Ansias desbocadas: la Asamblea Nacional y su conflicto en solitario

75424gaceta-oficialEntender la situación política actual en Venezuela requiere de nosotros un esfuerzo que sin ánimos de videntes devele cómo llegamos a este punto y sobre todo para qué. En tal empeño, es necesario entender que el enrevesado escenario no se planteó de manera abrupta, ni siquiera sobrevenida y sobretodo que no es un juego local sino una profundización o aceleración en la construcción en el imaginario internacional de la imagen de Venezuela como un Estado fallido víctima de un gobierno totalitario.

Así las cosas, es tiempo de conceptualizar y hacer memoria. Entendiendo que en octubre hemos llegado a una situación generada por el repetido y manifiesto desconocimiento de la Constitución de la República por ser un texto al que siempre se opuso la burguesía que en sus aventuras anteriores votó “no” a su adopción y se apartó radicalmente de su contenido en varias ocasiones, entre ellas todo el año 2002.

Esta actitud la podemos ver en todos los actos que desde enero de este año han configurado el escenario actual, pudiendo citar incluso lo meramente formal como la costumbre de la directiva de la Asamblea Nacional de hablar de la “cámara” lo que devela la remembranza del sistema derogado donde existían diferenciadamente senadores y diputados.

En la nueva República no tan sólo el Parlamento es unicameral sino que se construyó un Estado constitucional, en el que existen normas de aplicación automática y una institucionalidad que respalda la supremacía constitucional en ruidoso contraste con el régimen de 1961 donde la norma era programática y no tenía un sistema de órganos encargados en exclusiva de asegurar el mandato supremo.

Ese órgano especial y exclusivo es la Sala Constitucional dotada de una primacía que la oposición no ignora pues protestó en diciembre que la Asamblea Nacional antes de agotarse su período de sesiones 2015 concluyera el proceso de nombramiento de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, que había iniciado meses antes el Comité de Postulaciones[1].

Así las cosas en aquel momento con los resultados de las elecciones anunciados por el Consejo Nacional Electoral la oposición tenía 112 diputados del total de 167 que conforman en la actualidad el Parlamento, procediendo el Partido Socialista Unido de Venezuela a impugnar casi de inmediato los resultados de las elecciones en el estado Amazonas[2] por considerar que existían elementos que viciaron aquella elección. Supuesto al que de manera cautelar –para adelantar los resultados de un proceso que considera el juez puede favorecer a quien solicita su intervención, o, evitar que se produzca un daño de difícil reparación- la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dio razón ordenando que hasta que se decida el fondo, se suspendan los efectos de esas proclamaciones.

Es decir, que en la realidad jurídica venezolana los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana no son diputados pues el acto que determina tal condición fue suspendido. Esta es una decisión típica del contencioso electoral que ha sido tomada en casos anteriores, a favor o en contra, de la oposición y/o de los intereses del gobierno habiendo un buen condensado de ejemplo en los casos referidos a las elecciones universitarias.[3]

Con esta situación, admitida a regañadientes en un primer momento por la Asamblea Nacional tiene la oposición una mayoría suficiente para desarrollar casi todos los actos parlamentarios que contempla la Constitución de la República y el Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto tiene un límite lógico, un Poder Legislativo sólo puede desarrollar actos parlamentarios siéndole jurídicamente imposible ejercer funciones de gobierno o jurisdiccionales.

Cuando esto ocurrió, es decir en el lapso de tiempo que fue de enero a julio del año 2016[4], la Asamblea Nacional legisló, acordó y adelantó diligencias de control sobre la Administración Pública. Sus actos estaban amparados bajo una presunción de legalidad que tan sólo podía anularse cuando acto por acto existiera una fundamentación que la Sala Constitucional, como único interprete de la Constitución, diera por válida. En ese contexto nació, por ejemplo, la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados [5] que es un instrumento que no se encuentra viciado de nulidad.

En ese marco, la Asamblea Nacional tenía sus funciones y poderes ordinarios. Entendiéndose con ello que es parte de un Estado cuya jefatura tan sólo corresponde al Presidente de la República[6], por lo que no tiene capacidad de actuación internacional (función ejecutiva) ni capacidad de anular actos por vicios de procedimiento (función jurisdiccional) y que se encuentra inserta en la lógica de correlaciones y colaboración que mantienen entre ellos todos los elementos que conforman la República.

Para que las cosas funcionen así, la Constitución sirve como un sistema de preservación de la unidad de la República  que es un cuerpo conformado por partes que cumplen roles distintos pero que no se anulan unas con otras. Por el contrario, tienen que colaborarse, se necesitan y de acuerdo con los contrapesos, se controlan.

En consecuencia, no es una novedad ni una anomalía que en un sistema político como el nuestro se dé la convivencia de visiones o sujetos que pueden incluso tener posturas contrapuestas entre ellos. Por el contrario, la disparidad de la duración de los mandatos públicos favorece esta situación y la manera en la que se relacionan los Poderes en Venezuela es en esencia la misma desde 1811. También ha habido desde el complicado siglo XIX hasta la Presidencia de Rómulo Betancourt[7] ejemplos de choques entre los dos viejos renglones de la función pública.

La situación con el Poder Judicial es distinta porque es en esta área que el derecho constitucional avanzó más en la segunda mitad del siglo XX cuando se comprendió que abusivo, absolutista e incluso potencial violador de derechos humanos no tan sólo era el cuerpo ejecutivo sino también podía serlo el legislativo por lo que el contrato social requería de alguien que guardara el apego a los valores supremos. De allí que se desechara aquella idea del juez como una figura de palo o boca de la ley y se avanzara en América y en Europa a darle la capacidad de controlar al viejo Parlamento. Esta afirmación ha planteado dificultades y choques en nuestro país y en otros. Podemos recordar por ejemplo aquel incidente cuando la Asamblea Nacional reclamó la presunta usurpación que hacia la jurisdicción al señalarle no que una norma se separaba de la Constitución sino cómo debía legislar.

De modo que la Asamblea Nacional tenía el derecho constitucional y la fuerza política para cumplir con  sus promesas electorales e incluso desarrollar una función que favoreciera y mejorara el gobierno nacional.

Sin embargo, esta situación no era políticamente conveniente porque demostraría que en Venezuela existen condiciones jurídicas y políticas para la convivencia de los distintos sectores, que la oposición puede presentarse a unas elecciones, ganarlas y ejercer el rol para el cual ha sido electo. Así como lo hacen sus alcaldes, sus gobernadores y demás miembros del Estado venezolano que representan la oposición al gobierno.

Por lo cual, había que forzar un proceso mediante el cual el Ejecutivo –u otro Poder- disolviera la Asamblea Nacional[8]. Supuesto este que es constitucionalmente posible cuando el Poder Legislativo se declara hostil al gobierno y sanciona repetidamente al Vicepresidente de la República. Cosa que por cierto, la Asamblea Nacional no ha ni siquiera insinuado.

Por eso en julio recuerdan a los famosos tres ciudadanos y  toman una actitud con la  que retan al Poder Judicial, tal como el alumno al que se le llamó la atención continua su travesura, después de fingir quedarse quieto, al momento en que la maestra se voltea. Cuando esto ocurre la responsabilidad por la travesura es del alumno y no del docente que cumple con penalizar la falta. Esta idea debemos tenerla clara pues no es el desacato un invento o un antojo del Poder Judicial sino una actitud del Parlamento.

Esta situación es fácil de manipular a lo interno pero sobretodo a lo externo acostumbrada mirar con prepotencia cualquier gobierno distinto a sus intereses. Del hecho del desconocimiento del estado de Derecho por parte de la Asamblea Nacional se culpa al árbitro que ha advertido que la situación cesará en el momento mismo en que el Legislativo corrija su falta.

Por ello, el desacato es una situación elegida y en la que permanece voluntariamente el Poder Legislativo que podría dedicarse a defender y a exigir, por las vías legales, que la Sala Electoral realice en tiempo las actuaciones procedimentales cuya única limitación es que no puede acelerarse saltando lapsos que comprometan el orden del procedimiento y los derechos de las partes.

De este modo es que se produce lo que hoy muchos llaman, entre ellos el Presidente, la auto supresión o la auto anulación de la Asamblea Nacional de la cual se acusa al Ejecutivo que no ha participado en ninguno de los actos que dieron lugar a esta controversia.

El Ejecutivo entra a este pesado escenario en tanto la Asamblea Nacional tiene funciones constitucionalmente establecidas. Entre ellas, el control político del presupuesto nacional que es el acto de control y colaboración más importante que anualmente tiene lugar. Pudiera preverse que la Asamblea Nacional, si se sujetase a sus promesas de campaña, tiene el mayor interés en ordenar la relación de ingresos y egresos de la República, en la que estima existe una gran discrecionalidad y corrupción e incluso podríamos suponer que ideológicamente estaría interesada en reducir la inversión social que realiza la República, sin embargo, esto podría ser políticamente inconveniente.

Pues con esto, quedaría en evidencia su verdadera intención política cuando a diferencia del caso argentino o brasileño, aun no ha alcanzado el gobierno nacional además que entraría a tener que hacer caso y reparar de todos los lobby, anunciantes y patrocinantes que sostienen a cada uno de los sectores. Por ello, es políticamente más conveniente mantener una actitud contumaz y echarle la culpa a una hipotética “alianza del mal” entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que le vulnera sus capacidades jurídicas.

Con estas acciones, complejas y perversas, se acompaña un discurso extremadamente sencillo. Se trata de imponer la idea de una asfixia del Parlamento, a lo que cabe preguntarse cuáles son las alternativas para los otros poderes porque recordemos, la Constitución tiene previstos mecanismos de dialogo, de complementariedad y hasta de contradicción pero niega radicalmente el derecho a cualquier ciudadano o institución de salirse de su contenido. Todos los actos que van en su contra, son en esencia nulos.

Es normal que en este escenario entre a jugar la Sala Constitucional que tiene en sus manos el derecho político que no es otra cosa que el instrumento para mantener la paz social en momentos comprometidos.  Por eso en el recuento que hemos hecho verán como el conflicto no inicia ni en el Ejecutivo ni en sede constitucional sino que esta última  tan sólo pone reparo para preservar el orden fundamental.

Pienso finalmente, en este octubre de “golpe de timón” que este complicado escenario sólo puede enfrentarse llevando a la escena política la última frase que nos legó el Comandante pues se trata de resistir sin caer en pactos con la burguesía ni desenfrenos revolucionarios porque estamos en toda evidencia transitando un camino minado.

[1] http://m.avn.info.ve/contenido/jurament%C3%B3-13-magistrados-principales-y-21-suplentes-del-tsj

[2] http://sunoticiero.com/ultima-hora-tsj-declaro-procedente-impugnar-el-resultado-de-la-eleccion-legislativa-en-amazonas/

[3] http://www.aporrea.org/educacion/a185832.html

[4] http://albaciudad.org/2016/07/asamblea-nacional-juramento-a-diputados-por-amazonas-desacatando-al-tsj/

[5] El 28 de abril de 2016 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la sentencia N° 327, declaró la constitucionalidad de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados que fue sancionada por la Asamblea Nacional el pasado 30 de marzo de 2016.

[6] CRBV 226

[7] http://blog.chavez.org.ve/temas/noticias/efemeride-prision-diputados/

[8] CRBV 240

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