debido proceso, que es un derecho y una garantía de todas las personas, físicas o morales, tienen una duración. Esto se desprende que deben las partes probar y los jueces conocer los hechos que deciden y la duración máxima no se establece en Venezuela como regla general.

Hay, por ejemplo, tiempos de caducidad para presentar demandas; tiempos de inactividad para que los juicios se estimen abandonados; tiempos máximos para reclamar derechos pero no hay en sentido estricto una duración máxima de los juicios porque existen en ellos, elementos como las incidencias, la complejidad de los casos, los hechos que dificultan la continuidad del proceso, sean culpa o no del juez o de las partes.

Pero argumentar, como se hizo desde la Asamblea Nacional que como ha pasado mucho tiempo ya no reconocemos la existencia de ese proceso, es tan absurdo como que alguien que se esté divorciando diga que ya no está casado porque hace mucho tiempo que su expediente lo tiene el juez. Este tema, por demás, fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia que demostró que quienes defienden la condición de diputados de estos ciudadanos han presentado elementos de dilación (de alargamiento) del juicio.

Del amparo cautelar con efectos suspensivos

Si en antes dijimos que los juicios no tienen duración máxima no significa que no haya actos de efectos inmediatos. El siglo XX fue para el Derecho la evidencia que por la justicia no se puede esperar eternamente. Con esta razón se perfeccionaron las clásicas medidas cautelares y el juicio de amparo, de modo a evitar que si lo solicitado fuese real, el daño que se cometiera fuera irreparable. Un ejemplo muy simple, sería que existiendo una duda sobre la propiedad de una casa, una persona se dispone a demolerla, cuando esto ocurre puede que el juez no sepa quién tiene la razón (porque faltan las pruebas, el debate, etc.) pero si no se pronuncia en ese momento cuando dicte su sentencia la casa ya no existiría causándole un daño mayor al propietario. Esa es la naturaleza de la decisión que pesa sobre la proclamación de estos ciudadanos, mientras la justicia resuelve en sus lapsos y de conformidad con lo que le soliciten se dictó una orden de “deje quieto” que protege a la Asamblea Nacional, como Poder Público Nacional, de quedar integrada por ciudadanos que no cumplieron las condiciones de eligibilidad o las reglas del juego electoral.

Sobre estos temas igualmente hay que considerar que en Venezuela los juicios son públicos y que el contenido de las decisiones puede ser revisado por cualquier persona en la sección de la página web del Tribunal Supremo de Justicia correspondiente a la Sala Electoral. Donde, en la sección “cuenta de la Sala” conseguirán cada una de las actuaciones de las partes.

Del desacato de la Asamblea Nacional

La decisión cautelar (esa providencia previa para evitar el daño) del Tribunal Supremo de Justicia fue dictada en el mes de enero cuando la Asamblea Nacional pretendió la misma juramentación y la dejó sin efecto. No habiendo cambiado las cosas, las decisiones de la justicia se mantienen firmes. Esto es un aspecto a considerar porque para el derecho es importantísimo el principio de “paralelismo de formas” que hace que las leyes se eliminen por la adopción de nuevas leyes, y, las decisiones de justicia en principio también aparecen y desaparecen por la acción de los órganos judiciales que deben incluso declarar cuando el tiempo ha sido capaz de dejarlas sin efecto.

Un desacato no es, en su acción algo muy complejo de entender, es un “yo hago lo que me dé la gana” sin que me importe que un cuerpo capaz de restringir la capacidad, administrativa o civil, de manera individualizada, como es el Poder Judicial, me indique lo contrario. Evidentemente, este hecho acarrea consecuencias, tanto se trate de un órgano administrativo como de un ciudadano que condenado a pagar una deuda o una condena se declare en rebeldía.

La indivisibilidad de la República

Evidentemente, estamos en un juego de pin pon de los Poderes, donde, ante la decisión reiterada del Legislativo de desconocer la Constitución tendrá el Tribunal Supremo de Justicia de poner reparo, acto por acto, en garantía de la Carta Magna. Las consecuencias de estos actos forman parte de decisiones que aún no se producen pero hay un elemento que pienso debemos considerar en el debate.

La República de Venezuela nació en 1811 y con ella, al romper con la Corona el Estado venezolano adquirió sus tres potencias: legislar, administrar y juzgar. Esas tres capacidades que desde Aristóteles se le reconocía a quien asumía el Poder y de las que después del absolutismo se decidió separar el ejercicio han existido en los más de veinte textos constitucionales que hemos tenido. Su integración como elementos indispensables, ahora complementados por el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, es sin duda una de las partes pétreas de la Constitución. Es decir, que la República soberana e independiente es también un Estado con poderes entre los que ha de privar la colaboración y que todos juntos, sin que ninguno de ellos por separado lo sea, conforman el Estado venezolano.

El deber de protección de la República es otra pieza histórica y vigente, que se le ordena a nacionales y a extranjeros en el territorio. Por ello, los actos que pretendan hacer crujir el sagrado lazo de una unión hecha a la luz de la Independencia deben ser tomados en su justa medida que no es meramente política ni coyuntural.

Evidentemente que las diferencias políticas son naturales y para muchos, sanas, entre el Ejecutivo y el Legislativo pero deben dirigirse a procurar el buen gobierno y no a romper los cimientos de la Nación. He reiterado esta advertencia en múltiples escritos porque pienso que esta es la más terrible de las amenazas del momento presente pues las reglas de convivencia entre Poderes son claras y antiguas y la principal es que, conforman juntos, un mismo Estado y dirigen corresponsablemente la suerte de la Patria.

 

[1] ANDUEZA, José Guillermo. El Congreso, estudio jurídico. Ediciones del Congreso de la República. Caracas, Venezuela, 1971, 94 páginas, Pág. 7

[2] Orlando Tovar. Derecho Parlamentario. Publicaciones del Instituto de Derecho Público. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Derecho. Caracas 1973. 233 p.  p. 45

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