Una mirada doctrinal sobre el terrorismo

Terrorista
Según la RAE por terrorismo se entiende la sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

En un artículo denominado “Reflexiones sobre el terrorismo” Olloqui Labastida precisa algunas de las fundamentales dificultades que existen a la hora de perseguir este azote contra los derechos radica en el que “los terroristas de unos son los héroes de otros”. Esto en virtud que los actos terroristas cuentan, por lo general, con una base de apoyo que resiente una política de un Estado o un grupo de ellos, o, bien que coincide en los ideales en base a los cuales este grupo actuó.

De igual manera, el manejo hegemónico del tema del terrorismo no deja de ofrecernos ciertas dificultades puesto que suele tildarse de terrorista, en los medios por ejemplo, todas las reivindicaciones de pueblos o movimientos no alineados. Por último, bajo esta denominación suelen incluirse a todos los factores que disientan de un determinado gobierno.

Pese a que todas estas consideraciones pueden ser ciertas y que, hay gobiernos que han practicado políticas que han infringido terror a las poblaciones el terrorismo es hoy un concepto jurídicamente conocido.

En el día de hoy, en el marco de los sucesos que vienen ocurriendo en Venezuela en entre los cuales hemos visto sabotajes, atentados, incendios, asesinatos, torturas, retenciones de ciudadanos por parte de manifestantes, piratería aérea, bombardeos de instituciones públicas, guerra psicológica, entrega de estupefacientes a jóvenes y adolescentes, nos proponemos revisar juntos parte de la doctrina latinoamericana en la materia para que cada quien pueda leer la realidad y sacar sus conclusiones.

El terrorismo es una forma de delincuencia organizada de la cual poco se conoció en el pasado. Es considerada la forma delictiva de los tiempos modernos, porque requiere que los países tengan una estructura social enraizada en la idea que existe un Estado que ha de protegerlos, que les debe garantizar los derechos humanos.

Para Rodrigo Sánchez  Arce en su ensayo “¿Es posible responder al terrorismo con la paz y los Derechos Humanos?” El terrorismo es “el instrumento al que recurren determinados grupos para hacer caer un gobierno” precisando que “proviene de sectores o grupos, fuera del Estado que también ejercen violencia para mantener o derrocar un orden político y las relaciones de dominación existentes en el, mediante acciones armadas como sabotajes, atentados con dinamita, incendios, asesinatos, torturas, secuestros de personas, piratería aérea, guerra psicológica, narcoterrorismo, etc.”

De modo que, en grandes líneas vemos que el terrorismo consiste en acciones planificadas para interrumpir, dañar o perturbar la vida cotidiana de una población o el ejercicio de un gobierno. Es interesante en esto volver a la frase de Olloqui cuando indica que los terroristas en determinados momentos pueden ser apoyados o justificados dependiendo si sus actos son compatibles con las posturas de sus defensores.

Así, el mismo autor indica que el terrorismo tiene “como fin promover causas ideológicas  y bridar esperanza a quienes creen en ellas.” Y su empleo genera una situación que si bien no es propiamente una guerra tiene aspectos similares a esta diferenciándose en los mecanismos de financiamiento y la finalidad del recurso a esta forma de conflicto.

Así, mientras en la guerra el ejército nacional obtiene los recursos para su actuar en el presupuesto nacional, el terrorismo se financia por particulares que siguen sus ideas, o, por gobiernos extranjeros que quieren causar inestabilidad en los países atacados.

El tema de si el uso del terrorismo como un recurso legitimo de los grupos adversos al gobierno o al sistema dejaba muchas mas dudas antes del 11 de septiembre de 2001.

Luego de esta fecha es que comienza a construirse una dimensión internacional del rechazo y del discurso que permite determinar que el sometimiento de las personas a estas prácticas es  abiertamente contrario al régimen internacional de los derechos humanos. Lo que nos lleva a entender que su tratamiento nacional es fundamental en aras de proteger los derechos colectivos y erradicar su empleo.

Así lo dice al menos Olguín Uribe que señala que  “la lucha contra el terrorismo en su parte jurisdiccional presenta como requisito indispensable la existencia de un marco legal e institucional legitimo” lo que a su vez tiene como requisito que se entienda que no todos los actos criminales son iguales en su planeación y ejecución, en el caso del terrorismo todos los actos, planificados y ejecutados, constituyen ataques contra civiles e instituciones públicas que buscan romper el tejido social.

En base a estas reflexiones podemos encontrar que existen características típicas del terrorismo que podemos enumerar de la siguiente forma,

  1. No se trata de actos independientes
  2. Son una estrategia organizada que elige un grupo ideológicamente homogéneo.
  3. Son acciones demostrativas que aterroricen a la población al demostrar que el grupo irregular puede golpear el centro del poder en virtud de tener una solida organización grupal.

Por dichas características es que el terrorismo constituye un grave problema para los derechos humanos puesto que no se agota con la comisión del delito sino que se utiliza un delito como manera de aterrorizar a una población o a una parte de ella, determinada por su etnia, postura política, participación en un gobierno, etc.

Sánchez Arce, al hacer un recuento de las contradicciones de estas prácticas con el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otras conclusiones afirma que el terrorismo es la negación de la fraternidad y la acentuación de la discriminación, en tanto agudiza una situación de enemistad dentro de una población, o, entre ellas.

Son estos los marcos en los cuales nosotros tenemos que leer la situación que ha generado hasta el momento actual, según el recuento publicado en el portal de Ciudad Caracas, la perdida de noventa y cuatro vidas de personas que, participaron en una manifestación, caminaban cerca de la misma, pasaron por una zona trancada, etc., en el transcurso de los últimos meses.

Es esta la doctrina en la que se basa el numeral primero del artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo, indicándonos la gravedad de actos simbólicos que han venido ocurriendo, sin que generasen heridos o muertos pero que también hemos observado tales como el bombardeo del Tribunal Supremo de Justicia, la fabricación de barricadas con urnas a las puertas del Cementerio del Corazón de Jesús en Maracaibo, los linchamientos y escraches a personas por ser chavistas o familias de, o parecidas a, en los últimos días.

Es esta la importancia que la tipificación de los actos y su difusión sea debidamente encuadrada como terrorismo porque por mucho que pueda sorprendernos ninguno de los autores que hemos compartido son venezolanos ni escribieron en el marco de nuestro conflicto nacional. Por ende, es necesario que nosotros tomemos estos elementos de lo universal para entender lo particular y sus riesgos.

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¿Qué va en la Constitución?

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Es como respuesta a un tuit que recibí por mi intervención en el programa de televisión “Con Amorín” de Venezolana de Televisión que siento la necesidad de entrar en trabajar la idea del contenido de una Constitución toda vez que el compatriota me preguntó sencillamente “¿en qué parte de la Constitución se encuentra el desacato?” Su pregunta me lleva a disertar con ustedes sobre temas fundamentales del derecho y del momento actual.

El desacato que podríamos a grandes rasgos determinar como sinónimo de desobediencia no se encuentra consagrado como institución desarrollada en la Constitución sino que se deriva  de los principios y de las funciones que determinan la autoridad del Poder Judicial, y, el deber en el marco de un Estado de Derecho que tenemos todos, ciudadanos y Estado, de someternos a las leyes que en el sentido más amplio contienen las sentencias de los tribunales.

Entonces nos vamos a dar cuenta que la Constitución es la norma jurídica fundamental, esta frase repetida por los juristas, no significa otra cosa que todos los actos normativos, administrativos o judiciales, deben hacerse según las previsiones que esta contenga pero como es evidente una Constitución no contiene el desglose total de las circunstancias ni de las previsiones.

En el mundo, la tendencia se ubica a intentar hacer de las Constituciones las normas más desarrolladas que, con un grado de flexibilidad que les permita permanecer, aseguren un mínimo de derechos y garantías. Esto lo podemos ver por ejemplo si examinamos la más reciente reforma de la Constitución mexicana que abandonó su estructura original para incorporar normas precisas en materias de derechos humanos.

Por eso, debemos entender que si para que un concepto fuese aplicable se requeriría que todo estuviese plena y exactamente contemplado en la Constitución, veríamos por ejemplo que nada sería posible en los Estados Unidos de Norteamérica donde su longevo texto  tiene tan sólo siete artículos. Así como veríamos que no se requerirían ni legisladores ni tribunales, que son cada uno en su ámbito los responsables de desarrollarla.

Por eso es que se usa con tanta frecuencia esa frase que dice que una Constitución es una norma viva, porque se va transformando cada vez que se aplica, cada vez que requiere interpretarse para terminar un conflicto.

Como esto se conoce es que, dentro del capítulo que rige las modificaciones a la Constitución se introdujo el artículo 350 límite absoluto –norma pétrea- que impide modificar por cualquier vía, incluso la interpretación, los valores más importantes del pueblo venezolano. Si la norma cambiará con el tiempo podrá hacerlo salvo cuando quiera tocar estos temas donde se encontrará una pared que impide comprometer la paz, la soberanía y los derechos humanos.

Siendo este el juego el tema de pensar en la Asamblea Nacional Constituyente en este momento evidencia la necesidad de explicitar cómo se garantizan los derechos que, en desarrollo de la norma de 1999, se introdujeron por la vía de Fundaciones y Decretos Presidenciales. De lo contrario, podrían ser sujeto de limitaciones legales, haciendo caso omiso a la progresividad de los derechos como hoy ocurre en Brasil y en Argentina y cómo se ha intentado desde los proyectos de ley sancionados por la Asamblea Nacional.

El derecho no puede conocerse sin conocer la Constitución de la República, sin embargo, esta no es el único elemento del derecho. Entender una institución como el desacato requiere conocer las funciones de los Poderes pero también las previsiones en materia de Derecho Procesal que rigen en el país desde inicios del siglo XX.

Desmontar que pese a todo ese esfuerzo, la lógica que lo sustenta podemos verla en ejemplos que nos ocurren tales como, el desconocer una voz de alto de funcionario de tránsito, o, creer que sólo por pensar que el juez se tarda se suspenden los efectos de un juicio sobre un preso. Es el mismo razonamiento absurdo el que sustenta que puede la Asamblea Nacional zafarse de la autoridad judicial.

Hagamos cada uno el esfuerzo de usar el derecho a estar informados. Saquemos nuestras conclusiones sobre el hecho de verdades que se han construido como irrefutables al portar la portadita sin hojas de la Carta Magna.

La razón del “no” de la oposición a la Constituyente

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Durante varios meses la derecha planteó al país la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Casi todos los que hoy salen a tildar la iniciativa presidencial de autoritaria venían de declarar que esta vía era la salida de la crisis nacional. La actitud ha merecido desde el chavismo una reacción que los ha retratado en escenas de un antes y un después contradictorio. Obviando quizás, analizar cuáles son las razones de fondo de semejante cambio de actitud.

En el discurso, los voceros anti constituyentes, han sostenido que su rechazo se debe a que la Constituyente del año 1999 se hizo a partir de un llamado a una consulta nacional y que en el presente esto no ha sido planteado del mismo modo. Hemos de observar, de nuevo, que esto se debe a  una diferencia en las bases jurídicas que se usaron para llamar a la Constituyente. Toda vez que, en 1999, la Constitución vigente era la de 1961 que había sido dictada a puertas cerradas por lo que no contenía norma alguna que permitiera llamar a este mecanismo de modificación constitucional. Así las cosas, dado el clima de confrontación entre el poder constituido y el nuevo Ejecutivo nacional, la Corte Suprema de Justicia permitió ir a un proceso constituyente si la iniciativa se respaldaba popularmente.

Esta fue una situación inédita en un país que ha tenido veintiséis constituciones y doce procesos constituyentes. Sólo en 1999, se utilizó este mecanismo y muchas más veces cuando se ha intentado abrir la compuerta a los representantes y a los intereses populares, se han opuesto la Iglesia y la oligarquía, como por ejemplo en 1946.

Con este argumento, se trabaja en generar una duda en un sector de la oposición que recuerda con entusiasmo los días de aquella Constituyente y se pasa por debajo de la mesa que quienes hoy dicen que no, mayoritariamente son quienes se opusieron a la Constitución de 1999, que no tardaron ni siquiera horas en considerar si esta era una salida, y, finalmente que esta era su propia alternativa.

Preguntémonos entonces ¿si existe un sector que dijo que no a la Constitución de 1999, que la ha suspendido, que la refiere poco en el lenguaje, que se propuso cambiarla cuál es el repentino interés en que la misma no sea tocada?

La respuesta deriva de las posibilidades que se darían de constituirse una Asamblea Nacional Constituyente puesto que, en el referéndum posterior, sólo podrían pasar dos cosas: a) se adoptaría una nueva Constitución, o, b) se relegitimaría la Constitución de 1999 que pasaría a ser la más legítima Carta Magna de la historia nacional.

Esa, la Constitución de Chávez, la que permitió la demarcación de tierras, el país socialista, la vino tinto mundialista y el territorio libre de analfabetismo, pasaría a ser la “pesada herencia jurídica” de un chavismo difícil de borrar sin ruidos en el hipotético escenario donde lleguen a la Presidencia de la República en el año 2018.

Ese es el peor escenario para la derecha por eso es necesario, en su agenda, que la Asamblea Nacional Constituyente no llegue ni a instalarse y levantar en el pueblo venezolano una confusión tremenda en relación a todos los temas constitucionales que les haga olvidar cómo ninguno de los procesos puramente originarios han contado con el visto bueno de los sectores más recalcitrantes.-

La Justicia Simbólica como herramienta de paz.

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Durante los últimos meses, hemos escrito constantemente sobre la justicia, su necesidad, sus formas, sus actores. Quizás estamos ya rozando el riesgo advertido por León Felipe que refería que “en un mundo injusto el que clama por la justicia es tomado por loco.”, pero en tanto el contexto nacional no ha cambiado seguiremos trabajando los mismos asuntos.

La sed de justicia, histórica de los pueblos oprimidos, individualizada en los obreros y en los pobres, en los injustamente presos, en los padres de los torturados, de los desaparecidos, ha ido dibujando una realidad. En su tardanza, en sus contradicciones, en los muros que generan las condiciones de un determinado momento de la historia hay quienes nunca obtuvieron justicia.

Nuestra realidad, la humana, cargada de la posibilidad de causar la muerte y la imposibilidad de revertirla, hace que causado el fallecimiento de una persona no quede mucho que hacer.

¿O sí? Quizás el tiempo haga pasar la intensidad del dolor pero no la rabia, quizás no baste tan  sólo con que la vida pase como el agua sobre las piedras del río y esa es la motivación del concepto al que hoy queremos llevar, el de la justicia simbólica, o, de la reparación moral en el marco de la justicia transicional.

Para hablar de ello, vamos a contextualizar que en Venezuela hemos vivido desde el mes de marzo una escalada de violencia, con actores irregulares que empujan hacia una confrontación total, y, hay víctimas que las circunstancias que han originado su muerte así como su muerte misma han conmocionado al país.

Es en tal contexto, que sugerimos que se propicien los espacios y las condiciones para que en Venezuela –evitando que la situación se empeore- se promuevan las reparaciones simbólicas como parte de la reparación integral y como mecanismo para superar los hechos victimizantes sin olvidarlos y para que estos no se repitan.

Evidentemente, esto tendrá como característica particular que existe tan sólo una de las partes que está interesada en detener el conflicto mientras que la otra tiene interés en arreciarlo. Sin embargo, esto no nos excusa ni de las responsabilidades del Estado en el marco de los derechos humanos ni de la urgencia del país de actuaciones distintas.

En este contexto, sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes en conflictos de calle, en los que aparecen mayoritariamente solos y en zonas en las que no viven, es tiempo de hacer esfuerzos mayores de resocialización y atención a la infancia en situación de pobreza. No podemos confundirnos sintiendo que el problema nace en el grotesco aprovechamiento de las víctimas y agotarnos en la denuncia. Debemos atacar la raíz de la situación que no es otra que la pregunta cómo llegó ese niño allí y la optimización de los programas sociales que deben evitarle esa situación de riesgo a los portadores del futuro nacional.

Igual, está la necesidad latente de escoger un día y un espacio, de la integración nacional y en contra la discriminación racial, ¿o es que, el linchamiento de Orlando José Figuera, no dejó al desnudo la existencia de un clasismo racista irracional y violento en nuestro país?

Proponemos entonces, entender que la crisis del sistema de justicia venezolano acompañada del incremento de la violencia de calle, requiere salidas más allá de lo tradicional, no agotarnos a la práctica judicial que entendemos además particularmente torpedeada en el presente y tomar las herramientas de los mecanismos más recientes.

De modo que al lado del trabajo de la Fiscalía y los tribunales se proceda nacional y sostenidamente a reconocer a las víctimas y promover iniciativas de paz, reconciliación y democracia.

Para acercarnos a esto  debemos sostener centrarnos en la necesidad de (i) dignificar y reconocer a las víctimas, (ii) recordar la verdad de los hechos victimizantes y (iii) solicitar perdón y asumir la responsabilidad por parte de los victimarios.

Quiero cerrar estas líneas con una idea de Ghandi que pareciera escrita para hoy cuando recuerda que “ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria.” La justicia es una bandera del proceso revolucionario y hay que defenderla todos los días.

Culpables sin delito. Notas sobre la acusación penal de los candidatos a la ANC.

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Son tantos los movimientos políticos que se están dando en Venezuela que son, desde el punto de vista jurídico, absurdos y temerarios, que algunos parecen ser parte de una estrategia mayor que pretende quedar inadvertida. No se trata tan solo de un asunto que deba leerse desde el derecho constitucional o internacional, ramas que hoy felizmente son defendidas con patriotismo por muchos juristas nacionales sino también, y quizás, sobretodo de un ataque al núcleo de la concepción del derecho penal en Venezuela.

Aclaremos algo, esto no va sobre las últimas actuaciones de la Fiscala General de la República sino de acciones más pequeñas, que a veces no ocupan titulares pero que se van acumulando.

Tomamos como primer asunto el hecho que todas las personas, según disposición constitucional y legal, en Venezuela se presumen inocente a la vez que son responsables civil y penalmente. Por lo que hacemos y no por quienes somos, hemos de responder. La responsabilidad que quizás podemos simplificar en la idea de no causar daño y no incurrir en una conducta prohibida nos acompaña a todos, desde el momento en el que alcanzamos la edad de ser tenidos como responsables, la adolescencia para ser sancionados y la adultez para ser penados.

Ahora bien, eso tiene necesariamente un contrapeso. Si todos debemos responder debemos hacerlo tan solo por lo que hemos hecho. De modo, que existe una duda, base de la convivencia que señala que no se puede acusar alegremente y que las acusaciones deben probarse y si se demostrara que el hecho ocurrió, que yo lo cometí y que no hay una justificación legal a lo que hice, debo responder. Lo mismo la hija de María que el diputado o el Presidente.

En esa lógica, mi vida, mi libertad, mis bienes y mi responsabilidad tienen la misma protección independientemente de la posición social que tenga, de la familia de la que provenga, etc., esto es lo que significa la frase tradicional de ser iguales ante la ley.

De las clases de Derecho Penal I, recuerdo con claridad el ejemplo que ponía mi Profesor donde se preguntaba si al salir a la calle un ciudadano podía apresarse por usar una franela de un color que no le gustara a un policía. La respuesta era evidentemente que no. Sin embargo, no era tan solo por una norma de convivencia o un asunto de sentido común sin o sobretodo porque para que alguien sea administrativamente responsable tiene que haber una falta, y, para que sea penalmente responsable, tiene que existir un delito.

Un delito es un concepto complicado porque es ante todo una conducta prevista y descrita en el Código Penal u otra ley de esa naturaleza, a la cual, debe ajustarse con certeza la actuación de un ciudadano. Esto, nos ubica en la idea que nuestro sistema punitivo sea de actos y no de autores. No existen los siempre culpables y los eternos inocentes sino tan solo hechos prohibidos y/o autorizados.

El mes de junio se ha intentado, ahora materializada en una denuncia presentada por Juan Requesens ante la Fiscalía, romper una norma tan elemental como esta para la democracia cuando se determina una relevancia penal de la inscripción de un par de miles de ciudadanos y ciudadanas a una forma política como lo es la Asamblea Nacional Constituyente.

Intentando así, el delicado camino de la judicialización de la política además del invento más descarado de tipos penales que no existen porque no puede determinarse una responsabilidad penal derivada de acudir a un llamado del Poder Electoral.

Cuando nosotros vemos esto, el uso cada vez más recurrente a inexistentes tipificaciones penales, asi como, la determinación a priori de la irresponsabilidad de algunos, así causen la muerte, y la absoluta responsabilidad de otros, así hayan actuado en legítima defensa, nosotros debemos de recordar que hasta los noventa en Venezuela rigió un derecho penal categorizado por la determinación previa del sujeto y secundaria, de los actos.

El derecho penal en Venezuela es una de las partes más obsoletas de nuestro sistema jurídico, anclado en un código casi centenario que describe conductas que hoy incluso nos cuesta describir y una norma procesal heredada de los últimos meses de la IV República pero uno de los pocos elementos de adecuación al estándar internacional es el hecho de la determinación del universo de los ciudadanos como responsables que siempre se presumen inocentes, que responden a la dureza de la ley por igual siempre y cuando sus actos sean típicos, antijurídicos y culpables.

El uso del sistema de justicia, nótese el sentido amplio, como mecanismo para ir a cambios políticos antidemocráticos ha venido siendo utilizado en esta nueva era de golpes de estados encubiertos. Que no nos tomen por sorpresa estas prácticas que con tanta tranca y altisonancia, se van haciendo.

¿Posverdades jurídicas?

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Según Wikipedia, el diccionario inglés Oxford declaró “post-truth”, como la palabra internacional del año 2016 y sin duda, si alguna academia local hiciera el mismo ejercicio sería la palabra del año 2017 en Venezuela. En estos tiempos, las noticias y la verdad se construyen dándole menos importancia  a los hechos objetivos, apelando a  las emociones y a las creencias personales. De modo, que la apariencia termina siendo más importante que la realidad.

Existe, en toda evidencia, un problema ético con esta tendencia. Sin embargo, hay quienes han demostrado lo útil que resulta pues algunas acciones, como las guerras que se dieron después del 11 de septiembre se justificaron con esta práctica.

En Venezuela, desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, se viene discutiendo esto como un mecanismo fundamental para la guerra psicológica y el descrédito del gobierno venezolano. Con una novedad en las últimas semanas donde estamos viendo aparecer un intento de posverdad jurídica. Lo cual no está exento de complicaciones y riesgos particulares.

Si una frase es odiosamente repetida en las escuelas de derecho positivistas, como las nuestras, es que la verdad sólo existe en el expediente. Nuestro sistema es un sistema con gríngolas que sólo ve lo que le es presentado y el juez, que es quien determina lo verdadero o falso, culpable o inocente, sólo puede referirse a aquello que le ha sido debidamente demostrado. Por eso, para ser no sólo tiene que parecer sino también tener la forma adecuada para que sea, incluso en los tiempos donde el formulismo se cuestiona como intrínsecamente injusto.

Si esto es verdad para saber quién hereda una casa o si una persona realmente trabajó el tiempo que dice en una empresa, es aún más delicado en materia penal.  El Código Penal que no es otra cosa que una lista de conductas que no se aceptan, conlleva a la realización de un procedimiento de comparación entre lo previsto y lo ocurrido; entre lo narrado y lo probado. Debiendo por orden de la ley y en protección de los que se señalen culpables, intentar mantenerse el juez lo más protegido de los prejuicios y las publicaciones que la prensa haga. Al punto que si un caso fue muy sonado debe mudarse el tribunal a otro sitio donde la gente no haya sido impresionada por la prensa o la sociedad.

¿Cómo juzgar en medio de esta guerra? Sin duda, será un reto enorme para los jueces cuando además se encuentran ante una situación donde los sujetos del proceso se contradicen y públicamente se exhiben evidencias que debieran ser tratadas dentro de las normas del Manual de Cadena de Custodia, y, en equilibrio de las partes.

En el presente, al menos según se desprende de las declaraciones a la prensa emanadas de la Fiscalía General de la República, estamos ante un momento donde la lógica del equilibrio del proceso penal ha sido fracturada. Al respecto, debemos saber que los juicios tienen normas que han sido determinadas como fundamentales, fijadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos como derivadas de la dignidad humana.

Así, todos son presumidos inocentes, individual y colectivamente; los hechos deben probarse determinando primero que ocurrieron, luego la manera en qué fueron y luego quiénes los cometieron. Todos estos aspectos, los presenta ante un juez que tiene el deber de garantizar derechos, un fiscal que ha de acusar, dentro del marco de un principio de objetividad.

En el Estado de Derecho, si existe la igualdad, el juicio penal no tiene verdades previas, ni absolutas ni asuntos que son absolutamente blancos o negros. Son realidades humanas, donde hay dolor, rabia, pasión, error. Entender qué ocurrió requiere análisis psicológicos, tecnológicos, biológicos, planimetricos, etc.

En consecuencia, estamos ante una situación donde choca el derecho que hemos construido, a la luz de principios universales y nuestra propia tradición jurídica frente a las operaciones psicológicas que tienden a dibujar una sola verdad en situaciones y sujetos diferentes.

Este tiempo de posverdades es una mala hora para el derecho penal porque intenta regresarlo a la oscuridad del derecho penal de autor, donde la pregunta no es qué, cómo y porqué lo hizo sino quién, para distinguir los eternos culpables y los siempre inocentes.

La exigencia de justicia en un país donde en las últimas décadas su principal “pata coja” del sistema de derechos humanos ha sido la capacidad de evitar la impunidad se encuentra ante dificultades que va mucho más allá de las posturas actuales de sus responsables. Sin embargo, si queremos razonar en qué no hay males que por bien no vengan, es tiempo de entrar a la médula del problema.

A los medios tradicionales, el derecho penal supo ponerle cotos y hacerles llamados de atención evitando que sus tribunas generaran la pena del banquillo, capaz de disociar el resultado judicial del anhelo social. En tiempos donde ni los mínimos se respetan, habrá que pensar también cómo se supera desde el derecho, en aras del principio de presunción de inocencia, este problema.-

¿Quién dice la verdad? Reflexiones a la luz de la controversia del Ministerio Público con VTV

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Desde marzo del presente año, Venezuela tiene en el ruedo político un particular conflicto. Mas allá de las consecuencias institucionales del mismo y de la gravedad política quiero referirme hoy al asunto de las verdades. Ahora, puestas en la escena.

La palabra verdad, del latín veritae, es un asunto muy complejo. Tanto que hoy nos preguntamos si las leyes de la física o las verdades de la astronomía son absolutas porque la tecnología nos permite ver cosas que estaban vedadas a los grandes genios que con intuición e inteligencia descubrieron este mundo.

La verdad es aun mas difícil de lograr en el mundo de las ciencias sociales que para acercarse ha desarrollado complejos modelos. Por eso es todo un asunto incluso pensar de que va el deber de decir la verdad.

En nuestro campo, en líneas muy generales, se trata de lograr una versión de los hechos que constituya una proposición que no se puede negar racionalmente, lo que lleva a un complejo proceso de construcción que es en todas sus fases controvertible.

¿Es verdad lo que dicen los medios? Es bastante improbable. Su ética exige intentar acercarse a una información veraz pero esta siempre será una versión de la historia por lo cual es tan importante el asunto de las fuentes, de la captación audiovisual y sobretodo de la responsabilidad ulterior de quienes la publican, acompañada con los derechos a la defensa, por la vía de la réplica, que tienen todas las personas a las cuales esta historia toque.

Por ello, se trata de un ejercicio profesional impregnado por el genérico deber de la buena fe y de la probidad propia y hacia la sociedad. La verdad de los noticieros tiene una relación tensa con la verdad de los juicios. De allí, que este sea un tema que se estudia desde el campo de los derechos humanos.

Los medios construyen una posesión de estado criminal, su señalamiento al llegar a la colectividad, puede generar que la gente adopte esa versión sin depurar como una verdad absoluta, lo cual no tan sólo puede que no sea sino que en sentido estricto, ni siquiera tiene como garantizarse que sea.

Nuestro modelo cultural, tras pasar varios ensayos, llegó a la idea que la reconstrucción de un suceso de interés penal es tan sólo posible mediante un juicio caracterizado por la confrontación de posturas y de elementos probatorios. La verdad exige un ejercicio profesional multidisciplinario que se ofrece a la luz del público a un funcionario experto en la aplicación del derecho. Por ende, la verdad no es tampoco un asunto que logre determinar un fiscal al cual el derecho tan solo le exige –lo que no es poca cosa-  demostrar ante un juez la existencia de elementos suficientes como para que pueda sostenerse un juicio.

Lo que maneja un fiscal, al cabo de una investigación que es un proceso largo en el que actúan distintos sujetos en diferentes roles, es una versión de los hechos contra la cual se desarrollan todas las presunciones legales porque recordemos que en nuestro país todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

El fiscal puede entonces manejar una segunda verdad que le es propia pero la maneja bajo la luz de un principio de objetividad que le exige que en caso que alguien le diga o algo sugiera que puede existir otra versión de los hechos, debe investigarlo también porque no puede trabajar con saña.

Al terminar una acusación y nacer un juicio se da el teatro moderno de la determinación de los hechos y de los culpables. Esta primera fase puede –aunque sea raro- terminar con una versión que todos acepten. Normalmente de allí comienza toda una batalla por exigir considerar aspectos que un primer juez no vio.

Esta verdad es procesal y humana, se adopta con el perdón de Dios en caso de errores, bajo el dogma de que alguien ha de pagar y salir de la sociedad. Muchas veces, la ciencia demuestra que lo que con tanta seguridad dictaminó un juez no era cierto y por eso, por ejemplo, son tantos los juicios en el mundo que castigaron con la pena de muerte a alguien que terminan con excusas públicas y compensaciones económicas.

Por ello, observamos que en la pugna política hay sujetos que buscan deconstruir la demarcación de los roles. Algo no es cierto porque lo diga un fiscal ni siquiera con palabras altisonantes ni con manejo de utilería no debidamente resguardada como evidencia. Por mucho que la imagen impacte. Tampoco tienen los periodistas el deber de llegar a la verdad absoluta, tienen el deber de informar con ética y de hacerse responsables por excesos o señalamientos injustos.

Lamentablemente vivimos en tiempos donde ser el titular importa mas que la verdad y algunos están en plena carrera por devenir superhéroes al mejor estilo del Capitán América, imponiéndonos a todos el deber de meditar los hechos al crisol de las estructuras tanto como bajo la lógica de los intereses.