¿Posverdades jurídicas?

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Según Wikipedia, el diccionario inglés Oxford declaró “post-truth”, como la palabra internacional del año 2016 y sin duda, si alguna academia local hiciera el mismo ejercicio sería la palabra del año 2017 en Venezuela. En estos tiempos, las noticias y la verdad se construyen dándole menos importancia  a los hechos objetivos, apelando a  las emociones y a las creencias personales. De modo, que la apariencia termina siendo más importante que la realidad.

Existe, en toda evidencia, un problema ético con esta tendencia. Sin embargo, hay quienes han demostrado lo útil que resulta pues algunas acciones, como las guerras que se dieron después del 11 de septiembre se justificaron con esta práctica.

En Venezuela, desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, se viene discutiendo esto como un mecanismo fundamental para la guerra psicológica y el descrédito del gobierno venezolano. Con una novedad en las últimas semanas donde estamos viendo aparecer un intento de posverdad jurídica. Lo cual no está exento de complicaciones y riesgos particulares.

Si una frase es odiosamente repetida en las escuelas de derecho positivistas, como las nuestras, es que la verdad sólo existe en el expediente. Nuestro sistema es un sistema con gríngolas que sólo ve lo que le es presentado y el juez, que es quien determina lo verdadero o falso, culpable o inocente, sólo puede referirse a aquello que le ha sido debidamente demostrado. Por eso, para ser no sólo tiene que parecer sino también tener la forma adecuada para que sea, incluso en los tiempos donde el formulismo se cuestiona como intrínsecamente injusto.

Si esto es verdad para saber quién hereda una casa o si una persona realmente trabajó el tiempo que dice en una empresa, es aún más delicado en materia penal.  El Código Penal que no es otra cosa que una lista de conductas que no se aceptan, conlleva a la realización de un procedimiento de comparación entre lo previsto y lo ocurrido; entre lo narrado y lo probado. Debiendo por orden de la ley y en protección de los que se señalen culpables, intentar mantenerse el juez lo más protegido de los prejuicios y las publicaciones que la prensa haga. Al punto que si un caso fue muy sonado debe mudarse el tribunal a otro sitio donde la gente no haya sido impresionada por la prensa o la sociedad.

¿Cómo juzgar en medio de esta guerra? Sin duda, será un reto enorme para los jueces cuando además se encuentran ante una situación donde los sujetos del proceso se contradicen y públicamente se exhiben evidencias que debieran ser tratadas dentro de las normas del Manual de Cadena de Custodia, y, en equilibrio de las partes.

En el presente, al menos según se desprende de las declaraciones a la prensa emanadas de la Fiscalía General de la República, estamos ante un momento donde la lógica del equilibrio del proceso penal ha sido fracturada. Al respecto, debemos saber que los juicios tienen normas que han sido determinadas como fundamentales, fijadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos como derivadas de la dignidad humana.

Así, todos son presumidos inocentes, individual y colectivamente; los hechos deben probarse determinando primero que ocurrieron, luego la manera en qué fueron y luego quiénes los cometieron. Todos estos aspectos, los presenta ante un juez que tiene el deber de garantizar derechos, un fiscal que ha de acusar, dentro del marco de un principio de objetividad.

En el Estado de Derecho, si existe la igualdad, el juicio penal no tiene verdades previas, ni absolutas ni asuntos que son absolutamente blancos o negros. Son realidades humanas, donde hay dolor, rabia, pasión, error. Entender qué ocurrió requiere análisis psicológicos, tecnológicos, biológicos, planimetricos, etc.

En consecuencia, estamos ante una situación donde choca el derecho que hemos construido, a la luz de principios universales y nuestra propia tradición jurídica frente a las operaciones psicológicas que tienden a dibujar una sola verdad en situaciones y sujetos diferentes.

Este tiempo de posverdades es una mala hora para el derecho penal porque intenta regresarlo a la oscuridad del derecho penal de autor, donde la pregunta no es qué, cómo y porqué lo hizo sino quién, para distinguir los eternos culpables y los siempre inocentes.

La exigencia de justicia en un país donde en las últimas décadas su principal “pata coja” del sistema de derechos humanos ha sido la capacidad de evitar la impunidad se encuentra ante dificultades que va mucho más allá de las posturas actuales de sus responsables. Sin embargo, si queremos razonar en qué no hay males que por bien no vengan, es tiempo de entrar a la médula del problema.

A los medios tradicionales, el derecho penal supo ponerle cotos y hacerles llamados de atención evitando que sus tribunas generaran la pena del banquillo, capaz de disociar el resultado judicial del anhelo social. En tiempos donde ni los mínimos se respetan, habrá que pensar también cómo se supera desde el derecho, en aras del principio de presunción de inocencia, este problema.-

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