Derechos: crónica 2016

divorcio

Durante todo el 2016, la justicia constitucional fue noticia. El tema central de las reseñas, sin embargo, fue el de las decisiones de la Sala Constitucional en relación con las actuaciones irritas de la Asamblea Nacional lo que, cualitativamente, fue el menor ejercicio jurídico nacional este año. En tal virtud, dedico estas últimas horas del calendario a intentar ordenar los hitos que nos dejó como ciudadanos y ciudadanas, este tiempo. Les propongo que tomen en consideración, como premisas para guiar esta lectura que el sistema jurídico sirve como canal para la paz en los tiempos políticamente difíciles así como para avanzar en materia de garantía y protección de los Derechos Humanos. En tal sentido, la Constitución se dibujará como una norma viva, cuyo preámbulo y principios fundamentales, guían en las materias en las cuales no hay previsiones expresas.

  1. Un año legislativamente pobre

Como una obligación desprendida del derecho a la información que tiene cada ciudadano y ciudadana, se ha entendido la publicación de los textos que son discutidos y aprobados en sede parlamentaria. Por ello, iniciamos con una visita al portal de la Asamblea Nacional que confirma que este ha sido un año pobre para la actividad legislativa.

De este modo, observaremos que  durante el año, se prefirieron formas de actos parlamentarios innominados, o, de acuerdos parlamentarios al avanzar en la legislación nacional. Así las cosas, según la publicación oficial[1], la Asamblea Nacional tan sólo sancionó cuatro proyectos de ley: Ley de Reforma del Decreto N° 2.179 con Rango Valor Y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Banco Central de Venezuela, Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, y, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Esta información, en toda evidencia, se encuentra desactualizada puesto que, fueron objeto de control de la constitucionalidad, tras remisión del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, los siguientes instrumentos: la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, la Ley especial para atender la crisis humanitaria en salud,  la Reforma Parcial de la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación de Oro, así como las reformas  a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema. Nacional de Control Fiscal y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Sobre todos estos proyectos, a excepción de la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas, la Sala Constitucional determinó su contravención con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya sea por el irrespeto de los procedimientos parlamentarios, por haberse adoptado en el marco de un desacato, o, por su contenido de fondo.

Razón por la cual, cierra el año 2016, con la sola adopción de una ley, sin que el Parlamento haya adoptado un solo texto capaz de incidir en los aspectos fundamentales de la vida de los venezolanos y las venezolanas. Debiendo observar, más allá del control constitucional, que los temas del debate país no entraron al Palacio Federal Legislativo, quedando en mora discutir todos los aspectos que refieren al estado y condición de las personas, al sistema de justicia, así como a las necesidades crónicas y agudas del país.

  1. Los derechos civiles en el ámbito judicial

Si existe un punto en el que hay un acuerdo entre todos quienes se dedican a analizar el la legislación sobre los Derechos Humanos en Venezuela es que, desde 1999  e incluso desde antes, venimos arrastrando el miedo a debatir el Código Penal y el Código Civil, permitiendo a dos centenarios sobrevivir aunque su contenido no tenga nada que ver con la realidad nacional. La presente Asamblea Nacional no se manifiesta más dispuesta a hacerlo y en tal virtud, ha correspondido a la jurisprudencia abrir las brechas.

Cuatro grandes decisiones judiciales de este año ordenan el quehacer parlamentario, y, desde el presente inciden en la vida nacional.

  1. Anulación de normas sexistas del Código Penal: la despenalización del adulterio

Con frecuencia, el Código Penal venezolano ha sido objeto de observaciones internacionales por contener normas que establecen regímenes penales diferenciados en virtud del género del autor o de la víctima. Así por ejemplo, hasta otra intervención de la justicia constitucional, existió hasta hace menos de una década el nefasto crimen pasional como justificación de la muerte de la esposa o de la hija, en manos del marido o del padre.

Un asunto distinto pero normado con las mismas intenciones de segregar las obligaciones, en virtud del género, es el del deber de fidelidad en el matrimonio. Toda vez que sigue apareciendo en las impresiones del Código Penal el delito del adulterio como aquel que comete la mujer infiel, toda vez, que incumple los deberes conyugales sin que exista previsión homologa para el hombre se está ante un quebrantamiento del principio constitucional de igualdad.

Al respecto, la Sala Constitucional dictó

…Una sentencia que explica que los preceptos anulados, los cuales permanecían en nuestra legislación desde el Código Penal de 1863, establecían que la “mujer adultera” era castigada con prisión de 6 meses a 3 años, mientras que el hombre casado que incurría en relaciones extramatrimoniales, sólo era penado cuando mantenía una concubina en la casa conyugal o fuera de ella, si el hecho era notorio, lo que le implicaba pena de 3 a 18 meses.

Señala el TSJ, con fundamento en los artículos 3 y 21 Constitucional, que ningún individuo puede ser discriminado, ni colocado en un plano de desigualdad respecto de aquellos aspectos en los que, por su condición de ser humano, es igual frente al resto de los individuos de la colectividad.

Con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se impulsa el fortalecimiento de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la mujer, así como el trato igualitario, lo que constituye uno de los principios cardinales que sustenta el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, por lo cual, la presente decisión judicial, busca erradicar la exclusión social y librar una lucha que suprima la discriminación.

El Máximo Tribunal del país considera que, en todo caso, el ilícito de adulterio debería darse en similares condiciones tanto para el hombre como para la mujer; ya que el bien jurídico tutelado no es otro sino el deber de fidelidad conyugal, el cual tiene necesariamente que ser recíproco entre ambos, por lo que no debe establecerse diferencia alguna en la configuración de dicho ilícito y su grado de sanción, conforme lo sustenta el artículo 77 Constitucional.[2]

Así, se oberva que en Venezuela, el tema del adulterio era un asunto regido por dos cuerpos legales: desde lo civil donde no existieron modificaciones, sigue siendo una causal de divorcio que puede alegar en un contradictorio cualquiera de los dos cónyuges pero cesa de ser un delito, como lo era, únicamente para la mujer que desconociera los deberes de fidelidad que comporta el matrimonio.

Esta decisión que se enmarca en un catálogo de decisiones de la Sala Constitucional en materia de matrimonio y divorcio, van sugiriendo el deber de la Asamblea Nacional de legislar al respecto toda vez que ya la justicia constitucional  realizó una interpretación constitucionalizante, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común.[3]

  1. Reconocimiento de la doble maternidad

El 15 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover,  interpretó

…el artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que la jefatura de las familias pueden ejercerlas las familias homoparentales, y por ende el Estado brindará protección sin distinción a la forma de conformación de la familia, incluyendo a los niños, niñas y adolescentes nacidos en familias homoparentales, siendo éstos sujetos de derecho, que gozan de todos los derechos y garantías consagradas a favor de las personas en el ordenamiento jurídico al igual que cualquier otro niño que haya nacido dentro de una familia tradicional.

 De modo que en el caso concreto pudo suceder de su difunta madre, un niño que había sido procreado mediante reproducción asistida mediante la combinación de los elementos reproductivos necesarios de dos mujeres. Lo cual significa una nueva concepción de la familia, distinta a aquella que de manera tradicional por la influencia cultural de nuestro ordenamiento jurídico se había reconocido. Sin duda alguna, este documento contiene una decisión pionera de la que han de desprenderse un conjunto de normas legales y decisiones de justicia que la instrumentalicen para universalizar lo que en ella se encuentra contenido.[4]

  1. En proceso: reconocimiento de los derechos de los transexuales

En un proceso que aún no arriba a la decisión de fondo, se ventila la exigencia de ser reconocido ante el Registro Civil y a todos los efectos de la ida pública nacional de conformidad con la identidad de género que mediante decisión y transformación ha adoptado quien jurídicamente es tenido como Tomás Mariano Adrián Hernández[5].  Mediando una respuesta del Poder Electoral, parece que esta será la vía para que en el año 2017, Venezuela arribe al estadio del derecho de identidad en el cual otros países, entre ellos, México, ya se encuentran.

  1. En agenda: el matrimonio igualitario

En fecha 4 de agosto de 2016 en el expediente signado con el distintivo 16-686, la Sala Constitucional determinó lo siguiente:

“1) se declara COMPETENTE para conocer y decidir la presente causa, 2) ADMITE la solicitud de declaratoria de omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional, elevada por el ciudadano GIOVANNI PIERMATTEI, actuando en su carácter de Presidente de la ASOCIACIÓN CIVIL VENEZUELA IGUALITARIA contra la Asamblea Nacional, por cuanto dicho órgano legislativo, no ha realizado la primera discusión del Proyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario en Venezuela, introducido por iniciativa popular, de acuerdo a lo establecido en los artículos 204 y 205 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 3) ORDENA citar al Presidente de la Asamblea Nacional, así como notificar del presente proceso al Fiscal General de la República, al Defensor del Pueblo y al Procurador General de la República. Igualmente, ordena notificar a los interesados, por medio de cartel que se publicará en un diario de circulación nacional.”[6]

Se observará que la decisión rubricada como ponente por Carmen Zuleta De Merchán, contiene tan sólo la admisibilidad de una Acción de Inconstitucionalidad por Omisión, lo que devela que para el año 2017, la justicia constitucional y la Asamblea Nacional se verán ambas frente a frente con la comunidad LGBTI que tiene por primera vez, un panorama favorable para el reconocimiento de sus derechos.

  1. La revisión de la cosa juzgada injusta

La cosa juzgada, ese estadio final en el derecho procesal conoce una poderosa limitante frente a la posibilidad de solicitar del socorro de la jurisdicción constitucional que puede conocer cuando sea y lo que sea, a pesar del tiempo y del estadio, con la única limitación de que la pretensión pudiera subsanarse mediante recursos ordinarios. Esta es la puerta para abrir aquello que las formas habían blindado, incluso, cuando a la resolución la justicia no hubiese sido invitada. En mi opinión, el 2016 tuvo tres grandes decisiones tomadas por medio de esta posibilidad que permite, entre otras, retomar para el derecho nacional un asunto que ya fue conocido o se pretende que sea conocido en las instancias internacionales. Con seguridad, este aspecto habrá de generar análisis sobre las influencias y los modos en que se dan entre los sistemas de protección de los derechos humanos.

  1. Linda Loaiza

En otra decisión de diciembre del año que cierra, con ponencia de la Magistrada Gladys Gutiérrez, se anuló parcialmente la decisión dictada en fecha 19 de diciembre de 2006, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público y por la víctima ciudadana Linda Loaiza López Soto, contra la sentencia del 22-6-2006, por el Juzgado de Juicio que absolvió al acusado Luis Antonio Carrera Almoina, de la comisión del delito de violación. Caso que en el presente se ventila igualmente ante instancias interamericanas.

Con esta decisión, esta causa tan conocida por injusta, volverá a examinarse.[7]

  1. La Masacre de El Amparo, el homicidio de Andrés Pasquier Suárez, el de Asunción Ramón Higuera Miranda, el de Juan Chacón Lanza y la Masacre de Cantaura

Otros interesantes regresos a la Sala de Juicio fueron los que logró la Comisión por la Justicia y la Verdad, actuando a través del Ministerio Público, como el dictado en octubre por la Sala Constitucional mediante la decisión que anuló la sentencia que absolvió de los delitos de homicidio intencional, homicidio intencional en grado de frustración y uso indebido de arma de fuego, en perjuicio de 16 personas, a los funcionarios acusados por haberle causado la muerte a 14 personas y lesiones a otras 2, hecho ocurrido el 29 de octubre de 1988, en el municipio El Amparo del estado Apure; la referida sentencia fue dictada el 30 de junio de 1998 por el Tribunal de Reenvío en lo Penal Militar, la cual fue avalada por la decisión del 20 de octubre de 1998, emanada de la Sala de Casación Penal de la extinta Corte Suprema de Justicia, también anulada por la mencionada Sala.[8]

Lo mismo decidió la máxima instancia cuando anuló la decisión dictada el 15 de marzo de 1968 por el Consejo de Guerra Permanente de Maracaibo y la de fecha 7 de marzo de 1968 del Juzgado Militar de Primera Instancia Permanente de Maracaibo, que declaró terminada la averiguación sumarial con motivo de la desaparición física del estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, Andrés Pasquier Suárez, ocurrida en la década de los 60.[9] Similar al razonamiento desplegado en la decisión que anuló el juzgamiento originado por el asesinato de Asunción Ramón Higuera Miranda[10] y el de Juan Chacón Lanza

α

Visto lo anterior, podemos concluir observando que el año que termina fue considerablemente más fecundo para los derechos civiles, en especial, en lo referido al estado y capacidad de las personas, en un importante contraste con los derechos socioeconómicos que no obtuvieron en sede legislativa ni judicial un avance significativo. De igual forma, más allá de las decisiones que se tomaron en relación y contrapeso del Poder Legislativo, trató la jurisdicción constitucional otros temas de importancia capital.

[1] http://www.asambleanacional.gob.ve/ley?id=5#Contenido

[2] http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-anula-articulos-del-codigo-penal-que-discriminan-a-las-mujeres

[3] Sentencia 2015. Exp. N° 12-1163. Carmen Zuleta de Merchan

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/178096-693-2615-2015-12-1163.HTML

[4] (EXP. 16-0357. Juan José Mendoza Jover)

http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-establece-criterio-sobre-doble-maternidad-en-casos-de-reproduccion-asistida-y-familias-homoparentales

[5] (Exp. N° 04-1310, Lourdes Suárez)

http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-examinara-peticion-de-proteccion-de-derechos-fundamentales-en-materia-de-transexuales http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-solicita-al-cne-estado-civil-actual-del-ciudadano-tomas-adrian

[6] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/189771-686-4816-2016-16-0368.HTML

[7] http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-reabre-caso-de-linda-loaiza-al-anular-absolucion-por-violacion

[8] http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-revoca-absolucion-de-los-acusados-por-la-masacre-de-el-amparo-

[9] http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-ordeno-reabrir-investigacion-por-violacion-a-derechos-humanos-en-los-anos-60

[10] http://www.tsj.gob.ve/noticiastsj/-/asset_publisher/yCHb0RSxwqUX/content/tsj-ordeno-reabrir-nueva-investigacion-por-violacion-a-derechos-humanos-en-1970

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La paz económica, nuestro proyecto

salario-okUn libro maravilloso es el ensayo del austriaco Hans Kelsen denominado “La Paz mediante el Derecho” texto éste donde el más famoso jurista del siglo XX va a teorizar, desde su perspectiva eurocéntrica, sobre cómo puede la humanidad librarse de la barbarie, que a lo largo de toda  la historia, le ha dominado. La guerra es para este pensador, un asunto económico, en sus orígenes, en su razón e incluso en su solución y frente a ella debe el Derecho constituirse en la vía para evitar la muerte y la destrucción. De allí que plantear que el Sur, en especial en la figura de Venezuela, se encuentra en  medio de una campal guerra económica no sólo puede sostenerse sino que es inclusive, una situación natural, porque es la economía el contenido material de todas las guerras en esta concepción.

Si se trata entonces de una guerra, hemos de saber que hay atacantes y atacados; hay que ver que la destrucción del sistema económico así como de las estructuras mediante las cuales se distribuyen los bienes en la sociedad son objetivos claros de agresiones entre países o de grupos dentro de un país. Tan comunes y lamentables, que este es uno de los propósitos que se reconocen como finalidad de un genocidio.

Una vez planteado el escenario teórico pienso recorrer las calles con ustedes, donde podemos palpar lo que ocurre. Un escenario virtual se impone sobre el plano de la realidad: un botón, hipotéticamente pulsado con manía, por un vendedor de tornillos en Florida, hace que todas las políticas públicas y la diplomacia se derrumben: el abastecimiento que comienza levemente a ser recuperado mediante mecanismos complementarios, mediante la distribución “comunidad adentro”, mediante mejorar la macroeconomía con el acomodo del mercado petrolero se disuelve a través de un sistema virtual, paralelo, impalpable y macabramente omnipresente.

Ante este fenómeno que escapa de cualquier lógica elemental, la conversación de la parada, del metro, de la peluquería, se desplazó del anaquel a la página web pero sigue impulsando el sentimiento de derrota, de desvalorización del trabajo y del ser, así como invisibiliza todo el conjunto de políticas públicas adoptadas paulatinamente por el gobierno.

Pese a qué nadie pueda entender, en definitiva como el valor de las cosas se desdibuja por lo que indica una calculadora que se quedó con el botón de sumar presionado, sobran los argumentos para entender el por qué se aceleró en este momento y de esta manera, señalando que se aspira a que esto sea, quizás, la pólvora que intenta encender los planes de rocanrol  y otras vías expresas, de destruir la promesa del otro mundo posible.

En este contexto muchas ideas han de ser ordenadas, acompañadas, recordadas. No tan sólo que la destrucción de la moneda es una acción necesaria para someter a un país a otro cuando se logra el ánimo manipulado que renuncia a un elemento de soberanía como es la política monetaria es necesario, sino que puede ser incluso negativo para los intereses individuales sino principalmente que los atentados a los derechos fundamentales, individuales y colectivos, no se dan tan sólo por la acción del Estado y tampoco sólo mediante represión, tortura u homicidio. Se dan también por sujetos individuales o corporativos, en otros tipos de acciones que tienen la facilidad de mutar y gozar de la anomia.

Para el debate las acciones tienen que recordar que la acción humana se encuentra detrás del plano tecnológico y no se desprende de él; no existe manera de considerar que esta especie de pesadilla no se encuentra ordenada, dirigida y ejecutada por humanos que son plenamente responsables.

La determinación del quién, en una guerra es un asunto primordial. Saber quién nos ataca para conocer en la lógica elemental de la guerra, hasta en los términos de Sun Tzun requiere levantar las formas de “velo virtual”, en sus posibles mutaciones y con todos los cómplices necesarios para que esto suceda.

Y en la búsqueda por levantar el “velo virtual” se encuentran hoy en día los más disimiles de los países: desde Alemania, donde la promesa de la posguerra prohíbe cuestionar las premisas erigidas en verdades absolutas, como la existencia del holocausto y sus dimensiones, así como un cada vez mayor cuidado en relación a no permitir la incitación al odio en la realidad virtual. Lo que los ha llevado incluso a determinar responsabilidades no de los usuarios sino de los administradores de los portales de internet. Junto a ellos, desde América, la administración Obama ha sido meticulosamente supervisora de lo que pueda considerarse una amenaza en contra de las autoridades norteamericanas; y, en Francia se determina con cuidado cuales visitas web pueden catalogarse como actividades sospechosas de radicalización religiosa o terrorismo.

En tal sentido, Venezuela tiene acciones imperiosas. Pensar quizás, en la conformación de una estructura de usuarios y usuarias de internet que defienden su moneda; de ciudadanos y ciudadanas que se niegan a entrar en un ciclo de un “todos contra todos” porque alguien hizo clic; y de un Estado que responda a la premisa constitucional que determina que la economía es también una materia de seguridad de Estado, valiéndose de ello, no tan sólo de la norma sino del deber que tiene de defender la esperanza que se agrieta en la parada de bus, en la escalera del metro, donde todos nosotros nos encontramos en la única realidad que importa, la humana.