La Asamblea y las palabras.


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Ningún estudiante de leyes,  incluso si no llegó a graduarse de abogado se libró de leer el artículo 4 del Código Civil, con él, más allá de los esfuerzos que un verdadero jurista debería hacer, cualquier persona entiende cómo funciona el Derecho. Y es que, del Código de Napoleón en adelante nadie se atreve a dudar que “a la Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador.” Es decir, que el Derecho aplicable a cualquier situación se enraíza en el sentido común que tienen todas las personas que comparten un idioma y una cultura.

Siempre el Derecho y la política han estado en contacto, ambos se definen, se pelean, se reconcilian… Quien gana hace las leyes y las interpreta a su conveniencia, así, existieron los juicios de Núremberg aunque no hubiese ley previa, o se dispuso que todos los recursos naturales de las colonias eran del Rey, sin embargo, nadie puede renunciar al Derecho que es omnipresente y coercitivo ni a la más elemental lógica de usarlo como y para lo que las palabras dicen que sirve.

Pese a lo evidente que resulte lo anterior en Venezuela algunos sectores políticos se han apartado a tal punto de las normas mínimas de convivencia política y funcionamiento institucional que ahora han emprendido desde la Asamblea Nacional una pelea frontal contra el sentido de las palabras; han encontrado instituciones que no existen, y, funciones que no les corresponden. Han tomado para sí la aventura de una implosión que desmiembre al Estado desde uno de sus componentes. Han renunciado al contenido del artículo 4 del que hablamos tanto como al artículo 9 de la Constitución de la República que sin adornos señala  que en Venezuela el “idioma oficial es el castellano”.

Esto porque tras una sesión celebrada, el lunes 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró un “Acuerdo de declaración de abandono del cargo de Presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros” lo que exige ubicarnos en esa naturaleza de lo jurídico de ciencia social y cultural  que, para estar al alcance de todos, tiene como mínimo elemento de seguridad el que las palabras con las que se escribe signifiquen lo mismo en las leyes que en el diccionario; así como que las categorías se empleen en los casos que corresponden y no se haga de las limitadas facultades del Estado un extraño collage donde las potestades de control y el contrapeso político, en vez de ser instrumentos del buen gobernar sirven para derrocar gobiernos.

Pongamos en primer lugar que el abandono requiere que una persona se vaya, no vuelva, se retire, cometa el coloquial acto de “dejar la peluca” lo que no puede sostener nadie que vive en un país donde cada vez que prende el televisor aparece en vivo o en retransmisión el Presidente de la República; y, en segundo que los acuerdos no generan obligaciones jurídicas específicas como si lo hacen las leyes, o, las mociones que hace el Parlamento. Un acuerdo es un compromiso, entre nosotros, no frente a otro.

A los efectos de las consecuencias, como dijimos en antes, las tensiones entre el Derecho y la Política son tan típicas que la regulación de la cuestión pública es un canal para evitar desviaciones así que el asunto volverá a su cauce, por las buenas o por las no tanto, por medio de la jurisdicción constitucional.Pues fue por ello, por el reconocimiento de la capacidad de una Asamblea o Congreso de atentar contra los Derechos Fundamentales y los intereses superiores, que el viejo juez de palo dejó de ser tan sólo la boca que dice la ley y se convirtió en su intérprete para guardar los estamentos de lo social.

Por ello, de ese acuerdo no podrá desprenderse una orden de convocar a elecciones ni una medida que ordene al Presidente de cesar en su función. Sin embargo, las consecuencias de esta pelea continuada de la Asamblea Nacional con el Derecho y las palabras no puede tomarse a la ligera.

Pues estamos en un momento en el cual la Asamblea Nacional se otorga la capacidad de derogar, omitir u olvidar, la Constitución y sus procedimientos,lo que es un gran riesgo para la democracia pues significa que desde los más altos estratos, donde es vital lo simbólico, quiere instaurarse una era de revanchas y un marco jurídico sin garantías. Uno que a todos y a todas nos ha de recordar esas nefastas eras del “dispare primero y averigüe después”, que esperemos hayan quedado para siempre en los anales de la historia muerta.

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