Salida de Venezuela de la OEA será utilizada para crear conflictos diplomáticos

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La abogada venezolana Ana Cristina Bracho, aseguró este jueves que la Organización de Estados Americanos, OEA, utilizará el inicio del procedimiento de salida de Venezuela del Organismo para crear conflictos diplomáticos entre las naciones.

“Las normas de la OEA no dicen que la salida de un país genere ninguna consecuencia diplomática o política en el país, pero ellos van a tratar de imponer ordenes imperiales pero no de acuerdo a lo que establece la Carta”, agregó.

Durante el programa Con el Pie Izquierdo, transmitido por Radio Nacional de Venezuela, expresó que las 19 naciones que han manifestado que Venezuela debe ser sancionada e intervenida tiene el objeto de generar “muchas presiones para crear un conflicto diplomático entre Estados”.

Explicó que no hay precedente de procedimiento de salida de otra nación “por que ningún Estado había tenido la necesidad de defender su soberanía en la OEA”.

Bracho puntualizó que Venezuela se puede salir de la OEA porque la misma Carta lo establece, “es un procedimiento normal que tiene fases que deben ser cumplidas y donde se ejercerá el verdadero campo de batalla”.

El proceso de salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos sera un proceso de dos años donde toda determinación del Organismo no tendrá aplicabilidad en el país.

Escuche parte del programa Con el Pie Izquierdo transmitido por RNV

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El derecho a la normalidad

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Los últimos días pasaran a la historia como un momento más de disociación nacional. De un tiempo enrarecido, de triunfo temporal de acciones que chocan frente a los valores que construyeron un país. Uno, cuya historia nos cuenta de un Simón Bolívar que dirigía la independencia siendo hijo de la clase dominante y hermano de una abnegada realista.  Todos los venezolanos tenemos al opuesto a uno o dos eslabones de distancia y Dios cuide que esto siempre sea así. Un bonito ejemplo fue el que en estos días contaban los Primera, nietos de adecos, hijos de comunistas, algunos de oposición y otros con la Revolución. Si traigo esto a este texto es porque pienso que en volver a poner las caras de los que nos pintan como extraños, radica la primera exigencia para alcanzar la paz.

La segunda, es que parece que nos sorprende lo más evidente. En Venezuela hay millones de personas que apoyan el gobierno, tantas o casi tantas como personas le adversan, y, esto es así en todos los países del mundo. Los presidentes llegan al poder, en democracia, por elecciones. Donde no todos votan, donde no todos le votan, donde otros le votan por rabia o descontento y otros, muy convencidos, cuando ven la gestión, cambian de idea.

Por ello, no es sorprendente ni constatación de que un país no es democrático el hecho que existan muchos, ni siquiera muchísimos, que no estén de acuerdo con un gobierno.

Aquí, viene otra mentira. No conozco a nadie que adverse todas las políticas de un gobierno ni nadie, que sinceramente, apoye todas las políticas y/o todas las ejecuciones. Incluso creo que en este país, la mayor parte de las personas sabemos cuáles son los problemas mas graves y en una enorme mayoría rechazamos las amenazas nacionales e internacionales sobre el país.

No existe tampoco una mitad de país buena, ni una mitad mala. Hay personas extraordinarias en cada tanda y terribles personajes que se venden por media locha. Y esto, es así en todas partes y en Venezuela con mayor evidencia desde la Independencia o al menos eso pensó Martí.

Finalmente, hay una última mentira, lo que está ocurriendo en Venezuela no es una situación política ni una crisis política. Lo que existe es el recurso irracional, jurídicamente prohibido, a la violencia. Uno que arrastra el mayor riesgo porque esta siempre se presenta en espiral.

Alguien sabe cuando comienza e hipotéticamente para que, nadie sabe cuándo o como termina. El recurso a la violencia es la renuncia al derecho y aquí debemos mirar con cuidado que la protesta es derecho, que la desobediencia civil es una institución política, que la contención de los disturbios es una obligación constitucional pero que nadie puede renunciar al derecho porque su adopción y respeto es la clave no de ser un país sino de formar parte de una civilización.

A ese respecto, tenemos que entender que si la libertad política existe es porque tiene un límite. No hay libertad si no hay ley, y, como hemos dicho tantas veces citando a Juárez, nuestros derechos terminan donde comienzan los de los demás.

En tal sentido, si se puede protestar o ir a la huelga, no solo tenemos de frente la prohibición general de la violencia que está en el artículo 68 de la Constitución sino fundamentalmente los derechos de los otros a acompañarnos o no, y, cuando lo que no se les permite está en el ámbito de los derechos entramos en el régimen de la obligación de la prestación mínima y la continuidad obligatoria de los servicios públicos.

La normalidad de la vida, de la democracia, exige pensar que hacemos y que generan nuestras acciones, recordar la existencia del otro y no renunciar jamás a la certeza de la existencia de un derecho nuestro y ajeno, de los que piensan como nosotros y los que no.

Lecturas Jurídicas de los ataques a los Centros de Salud en Venezuela

Un hospital, en su primera definición de la Real Academia Española es un “establecimiento destinado al
diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practican
también la investigación y la enseñanza”.

Estos centros de salud, son figuras protegidas por el derecho en tanto
constituyen un servicio público fundamental. Su protección es tal, que todo el derecho humanitario viene
a establecer excepciones a la capacidad de combatir y destruir, incluso equiparando los hospitales militares a
los civiles por la vulnerabilidad de quiénes allí se encuentran.

En consecuencia, la protección jurídica de los hospitales es en primer término la de los hospitales, en el derecho nacional y en el derecho internacional, en éste orden, pues el derecho internacional siempre es supletorio de la
norma interna, y más aún, dada la naturaleza de las normas del derecho de protección de los centros de
salud.

En virtud de esto hay que determinar qué se protege y en este sentido veremos que el derecho a la salud es un
derecho humano constitucional y universal que ha sido ubicado dentro de los derechos económicos, sociales y
que luego fue reconocido como parte de las obligaciones que se desprenden del derecho a la vida.

Si hacemos mención a su cualidad de Derecho Económico, Social y Cultural es porque desde hace más de cuarenta años se viene reconociendo que parte de la dificultad para llegar a su goce universal es el costo de la infraestructura suficiente para garantizar a una cantidad de habitantes, normalmente constituida por millones, el acceso al cuidado y a los servicios requeridos.

Por ello, el derecho a la salud se encuentra entre los derechos de alcance progresivo y un atentado contra la
infraestructura de salud significa una mayor dificultad para garantizarlo y se constituye de manera directa, en
un atentado contra los derechos humanos.

Esto sin contar el riesgo desproporcionado en el que queda la vida y la salud de las personas que en concreto se encuentran haciendo uso en el momento de la agresión del centro de salud. Por ejemplo, personas que dependen de mantenerse conectadas a alguna máquina o bajo un tratamiento continuo, cuya capacidad de
sobrevivir es mucho menor que la de cualquier persona en otro espacio y en otras condiciones, por ello, que
independientemente de los tipos penales de lesiones y homicidios, ya sea a título de dolo directo, de dolo con consecuencias necesarias o en el caso, muy difícil de configurar por la naturaleza de la agresión, de culpa con
representación.

Hechas estas consideraciones, cuando hemos de evaluar jurídicamente éstas acciones debemos partir por considerar que la Constitución ordena se investiguen, se enjuicien y se castiguen los actos que atenten contra los derechos humanos sin distinguir
quién los comete, ni admitir justificación alguna.

Artículo 29. El Estado estará obligado a
investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán
investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.

La primera pregunta entonces gira en relación a la determinación de la naturaleza penal de los actos
cometidos. Es una obviedad en el Derecho penal que un delito es una acción o una omisión, ya sea única o
compleja, que posee tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad.

Con respecto a la tipicidad, que es la capacidad de la acción de entrar en una categoría establecida por una ley
previa, escrita y estricta, veremos que las acciones han consistido en la destrucción de centros de salud.

Si en el Código Penal vigente tan sólo hay dos menciones a la categoría “hospital” y ninguna se corresponde con un
tipo penal, la norma no se encuentra desprovista de tipos penales en los cuáles se atenta contra la salubridad,
el bienestar nacional o la paz social.

Por lo cual, estamos ante una situación cuya perversidad excede las previsiones que la norma penal ordinaria contiene. Pues estos son actos raros y particularmente reprochados de la guerra

Al leer que se constituyen en delitos de lesa humanidad amerita considerarse qué es un crimen de lesa humanidad, categoría sobre la cual la doctrina había
construido bastante pero que hoy en día se define de manera pacífica en los términos en que lo entendió el
Estatuto de Roma.

El cual tipifica de manera directa que “dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la
beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre
que no sean objetivos militares;” constituye un crimen, pero, de guerra.

Norma que se encuentra en concordancia perfecta la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento al Terrorismo, dictada en el 2012.

En consecuencia, se observa que los ataques contra la Maternidad dr Valle, constituyen unas entidades jurídicas determinadas como delitos, en las
cuales la investigación habrá de recoger los elementos suficientes para desvirtuar las presunciones
constitucionales individuales de cada uno de los implicados y cada una de las implicadas, que ha de pensarse en medida de lo posible de adaptar nuestra
legislación a los Tratados suscritos pero que existe con qué hacer justicia, y este es tan sólo uno de los capítulos de los varios en los que se desplegó la acción fascista.

Con el derecho de Ginebra en tanto, en situaciones de paz no es ni siquiera imaginado por el derecho internacional que actos de una naturaleza tan vil puedan ser cometidos.

Con respecto a la aplicabilidad de la norma puede observarse que el Estatuto de Roma fue ratificado por la República Bolivariana de Venezuela el 7 de junio del año 2000, de conformidad con el registro que mantiene la instancia internacional pero que debe ser aplicado en primer término el derecho nacional, dentro de los tribunales nacionales.

A nivel constitucional la respuesta es inequívoca, el artículo 29 sostiene que todo crimen de lesa humanidad,
violación de los derechos humanos o crímenes de guerra serán castigados y por encima de cualquier delito, tienen
la cualidad de ser imprescriptibles. Es decir, que el tiempo no agotará la posibilidad para el Estado de
perseguirlos.

De conformidad con el Código Penal, los actos antes descritos son enjuiciables en la República en virtud del artículo segundo que ordena que así lo sean todos los delitos cometidos en el territorio nacional.

Con la calificación de delitos de lesa humanidad no se consigue de manera directa una referencia en el Código Penal, lo que se explica por la antigüedad de la norma pero esto no obsta que el Primer Título, del Libro Segundo del Código Penal se reagrupen todas las formas delictivas contra la independencia y seguridad de la Nación, dentro de las cuales pueden ser enmarcadas las acciones que se han presenciado.

En específico, de acuerdo con los elementos probatorios que tengan las autoridades competentes, parece que lo
sucedido se encuadra dentro de lo previsto en el artículo 144, en su primer aparte que considera a “los que se
alcen públicamente, en actitud hostil, contra Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o
impedirle tomar posesión del mando.”

Pero si en relación con el Código Penal observamos que las normas no se ajustan a los esquemas que nacen desde el derecho internacional hasta el derecho nacional, no significa que Venezuela no tenga un marco jurídico en su conjunto que le otorgue a éstos actos los nombres y los apellidos que han adquirido a nivel global, por ello, se encuentran igualmente, en concurso ideal, contenidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento al Terrorismo, dictada en el 2012.

En consecuencia, se observa que los ataques contra el Centro Materno Infantil del Valle, constituye una entidad jurídica determinada como delitos, en las cuales la investigación habrá de recoger los elementos suficientes para desvirtuar las presunciones constitucionales individuales de cada uno de los
implicados y cada una de las implicadas, que ha de pensarse en medida de lo posible de adaptar nuestra legislación a los Tratados suscritos pero que existe con qué hacer justicia, y este es tan sólo uno de los capítulos de los varios en los que se desplegó la acción fascista.

Un día sin noche, el Valle 20A.

 

piromano.jpgTranscurría la noche del 20 de abril de 2017, como todos los días anteriores algunos grupos marcaban su asedio a la ciudad. Esta vez tomaron la populosa Parroquia El Valle atacando principalmente el Hospital Materno Infantil. El ambiente era pesado y acido cuando llegué, los ruidos se mezclaban bajo la asfixia. Sonaban algunas cacerolas, algunos gritos, algunas detonaciones. Frente al Valle, donde eso ocurría, obligando a madres parturientas y niños enfermos a enfrentar, en ambulancias dispuestas como autobuses, el correr a otro hospital que los atendiera, los grupos decidieron entrar por la reja al Fuerte Tiuna –principal instalación militar de Caracas- que alberga, por decisión de Chávez, un conjunto de más de cuarenta edificios, de quince pisos en promedio, con ocho viviendas cada uno.

La amenaza era inminente. La gente decidió reunirse, abrazarse, cantarse, organizarse. La escena me resultará indescriptible para el resto de mi vida. Había llegado de trabajar, de  acompañar a mis amigos y ahora estaba en una asamblea donde se discutía como defender de un potencial incendio por molotov o una balacera, mi casa.

Estábamos en el parque, en el mismo donde he visto correr los niños y yo troto a veces. En el que venden chocolates y dibujos, artesanías y vegetales. Las caras de todos los días venían cargadas de espanto y yo, me abrazaba con otras muchachas que como yo se sintieron por primera vez realmente lejos de casa.

Mi edificio está situado frente a la autopista. La entrada más evidente sorteando el control policial es la reja verde que divide la vía principal de un camino interno. Cualquier supuesto de esa naturaleza, cualquier acción que la impida, cualquier consecuencia de no evitarlo era dantesca.

Insisto en ello, ese sentimiento antinatural de sentir un ataque contra la casa. Uno que se busca para levantar rabia y tomar fotos. En las imágenes de todo perderlo, de salir sin regreso… esa escena de película de guerra se sucedía en mi propia vida. ¿Qué llevarte si piensas que puedes irte sin volver? ¿Cómo hacer para no irte? Realmente la vida real no se pinta con las escenas fabulosas que siguen la ida del hogar en las películas.

El abrazo y la desolación pronto se fue tornando en fuerza. La fuerza de saber que aunque amenace, la locura todavía no se ha impuesto y que si ocurriese no tan solo dejara huecos en paredes, papeles en el piso y gritos en el aire. Se llevaría el espíritu bonito de una ciudad donde todos se dicen vecino y donde tantos han empezado la vida. Bien porque aquí se hicieron familia o porque al llegar a este espacio dejaron atrás la precaridad.

El canto y la vigilia, la caminata, el saludo a los soldados, el canto del himno nacional y las proclamas a favor de la unión cívico-militar, dejaron pasar la noche y así comenzó a anunciarse la mañana. Con ella, todos sabíamos que vendría un nuevo tiempo, temido y de esfuerzos.

Cada quien se fue agarrado a su casa para desvelarse en su soledad. Había quien quiso cuidar a los demás desde las azoteas, otro ocupar las plazas, yo quise venir a contarles esto. A contarles la gallardía de un pueblo que canta y que se aferra a sus sueños en plena batalla contra quien saca de su cama a los enfermos y anuncia destruir casas.

 

Las guarimbas y la legislación de la antigua República de Venezuela

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Las guarimbas y la legislación de la República de Venezuela

Puede que algunos queden sorprendidos al saber, que el vocablo “protesta” no se encontraba en la Constitución de 1961. El instrumento constitucional contenía ciertamente una cláusula abierta que significaba que lo que no estaba allí pero fuera inherente a la persona no se encontraba negado pero no tenía un desarrollo de los derechos políticos ni la mitad de vasto que el que contiene la Carta Magna bolivariana. Ahora bien, el artículo 115 señalaba que “los ciudadanos tienen el derecho de manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley.”

Es quizás este un buen momento para entender que en el derecho por armas no sólo se habla de las de fuego sino de todo instrumento que pueda ser usado para agredir a un tercero, así, un bate de béisbol o incluso un lapicero pueden ser considerados como tales. Con ello se observará que tampoco las acciones que han sido llamadas guarimbas podrían ser ejercidas dentro del marco constitucional derogado, que si tenía como previsiones, por ejemplo, el derecho al libre tránsito que tanto sufre con estas prácticas.

Es interesante ver que, luego del marco constitucional encontramos que las normas penales tienen previsiones que aplican a las guarimbas y que en lo esencial, en Venezuela mantenemos el mismo Código Penal desde el siglo XIX, habiendo quedado sólo algunos aspectos especiales en leyes que si han conocido de una importante evolución.

A ese respecto, amerita recordar que a estas acciones y a sus ejecutantes, no les podría ser aplicada la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, como puede ser hoy sino el contenido del Código Penal y de la tristemente célebre Ley de Vagos y Maleantes que permitía y ordenaba al Estado el ejercer un derecho penal de autor.

¿Qué es el derecho penal de autor? Aquel que no castiga al responsable de un acto por su acto sino que presume delincuente por la apariencia o por la esencia a una persona. Con esta norma, se tenía por vagos a aquellos individuos que no tienen trabajo o que supuestamente trabajan en profesiones ilícitas y «constituyen una amenaza para la sociedad»; los que viven de la prostitución u otras actividades ilegales que atenten contra la moral o las buenas costumbres; los que deambulan habitualmente por las calles y los que fomentan la ociosidad; y los que mendigan bajo pretexto religioso, utilizando a menores o enfermos mentales o simulando incapacidad física o enfermedad para mendigar.

Es decir, que no era un ejercicio extremadamente complejo el justificar la detención y encarcelación de cualquier guarimbero o guarimbera toda vez que “deambulan por las calles”, alguien puede considerar que “constituyen una amenaza para la sociedad” y que, al impedir el trabajo y el estudio “fomentan la ociosidad”.

Podría que algún lector en este instante se diera por molesto y pensara que esto no podría ocurrir, al respecto valdría invitarle a revisar el Informe de Amnistía Internacional en 1995 a este respecto (Abril de 1995, Índice AI: AMR 53/01/95/s, Distr: SC/CO/GR) en el cual la organización manifiesta preocupación por “la aplicación de la Ley sobre Vagos y Maleantes para detener a numerosas personas de los sectores más pobres de la población y, en algunos casos, a periodistas, activistas campesinos y críticos al gobierno”

  1. ¿Y quién podía defenderlos?

Cuando una revisa las motivaciones que llevaron a la Asamblea Nacional Constituyente a dictar un texto con las características de la Constitución de 1999 entiende que la creación de varias figuras y la separación de otras del Poder Ejecutivo para constituirse en Poder Públicos Nacionales autónomos obedeció a la falta de recursos para la defensa efectiva de los derechos humanos con los que contaba el pueblo de Venezuela. Así, cabe observar que la autorización y aliento para llevar cualquier violación a una instancia internacional, se creó en esta Constitución así como el paso del Ministerio Público a un poder independiente en el que se encuentra, con la nueva Defensoría del Pueblo.

Hecho este resumen de las instancias institucionales lo mismo ocurriría si vemos los recursos legales. Vale en primer lugar observar que no fue hasta 1989 que en Venezuela se dictó una ley que contuviese la acción de amparo como un medio para acudir de urgencia a los Tribunales y detener una acción contra los derechos humanos, o, una amenaza grave contra ellos. De modo que para el momento sólo hubiesen podido irse por las vías ordinarias intentando las denuncias ante los cuerpos policiales y de investigación.

De este modo, llamados que históricamente se dieron en contexto insurreccionales eran constitucionalmente “validos” la orden del “dispare primero y pregunte después” o en todo caso no tenía ni el funcionario o funcionaria, ni la víctima la posibilidad de agarrarse automáticamente de la Constitución nacional como es ahora, afortunadamente, el caso. De igual modo, para aquellos que quieran profundizar en el tema pueden ver que tan rápido, por cuánto tiempo y a que costo, se solía vivir en Estado de Excepción y bajo toques de queda, en los períodos que estamos evaluando.

Estas historias llevaron a la creación de instancias en el Poder Ejecutivo encargadas de velar por los derechos humanos y otras leyes centrales, como aquella de la prohibición de la tortura, los tratos crueles o degradantes son sin duda alguna, elementos que cambian las cifras de heridos y muertos que lamentar ante una situación de tensión como la que se desarrolla. En tal sentido, antes de las décadas de estas enseñanzas y este camino poco había sino la resignación de ver ciudades convertirse en cementerios donde pueblo mataba pueblo por intereses de terceros.

  1. ¿Y qué hubiese pasado con los Alcaldes?

Vale la pena considerar que ninguna de las situaciones extremas con los Alcaldes hubiese llevado a procedimientos judiciales. Pues estos cargos eran designados, a su conveniencia, y modificados tantas veces como así fuese el interés, por el Ejecutivo Nacional hasta 1989. Es decir, que, para 1984 tan sólo se trataba de cambiarlos, tal y como se cambian los Ministros y las Ministras.

Dicho esto, no es la intención de este artículo el cambiar la opinión de nadie sino traer elementos con los cuales comparar las situaciones. Recordar que hay cosas que hoy pretenden ser calificadas como procedimientos arbitrarios, incluso inventados o ajenos de nuestro derecho, cuando han sido normas que se han mantenido en el derecho desde hace doscientos o cien años, y que, pese a las deficiencias o críticas que es normal y sano tener hacia instituciones y normativa, hoy existen muchos mas elementos para la democratización del país que aquellos que existían en esa época que pretenden algunos denominar de “democracia y prosperidad”.

Vamos

Vamos pintando las banderas

Mientras la poesía borra el llanto

Mientras Chávez vuelve riendo

Mientras juramos por los niños

Juramos por las aguas, por María Lianza,

Por la Chinita, por las guacamayas.

 

Vamos con el tricolor

Al hombro, olvidando rabias

Recordando el grito de Gual

El tambor de José  Leonardo,

La voz enorme de Alí Primera

El color infinito de Reverón.

 

Vamos recordando que la Patria

Es de todas las palabras la primera

Es de todos los deberes el irrenunciable

Es de las vidas dispuestas por ella.

 

Vamos jurando la paz

De nuestro futuro

La soberanía de nuestro suelo

La alegría de nuestras costas

Vamos con el Chino Valera Mora

Con la dignidad de 1902

Con el heroísmo de 1811

Vamos con Maisanta

 

Vamos porque nadie

Nunca mas olvide leer

Porque la bandera nunca se baje

Porque no la pongan de cabeza

Porque no la quemen en la plaza.

 

Vamos porque vivimos

El mejor momento del país

Porque sabemos que el petróleo se siembra

Que Bolívar vuelve,

Que la dignidad salva.

El discurso del odio

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En Venezuela se está librando una batalla decisiva. Hay quienes desde hace par de años han señalado que han venido ocurriendo una serie de actos hostiles propios de una guerra no convencional caracterizada por las estrategias para herir psicológicamente a la población.

Uno de los elementos de esta estrategia, quizás de los que menos hemos detectado, es la constante creación de vocablos o sustitución de los mismos para escapar de la penalización, tanto nacional como internacional, de los actos que se realizan.

En esta creación/deconstrucción de significados el contrabando pasó a llamarse bachaqueo, al terrorismo se le dijo guarimba, al desacato se le denominó disolución y a la potestad constitucional se le tachó de golpe de estado.

Con este desplazamiento del vocabulario se blanquean las acciones, descargándolas de la carga negativa de su original apelativo y finalmente, se presentan fuera de Venezuela como acciones extrañas, desesperadas de un pueblo oprimido  y no como una operación sistemática de debilitamiento de la institucionalidad. De las cuales si entienden, por lo menos desde la modernidad, todos los países.

Ahora que la mar está tan revuelta el juego de palabras sigue produciéndose y algunos esfuerzos se dirigen por llevar de nuevo los actos a su denominación para que puedan, en la sociedad y en el derecho, acarrear las consecuencias que de ellos se derivan.

Pero hay que tener cuidado el asunto no se puede agotar a llamar terrorismo  a las guarimbas,  ni tampoco en asegurarnos que la imputación de sus responsables se haga de conformidad con la Ley Orgánica que rige la materia sino que hay que observar que la retórica actual en Venezuela no es simplemente incendiaria sino que se ubica en una categoría internacionalmente conocida y rechazada: la del discurso del odio o hate speech.

Una definición sencilla indica que este se construye en base a alegatos que pretenden degradar, intimidar, promover prejuicios o incitar a la violencia contra individuos por motivos de su pertenencia a una raza, genero, edad, colectivo étnico, nacionalidad, religión, orientación sexual, identidad de género, ocupación o apariencia, capacidad mental y cualquier otro elemento de consideración. El concepto se refiere al discurso difundido de manera oral, escrita, en soporte visual en los medios de comunicación, internet u otros medios de difusión social.[2]

Descripción del discurso que, desgraciadamente, se ha venido usando de manera más homogénea por voceros de la derecha, obviando –o no- la capacidad que tiene la palabra de una persona influyente sobre una colectividad de generar un clima propicio para actos de imposible reparación.

¿Qué consecuencia puede tener en la realidad un discurso repartido en más de un año de twits que determinan que el destino del chavismo en el futuro será porrazo y plomo? ¿Qué ocurre cuando desde el extranjero se señala que la población nacional es una amenaza para la región? ¿Qué impacto tiene este libertinaje sobre los derechos de los otros y la estabilidad nacional?

Al respecto, para recordar por qué las acciones que se realizan en Venezuela son antijurídicas, típicas y proscritas en el derecho de los derechos humanos veremos algunas opiniones y ejemplos de decisiones extranjeras.

En tal sentido, afirmamos que estas acciones de tantos personajes de poca monta, son expresiones típicas de un discurso del odio.  El cual, como señala el profesor de la Universidad de Columbia (USA) Kent Greenawalt es objeto de importantes debates en todo el mundo en tanto “los insultos crueles y personales y los epítetos dirigidos contra una persona en razón de su raza, religión, etnia, etc.,  plantean un serio problema para la teoría y práctica constitucional.”

En marzo del año en curso, la Corte Europea de Derechos Humanos publicó una ficha informativa sobre este tema en la cual resume su jurisprudencia citando los criterios que explanó en la decisión  Handyside vs. Reino Unido del 7 de diciembre de 1976, y, lo afirmado en la decisión Erbakan vs. Turquía del 6 de julio de 2006, recordando:

La libertad de expresión constituye un pilar fundamental de la sociedad democrática, es una condición básica para el progreso y desarrollo de cualquier persona. (…)  la libertad de expresión no se agota en la libertad de expresar informaciones o ideas que sean recibidas favorablemente, ni siquiera inofensivas o recibidas con indiferencia sino que también protege todo aquello que ofenda, choque o perturbe al Estado o a un sector de la población. Puesto que el pluralismo, la tolerancia y una actitud abierta son particularmente importantes en una sociedad democrática. (…) [Sin embargo] La tolerancia y el respeto de la dignidad de todos los humanos es una exigencia para una sociedad democrática y plural. Entonces, es una cuestión de principios que sea necesario considerar que deben castigarse e incluso evitarse todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen el odio y la intolerancia.

La OEA, en documentos que no refieren en específico a Venezuela ha determinado enfáticamente que estas mismas reglas son las que rigen el espacio interamericano señalando,

Este amplio manto de la libertad de expresión, sin embargo, no es absoluto.

La Convención Americana –al igual que numerosos pactos internacionales y regionales declara  que las expresiones de odio quedan al margen de la protección del artículo 13 y exige que los Estados Partes proscriban esta forma de expresión. En el párrafo 5 del artículo 13 se establece:

 Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.[3]

En el mismo sentido, las Naciones Unidas, a través de sus Comités han determinado que el odio no puede ampararse a la sombra de la libertad de expresión[4], lo que deviene finalmente de la vieja máxima de la Revolución Francesa que niega que pueda concederse libertades a quienes son sus enemigos.

A lo largo de las últimas semanas hemos venido sosteniendo que en Venezuela existen instrumentos jurídicos suficientes para garantizar la paz y la justicia a través del derecho. En este caso, insistimos en el deber de observar desde el derecho las acciones enemigas que no pueden ser tomadas como simples anécdotas del horror y han de activar todos los mecanismos jurídicos, nacionales e internacionales, de denuncia y contención.

Estos discursos no son una acción cualquiera sino que han merecido tal tratamiento del derecho en tanto son capaces de favorecer, instigar, colaborar o azuzar la comisión de delitos de odio, caracterizados por su brutalidad  e irracionalidad. Son capaces de herir personas y pueblos de modos difícilmente superables para un país, no sólo por la facilidad con la que se convierten en homicidios sino por la profunda huella que dejan para las generaciones futuras la construcción de un imaginario donde los seres no detentan la misma dignidad.

[1] http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/HateSpeechLeaflet_E.pdf

[2] http://www.unitedagainstracism.org/pdfs/HateSpeechLeaflet_E.pdf

[3]http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf

[4] http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes/odio/Expreisones%20de%20odio%20Informe%20Anual%202004-2.pdf

Sobre escribir

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Horacio Raydan. Biblioteca María Calcaño. 2008.

Hace algunos años, quizás ya más de lo que quiera admitir, quedé muy impresionada al conseguir entre los textos de Neruda una oda a la cebolla. No me impresionó tanto el verso como me intrigó su razón de ser. Por años, cada tanto, volvía a acordarme de aquello hasta que ahora, sin pretender tener en mi mano las razones de Neruda, lo entiendo.

El oficio de escribir es un acto de sentimiento. Una manera de desnudarse y de retarse, un ejercicio de cavar dentro el alma. Al menos, eso he hecho yo con él. A diferencia del juramento que presté como abogada, yo como escritora juré no jurar. Decidí, regalarme una habitación donde ser libre.

Por eso cuando escribo no sufro la penosa tarea de ubicar las frases según una métrica ni siquiera me preocupa demasiado el asunto de los géneros. En prosa, a mí me da lo mismo narrar una noticia que preparar una clase o fijar una opinión. El asunto, de qué es lo que resulta no me mortifica. Claro, que una sabe cuándo debe delimitar algún ejercicio, por ejemplo, a la hora de escribir un discurso.

Pero en mi oficio de escribir nunca he sido estrictamente una periodista ni siquiera un actor político. Por eso, me da lo mismo escribir sobre las verdades más insignificantes que voy descubriendo sobre el amor o la política, que, sobre la economía doméstica. Pude allí entender la oda a la cebolla cuando me sentí absolutamente constreñida a escribir sobre la falacia que sostienen los que dicen que lavar ropa es echarla a la maquina y nada más. Me pregunté obstinada ¿esa gente, esa gente nunca se ha conseguido una mancha?

Allí el asunto de lavar es otra cosa, hay que pasar horas mirando la naturaleza del problema, probar los químicos corrientes y morir con los secretos de abuela. La vida al lavar es otra cosa, es una magia de la mecánica y la química, tan usual, que no la miramos.

Puede resultar extraño que dedique un texto sobre escribir a una mancha que no sé sacar pero me es necesario cuando hay gente que viene, en estos días tan inciertos, como quien se para en una rocola y pide que una escriba sobre una cosa, o, que leyendo lo que uno escribe reclama que no escribió sobre lo otro.

Una no es una rocola. Escribir no es el acto de reproducir líneas compuestas de sujeto y predicado. No lo es cuando una no vive de escribir, o, anda corriendo sobre la última moda. Están pasando tantas cosas y en tantos sentidos que como todos ando con el vértigo encallado en el corazón pero cada quien busca su manera de vivir. Lo mismo hicieron todos los grandes escritores durante las pasadas guerras, las pasadas crisis económicas y allí, quedan las novelas de amor, las odas a la cebolla, las críticas a la sociedad.

Los escritores no somos más que la gente más asustada, quizás y entre nosotros existen seres de todas las formas. Habrá quien escriba para esconder lo que hasta ahora ha sido, o, buscando la gloria en los años próximos, quienes en vida o en textos a mí me enseñaron a escribir fueron amados cuando ya los había alcanzado la muerte y olvidado el cotidiano, nadie tachó de pecado que en vez de manifiestos escribieran cartas de amor para Sofía.

Si yo te dijera

Que tu presencia

Es accesoria

Que el amor

No me alcanza.

 

Que eres una raya

En la agenda,

Par de horas,

Par de besos,

Sin alma

ni compromiso

 

Si tú te despertaras

Mirando mi espalda

Rogando mi alma

Queriendo mi vida.

 

Si un día los roles

Se voltearan

Y yo viera tus defectos

Y yo agendara mis ganas

Si por cada encuentro

Te cobrara con seis días

¿Como tú  te despertaras?

Claves de abril 17: declaraciones contra el derecho.

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Los abogados suelen decir:

…La ley es dura pero es la ley.

…La seguridad jurídica es garantía de democracia y de inversiones.

…La permanencia en el tiempo de la ley da seguridad.

…Las normas deben ser conocidas por todas las partes.

 

La seguridad sobre las formas y procedimientos es un asunto fundamental, tanto, que es el corazón del debido proceso y este es el derecho a la justicia según la Declaración Universal de Derechos Humanos y parte esencial de las garantías judiciales según los organismos de la materia.

 

Ahora vivimos tiempos enrarecidos. Las normas jurídicas y la realidad jurídica son cosas que importan menos cuando el sistema político o el de justicia, nacional o internacional, se utilizan para generar titulares y publicaciones virales. Esta es la clave del juego conjugado al que nos someten.

 

Me atrevo a usar una imagen que no es mía, en el presente, Venezuela se encuentra jugando u obligada a jugar, varios tableros de ajedrez. Uno está  en el plano nacional con actuaciones carentes de asidero jurídico, con personajes declarando situaciones que no se han dado y que no es previsible que ocurran, y, otro, es el escenario internacional desde el cual se construye una  nueva y cada vez más violenta retórica.

 

Pensando en estas cosas parece evidente que estamos ante una nueva arremetida, una, que como nos pasó en las elecciones del 2015 en el Continente es casi invisible. No se trata de hacer que una situación logre configurarse sino de generar una sensación hacia dentro y hacia fuera del fin de una era.

 

En el plano regional, las actuaciones que vivimos son el fin del principio de la igualdad jurídica de los Estados piedra filosofal del Derecho Internacional porque es este principio el que permite que países de distinta fuerza y tamaño, puedan sentarse a una misma mesa por el bien superior de la humanidad.

 

Un principio que como ya recordábamos cuando empezó la nefasta historia de la declaratoria de Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria se encuentra ligado a nuestra historia nacional y a la dignidad del pueblo argentino, muy a pesar de lo que haga su actual gobierno.

 

Para alejarse de este principio, contenido en la Carta de la OEA, defendido a comienzos de siglo por Argentina y tan invocado por México en el pasado, rompieron todas las reglas del cómo, para qué, quién y cuándo se activa la OEA y aquello no es sino una comedia triste, un acto ruidosamente incompatible con el derecho pero sustancialmente generoso para la prensa.

 

Lo mismo, en el otro tablero, preparan para mañana en Caracas. La Asamblea Nacional continua en desacato y repetirá un acto no previsto en la Constitución Nacional al considerar vía acuerdo de diputados y no mediando las iniciativas sustentadas y documentadas del Poder Moral contra los Magistrados y Magistradas. Un acto que hará una autoridad rebelada, bajo una forma no constitucional, sin un procedimiento reglamentario para impactar la psiquis colectiva.

 

Viendo la situación si me perdonasen la inocencia quisiera como un amigo suele hacer rogar que alguien que pueda detenga que se le siga haciendo tanto daño a nuestro Derecho, nacional y regional.