La rebeldía legislativa y su tesis del golpe.

1490890128395Ana Cristina Bracho[1]

Hace un par de horas publiqué un articulo denominado Claves para entender las decisiones constitucionales[2] que ha tenido una recepción tan atenta por el público que algunos lectores me han pedido más profundidad, o,  el marco completo del problema. Por ello, este artículo es en cierto modo, una segunda parte y en otra, una profundización del primero.

Empecemos por el origen de las cosas. Venezuela es una República desde 1811 y se ha mantenido como tal desde 1830, esos dos textos contienen la fundación del mundo jurídico nacional tal como lo conocemos y ambos fueron contundentes en declarar sagrada y eterna, la Independencia. En ambos, como en la Constitución de 1999, existieron el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como ramas del Poder Publico Nacional unidas por  un lazo fundamental, elegidos de modos distintos y que poseen al conjugarse todas las funciones que Montesqieu y Locke le dieron al Estado.

A lo largo de doscientos años de historia y de más de veinte constituciones los aspectos fundamentales, en especial los que se refieren a que hace cada rama, cambiaron poco. Los cambios centrales se dieron en 1999 cuando se sumaron dos poderes y se cambió la forma de democracia pero no cambió tanto como para quitarle a ninguno de estos tres poderes sus funciones ni sus obligaciones básicas.

Siendo la principal obligación, de todos los ciudadanos y en especial, de los funcionarios públicos el respetar la Constitución que es nuestra norma fundamental. Este fue el primer aspecto de esta situación nacional a la que me referí cuando señalé que no me resultó un error la afirmación de la Presidencia de la Asamblea Nacional de que existía un instrumento jurídico más importante, en Venezuela, que la Constitución.[3]

Desde ese triste comentario han ocurrido muchas cosas, pasando por la reunión en la OEA para llegar finalmente a una rueda de prensa que dieron en el Palacio Federal Legislativo desde la cual se abrió un concierto interno y externo afirmando la comisión de un hipotético golpe de Estado.

En resumen la matriz de opinión del 30 de marzo de 2017 de la derecha fue la siguiente,

  1. Se produjo un golpe de Estado

Por que

  1. El Tribunal Supremo de Justicia disolvió la Asamblea Nacional

Ahorabien, en Venezuela no ocurrió un golpe de Estado y ellos lo saben, por eso concluyeron sus declaraciones llamando a los militares a darlo. Así como tampoco fue disuelta la Asamblea Nacional.

Un golpe de Estado, según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, consiste en la usurpación violenta de los poderes públicos, en especial del ejecutivo; absorción por éste de la función legislativa y sojuzgamiento de la judicial.

Es interesante detenernos allí. Cuando hay un golpe de Estado no hablamos de que venga alguien y asuma las competencias –las tareas- de uno sino el Poder que es una noción mucho más amplia en tanto implica el reemplazo de alguien.

Para encontrar un ejemplo, pensemos en el pasado, en abril de 2002, vino Carmona Estanga, entró a Miraflores y se llamó Presidente. Ese es el supuesto del golpe de estado. Aquí nadie ha dicho que nadie sea un nuevo diputado ni siquiera que alguien haya dejado de ser diputado.

Por ende, eso no ocurrió.

Lo segundo que ellos han dicho  es que en Venezuela  la Asamblea Nacional fue disuelta, lo que no ocurrió y que si bien está previsto en la Constitución quien puede hacerlo es el Presidente de la República y no la autoridad judicial.

La disolución de la Asamblea Nacional, supuesto previsto para casos de tensiones entre los Poderes, se da cuando el Poder Legislativo le impide al Poder Ejecutivo gobernar y dicta mociones de censura contra el Vicepresidente de la República, al menos tres veces. Cuando ocurre, hay que convocar a elecciones porque al declararla el Poder Ejecutivo, la Asamblea y todos sus miembros dejan de existir jurídicamente.

Volvamos a los ejemplos, sin que esos supuestos se dieran, la única disolución de la Asamblea Nacional venezolana en el siglo XXI fue la que dictó Carmona Estanga  aquel abril.

¿Entonces qué ocurrió? La situación es tan sólo el dictado de dos sentencias de la Sala Constitucional, donde, la primera ratifica la doctrina que sobre inmunidad parlamentaria ha desarrollado en la última década, y, una segunda donde autoriza al Poder Ejecutivo y toma para sí, las competencias que en efecto la Asamblea Nacional no está ejerciendo desde el año 2016.

Del artículo Claves para entender las decisiones constitucionales retomamos algunas premisas,

  1. La pelea la cazó el Poder Legislativo con el Poder Judicial cuando desconoce la medida cautelar que sobre los ciudadanos que se presentaron a las elecciones de diputados en el Estado Amazonas dictó la Sala Electoral al considerar que sobre su elección existían fundadas dudas.

Algunos recordaremos que sobre este hecho el 5 de enero de 2016, tras alguno que otro impase, en efecto se instaló la Asamblea Nacional sin estos ciudadanos y fue el 29 de julio de 2016 cuando decidió juramentarlos pese a que la situación jurídica no había cambiado.[4]

Es decir, que, durante siete meses la Asamblea Nacional fue un Poder Legislativo de oposición sin que ningún otro Poder tocara sus espacios. En este periodo, recibieron incluso al Presidente Nicolás Maduro quien ante ellos rindió su mensaje anual a la Nación.

Hasta allí, el único roce que tuvo el Legislativo con el Judicial fue cuando la Sala Constitucional determinó inconstitucionales proyectos de ley que habían sido sancionados por la Asamblea Nacional, lo que no ocurrió con todos los proyectos que le fueron, de conformidad con la Constitución, remitidos.[5]

Sin embargo una vez logrado un pronunciamiento de la Sala Constitucional la actitud del Poder Legislativo fue cada vez mas beligerante. Al respecto escribíamos en octubre un artículo denominado  La Asamblea Nacional y su conflicto en solitario, en el que afirmamos[6]

Entender la situación política actual en Venezuela requiere de nosotros un esfuerzo que sin ánimos de videntes devele cómo llegamos a este punto y sobre todo para qué. En tal empeño, es necesario entender que el enrevesado escenario no se planteó de manera abrupta, ni siquiera sobrevenida y sobretodo que no es un juego local sino una profundización o aceleración en la construcción en el imaginario internacional de la imagen de Venezuela como un Estado fallido víctima de un gobierno totalitario.

Así las cosas, es tiempo de conceptualizar y hacer memoria. Entendiendo que en octubre hemos llegado a una situación generada por el repetido y manifiesto desconocimiento de la Constitución de la República por ser un texto al que siempre se opuso la burguesía que en sus aventuras anteriores votó “no” a su adopción y se apartó radicalmente de su contenido en varias ocasiones, entre ellas todo el año 2002.

Esta actitud la podemos ver en todos los actos que desde enero de este año han configurado el escenario actual, pudiendo citar incluso lo meramente formal como la costumbre de la directiva de la Asamblea Nacional de hablar de la “cámara” lo que devela la remembranza del sistema derogado donde existían diferenciadamente senadores y diputados.

En la nueva República no tan sólo el Parlamento es unicameral sino que se construyó un Estado constitucional, en el que existen normas de aplicación automática y una institucionalidad que respalda la supremacía constitucional en ruidoso contraste con el régimen de 1961 donde la norma era programática y no tenía un sistema de órganos encargados en exclusiva de asegurar el mandato supremo.

Ese órgano especial y exclusivo es la Sala Constitucional dotada de una primacía que la oposición no ignora pues protestó en diciembre que la Asamblea Nacional antes de agotarse su período de sesiones 2015 concluyera el proceso de nombramiento de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, que había iniciado meses antes el Comité de Postulaciones.

 Así las cosas en aquel momento con los resultados de las elecciones anunciados por el Consejo Nacional Electoral la oposición tenía 112 diputados del total de 167 que conforman en la actualidad el Parlamento, procediendo el Partido Socialista Unido de Venezuela a impugnar casi de inmediato los resultados de las elecciones en el estado Amazonas[2] por considerar que existían elementos que viciaron aquella elección. Supuesto al que de manera cautelar –para adelantar los resultados de un proceso que considera el juez puede favorecer a quien solicita su intervención, o, evitar que se produzca un daño de difícil reparación- la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dio razón ordenando que hasta que se decida el fondo, se suspendan los efectos de esas proclamaciones.

Es decir, que en la realidad jurídica venezolana los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana no son diputados pues el acto que determina tal condición fue suspendido. Esta es una decisión típica del contencioso electoral que ha sido tomada en casos anteriores, a favor o en contra, de la oposición y/o de los intereses del gobierno habiendo un buen condensado de ejemplo en los casos referidos a las elecciones universitarias.[3]

 Con esta situación, admitida a regañadientes en un primer momento por la Asamblea Nacional tiene la oposición una mayoría suficiente para desarrollar casi todos los actos parlamentarios que contempla la Constitución de la República y el Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto tiene un límite lógico, un Poder Legislativo sólo puede desarrollar actos parlamentarios siéndole jurídicamente imposible ejercer funciones de gobierno o jurisdiccionales.

 Cuando esto ocurrió, es decir en el lapso de tiempo que fue de enero a julio del año 2016[4], la Asamblea Nacional legisló, acordó y adelantó diligencias de control sobre la Administración Pública. Sus actos estaban amparados bajo una presunción de legalidad que tan sólo podía anularse cuando acto por acto existiera una fundamentación que la Sala Constitucional, como único interprete de la Constitución, diera por válida. En ese contexto nació, por ejemplo, la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados [5] que es un instrumento que no se encuentra viciado de nulidad.

 En ese marco, la Asamblea Nacional tenía sus funciones y poderes ordinarios. Entendiéndose con ello que es parte de un Estado cuya jefatura tan sólo corresponde al Presidente de la República, por lo que no tiene capacidad de actuación internacional (función ejecutiva) ni capacidad de anular actos por vicios de procedimiento (función jurisdiccional) y que se encuentra inserta en la lógica de correlaciones y colaboración que mantienen entre ellos todos los elementos que conforman la República.

 Para que las cosas funcionen así, la Constitución sirve como un sistema de preservación de la unidad de la República  que es un cuerpo conformado por partes que cumplen roles distintos pero que no se anulan unas con otras. Por el contrario, tienen que colaborarse, se necesitan y de acuerdo con los contrapesos, se controlan.

 En consecuencia, no es una novedad ni una anomalía que en un sistema político como el nuestro se dé la convivencia de visiones o sujetos que pueden incluso tener posturas contrapuestas entre ellos. Por el contrario, la disparidad de la duración de los mandatos públicos favorece esta situación y la manera en la que se relacionan los Poderes en Venezuela es en esencia la misma desde 1811.

 También ha habido desde el complicado siglo XIX hasta la Presidencia de Rómulo Betancourt,  ejemplos de choques entre los dos viejos renglones de la función pública.

 La situación con el Poder Judicial es distinta porque es en esta área que el derecho constitucional avanzó más en la segunda mitad del siglo XX cuando se comprendió que abusivo, absolutista e incluso potencial violador de derechos humanos no tan sólo era el cuerpo ejecutivo sino también podía serlo el legislativo por lo que el contrato social requería de alguien que guardara el apego a los valores supremos. De allí que se desechara aquella idea del juez como una figura de palo o boca de la ley y se avanzara en América y en Europa a darle la capacidad de controlar al viejo Parlamento. Esta afirmación ha planteado dificultades y choques en nuestro país y en otros. Podemos recordar por ejemplo aquel incidente cuando la Asamblea Nacional reclamó la presunta usurpación que hacia la jurisdicción al señalarle no que una norma se separaba de la Constitución sino cómo debía legislar.

 De modo que la Asamblea Nacional tenía el derecho constitucional y la fuerza política para cumplir con  sus promesas electorales e incluso desarrollar una función que favoreciera y mejorara el gobierno nacional.

 Sin embargo, esta situación no era políticamente conveniente porque demostraría que en Venezuela existen condiciones jurídicas y políticas para la convivencia de los distintos sectores, que la oposición puede presentarse a unas elecciones, ganarlas y ejercer el rol para el cual ha sido electo. Así como lo hacen sus alcaldes, sus gobernadores y demás miembros del Estado venezolano que representan la oposición al gobierno.

 Por lo cual, había que forzar un proceso mediante el cual el Ejecutivo –u otro Poder- disolviera la Asamblea Nacional. Supuesto este que es constitucionalmente posible cuando el Poder Legislativo se declara hostil al gobierno y sanciona repetidamente al Vicepresidente de la República. Cosa que por cierto, la Asamblea Nacional no ha ni siquiera insinuado.

 Por eso en julio recuerdan a los famosos tres ciudadanos y  toman una actitud con la  que retan al Poder Judicial, tal como el alumno al que se le llamó la atención continua su travesura, después de fingir quedarse quieto, al momento en que la maestra se voltea. Cuando esto ocurre la responsabilidad por la travesura es del alumno y no del docente que cumple con penalizar la falta. Esta idea debemos tenerla clara pues no es el desacato un invento o un antojo del Poder Judicial sino una actitud del Parlamento.

 Esta situación es fácil de manipular a lo interno pero sobretodo a lo externo acostumbrada mirar con prepotencia cualquier gobierno distinto a sus intereses. Del hecho del desconocimiento del estado de Derecho por parte de la Asamblea Nacional se culpa al árbitro que ha advertido que la situación cesará en el momento mismo en que el Legislativo corrija su falta.

 Por ello, el desacato es una situación elegida y en la que permanece voluntariamente el Poder Legislativo que podría dedicarse a defender y a exigir, por las vías legales, que la Sala Electoral realice en tiempo las actuaciones procedimentales cuya única limitación es que no puede acelerarse saltando lapsos que comprometan el orden del procedimiento y los derechos de las partes.

 De este modo es que se produce lo que hoy muchos llaman, entre ellos el Presidente, la auto supresión o la auto anulación de la Asamblea Nacional de la cual se acusa al Ejecutivo que no ha participado en ninguno de los actos que dieron lugar a esta controversia.

 El Ejecutivo entra a este pesado escenario en tanto la Asamblea Nacional tiene funciones constitucionalmente establecidas. Entre ellas, el control político del presupuesto nacional que es el acto de control y colaboración más importante que anualmente tiene lugar. Pudiera preverse que la Asamblea Nacional, si se sujetase a sus promesas de campaña, tiene el mayor interés en ordenar la relación de ingresos y egresos de la República, en la que estima existe una gran discrecionalidad y corrupción e incluso podríamos suponer que ideológicamente estaría interesada en reducir la inversión social que realiza la República, sin embargo, esto podría ser políticamente inconveniente.

 Pues con esto, quedaría en evidencia su verdadera intención política cuando a diferencia del caso argentino o brasileño, aun no ha alcanzado el gobierno nacional además que entraría a tener que hacer caso y reparar de todos los lobby, anunciantes y patrocinantes que sostienen a cada uno de los sectores. Por ello, es políticamente más conveniente mantener una actitud contumaz y echarle la culpa a una hipotética “alianza del mal” entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que le vulnera sus capacidades jurídicas.

 Con estas acciones, complejas y perversas, se acompaña un discurso extremadamente sencillo. Se trata de imponer la idea de una asfixia del Parlamento, a lo que cabe preguntarse cuáles son las alternativas para los otros poderes porque recordemos, la Constitución tiene previstos mecanismos de dialogo, de complementariedad y hasta de contradicción pero niega radicalmente el derecho a cualquier ciudadano o institución de salirse de su contenido. Todos los actos que van en su contra, son en esencia nulos.

 Es normal que en este escenario entre a jugar la Sala Constitucional que tiene en sus manos el derecho político que no es otra cosa que el instrumento para mantener la paz social en momentos comprometidos.  Por eso en el recuento que hemos hecho verán como el conflicto no inicia ni en el Ejecutivo ni en sede constitucional sino que esta última  tan sólo pone reparo para preservar el orden fundamental.

  1. La Sala Constitucional no ha hecho nada más que decirles, una y otra vez, como la maestra en un salón de clases que hagan caso

Han pasado ocho meses desde el momento en el que la Asamblea Nacional decidió desconocer las decisiones del Poder Judicial, en especial y para agravar la situación, las decisiones de su máxima instancia, tal como podemos ver en este recuento hecho por la magistrada Lourdes Suarez en sentencia de enero del año en curso,

el desacato en el cual permanece la mayoría que hace oposición al Gobierno Nacional en la Asamblea Nacional a las decisiones de este Máximo Tribunal, lo cual ha incidido en la imposibilidad material de ejercer legalmente sus funciones mientras dure tal circunstancia, tal como lo ha señalado esta Sala en las decisiones: N.° 808 y 810 del 21 de septiembre de 2016, N.° 952 del 21 de noviembre de 2016, Nos. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016 y N.° 1 del 06 de enero de 2017, así como las sentencias de la Sala Electoral N.° 260 del 30 de diciembre 2015, N.°1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 01 de agosto de 2016, lo cual implica una situación de anormalidad institucional, situación que conllevaría una parálisis en los asuntos institucionales y una interrupción ilegítima del ejercicio de las competencias constitucionales de los demás órganos del Poder Público que no puede avalarse, por estar al margen del Estado de Derecho y por los perjuicios en el desenvolvimiento del Poder Público que afectarían finalmente a la colectividad.[7]

 Lo que ha llevado a la Sala Constitucional a resolver, en el plano práctico, cómo sobrevive un Estado cuyas obligaciones están establecidas en una Constitución y que se deben a una población que las recibe a título de derecho si la autoridad legislativa se declaró en rebeldía. Por lo cual, son varias las decisiones y los procedimientos que se han hecho por vía de excepción ante la Sala Constitucional.

Por ello, fue ante el Tribunal Supremo de Justicia que se presentó la Ley de Presupuesto, la juramentación de las autoridades electorales y finalmente, el Mensaje Anual de la Nación de 2017.

La irreverencia del Poder Legislativo hacia el judicial, en el marco de esta acción no ha hecho sino agravarse pasando el conflicto desde esta gran escena hasta la mínima realidad administrativa, donde, fue el Poder Judicial quien ordenó que continuara el pago de salarios del personal administrativo y obrero del legislativo, pues el mismo se había suspendido.

En tal sentido, es importante observar que la solución del conflicto planteado no reposa en el Poder Judicial sino en el Legislativo que tendría tan sólo que levantar su acuerdo de incorporación de los ciudadanos en querella de su condición parlamentaria, y, volver a funcionar como lo hizo desde enero de 2016.

2. El hijo rebelde culpa a la madre de su castigo y no reflexiona sobre su falla. La situación empuja al país a la primera premisa, no la de la crisis de gobierno sino el conflicto de Estado. La pregunta planteada sería ¿puede la República detenerse, suicidarse, por uno de sus cinco componentes declarado en rebeldía?

No existe en la realidad de los países nada más natural que la diferencia y la confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. De hecho, si vamos a la historia de los Parlamentos los mismos nacieron para pelear con el Ejecutivo. Sin embargo, la lógica en la que han de relacionarse implica la colaboración y el control entre ellos para alcanzar el buen gobierno.

Estamos ante un contexto complicado porque mientras el Poder Legislativo afirma una y otra vez que no se ceñirá a lo que ordena el Judicial, repite incesantemente que su propósito es alcanzar que antes de que sea la fecha constitucionalmente dispuesta, exista un cambio de mando en el Poder Ejecutivo.

Así lo declaró el 5 de enero de 2016 el entonces recién electo Presidente de la AN,

“El cambio que estamos proponiendo es constitucional, pacífico y democrático, ofrecimos que en un lapso de seis meses ofreceríamos un método para cambiar el gobierno por via constitucional y lo cumpliremos”[8]

Así lo hizo en el 2017, bajo la conducción de Julio Borges,

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional votó y declaró que Nicolás Maduro ha abandonado sus funciones como presidente de la República y por lo tanto abandonó su cargo.[9]

Al respecto, en enero de 2017, publicamos un artículo denominado La Asamblea y las palabras, en el cual afirmamos,

en Venezuela algunos sectores políticos se han apartado a tal punto de las normas mínimas de convivencia política y funcionamiento institucional que ahora han emprendido desde la Asamblea Nacional una pelea frontal contra el sentido de las palabras; han encontrado instituciones que no existen, y, funciones que no les corresponden. Han tomado para sí la aventura de una implosión que desmiembre al Estado desde uno de sus componentes. Han renunciado al contenido del artículo 4 del que hablamos tanto como al artículo 9 de la Constitución de la República que sin adornos señala  que en Venezuela el “idioma oficial es el castellano”.

 Esto porque tras una sesión celebrada, el lunes 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró un “Acuerdo de declaración de abandono del cargo de Presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros” lo que exige ubicarnos en esa naturaleza de lo jurídico de ciencia social y cultural  que, para estar al alcance de todos, tiene como mínimo elemento de seguridad el que las palabras con las que se escribe signifiquen lo mismo en las leyes que en el diccionario; así como que las categorías se empleen en los casos que corresponden y no se haga de las limitadas facultades del Estado un extraño collage donde las potestades de control y el contrapeso político, en vez de ser instrumentos del buen gobernar sirven para derrocar gobiernos.

 Pongamos en primer lugar que el abandono requiere que una persona se vaya, no vuelva, se retire, cometa el coloquial acto de “dejar la peluca” lo que no puede sostener nadie que vive en un país donde cada vez que prende el televisor aparece en vivo o en retransmisión el Presidente de la República; y, en segundo que los acuerdos no generan obligaciones jurídicas específicas como si lo hacen las leyes, o, las mociones que hace el Parlamento. Un acuerdo es un compromiso, entre nosotros, no frente a otro.

 A los efectos de las consecuencias, como dijimos en antes, las tensiones entre el Derecho y la Política son tan típicas que la regulación de la cuestión pública es un canal para evitar desviaciones así que el asunto volverá a su cauce, por las buenas o por las no tanto, por medio de la jurisdicción constitucional. Pues fue por ello, por el reconocimiento de la capacidad de una Asamblea o Congreso de atentar contra los Derechos Fundamentales y los intereses superiores, que el viejo juez de palo dejó de ser tan sólo la boca que dice la ley y se convirtió en su intérprete para guardar los estamentos de lo social.

 Por ello, de ese acuerdo no podrá desprenderse una orden de convocar a elecciones ni una medida que ordene al Presidente de cesar en su función. Sin embargo, las consecuencias de esta pelea continuada de la Asamblea Nacional con el Derecho y las palabras no puede tomarse a la ligera.

 Pues estamos en un momento en el cual la Asamblea Nacional se otorga la capacidad de derogar, omitir u olvidar, la Constitución y sus procedimientos,lo que es un gran riesgo para la democracia pues significa que desde los más altos estratos, donde es vital lo simbólico, quiere instaurarse una era de revanchas y un marco jurídico sin garantías. Uno que a todos y a todas nos ha de recordar esas nefastas eras del “dispare primero y averigüe después”, que esperemos hayan quedado para siempre en los anales de la historia muerta.

Siendo a esto a lo que nos referíamos cuando afirmábamos en Claves para entender las decisiones constitucionales  lo siguiente,

La Asamblea Nacional dictó una resolución sin asidero constitucional que determinó el abandono del cargo del Presidente y envió una delegación a representar a Venezuela en un foro de gobiernos. En Venezuela, el gobierno es el Poder Ejecutivo. Es decir, que proyecta un país donde nadie gobierna. Esta línea discursiva permite hablar de un Estado fallido, cual reino sin rey, y, justificar un llamado a elecciones generales puesto que aquí no existiría ninguna estructura: ni quien dé un pasaporte, ni quien dé una medicina, ni quién llame a elecciones.

El Ejecutivo inexistente equivaldría a que en Venezuela no hay gobierno por lo tanto, de algún sombrero hay que sacar alguno.

 Siendo este el escenario debemos entender que estamos ante una situación grave que pretende ser magnificada para justificar incidentes diplomáticos y a la vez simplificada para impulsar la idea que es un conflicto de un Presidente autoritario que se resiste a perder el Poder.

3. La situación empuja al país a la primera premisa, no la de la crisis de gobierno sino el conflicto de Estado. La pregunta planteada sería ¿puede la República detenerse, suicidarse, por uno de sus cinco componentes declarado en rebeldía?

En ese marco, no queda otro que preguntarnos ¿tiene el Poder Judicial un deber de preservación de la República? ¿Cómo existe la República sin presupuesto? ¿Cómo se compran las medicinas y la comida sin él? ¿Cómo se llama a elecciones sin él? Esa fue la sentencia si la Asamblea Nacional, titular constitucional de la función no la ejerce, el interés fundamental de conservar la República y los derechos del pueblo, exigen que la decisión se tome.

Por ello, cerramos de nuevo como el primer artículo…

Siempre me ha gustado hablar ese tema haciendo mención de la Constitución de 1811 y la de 1830, ambas previeron que aceptar honores o comprometer la estabilidad y la integridad eran las afrontas más graves que contra el país alguien podía cometer.

Esto tiene una razón. Somos un pueblo que conquistó su Independencia y esto no es un estadio estable, inmutable, libre de quiénes quieran venir a vengarlo, a deshacerlo. Allí, el contexto de la última sentencia.

Son tiempos vivos para el derecho judicial y tiempos tristes para la lógica de Estado. La resistencia nacional requiere decisiones de justicia acordes que debemos enmarcar como lo que son, ejercicios puros de patriotismo, llenos, evidentemente de la debilidad que nace no del razonamiento judicial sino de la inédita y cobarde actuación de una parte de un Estado que se entregó.

[1] Abogada Luz. Magister Derecho Público UNICAEN

Jefa de la División de Jurisprudencia y Derecho Parlamentario Comparado AN 2011-2014

Profesora de Derecho Constitucional y Parlamentario en la AN 2012-2015

[2] https://anicrisbracho.wordpress.com/2017/03/30/claves-para-entender-las-decisiones-constitucionales/?iframe=true&theme_preview=true

[3] https://anicrisbracho.wordpress.com/2017/03/29/se-equivoco-julio-borges/

[4] http://albaciudad.org/2016/07/asamblea-nacional-juramento-a-diputados-por-amazonas-desacatando-al-tsj/

[5] http://www.tsj.gob.ve/-/resuelta-constitucionalidad-de-la-ley-de-bono-para-alimentacion-y-medicinas

[6] https://anicrisbracho.wordpress.com/2016/10/20/ansias-desbocadas-la-asamblea-nacional-y-su-conflicto-en-solitario/?iframe=true&theme_preview=true

[7] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195203-06-20117-2017-17-0080.HTML

[8] http://www.telesurtv.net/news/Ramos-Allup-asegura-que-sacara-a-Maduro-en-seis-meses-20160105-0039.html

[9] http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/asamblea-nacional-declaro-abandono-del-cargo-maduro_74475.

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El Presidente Soto

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El pueblo debe ser el verdadero legislador

Fernando Soto Rojas

Llegué a las ocho de la mañana a capitolio, me bajé en la esquina de Pajaritos. El edificio José María Vargas lucía imponente, agitado y complejo. Dos puertas y dos colas, dos torniquetes. Llamé y anuncié que había llegado.

Era el mes de octubre de 2011, Fernando Soto Rojas presidía la Asamblea Nacional y era el día de la sesión donde se promulgaría la Ley que Sanciona los Crímenes, Desapariciones, Torturas y otras Violaciones de los Derechos Humanos por Razones Políticas en el período 1958-1998.

Fue mi primera sesión y terminó mucho después de que se retiraran los medios. Terminó en una celda del Cuartel San Carlos, bien entrada la noche, donde llevaron el documento promulgado los que habían –seguramente- jurado dictarlo.

Y aunque así lo hicieron, no apareció ese mes, ni el otro año, ni el siguiente, ni aun, el cuerpo de Víctor Soto Rojas.

Por eso, en la realidad de los pueblos, los símbolos y la resistencia son tan importantes. Las promesas  a veces son lo único más fuerte que las balas, el chantaje y el espanto.

Conocí la Presidencia de la Asamblea Nacional el día antes de la sesión en la que se aprobó la Ley Penal del Ambiente. Había un debate tremendo con esa ley, la Asamblea era de la opinión que las empresas podían tener responsabilidad penal.

Desde la Procuraduría General de la República, el Dr. Carlos Escarrá, decía que no. Como el debate era tan jurídico, el Presidente Soto solicitó que en vez de tanto papel, quienes decían que si, lo fueran a ver.

Se abrió la puerta y se veía, después de un largo trecho de piso de madera brillante, un escritorio. En él, estaba colgada una camisa. Soto Rojas, del otro lado de la oficina esperaba en franela. Me miró entre angustiado, sorprendido y agradado. Me acompañaba el Director General de Investigación y Desarrollo Legislativo, sin mucho preámbulo le dijo que yo era Ana Cristina, la de asesoría jurídica.

Soto, ya sentado en el escritorio me miró. Me preguntó qué edad tenía, salió la voz que pudo salir y dije veinticinco, diputado. Soto se reclinó y le dijo a la esposa veinticinco y jefa de asesoría!

Planteó su pregunta de una manera muy llana, se limitó a pedir que le dijera porque esa ley era importante y que era todo aquello que nos mantenía en debate. Terminamos el tema y volvió, en su idioma a la conversa.

Sabes, carajita, ustedes sí que están jodidos, me dijo, porque cuando yo tenía tu edad, nosotros estábamos pensando en la guerrilla, en la lucha, en el  mundo que queríamos tener, en el asco del que teníamos. Era sencillo, había que triunfar o perder, sabíamos que era más posible perder.  Ustedes, ustedes han conocido un país donde se es libre, donde se llega a estos espacios, han podido estudiar, formarse. Ustedes tienen todo que perder. Ustedes tendrán que resistir de verdad y solos porque nosotros, por la edad, nosotros vamos de salida.

Guardó un silencio y me dijo.

Por eso pienso que estando aquí, lo que toca es darle la oportunidad de ser lo que nosotros no fuimos para que tengan herramientas, organización y fuerza.

Cuando me dijo eso, se había alejado del escritorio y recorríamos de a poco la Presidencia.  Pronto, se acabaría ese encuentro que yo nunca olvidé. Lo volví a ver como un asesor ve a sus asesorados para recomendar una decisión u otra o como empleada cuando recorría los pasillos o festajaba navidad.

Sólo hubo otra vez tan importante, en la escalinata del Palacio. Ese día velaban a Robert Serra y él me reconoció entre tantos. Me paré frente a él para saludarle. Me abrazó y me dijo juren carajitos que van a cuidarse. Cuídate carajita.

Mercado

Mil bolívares

el kilo de mango,

Algunos gramos de pan,

Diez pasajes en Caracas,

Una botella de agua,

Cada uno, cada vez,

Uno u otro, sólo uno.

 

Mil bolívares

El parking,

El impuesto,

La luz.

 

Pero no la carne

Pero no el pollo

Pero no la risa.

 

Mil bolívares

El paso

El peso,

El día.

 

No, el día no

No el día del obrero.

 

Mil bolívares

El desvelo

Agua y sal,

Mil bolívares el agua

Mil bolívares la sal.

 

Mil bolívares

La angustia

Y el precio

De esta hoja.

 

Mil bolívares

La noche

¿De quién?

 

…Espera.

 

Ya ni esta hoja

Ni esta tinta

Ni esta línea

Valen mil.

Claves para entender las decisiones Constitucionales

Fachada-TSJ-23.jpgEl 30 de marzo de 2017, la Venezuela virtual amaneció enmarcada en tendencias que acusaban al Tribunal Supremo de Justicia. Sorprendentemente, no había cerca ninguna etiqueta que defendiera –ni por principio- la actuación del judicial venezolano. Lo que me llevó a considerar que pocos sabemos en esta mar revuelta de qué van las actuaciones de la Sala Constitucional.

La matriz virtual de la derecha era sencilla, la primera etiqueta denunciaba un hipotético Golpe de Estado judicial contra la Asamblea Nacional que se habría producido –al parecer- con la Ponencia Conjunta del 28 de marzo en el Expediente 17-0323[1],  y, completado con la decisión de la misma fecha y suscripción en el Expediente 17- 0325[2].

Al respecto, sobretodo la primera, referida a las actuaciones internacionales del Estado y a la naturaleza de la inmunidad parlamentaria fijan severamente una postura en defensa del Estado. Esta es la primera clave para entender las últimas decisiones.

En primer lugar, se trata de entender si estamos ante un conflicto de Estado o una crisis de gobierno. Son cosas distintas. Una crisis de gobierno que se configuraría según la derecha de un modo casi caricaturesco pues estaríamos frente a una dictadura sin dictador.

La Asamblea Nacional dictó una resolución sin asidero constitucional que determinó el abandono del cargo del Presidente y envió una delegación a representar a Venezuela en un foro de gobiernos. En Venezuela, el gobierno es el Poder Ejecutivo. Es decir, que proyecta un país donde nadie gobierna. Esta línea discursiva permite hablar de un Estado fallido, cual reino sin rey, y, justificar un llamado a elecciones generales puesto que aquí no existiría ninguna estructura: ni quien dé un pasaporte, ni quien dé una medicina, ni quién llame a elecciones.

El Ejecutivo inexistente equivaldría a que en Venezuela no hay gobierno por lo tanto, de algún sombrero hay que sacar alguno.

La Asamblea Nacional rompió también con  el pacto fundacional de la República y el principio liberal de la separación de poderes. Pues esa fórmula que repetimos desde educación cívica reconoce que todas las funciones no pueden caer en un solo sujeto porque sería absolutismo pero también señala que ninguna de las partes tiene personalidad ni existencia autónoma. El país es esa suma de representantes, ciudadanos y territorio. Ninguno es, en el ámbito político, sin el otro.

Allí nace y se mantiene el problema con el Poder Judicial quien en el liberalismo era esa boca de la ley, sujeto de palo, último llamado a la fiesta. Poseedor legítimo del deber del orden y de la autoridad. Dotado desde la segunda mitad del siglo XX de la fuerza constitucional. Es decir, garante del Estado por encima de las peleas de sus hijos (los ciudadanos) y de sus hermanos (los otros cuatro poderes).

La primera pelea, la fundamental, la cazó el Poder Legislativo con el Poder Judicial cuando en pataleta pública desconoce la medida cautelar que sobre los ciudadanos que se presentaron a las elecciones de diputados en el Estado Amazonas y cuya elección existían fundadas dudas, decide hacer caso omiso del llamado.

Postura que obvia que ante decisiones de justicia el estar o no de acuerdo es un asunto secundario, únicamente salvable mediante recursos judiciales. ¿Mucho pedir? ¡Hagamos un censo en cualquier cárcel de cualquier país sobre si los detenidos están de acuerdo! Como por regla general nadie está de acuerdo con las decisiones de justicia y muchas de la administración, tienen estas autoridades la capacidad de hacer valer sus decisiones de manera forzosa. Allí, cuando dijeron que no a la autoridad se encontraron con la justicia constitucional.

En primer término, la Sala Constitucional no ha hecho nada más que decirles, una y otra vez, como la maestra en un salón de clases que hagan caso. Un conflicto que, a los efectos parlamentarios, no tiene mayor relevancia puesto que, la mayoría la tienen por mucho y para mucho.

Allí estamos desde hace un año. El hijo rebelde culpa a la madre de su castigo y no reflexiona sobre su falla. La situación empuja al país a la primera premisa, no la de la crisis de gobierno sino el conflicto de Estado. La pregunta planteada sería ¿puede la República detenerse, suicidarse, por uno de sus cinco componentes declarado en rebeldía?

En ese marco, no queda otro que preguntarnos ¿tiene el Poder Judicial un deber de preservación de la República? ¿Cómo existe la República sin presupuesto? ¿Cómo se compran las medicinas y la comida sin él? ¿Cómo se llama a elecciones sin él? Esa fue la sentencia si la Asamblea Nacional, titular constitucional de la función no la ejerce, el interés fundamental de conservar la República y los derechos del pueblo, exigen que la decisión se tome.

Truncado el plan de matar asfixiada la vida nacional, en marzo el conflicto se recrudece.

No hablamos casa adentro sino fronteras afuera. Siempre me ha gustado hablar ese tema haciendo mención de la Constitución de 1811 y la de 1830, ambas previeron que aceptar honores o comprometer la estabilidad y la integridad eran las afrontas más graves que contra el país alguien podía cometer.

Esto tiene una razón. Somos un pueblo que conquistó su Independencia y esto no es un estadio estable, inmutable, libre de quiénes quieran venir a vengarlo, a deshacerlo. Allí, el contexto de la última sentencia.

Son tiempos vivos para el derecho judicial y tiempos tristes para la lógica de Estado. La resistencia nacional requiere decisiones de justicia acordes que debemos enmarcar como lo que son, ejercicios puros de patriotismo, llenos, evidentemente de la debilidad que nace no del razonamiento judicial sino de la inédita y cobarde actuación de una parte de un Estado que se entregó.

 

[1] http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-ordena-revisar-politica-exterior-y-define-limites-de-la-inmunidad-parlamentaria

[2] http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-decide-que-el-ejecutivo-nacional-no-tiene-impedimento-para-la-constitucion-de-empresas-mixtas

La Señora OEA

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El 28 de marzo de 2017 quedará fijado como un día negro para América Latina, con un balance aún por determinar, pues en tal fecha, ocurrieron una serie de eventos que recuerdan el verdadero carácter de una oficina imperial. Como para que no quedara duda del espíritu del alma, veinte países, de los cuales dos deben su condición de Estado a Simón Bolívar se reunieron en un salón así denominado a revivir la traición del Congreso de Panamá.

Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Barbados, Bahamas, Santa Lucía,  Jamaica, Belice y Guyana, fueron quienes confirmaron el quórum para debatir, en contra del régimen normal de un organismo internacional, un asunto que les fue sometido en desconocimiento abierto de la igualdad jurídica del Estado, de la indivisibilidad de la República y del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Algunas voces, no menores, han tomado estas horas para preguntar qué opinión o qué acción merece desde el seno de la Organización de los Estados Americanos situaciones que tienen convulsionado el Continente y que derrumban el mito de la progresividad de los derechos.

¿Por qué no mira la OEA las fosas comunes mexicanas? ¿La libertad de prensa en Centroamérica? ¿Las Maras en Guatemala? ¿Por qué no abre una campaña sin descanso por los niños de la Guajira colombiana, los escolares en la Argentina, los parados en Brasil? ¿Qué acción jurídica o diplomática concreta ha tomado la OEA en favor de los niños migrantes presos en México, o, confinados en la frontera de USA? Ninguna en lo absoluto, o, alguna sin la fuerza para hacer parar o cambiar la situación pero esto es simplemente porque la OEA no está para eso.

Como no está, nos vemos en la urgencia de entender que el tema de los derechos humanos y la integración regional tienen ante todo que superar las barreras epistemológicas, los trucos discursivos, que han  hecho de ellas una quimera para los pueblos.

Los trucos epistemológicos se van desnudando si tomamos en cuenta que los derechos humanos son un catálogo, una noción de justicia, validado con aspiraciones de universal a partir de 1945-48, construido sobre la base de transcribir documentos previos de las sociedades del norte, y, si aceptamos que estos reunen todas las necesidades básicas de las personas.

Planteado así, sin detenernos en lo que su cultura o derecho digan al respecto, veremos que no existe un solo país que los cumpla en totalidad. Porque además de uniformista el catalogo es utópico, es un estándar al que deben aspirar las políticas públicas pero que se ve comprometido con cada asesinato, con cada tribunal sin copias, con cada medida administrativa de deportación. Ninguno puede, como en la Biblia, declararse inocente y tirar la primera piedra. Esto, si a un ejercicio de honestidad plena, apelamos.

Pero determinar quién cumple con los derechos humanos no es un juicio jurídico, es un juicio político porque primero hay que determinar a quién podemos juzgar, formalmente y a quién queremos juzgar materialmente. De allí que África lleve décadas declarándose cada vez más inconforme con un sistema universal de justicia que determina que tan sólo existen violaciones masivas en sus territorios negros.

titular_2_0.jpgAhora, a la vez hay que entender que hablar de la OEA es hablar de la posguerra y esto, es ubicarnos en la construcción de una geopolítica donde tras la destrucción de Europa, Estados Unidos pudo establecerse como principal polo económico y militar del nuevo orden. Para ello, debía asegurar un sistema que evitara la deriva ideológica y sobretodo la influencia de poderes distintos al suyo en su bloque continental.

Por ello, la OEA nace como un acuerdo para mantener un sistema de defensa que involucrara a USA, en caso de cualquier eventualidad en primer término; nace cuando en Colombia se apaga la esperanza y estalla la conflictividad, cuando Venezuela es un país más que complaciente que debe ser suministro estable y económico de combustible, cueste lo que cueste, se oponga quien se oponga.

Para esa OEA original, los derechos humanos son objeto de una declaración no de sus documentos centrales, la lógica es de exclusión de poderes foráneos  y de las ideas raras (comunistas), no la de fundar espacios de cooperación. Los derechos humanos se fueron sumando cuando estos se tornaron la manera de decir que un solo tipo de sociedad era moderna y posible.

Hablamos de una estructura tan perezosa para atender las necesidades de un Continente plagado de dictaduras en las últimas décadas del siglo XX que los analistas especializados no dudan en determinar que durante décadas fueron instancias que se encontraban técnicamente desempleadas puesto que casi no han conocido casos desde su creación; porque sus sistemas son lentos, discrecionales, inestables, dominados por una lógica del “dime quién y te diré qué”, dispersos en tanto que no han logrado en casi siete décadas unificar el derecho que aplican, las entidades que se pronuncian sobre los distintos casos y Estados, cuando tienen, por mucho territorio que sumen, una unión de tan sólo 35 países.

La vida del Comandante Chávez, su experiencia de estadista, demuestra su plena certeza de esta situación cuando habiendo pronunciado el pueblo que aspiraba a una nueva democracia, la OEA entró en una crisis alegando que tan sólo era compatible con sus manuales la democracia representativa, tan cómoda para los monopolios y tan nefasta para los pueblos. Allí surgió, por cierto, la fulana Carta Interamericana.

Es decir, que Pinochet, ni Videla, ni Collor de Mello, ni Carlos Andrés Pérez, habían generado en el seno de esa organización una crisis de pánico tan grande como la idea revolucionaria de una democracia participativa y de referendos.

Cerraba aquella jornada, ebrio de vanidad, el Secretario General de la Organización, tuiteando sobre cómo habían logrado avanzar –por cierto, no llegar- al hipotético maná de la Carta Democrática Interamericana.

Cerraba, casi un año después del primer intento, con un concierto de gobiernos de dudosa factura, fabricados desde Parlamentos antinacionalistas, negados al rol histórico de coadyuvantes del buen gobierno y parte de un país. No medió el tiempo, ni el empeoramiento de las condiciones en Venezuela. Mediaron los golpes de Estado, las amenazas a los financiamientos, el bloqueo de los bancos trasnacionales a un país.

Samuel Moncada nadaba con heroica resistencia. Sandino, con el nombre de algún representante de Nicagua, anduvo con él y Evo, porque la Bolivia hermosa es siempre india.

Asumo que algún momento un pobre obrero, latino sin duda, limpió el salón.

Alguno vería mancillado el nombre de aquel salón.

Pero, Neruda que ante hechos como los que algunos de estos señores sueñan, murió de espanto me lo recordó.

Bolívar siempre vuelve y no siempre hace falta esperar cien años.

¿Se equivocó Julio Borges?

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Bastante hemos hablado en los últimos días del infamante tuit publicado por el, nombrado durante el desacato, Presidente de la Asamblea Nacional, en el cual afirmó que la Carta Democrática Interamericana estaba por encima de la Constitución Nacional. Aquella respuesta es sin duda una, que si hubiese sido dada por algún estudiante,  le hubiese hecho reprobar un examen.  Pues este parece un error terrible, un desconocimiento profundo, del sistema jurídico nacional cuyas bases se han mantenido intactas desde la Constitución de 1947 y así ha sido asumido por todos quienes desde el patriotismo rechazan una afirmación tan descabellada.

Sin embargo, puede que no estemos frente a un error de estudiante, de una pobre comprensión del derecho constitucional o de la nomativa internacional sino ante un acto deliberado. Pues, decir que algo es superior a la Constitución, equivale a condicionar las normas fundamentales.

Veamos esto, de una manera sencilla,

La Constitución es la norma suprema, de ella deriva todo el Derecho y conforme a ella han de desarrollarse todas las acciones. Cualquier cosa que la contraríe debe ser anulada, omitida y corregida. Para ello existen los tribunales, la justicia constitucional y el deber de cada persona de cumplir con la Constitución.

Entre esos asuntos vitales está la noción del Estado y sus principios, las funciones que corresponden a cada Poder y sus límites, la manera en la que colaboran y cómo actúan fuera del país. Según la Constitución tan sólo puede presentarse a un foro internacional el Presidente o a quien este delegue, pues este es el único Jefe de Estado.

Es decir que, a los efectos de Borges y de Ramos Allup que declaró en la misma línea, la Constitución es esa norma molesta que desde 1999 vino a afectar su cosmovisión. El rechazo, más disimulado de la actualidad, deviene del ruidoso descarte que hicieron de ella en el pasado y se les va goteando cuando hablan de la cámara del Parlamento, o, que dicen que cualquier panfleto internacional vale más que la Constitución que en definitiva, no es sino la permanencia de una voluntad votada por el pueblo.

Si decimos panfleto internacional lo hacemos de manera deliberada pues ciertamente existe una norma constitucional que reconoce y ordena la incorporación al derecho patrio de normas internacionales, pero, se trata de incorporación al mismo nivel de la Constitución y no por encima de la Constitución como lo ha recalcado desde el 2001 la Sala Constitucional -basada en la mas sólida doctrina alemana e incluso interpretaciones previas de la Constitución de 1961- y no de cualquier norma, sino de aquella que establece derechos humanos, las cuales son claramente determinadas y enumeradas por las organizaciones de las que emanan y que además hayan sido ratificadas por la República. Al respecto, es importante considerar que este no es el caso de la Carta Democrática Interamericana.

Un viejo aforismo en el Derecho enseña que hay errores tan graves, imprudencias e impericias que cuando se cometen develan que lo que se hizo fue hecho con intención. Sea ese el caso, o, abiertamente la intención de ubicar una Resolución de gobiernos para gobiernos por encima de todo el Estado de Derecho, lo que motivó estas declaraciones, observaremos en los próximos tiempos por qué no pueden ser tenidas por inocentes.

Claro, salvo que queramos declarar que las mismas vienen “preñadas de buenas intenciones”.

Yo quería ser arquitecta

Fruto-Vivas-1.jpgHoy en día, a mis treinta años y con una carrera de la cual solo puedo sentirme agradecida no dudo un instante que aquella tarde del 2003 cuando asumí que haría una carrera en el Derecho no fue un error. Lo decidí porque sentía que con ello ayudaría a la gente, quería hacerlo, anhelando grandes escenarios. Salas de juicio, argumentaciones irrefutables. Anhelaba conocer y hacer justicia.

La historia  familiar venía impregnada de normas. Mi abuelo fue Constituyente en el 47 y después diputado, senador… Mi padre enseñaba Derecho. Mi tía era asesora jurídica del Canal de Panamá, mis dos padrinos y mi madrina –siempre me robo al padrino de mi hermana- eran abogados. Era un destino predispuesto del que todos ellos intentaron desalentarme. Mi abuela quería que estudiara idiomas, mi padre letras, mi padrino, que me inventara un oficio más feliz pero yo no dudaba, no después del Paro Petrolero. Sin paro, probablemente yo hubiese estudiado y hecho otra cosa.

Fueron días tan locos, los que duró el paro, los que le siguieron… Era tanta mi sensación que alguien podría convencer y demostrar que eso no se hacía, que no había derecho, que yo me encaminé.

Pero no pienso en eso hoy porque quizás esa no fue mi única pasión. Fue una pasión justificada, sembrada, genética pero no la primera, la principal, frustrada por la falta de talento de mis maestros o la mía. O, por esa manera que tiene la desidia de los maestros de convertirse en el rechazo de los alumnos.

Mi primera idea fue ser arquitecta. Esa, esa nadie podría decir de donde salió.

Yo quería ser como Fruto Vivas que era un rockstar para mí. Había llegado a mi panteón por Elsy del Carmen, por los proyectos de consolidación de barrios a donde me arrastraba La Gocha. Las ideas simples y los fastuosos proyectos, todos eran pan comido para ese señor.

Mi pasión alcanzó el absoluto idilio cuando desempolvé sus viejas notas que reposan en la Facultad de Arquitectura, allí, ya no quise ser abogada. Yo quería ser Fruto Vivas, su discípula, su alumna pero aquello no podía ser.

Hubiesen terminado inocentes con techos por la cabeza por mi incapacidad numérica, los obreros hubiesen rozado la rabia y el absurdo por mi pobre noción del espacio y las formas geométricas.

No había forma, no pude serlo pero como lo soñé!

Un par de años después lejos de esa facultad, descartada esa idea, me invitaron a hablar sobre cómo se podía ser un abogado comprometido con su tiempo. Era miércoles en el Teatro Nacional en Caracas. Yo moría de miedo. A mi lado estaría el Dr. Escarrá y yo sentía que ese escenario, con su penetrante luz blanca, era demasiado para mí.

Al salir, junto a la puerta estaba Fruto Vivas felicitándome por mi exposición y yo, yo morí de amor.

Acupuntura de la molestia

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Cuando empezó esto, esta situación que hemos vivido últimamente, que en mi percepción se fue instalando mientras el Comandante Chávez enfermaba, se recrudeció con los cambios de la ley del trabajo, recuerdo haber escrito par de veces sobre mi sensación de que existía detrás de cada cosa que pasaba un estudio en fase de experimento basado en la interrogante de cómo fastidiarle más la vida a la gente. Así, el beneficio del segundo día libre universal se convirtió en la perdida general del sábado pues cada vez se hizo más difícil hacer lo que todos hacíamos ese día, las pequeñas diligencias de la cotidianidad y del hogar.

Luego de esa simple sensación, con documentos en mano, fui viendo por los reportes de retenciones de la Guardia Nacional, las guías de despacho de Sunagro y los reportes de abastecimiento que el desabastecimiento se creaba, se empeoraba y se mantenía simplemente con la alteración de la frecuencia y la cantidad. Así, de lo que antes llegaba cada jueves, digamos que diez kilogramos, ahora llegaba un solo jueves en un despacho de cuarenta kilogramos. La situación enloquecía a todo el mundo, al vendedor que temía ser acusado de acaparador, al comprador que quería lo que veía porque no sabía si lo volvería a ver y a las autoridades del orden público que a ciencia cierta no sabían a qué se enfrentaban.

Había en aquello algunas cosas que me resultaban evidentes, no tan sólo la técnica de jugar a cambiar el patrón de consumo, la gente no concentraba el mercado –porque poco a poco dejó de existir- sino que  se veía forzada a disoverlo aglutinando la compra de productos que siempre fueron al más estricto detal.

Todas nuestras casas cambiaron. Mi despensa tiene cinco litros de cloro, cada uno con distinta etiqueta. En diciembre canjee parte de mis utilidades por café y sé que todos tenemos como encontrar en nuestra casa mil otros ejemplos.

Otra de las técnicas usuales fue hacerle la vida más difícil y la ganancia más pequeña a los pequeños comerciales, a esos, al bodeguero del barrio, a la señora de las empanadas…las facturas y las notas de entrega, los aumentos del condominio, del arrendamiento, la venta condicionada, el cambio de códigos, la modificación de la categoría o de la relación comercial con el vendedor. Todos se fueron sumando de a poco a la realidad.

La verdad es que el asunto pasaba así, solo reflejado en dos cosas sencillas, mayores precios y menores bienes. Cosa que esconde todo este entramado perverso. Se lo disuelve a quien, sencillamente vive su vida.

Hasta ese entonces las cosas tenían poco sentido. Hablábamos de una rebelión de la burguesía, de que habían decidido echar el resto, nos acostumbramos a ir echándole la culpa al compañero que como mártir designábamos para que encarara la tormenta y fuimos por demás encontrando cada día una solución mas grande, mas burocrática y compleja para el problema.

Ahora, en marzo 2017, la situación tiene más sentido. La guerra económica no es más que la preparación, muy larga, al menos desde el 2010 de una campaña electoral. La Polar que desapareció de la realidad pero no del imaginario, prometerá un país que nunca fue y una prosperidad que nunca será.

La derecha considera que ha llegado hora de las grandes fortunas, de la noción de democracia minimizada a la transacción financiera. El tiempo de los nuevo Chicago o Princeton boys, a los que no tan solo reúne el desprecio por los pueblos y sus procesos sino sus sentidas y publicas amistades.

Tan fuertes son sus amistades entre estos señores como el desprecio por los trabajadores y por un Estado que les garantice inamovilidad y alguna protección salarial. De allí que siento que mi primera asociación casi instintiva de lo sufrido con lo laboral, no era tan despreciable. Claro, tampoco es tan brillante, todos sabemos que estos son problemas de la lucha de clases.

Venía con este texto escrito en mente cuando cruzando la calle vi a Evaristo. Venía con la cara afligida y pienso que encontrarse conmigo le abrazó la pena. Llevaba tres viajes por una diligencia y regresaba, extenuado y quebrado, sin nada en mano. La burocracia otrora amigable le pegaba mordiscos. No había ni siquiera un amigo de esos, el primo que todos tienen en Miraflores o en el CNE, que pudiera ayudarlo.

¿Será que es tan o más difícil de detectar que la acupuntura de la campaña del Peluquín que la que hacen los que convierten los tramites y ordinarios en un verdadero suplicio? ¿Por qué se nos va la vida peleándonos entre tendencias y amigos sin ver como calladitos otros ayudan a pavimentar el sendero que nos lleva hacia el abismo?

Oro, plata, dólares, euros.

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Me atrevería a decir que no hubo entre el siglo XIX y el siglo XX un concepto más importante para las ciencias jurídicas que la noción del Estado de Derecho. El Estado tenía ya un par de siglos en la literatura y se pretendía hacer del derecho la manera en que lo justo, lo correcto, lo necesario fuese hecho. El Derecho también existía como concepto y el debate, pese a su puntual intensidad para los filósofos, se obviaba cuando la exegesis dominaba. El derecho era la ley, la ley era ley, y la hacían los Parlamentos.

Siendo justos esas ideas no han cambiado demasiado. El debate del derecho judicial, de la jurisdicción constitucional, de su poder superior, es un asunto accidental y se profundiza en clases de mayor nivel. La ley es el derecho y la ley es el Poder legislativo.

Con lo anterior no busco echarle leña al fuego del equilibrio o desequilibrio de poderes y funciones que vivimos en Venezuela. De hecho, no tengo la menor intención de hablar de política.

Sólo introduzco una fotografía de la mas ruda descripción de la importancia de las leyes que se nos pone allí, en frente, como esperando que un cronista o un novelista la atrape pues deambulan por las callecitas del bonito Palacio Federal Legislativo pregoneros que sortean las normas que han regido, por lo menos desde hace una década, nuestra economía.

Están allí, por montones, entrelazados entre la Guardia y la Policía, están en el mismo horario que los diputados y se ocupan con dedicación a la faena.

Me encantaría que esto captara un día el tiempo de una pluma brillante como la de Negrón Valera y mientras tanto ¿nosotros, de esto, que nos contamos? Al parecer, después de todo, aquí nadie muere de miedo.

…Ni son tan férreas las medidas, ni tan real el Estado, ni imponente el dorado de la cúpula de Caracas.

“Somos capaces de producir un pensamiento” Jean-Francois Akandji Kombé

 

bureau-ipap-jfakConocí a Jean-Francois Akandji Kombé de una manera que hoy me resulta un poco injusta. Lo conocí porque tuve la dicha que fuese mi tutor en la Facultad de Derecho de Caen. Coincidimos en esa escuela en el año 2009 antes de que él fuse invitado a la Sorbona.

Si hoy me resulta aquello injusto es porque considero que Akandji Kombé adelanta un trabajo que deberíamos conocer más pues desarrolla un enfoque jurídico particularmente interesante para los latinoamericanos. En tanto su visión del derecho incorpora el conocimiento, en campo y alma,  de un país del sur.

Ciertamente, Akandji Kombé ha publicado dentro de las ramas que para nosotros son Derecho Publico una variedad de textos generalmente referidos al derecho francés y al derecho europeo pero al mismo tiempo se ha preguntado cosas que a nosotros nos hace falta pensar: la génesis del derecho, cuál es nuestro verdadero derecho, porqué nos identificamos tan mal con nuestras leyes, por ejemplo.

Sus trabajos sobre la historia del derecho en África, sobre cuál constitucionalismo ha de acompañar el proceso de paz en su país, nos ofrecen temas que no nos resultan extraños pues se trata de encontrar en el Derecho un instrumento contra la barbarie pero también un elemento de identidad y de liberación de un pueblo.

Con este interés los pasados cinco años he seguido su trabajo, considerando en algunos momentos traducir algunos artículos o pasajes. Sin embargo, en Francia descubrí que la traducción es un trabajo pesado y un arte complejo por lo cual no me he atrevido a hacerlo por no poder dedicarme a ello con la atención que requiere la tarea.

Hoy me tomaré la libertad de hacer una excepción a ello y traduciré algunas partes de una entrevista que le hicieran donde se presenta un jurista desde una visión más intima. Una donde habla de su vida y de su esperanza que pienso puede ayudarnos a a encontrarnos en la nuestra.

 

Jean-François Akandji-Kombé – Droit et usage du droit face aux réalités africaines[1]

Jean-François Akandji-Kombé – El Derecho y su uso frente a la realidad Africana

 

“Yo, yo soy un jurista y eso, eso creo que lo sabe todo el mundo. Un jurista africano que se precia de universal. Cuando digo que soy un jurista africano es porque yo nací en la República Centroafricana aunque hoy tenga además de esa, la nacionalidad francesa. Esta la tengo accesoriamente. Yo nací en la República Centroafricana, allí crecí y allí estudié.

Por eso digo que mis raíces intelectuales fueron plantadas en Bangui donde obtuve mi licenciatura en Derecho, fue después de eso que estudié en Francia, allí presenté mi tesis y desde el punto de vista de mi carrera yo trabajé en la Universidad de Caen-Baja Normandía…

El titulo de mi tesis fue “La política exterior de la Comunidad Europea en materia de Derechos del Hombre”, el día de mi defensa esa fue exactamente la primera pregunta que me hicieron y yo respondí de la misma manera en la que lo haré hoy y es que mi tesis no estuvo inspirada en lo absoluto en consideraciones europeas. Mi inspiración estaba en mi infancia africana en un pequeño pueblo de la República Centroafricana. En un pueblo en la orilla de la carretera, donde había una pequeña vía interna, en ella estaba mi escuela y la cancha de futbol. Luego había dos instituciones, la iglesia católica fundada por mi tío y del otro lado la cooperativa del café, para la cual trabaja mi padre que se dedica al cultivo del café.  Esa cooperativa era financiada por la Comunidad Europea… Entonces yo pasé toda mi infancia viendo esa placa de la Comunidad Europea que con el tiempo fue teniendo cada vez más banderas dibujadas.

Por eso era curioso ese cartel además con él se financiaba la principal actividad de mi padre, en verdad de toda la familia. Eso era lo que traía el dinero a la casa. Por ello me pregunté un día ¿qué es eso de la Comunidad Europea? Necesitaba saber más.

Cuando fui a la Universidad de Bangui, entonces, me apasioné por un curso de Derecho Económico Internacional, en él se hablaba un poco de la Comunidad Económica Europea…. ¿Y lo de los derechos humanos? Cuando uno es de estos países uno no puede escapar nunca al tema de los Derechos Humanos… Sé que luego lo hablaremos con más detalle pero la historia de mi país ha tenido como constante los actos de violencia y los de poder que son la negación misma de los derechos del hombre…

Yo me descubrí, como los jóvenes de mi generación en esta lucha…. Fue un compromiso personal que me llevo a querer saber más. Fui mezclando los temas y mi director de tesis me dijo que era un tema improbable porque no existía eso de la política de derechos humanos de la Comunidad Europea. Así que me toco ir pidiendo permiso y logré, fue finalmente el tema que desarrollé.

Ahora si ustedes me preguntan cuáles son las áreas del Derecho que a mí me apasionan pues la verdad es que son muy variadas. Yo soy profesor de Derecho Público pero hice mi tesis en Derecho Europeo, me dedico al derecho internacional pero escribo en constitucional, me dedico al Derecho Social que es Derecho Privado, escribo sobre Derecho del mar y de los Derechos del Hombre. Por eso no puedo decir que haya una rama del derecho que me interese. Me interesa el Derecho. El Derecho en sí mismo pero no teóricamente sino por lo que se puede hacer con el Derecho porque para mí el Derecho sigue siendo un instrumento, una herramienta y nosotros somos sus servidores y por ello debemos preguntarnos en cada momento la pregunta de cuál es la finalidad de la acción, del razonamiento, de la tesis que sostenemos, sobre qué ocurre cuando esa tesis se aplica en la realidad.

Por ello es que a mí lo que me interesa es el Derecho como instrumento. Como instrumento para mejorar la vida de las personas y pienso que si el derecho no lo logra, no hace mejor la vida de la gente, no merece ser considerado una ciencia humana. Esto, porque como lo digo cada vez más, estamos en tiempos donde en las Facultades de Derecho incluida la Sorbona, en la que yo doy clases, lo que importa es la técnica jurídica.

Les enseñamos a los estudiantes a razonar como juristas, a hacer comentarios sobre Sentencias importantes… Los llevamos a que razonen en derecho sin que nadie les pregunte cuál es el fin, cual es el sentido de lo que se hace.

A veces creo que sería mejor decirles a los estudiantes que en vez de hacer todo esto se pregunten cual es la finalidad del derecho, o,  más simplemente, que cual noción del derecho es intrínseca a las reglas que leen. Esta es la idea que a mí me mueve y me mueve cada vez más que pienso en nuestro continente africano.

Yo soy de los que piensa que en África hay grandes juristas pero que hasta el presente el Continente ha perdido su encuentro con el Derecho porque para que África realmente tenga un Derecho de lo que se trata es de lograr que las reglas que se apliquen en el continente sean resultado de la voluntad de quienes allí viven, bien porque sea la recuperación de un querer vivir y desarrollarse juntos, que no es hablar del pasado sino volver a nuestras raíces, a nuestras tradiciones jurídicas.

A mí esto me impresiona mucho porque ya yo les dije, yo estudié Derecho en Bangui y lo que nosotros veíamos como Derecho era Derecho de la V República, es decir, Derecho Francés y había un curso que hablaba sobre las etnias y la cultura de África central, se hablaba de derecho pre político y era una especie de antropología jurídica y política. Sin embargo, yo estoy convencido que ese era el único, el verdadero Derecho centroafricano que estudiábamos. Sin duda, había que transformarlo pero ese era el Derecho.

Por ello una de las crisis que tenemos en África con el Derecho es que ningún ciudadano cuando lee la Constitución se reconoce. Pienso que los juristas africanos deberían pensar en un verdadero derecho africano. Hay que aprender a ver, por ejemplo, en la modernización del Derecho del continente. Ciertamente, lo hicieron africanos pero sometidos a un poderosísimo lobby extranjero y ¿esto para qué? Para lograr un cuadro de protección de las inversiones que pensaban hacer, y ¿esos negocios de quien son? De los extranjeros no de la gente del continente.

…debemos recordar que somos capaces de producir un pensamiento, un pensamiento autónomo que es la condición para lograr un enriquecimiento mutuo entre juristas.

                                                                                                                    

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Q4LyCn-wD7A