¿Puede Ramos Allup tuitear contra todos?

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El Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en el marco de los últimos eventos nacionales y tomando en consideración las recurrentes manifestaciones violentas e irrespetuosas del diputado Henry Ramos Allup respecto a las titulares de los otros Poderes Públicos y al pueblo llano –chavista o no-  ha anunciado que presentará una consulta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que emita opinión, con carácter vinculante, si las mismas se encuentran amparadas dentro del marco de la inmunidad parlamentaria.

Esta institución presente en la Constitución ha sido objeto de análisis teóricos y de debates judiciales a lo largo de su historia, los cuales son importantes incorporar en el presente momento político.

Al respecto, hay que observar que diputados y diputadas, en lo que le es común a todos los derechos que se inspiraron en el Parlamento inglés tienen una serie de prerrogativas o privilegios que están destinados a permitirles que ejerzan su función de control, con la mayor libertad que pueda darseles.

Por ello, vamos a ver que hay dos figuras distintas dentro del estatuto del parlamentario, contenidas en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 199 y 200.

Sobre estas consideraciones, los diputados y las diputadas, que son funcionarios públicos sometidos al régimen de la elección popular gozan en virtud de la Constitución y del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (Ridan) de una serie de prerrogativas, privilegios o derechos que se desprenden de la naturaleza de la función que ellos individualmente considerados o que el Parlamento, como institución prestan en el marco de la democracia.

“En este sentido se pronuncia Pablo Biscaretti. Tales garantías se traducen en prerrogativas específicas o excepciones al derecho común concedidas a los mencionados funcionarios (considerados colectiva o singularmente), no ya en su interés personal (puesto que tendríamos privilegios como los reconocidos a los componentes de algunas clases en el Ancien Régime) sino en relación con las funciones públicas que deben desarrollar, y tal carácter específico se comprueba también por el hecho de que no son renunciables y atribuyen a sus beneficiarios no derechos públicos subjetivos, sino simples intereses legítimos.

Las mencionadas garantías, además, encuentran hoy día su razón de ser simplemente en la independencia que debe caracterizar a toda Cámara en su cualidad de órgano constitucional del Estado, y no ya en la necesidad tutelar del Poder Legislativo de eventuales presiones del Ejecutivo (como frecuentemente ocurrió hasta comienzos del siglo XI, cuando el carácter no tenía carácter alguno representativo, sino que hasta comienzos del siglo XI cuando el gobierno no tenía carácter alguno representativo, sino que directamente un monarca hereditario); tampoco en la oportunidad de no apartar, por motivos de escaso relieve, a los parlamentarios del ejercicio  de las funciones legislativas (ya que entonces semejantes garantías deberían extenderse a todos los funcionarios colocados en cargos de cualquier importancia).”[1]

En la actualidad, la utilización de la terminología que refiere la existencia de privilegios o prerrogativas antes citada, ha sido descartada, al menos desde el punto de vista normativo pues hoy se encuentran en el Reglamento Interior y de Debates, donde el artículo 17 se refiere llanamente a los derechos de los diputados y diputadas.

Es este el entramado juridico donde se enmarca la  situación de hecho planteada por el Presidente de la República, la cual considero -por las  razones que de inmediato explicaré- se trata de un uso abusivo de la irresponsabilidad y no un supuesto que involucre la impunidad. Esta ligera diferencia es sustancial en cuanto a los procedimientos y consecuencias que genera.

La inviolabilidad, llamada también irresponsabilidad es una prerrogativa de carácter absoluto que protege al diputado o a la diputada contra cualquier acción judicial derivada de sus votos y opiniones. Esta irresponsabilidad es penal y civil. Si el voto o  la opinión del diputado o diputada ha causado perjuicio al Estado o a los particulares, ni aquél ni estos pueden exigirle una indemnización. A esta norma del Derecho Parlamentario se le reconoce su cualidad de orden público, por lo cual, a ella no pueden renunciar los diputados o diputadas.

Su consagración es común en el derecho constitucional, así, este privilegio es conocido en Inglaterra como el freedom from arrest y en Francia como inviolabilité y si su contenido suele ser considerablemente amplio,  hay otros casos como el alemán que son mas restrictivos pues en ellos se establece que esta protección no ampara a quienes siendo parlamentario cometen actos de difamación o injuria.

En nuestro derecho, el artículo 199 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, contiene esta protección indispensable para un normal funcionamiento parlamentario haciendo de ella la concreción normativa del principio de libertad de quienes se dedican a la representación pública desde el Parlamento, en tal sentido dispone,

“Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos.”

En un analisis comparado vemos como el Tribunal Constitucional Español, al referirse al artículo 71.1 de la Constitución Española, que de forma similar contiene para aquél derecho esta garantía ha señalado que la inviolabilidad, “es una garantía sustantiva que excluye la responsabilidad jurídica de los Diputados y Senadores por las opiniones manifestadas en el ejercicio de su función parlamentaria.”[2] De modo que, si en relación a la inmunidad parlamentaria es fundamental el análisis temporal de los hechos, en relación a la inviolabilidad ha de realizarse un examen si lo dicho se hace en el marco del cumplimiento de las responsabilidades, o, en el goce de las prerrogativas parlamentarias.

Volviendo a Venezuela, en su Constitución comentada, Freddy Zambrano considera que esta prerrogativa conoce de limitaciones materiales en tanto “cubre únicamente los actos propios de la función parlamentaria”[3].

Por lo cual,

“no protege al diputado contra los actos que permanecen al margen de tal función. Por ello no comprenden, naturalmente, las manifestaciones privadas, ni los discursos de cualquier carácter que el legislador haya dicho fuera de su condición oficial. (…) Un diputado no es amparado por esta inmunidad cuando realiza actos que se relacionan con su actividad de hombre público y que no son necesarios para el ejercicio de su mandato popular, o sea, actos que podrían ser realizados por alguien que no es parlamentario, por ejemplo, el diputado que escribe en un periódico, que coloca afiches en las calles o habla en reuniones públicas, que participa en manifestaciones en la vía pública, está obligado a responder como cualquier ciudadano por sus actos.”[4]

Es este en mi opinión el elemento central pues hemos de observar que la inmensa mayoría de las declaraciones por las que hoy el Presidente de la República solicita que la jurisdicción constitucional se pronuncie sobre los dichos de Ramos Allup, han sido emitidos verbalmente o por escrito, por medios de comunicación distintos a las intervenciones, mociones o preguntas que pueden hacerse desde la Asamblea Nacional y que sólo pueden realizar diputados o diputadas.

En consecuencia, todas las declaraciones contra la dignidad o la honorabilidad de personas pueden ser reclamadas por via ordinaria por sus victimas  o por el Ministerio Público -según corresponda- y todo llamado al odio o apología  del delito comprometería su responsabilidad de manera ordinaria.

De allí, que lo planteado por el Presidente de la República no tan solo es juridicamente viable en Venezuela (y en Inglaterra, España, Alemania y Francia) sino que es una exigencia de la democracia que exige la responsabilidad de todos y el respeto por los otros.

[1] Orlando Tovar. Derecho Parlamentario. Publicaciones del Instituto de Derecho Público. Universidad Central de Venezuela. Facultad de Derecho. Caracas 1973. 233 p., p. 57

[2] Tribunal Constitucional Español, Sentencia 9/1990, 18 de enero 1999, F.J. 4°

[3] Zambrano, Freddy: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Editorial Atenea; Primera Edición; Caracas; 2004; Tomo II, 629 Páginas. página 267

[4] Zambrano, Freddy: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; Editorial Atenea; Primera Edición; Caracas; 2004; Tomo II, 629 Páginas. página 267

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