Lecturas Jurídicas de los ataques a los Centros de Salud en Venezuela

Un hospital, en su primera definición de la Real Academia Española es un “establecimiento destinado al
diagnóstico y tratamiento de enfermos, donde se practican
también la investigación y la enseñanza”.

Estos centros de salud, son figuras protegidas por el derecho en tanto
constituyen un servicio público fundamental. Su protección es tal, que todo el derecho humanitario viene
a establecer excepciones a la capacidad de combatir y destruir, incluso equiparando los hospitales militares a
los civiles por la vulnerabilidad de quiénes allí se encuentran.

En consecuencia, la protección jurídica de los hospitales es en primer término la de los hospitales, en el derecho nacional y en el derecho internacional, en éste orden, pues el derecho internacional siempre es supletorio de la
norma interna, y más aún, dada la naturaleza de las normas del derecho de protección de los centros de
salud.

En virtud de esto hay que determinar qué se protege y en este sentido veremos que el derecho a la salud es un
derecho humano constitucional y universal que ha sido ubicado dentro de los derechos económicos, sociales y
que luego fue reconocido como parte de las obligaciones que se desprenden del derecho a la vida.

Si hacemos mención a su cualidad de Derecho Económico, Social y Cultural es porque desde hace más de cuarenta años se viene reconociendo que parte de la dificultad para llegar a su goce universal es el costo de la infraestructura suficiente para garantizar a una cantidad de habitantes, normalmente constituida por millones, el acceso al cuidado y a los servicios requeridos.

Por ello, el derecho a la salud se encuentra entre los derechos de alcance progresivo y un atentado contra la
infraestructura de salud significa una mayor dificultad para garantizarlo y se constituye de manera directa, en
un atentado contra los derechos humanos.

Esto sin contar el riesgo desproporcionado en el que queda la vida y la salud de las personas que en concreto se encuentran haciendo uso en el momento de la agresión del centro de salud. Por ejemplo, personas que dependen de mantenerse conectadas a alguna máquina o bajo un tratamiento continuo, cuya capacidad de
sobrevivir es mucho menor que la de cualquier persona en otro espacio y en otras condiciones, por ello, que
independientemente de los tipos penales de lesiones y homicidios, ya sea a título de dolo directo, de dolo con consecuencias necesarias o en el caso, muy difícil de configurar por la naturaleza de la agresión, de culpa con
representación.

Hechas estas consideraciones, cuando hemos de evaluar jurídicamente éstas acciones debemos partir por considerar que la Constitución ordena se investiguen, se enjuicien y se castiguen los actos que atenten contra los derechos humanos sin distinguir
quién los comete, ni admitir justificación alguna.

Artículo 29. El Estado estará obligado a
investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.

Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán
investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.
Artículo 30. El Estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de los derechos humanos que le sean imputables, o a su derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios.

El Estado adoptará las medidas legislativas y de otra naturaleza, para hacer efectivas las indemnizaciones establecidas en este artículo.

El Estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados.

La primera pregunta entonces gira en relación a la determinación de la naturaleza penal de los actos
cometidos. Es una obviedad en el Derecho penal que un delito es una acción o una omisión, ya sea única o
compleja, que posee tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad.

Con respecto a la tipicidad, que es la capacidad de la acción de entrar en una categoría establecida por una ley
previa, escrita y estricta, veremos que las acciones han consistido en la destrucción de centros de salud.

Si en el Código Penal vigente tan sólo hay dos menciones a la categoría “hospital” y ninguna se corresponde con un
tipo penal, la norma no se encuentra desprovista de tipos penales en los cuáles se atenta contra la salubridad,
el bienestar nacional o la paz social.

Por lo cual, estamos ante una situación cuya perversidad excede las previsiones que la norma penal ordinaria contiene. Pues estos son actos raros y particularmente reprochados de la guerra

Al leer que se constituyen en delitos de lesa humanidad amerita considerarse qué es un crimen de lesa humanidad, categoría sobre la cual la doctrina había
construido bastante pero que hoy en día se define de manera pacífica en los términos en que lo entendió el
Estatuto de Roma.

El cual tipifica de manera directa que “dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la
beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre
que no sean objetivos militares;” constituye un crimen, pero, de guerra.

Norma que se encuentra en concordancia perfecta la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento al Terrorismo, dictada en el 2012.

En consecuencia, se observa que los ataques contra la Maternidad dr Valle, constituyen unas entidades jurídicas determinadas como delitos, en las
cuales la investigación habrá de recoger los elementos suficientes para desvirtuar las presunciones
constitucionales individuales de cada uno de los implicados y cada una de las implicadas, que ha de pensarse en medida de lo posible de adaptar nuestra
legislación a los Tratados suscritos pero que existe con qué hacer justicia, y este es tan sólo uno de los capítulos de los varios en los que se desplegó la acción fascista.

Con el derecho de Ginebra en tanto, en situaciones de paz no es ni siquiera imaginado por el derecho internacional que actos de una naturaleza tan vil puedan ser cometidos.

Con respecto a la aplicabilidad de la norma puede observarse que el Estatuto de Roma fue ratificado por la República Bolivariana de Venezuela el 7 de junio del año 2000, de conformidad con el registro que mantiene la instancia internacional pero que debe ser aplicado en primer término el derecho nacional, dentro de los tribunales nacionales.

A nivel constitucional la respuesta es inequívoca, el artículo 29 sostiene que todo crimen de lesa humanidad,
violación de los derechos humanos o crímenes de guerra serán castigados y por encima de cualquier delito, tienen
la cualidad de ser imprescriptibles. Es decir, que el tiempo no agotará la posibilidad para el Estado de
perseguirlos.

De conformidad con el Código Penal, los actos antes descritos son enjuiciables en la República en virtud del artículo segundo que ordena que así lo sean todos los delitos cometidos en el territorio nacional.

Con la calificación de delitos de lesa humanidad no se consigue de manera directa una referencia en el Código Penal, lo que se explica por la antigüedad de la norma pero esto no obsta que el Primer Título, del Libro Segundo del Código Penal se reagrupen todas las formas delictivas contra la independencia y seguridad de la Nación, dentro de las cuales pueden ser enmarcadas las acciones que se han presenciado.

En específico, de acuerdo con los elementos probatorios que tengan las autoridades competentes, parece que lo
sucedido se encuadra dentro de lo previsto en el artículo 144, en su primer aparte que considera a “los que se
alcen públicamente, en actitud hostil, contra Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o
impedirle tomar posesión del mando.”

Pero si en relación con el Código Penal observamos que las normas no se ajustan a los esquemas que nacen desde el derecho internacional hasta el derecho nacional, no significa que Venezuela no tenga un marco jurídico en su conjunto que le otorgue a éstos actos los nombres y los apellidos que han adquirido a nivel global, por ello, se encuentran igualmente, en concurso ideal, contenidos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el
Financiamiento al Terrorismo, dictada en el 2012.

En consecuencia, se observa que los ataques contra el Centro Materno Infantil del Valle, constituye una entidad jurídica determinada como delitos, en las cuales la investigación habrá de recoger los elementos suficientes para desvirtuar las presunciones constitucionales individuales de cada uno de los
implicados y cada una de las implicadas, que ha de pensarse en medida de lo posible de adaptar nuestra legislación a los Tratados suscritos pero que existe con qué hacer justicia, y este es tan sólo uno de los capítulos de los varios en los que se desplegó la acción fascista.

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