La rebeldía legislativa y su tesis del golpe.

1490890128395Ana Cristina Bracho[1]

Hace un par de horas publiqué un articulo denominado Claves para entender las decisiones constitucionales[2] que ha tenido una recepción tan atenta por el público que algunos lectores me han pedido más profundidad, o,  el marco completo del problema. Por ello, este artículo es en cierto modo, una segunda parte y en otra, una profundización del primero.

Empecemos por el origen de las cosas. Venezuela es una República desde 1811 y se ha mantenido como tal desde 1830, esos dos textos contienen la fundación del mundo jurídico nacional tal como lo conocemos y ambos fueron contundentes en declarar sagrada y eterna, la Independencia. En ambos, como en la Constitución de 1999, existieron el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como ramas del Poder Publico Nacional unidas por  un lazo fundamental, elegidos de modos distintos y que poseen al conjugarse todas las funciones que Montesqieu y Locke le dieron al Estado.

A lo largo de doscientos años de historia y de más de veinte constituciones los aspectos fundamentales, en especial los que se refieren a que hace cada rama, cambiaron poco. Los cambios centrales se dieron en 1999 cuando se sumaron dos poderes y se cambió la forma de democracia pero no cambió tanto como para quitarle a ninguno de estos tres poderes sus funciones ni sus obligaciones básicas.

Siendo la principal obligación, de todos los ciudadanos y en especial, de los funcionarios públicos el respetar la Constitución que es nuestra norma fundamental. Este fue el primer aspecto de esta situación nacional a la que me referí cuando señalé que no me resultó un error la afirmación de la Presidencia de la Asamblea Nacional de que existía un instrumento jurídico más importante, en Venezuela, que la Constitución.[3]

Desde ese triste comentario han ocurrido muchas cosas, pasando por la reunión en la OEA para llegar finalmente a una rueda de prensa que dieron en el Palacio Federal Legislativo desde la cual se abrió un concierto interno y externo afirmando la comisión de un hipotético golpe de Estado.

En resumen la matriz de opinión del 30 de marzo de 2017 de la derecha fue la siguiente,

  1. Se produjo un golpe de Estado

Por que

  1. El Tribunal Supremo de Justicia disolvió la Asamblea Nacional

Ahorabien, en Venezuela no ocurrió un golpe de Estado y ellos lo saben, por eso concluyeron sus declaraciones llamando a los militares a darlo. Así como tampoco fue disuelta la Asamblea Nacional.

Un golpe de Estado, según el Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas, consiste en la usurpación violenta de los poderes públicos, en especial del ejecutivo; absorción por éste de la función legislativa y sojuzgamiento de la judicial.

Es interesante detenernos allí. Cuando hay un golpe de Estado no hablamos de que venga alguien y asuma las competencias –las tareas- de uno sino el Poder que es una noción mucho más amplia en tanto implica el reemplazo de alguien.

Para encontrar un ejemplo, pensemos en el pasado, en abril de 2002, vino Carmona Estanga, entró a Miraflores y se llamó Presidente. Ese es el supuesto del golpe de estado. Aquí nadie ha dicho que nadie sea un nuevo diputado ni siquiera que alguien haya dejado de ser diputado.

Por ende, eso no ocurrió.

Lo segundo que ellos han dicho  es que en Venezuela  la Asamblea Nacional fue disuelta, lo que no ocurrió y que si bien está previsto en la Constitución quien puede hacerlo es el Presidente de la República y no la autoridad judicial.

La disolución de la Asamblea Nacional, supuesto previsto para casos de tensiones entre los Poderes, se da cuando el Poder Legislativo le impide al Poder Ejecutivo gobernar y dicta mociones de censura contra el Vicepresidente de la República, al menos tres veces. Cuando ocurre, hay que convocar a elecciones porque al declararla el Poder Ejecutivo, la Asamblea y todos sus miembros dejan de existir jurídicamente.

Volvamos a los ejemplos, sin que esos supuestos se dieran, la única disolución de la Asamblea Nacional venezolana en el siglo XXI fue la que dictó Carmona Estanga  aquel abril.

¿Entonces qué ocurrió? La situación es tan sólo el dictado de dos sentencias de la Sala Constitucional, donde, la primera ratifica la doctrina que sobre inmunidad parlamentaria ha desarrollado en la última década, y, una segunda donde autoriza al Poder Ejecutivo y toma para sí, las competencias que en efecto la Asamblea Nacional no está ejerciendo desde el año 2016.

Del artículo Claves para entender las decisiones constitucionales retomamos algunas premisas,

  1. La pelea la cazó el Poder Legislativo con el Poder Judicial cuando desconoce la medida cautelar que sobre los ciudadanos que se presentaron a las elecciones de diputados en el Estado Amazonas dictó la Sala Electoral al considerar que sobre su elección existían fundadas dudas.

Algunos recordaremos que sobre este hecho el 5 de enero de 2016, tras alguno que otro impase, en efecto se instaló la Asamblea Nacional sin estos ciudadanos y fue el 29 de julio de 2016 cuando decidió juramentarlos pese a que la situación jurídica no había cambiado.[4]

Es decir, que, durante siete meses la Asamblea Nacional fue un Poder Legislativo de oposición sin que ningún otro Poder tocara sus espacios. En este periodo, recibieron incluso al Presidente Nicolás Maduro quien ante ellos rindió su mensaje anual a la Nación.

Hasta allí, el único roce que tuvo el Legislativo con el Judicial fue cuando la Sala Constitucional determinó inconstitucionales proyectos de ley que habían sido sancionados por la Asamblea Nacional, lo que no ocurrió con todos los proyectos que le fueron, de conformidad con la Constitución, remitidos.[5]

Sin embargo una vez logrado un pronunciamiento de la Sala Constitucional la actitud del Poder Legislativo fue cada vez mas beligerante. Al respecto escribíamos en octubre un artículo denominado  La Asamblea Nacional y su conflicto en solitario, en el que afirmamos[6]

Entender la situación política actual en Venezuela requiere de nosotros un esfuerzo que sin ánimos de videntes devele cómo llegamos a este punto y sobre todo para qué. En tal empeño, es necesario entender que el enrevesado escenario no se planteó de manera abrupta, ni siquiera sobrevenida y sobretodo que no es un juego local sino una profundización o aceleración en la construcción en el imaginario internacional de la imagen de Venezuela como un Estado fallido víctima de un gobierno totalitario.

Así las cosas, es tiempo de conceptualizar y hacer memoria. Entendiendo que en octubre hemos llegado a una situación generada por el repetido y manifiesto desconocimiento de la Constitución de la República por ser un texto al que siempre se opuso la burguesía que en sus aventuras anteriores votó “no” a su adopción y se apartó radicalmente de su contenido en varias ocasiones, entre ellas todo el año 2002.

Esta actitud la podemos ver en todos los actos que desde enero de este año han configurado el escenario actual, pudiendo citar incluso lo meramente formal como la costumbre de la directiva de la Asamblea Nacional de hablar de la “cámara” lo que devela la remembranza del sistema derogado donde existían diferenciadamente senadores y diputados.

En la nueva República no tan sólo el Parlamento es unicameral sino que se construyó un Estado constitucional, en el que existen normas de aplicación automática y una institucionalidad que respalda la supremacía constitucional en ruidoso contraste con el régimen de 1961 donde la norma era programática y no tenía un sistema de órganos encargados en exclusiva de asegurar el mandato supremo.

Ese órgano especial y exclusivo es la Sala Constitucional dotada de una primacía que la oposición no ignora pues protestó en diciembre que la Asamblea Nacional antes de agotarse su período de sesiones 2015 concluyera el proceso de nombramiento de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, que había iniciado meses antes el Comité de Postulaciones.

 Así las cosas en aquel momento con los resultados de las elecciones anunciados por el Consejo Nacional Electoral la oposición tenía 112 diputados del total de 167 que conforman en la actualidad el Parlamento, procediendo el Partido Socialista Unido de Venezuela a impugnar casi de inmediato los resultados de las elecciones en el estado Amazonas[2] por considerar que existían elementos que viciaron aquella elección. Supuesto al que de manera cautelar –para adelantar los resultados de un proceso que considera el juez puede favorecer a quien solicita su intervención, o, evitar que se produzca un daño de difícil reparación- la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dio razón ordenando que hasta que se decida el fondo, se suspendan los efectos de esas proclamaciones.

Es decir, que en la realidad jurídica venezolana los ciudadanos Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana no son diputados pues el acto que determina tal condición fue suspendido. Esta es una decisión típica del contencioso electoral que ha sido tomada en casos anteriores, a favor o en contra, de la oposición y/o de los intereses del gobierno habiendo un buen condensado de ejemplo en los casos referidos a las elecciones universitarias.[3]

 Con esta situación, admitida a regañadientes en un primer momento por la Asamblea Nacional tiene la oposición una mayoría suficiente para desarrollar casi todos los actos parlamentarios que contempla la Constitución de la República y el Reglamento Interno y de Debates de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esto tiene un límite lógico, un Poder Legislativo sólo puede desarrollar actos parlamentarios siéndole jurídicamente imposible ejercer funciones de gobierno o jurisdiccionales.

 Cuando esto ocurrió, es decir en el lapso de tiempo que fue de enero a julio del año 2016[4], la Asamblea Nacional legisló, acordó y adelantó diligencias de control sobre la Administración Pública. Sus actos estaban amparados bajo una presunción de legalidad que tan sólo podía anularse cuando acto por acto existiera una fundamentación que la Sala Constitucional, como único interprete de la Constitución, diera por válida. En ese contexto nació, por ejemplo, la Ley de Bono para Alimentación y Medicinas a Pensionados y Jubilados [5] que es un instrumento que no se encuentra viciado de nulidad.

 En ese marco, la Asamblea Nacional tenía sus funciones y poderes ordinarios. Entendiéndose con ello que es parte de un Estado cuya jefatura tan sólo corresponde al Presidente de la República, por lo que no tiene capacidad de actuación internacional (función ejecutiva) ni capacidad de anular actos por vicios de procedimiento (función jurisdiccional) y que se encuentra inserta en la lógica de correlaciones y colaboración que mantienen entre ellos todos los elementos que conforman la República.

 Para que las cosas funcionen así, la Constitución sirve como un sistema de preservación de la unidad de la República  que es un cuerpo conformado por partes que cumplen roles distintos pero que no se anulan unas con otras. Por el contrario, tienen que colaborarse, se necesitan y de acuerdo con los contrapesos, se controlan.

 En consecuencia, no es una novedad ni una anomalía que en un sistema político como el nuestro se dé la convivencia de visiones o sujetos que pueden incluso tener posturas contrapuestas entre ellos. Por el contrario, la disparidad de la duración de los mandatos públicos favorece esta situación y la manera en la que se relacionan los Poderes en Venezuela es en esencia la misma desde 1811.

 También ha habido desde el complicado siglo XIX hasta la Presidencia de Rómulo Betancourt,  ejemplos de choques entre los dos viejos renglones de la función pública.

 La situación con el Poder Judicial es distinta porque es en esta área que el derecho constitucional avanzó más en la segunda mitad del siglo XX cuando se comprendió que abusivo, absolutista e incluso potencial violador de derechos humanos no tan sólo era el cuerpo ejecutivo sino también podía serlo el legislativo por lo que el contrato social requería de alguien que guardara el apego a los valores supremos. De allí que se desechara aquella idea del juez como una figura de palo o boca de la ley y se avanzara en América y en Europa a darle la capacidad de controlar al viejo Parlamento. Esta afirmación ha planteado dificultades y choques en nuestro país y en otros. Podemos recordar por ejemplo aquel incidente cuando la Asamblea Nacional reclamó la presunta usurpación que hacia la jurisdicción al señalarle no que una norma se separaba de la Constitución sino cómo debía legislar.

 De modo que la Asamblea Nacional tenía el derecho constitucional y la fuerza política para cumplir con  sus promesas electorales e incluso desarrollar una función que favoreciera y mejorara el gobierno nacional.

 Sin embargo, esta situación no era políticamente conveniente porque demostraría que en Venezuela existen condiciones jurídicas y políticas para la convivencia de los distintos sectores, que la oposición puede presentarse a unas elecciones, ganarlas y ejercer el rol para el cual ha sido electo. Así como lo hacen sus alcaldes, sus gobernadores y demás miembros del Estado venezolano que representan la oposición al gobierno.

 Por lo cual, había que forzar un proceso mediante el cual el Ejecutivo –u otro Poder- disolviera la Asamblea Nacional. Supuesto este que es constitucionalmente posible cuando el Poder Legislativo se declara hostil al gobierno y sanciona repetidamente al Vicepresidente de la República. Cosa que por cierto, la Asamblea Nacional no ha ni siquiera insinuado.

 Por eso en julio recuerdan a los famosos tres ciudadanos y  toman una actitud con la  que retan al Poder Judicial, tal como el alumno al que se le llamó la atención continua su travesura, después de fingir quedarse quieto, al momento en que la maestra se voltea. Cuando esto ocurre la responsabilidad por la travesura es del alumno y no del docente que cumple con penalizar la falta. Esta idea debemos tenerla clara pues no es el desacato un invento o un antojo del Poder Judicial sino una actitud del Parlamento.

 Esta situación es fácil de manipular a lo interno pero sobretodo a lo externo acostumbrada mirar con prepotencia cualquier gobierno distinto a sus intereses. Del hecho del desconocimiento del estado de Derecho por parte de la Asamblea Nacional se culpa al árbitro que ha advertido que la situación cesará en el momento mismo en que el Legislativo corrija su falta.

 Por ello, el desacato es una situación elegida y en la que permanece voluntariamente el Poder Legislativo que podría dedicarse a defender y a exigir, por las vías legales, que la Sala Electoral realice en tiempo las actuaciones procedimentales cuya única limitación es que no puede acelerarse saltando lapsos que comprometan el orden del procedimiento y los derechos de las partes.

 De este modo es que se produce lo que hoy muchos llaman, entre ellos el Presidente, la auto supresión o la auto anulación de la Asamblea Nacional de la cual se acusa al Ejecutivo que no ha participado en ninguno de los actos que dieron lugar a esta controversia.

 El Ejecutivo entra a este pesado escenario en tanto la Asamblea Nacional tiene funciones constitucionalmente establecidas. Entre ellas, el control político del presupuesto nacional que es el acto de control y colaboración más importante que anualmente tiene lugar. Pudiera preverse que la Asamblea Nacional, si se sujetase a sus promesas de campaña, tiene el mayor interés en ordenar la relación de ingresos y egresos de la República, en la que estima existe una gran discrecionalidad y corrupción e incluso podríamos suponer que ideológicamente estaría interesada en reducir la inversión social que realiza la República, sin embargo, esto podría ser políticamente inconveniente.

 Pues con esto, quedaría en evidencia su verdadera intención política cuando a diferencia del caso argentino o brasileño, aun no ha alcanzado el gobierno nacional además que entraría a tener que hacer caso y reparar de todos los lobby, anunciantes y patrocinantes que sostienen a cada uno de los sectores. Por ello, es políticamente más conveniente mantener una actitud contumaz y echarle la culpa a una hipotética “alianza del mal” entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo que le vulnera sus capacidades jurídicas.

 Con estas acciones, complejas y perversas, se acompaña un discurso extremadamente sencillo. Se trata de imponer la idea de una asfixia del Parlamento, a lo que cabe preguntarse cuáles son las alternativas para los otros poderes porque recordemos, la Constitución tiene previstos mecanismos de dialogo, de complementariedad y hasta de contradicción pero niega radicalmente el derecho a cualquier ciudadano o institución de salirse de su contenido. Todos los actos que van en su contra, son en esencia nulos.

 Es normal que en este escenario entre a jugar la Sala Constitucional que tiene en sus manos el derecho político que no es otra cosa que el instrumento para mantener la paz social en momentos comprometidos.  Por eso en el recuento que hemos hecho verán como el conflicto no inicia ni en el Ejecutivo ni en sede constitucional sino que esta última  tan sólo pone reparo para preservar el orden fundamental.

  1. La Sala Constitucional no ha hecho nada más que decirles, una y otra vez, como la maestra en un salón de clases que hagan caso

Han pasado ocho meses desde el momento en el que la Asamblea Nacional decidió desconocer las decisiones del Poder Judicial, en especial y para agravar la situación, las decisiones de su máxima instancia, tal como podemos ver en este recuento hecho por la magistrada Lourdes Suarez en sentencia de enero del año en curso,

el desacato en el cual permanece la mayoría que hace oposición al Gobierno Nacional en la Asamblea Nacional a las decisiones de este Máximo Tribunal, lo cual ha incidido en la imposibilidad material de ejercer legalmente sus funciones mientras dure tal circunstancia, tal como lo ha señalado esta Sala en las decisiones: N.° 808 y 810 del 21 de septiembre de 2016, N.° 952 del 21 de noviembre de 2016, Nos. 1012, 1013 y 1014 del 25 de noviembre de 2016 y N.° 1 del 06 de enero de 2017, así como las sentencias de la Sala Electoral N.° 260 del 30 de diciembre 2015, N.°1 del 11 de enero de 2016 y 108 del 01 de agosto de 2016, lo cual implica una situación de anormalidad institucional, situación que conllevaría una parálisis en los asuntos institucionales y una interrupción ilegítima del ejercicio de las competencias constitucionales de los demás órganos del Poder Público que no puede avalarse, por estar al margen del Estado de Derecho y por los perjuicios en el desenvolvimiento del Poder Público que afectarían finalmente a la colectividad.[7]

 Lo que ha llevado a la Sala Constitucional a resolver, en el plano práctico, cómo sobrevive un Estado cuyas obligaciones están establecidas en una Constitución y que se deben a una población que las recibe a título de derecho si la autoridad legislativa se declaró en rebeldía. Por lo cual, son varias las decisiones y los procedimientos que se han hecho por vía de excepción ante la Sala Constitucional.

Por ello, fue ante el Tribunal Supremo de Justicia que se presentó la Ley de Presupuesto, la juramentación de las autoridades electorales y finalmente, el Mensaje Anual de la Nación de 2017.

La irreverencia del Poder Legislativo hacia el judicial, en el marco de esta acción no ha hecho sino agravarse pasando el conflicto desde esta gran escena hasta la mínima realidad administrativa, donde, fue el Poder Judicial quien ordenó que continuara el pago de salarios del personal administrativo y obrero del legislativo, pues el mismo se había suspendido.

En tal sentido, es importante observar que la solución del conflicto planteado no reposa en el Poder Judicial sino en el Legislativo que tendría tan sólo que levantar su acuerdo de incorporación de los ciudadanos en querella de su condición parlamentaria, y, volver a funcionar como lo hizo desde enero de 2016.

2. El hijo rebelde culpa a la madre de su castigo y no reflexiona sobre su falla. La situación empuja al país a la primera premisa, no la de la crisis de gobierno sino el conflicto de Estado. La pregunta planteada sería ¿puede la República detenerse, suicidarse, por uno de sus cinco componentes declarado en rebeldía?

No existe en la realidad de los países nada más natural que la diferencia y la confrontación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. De hecho, si vamos a la historia de los Parlamentos los mismos nacieron para pelear con el Ejecutivo. Sin embargo, la lógica en la que han de relacionarse implica la colaboración y el control entre ellos para alcanzar el buen gobierno.

Estamos ante un contexto complicado porque mientras el Poder Legislativo afirma una y otra vez que no se ceñirá a lo que ordena el Judicial, repite incesantemente que su propósito es alcanzar que antes de que sea la fecha constitucionalmente dispuesta, exista un cambio de mando en el Poder Ejecutivo.

Así lo declaró el 5 de enero de 2016 el entonces recién electo Presidente de la AN,

“El cambio que estamos proponiendo es constitucional, pacífico y democrático, ofrecimos que en un lapso de seis meses ofreceríamos un método para cambiar el gobierno por via constitucional y lo cumpliremos”[8]

Así lo hizo en el 2017, bajo la conducción de Julio Borges,

La mayoría opositora de la Asamblea Nacional votó y declaró que Nicolás Maduro ha abandonado sus funciones como presidente de la República y por lo tanto abandonó su cargo.[9]

Al respecto, en enero de 2017, publicamos un artículo denominado La Asamblea y las palabras, en el cual afirmamos,

en Venezuela algunos sectores políticos se han apartado a tal punto de las normas mínimas de convivencia política y funcionamiento institucional que ahora han emprendido desde la Asamblea Nacional una pelea frontal contra el sentido de las palabras; han encontrado instituciones que no existen, y, funciones que no les corresponden. Han tomado para sí la aventura de una implosión que desmiembre al Estado desde uno de sus componentes. Han renunciado al contenido del artículo 4 del que hablamos tanto como al artículo 9 de la Constitución de la República que sin adornos señala  que en Venezuela el “idioma oficial es el castellano”.

 Esto porque tras una sesión celebrada, el lunes 9 de enero de 2017, la Asamblea Nacional declaró un “Acuerdo de declaración de abandono del cargo de Presidente de la República por parte de Nicolás Maduro Moros” lo que exige ubicarnos en esa naturaleza de lo jurídico de ciencia social y cultural  que, para estar al alcance de todos, tiene como mínimo elemento de seguridad el que las palabras con las que se escribe signifiquen lo mismo en las leyes que en el diccionario; así como que las categorías se empleen en los casos que corresponden y no se haga de las limitadas facultades del Estado un extraño collage donde las potestades de control y el contrapeso político, en vez de ser instrumentos del buen gobernar sirven para derrocar gobiernos.

 Pongamos en primer lugar que el abandono requiere que una persona se vaya, no vuelva, se retire, cometa el coloquial acto de “dejar la peluca” lo que no puede sostener nadie que vive en un país donde cada vez que prende el televisor aparece en vivo o en retransmisión el Presidente de la República; y, en segundo que los acuerdos no generan obligaciones jurídicas específicas como si lo hacen las leyes, o, las mociones que hace el Parlamento. Un acuerdo es un compromiso, entre nosotros, no frente a otro.

 A los efectos de las consecuencias, como dijimos en antes, las tensiones entre el Derecho y la Política son tan típicas que la regulación de la cuestión pública es un canal para evitar desviaciones así que el asunto volverá a su cauce, por las buenas o por las no tanto, por medio de la jurisdicción constitucional. Pues fue por ello, por el reconocimiento de la capacidad de una Asamblea o Congreso de atentar contra los Derechos Fundamentales y los intereses superiores, que el viejo juez de palo dejó de ser tan sólo la boca que dice la ley y se convirtió en su intérprete para guardar los estamentos de lo social.

 Por ello, de ese acuerdo no podrá desprenderse una orden de convocar a elecciones ni una medida que ordene al Presidente de cesar en su función. Sin embargo, las consecuencias de esta pelea continuada de la Asamblea Nacional con el Derecho y las palabras no puede tomarse a la ligera.

 Pues estamos en un momento en el cual la Asamblea Nacional se otorga la capacidad de derogar, omitir u olvidar, la Constitución y sus procedimientos,lo que es un gran riesgo para la democracia pues significa que desde los más altos estratos, donde es vital lo simbólico, quiere instaurarse una era de revanchas y un marco jurídico sin garantías. Uno que a todos y a todas nos ha de recordar esas nefastas eras del “dispare primero y averigüe después”, que esperemos hayan quedado para siempre en los anales de la historia muerta.

Siendo a esto a lo que nos referíamos cuando afirmábamos en Claves para entender las decisiones constitucionales  lo siguiente,

La Asamblea Nacional dictó una resolución sin asidero constitucional que determinó el abandono del cargo del Presidente y envió una delegación a representar a Venezuela en un foro de gobiernos. En Venezuela, el gobierno es el Poder Ejecutivo. Es decir, que proyecta un país donde nadie gobierna. Esta línea discursiva permite hablar de un Estado fallido, cual reino sin rey, y, justificar un llamado a elecciones generales puesto que aquí no existiría ninguna estructura: ni quien dé un pasaporte, ni quien dé una medicina, ni quién llame a elecciones.

El Ejecutivo inexistente equivaldría a que en Venezuela no hay gobierno por lo tanto, de algún sombrero hay que sacar alguno.

 Siendo este el escenario debemos entender que estamos ante una situación grave que pretende ser magnificada para justificar incidentes diplomáticos y a la vez simplificada para impulsar la idea que es un conflicto de un Presidente autoritario que se resiste a perder el Poder.

3. La situación empuja al país a la primera premisa, no la de la crisis de gobierno sino el conflicto de Estado. La pregunta planteada sería ¿puede la República detenerse, suicidarse, por uno de sus cinco componentes declarado en rebeldía?

En ese marco, no queda otro que preguntarnos ¿tiene el Poder Judicial un deber de preservación de la República? ¿Cómo existe la República sin presupuesto? ¿Cómo se compran las medicinas y la comida sin él? ¿Cómo se llama a elecciones sin él? Esa fue la sentencia si la Asamblea Nacional, titular constitucional de la función no la ejerce, el interés fundamental de conservar la República y los derechos del pueblo, exigen que la decisión se tome.

Por ello, cerramos de nuevo como el primer artículo…

Siempre me ha gustado hablar ese tema haciendo mención de la Constitución de 1811 y la de 1830, ambas previeron que aceptar honores o comprometer la estabilidad y la integridad eran las afrontas más graves que contra el país alguien podía cometer.

Esto tiene una razón. Somos un pueblo que conquistó su Independencia y esto no es un estadio estable, inmutable, libre de quiénes quieran venir a vengarlo, a deshacerlo. Allí, el contexto de la última sentencia.

Son tiempos vivos para el derecho judicial y tiempos tristes para la lógica de Estado. La resistencia nacional requiere decisiones de justicia acordes que debemos enmarcar como lo que son, ejercicios puros de patriotismo, llenos, evidentemente de la debilidad que nace no del razonamiento judicial sino de la inédita y cobarde actuación de una parte de un Estado que se entregó.

[1] Abogada Luz. Magister Derecho Público UNICAEN

Jefa de la División de Jurisprudencia y Derecho Parlamentario Comparado AN 2011-2014

Profesora de Derecho Constitucional y Parlamentario en la AN 2012-2015

[2] https://anicrisbracho.wordpress.com/2017/03/30/claves-para-entender-las-decisiones-constitucionales/?iframe=true&theme_preview=true

[3] https://anicrisbracho.wordpress.com/2017/03/29/se-equivoco-julio-borges/

[4] http://albaciudad.org/2016/07/asamblea-nacional-juramento-a-diputados-por-amazonas-desacatando-al-tsj/

[5] http://www.tsj.gob.ve/-/resuelta-constitucionalidad-de-la-ley-de-bono-para-alimentacion-y-medicinas

[6] https://anicrisbracho.wordpress.com/2016/10/20/ansias-desbocadas-la-asamblea-nacional-y-su-conflicto-en-solitario/?iframe=true&theme_preview=true

[7] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/195203-06-20117-2017-17-0080.HTML

[8] http://www.telesurtv.net/news/Ramos-Allup-asegura-que-sacara-a-Maduro-en-seis-meses-20160105-0039.html

[9] http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/asamblea-nacional-declaro-abandono-del-cargo-maduro_74475.

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