Culpables sin delito. Notas sobre la acusación penal de los candidatos a la ANC.

55b91a4f390b3_d

Son tantos los movimientos políticos que se están dando en Venezuela que son, desde el punto de vista jurídico, absurdos y temerarios, que algunos parecen ser parte de una estrategia mayor que pretende quedar inadvertida. No se trata tan solo de un asunto que deba leerse desde el derecho constitucional o internacional, ramas que hoy felizmente son defendidas con patriotismo por muchos juristas nacionales sino también, y quizás, sobretodo de un ataque al núcleo de la concepción del derecho penal en Venezuela.

Aclaremos algo, esto no va sobre las últimas actuaciones de la Fiscala General de la República sino de acciones más pequeñas, que a veces no ocupan titulares pero que se van acumulando.

Tomamos como primer asunto el hecho que todas las personas, según disposición constitucional y legal, en Venezuela se presumen inocente a la vez que son responsables civil y penalmente. Por lo que hacemos y no por quienes somos, hemos de responder. La responsabilidad que quizás podemos simplificar en la idea de no causar daño y no incurrir en una conducta prohibida nos acompaña a todos, desde el momento en el que alcanzamos la edad de ser tenidos como responsables, la adolescencia para ser sancionados y la adultez para ser penados.

Ahora bien, eso tiene necesariamente un contrapeso. Si todos debemos responder debemos hacerlo tan solo por lo que hemos hecho. De modo, que existe una duda, base de la convivencia que señala que no se puede acusar alegremente y que las acusaciones deben probarse y si se demostrara que el hecho ocurrió, que yo lo cometí y que no hay una justificación legal a lo que hice, debo responder. Lo mismo la hija de María que el diputado o el Presidente.

En esa lógica, mi vida, mi libertad, mis bienes y mi responsabilidad tienen la misma protección independientemente de la posición social que tenga, de la familia de la que provenga, etc., esto es lo que significa la frase tradicional de ser iguales ante la ley.

De las clases de Derecho Penal I, recuerdo con claridad el ejemplo que ponía mi Profesor donde se preguntaba si al salir a la calle un ciudadano podía apresarse por usar una franela de un color que no le gustara a un policía. La respuesta era evidentemente que no. Sin embargo, no era tan solo por una norma de convivencia o un asunto de sentido común sin o sobretodo porque para que alguien sea administrativamente responsable tiene que haber una falta, y, para que sea penalmente responsable, tiene que existir un delito.

Un delito es un concepto complicado porque es ante todo una conducta prevista y descrita en el Código Penal u otra ley de esa naturaleza, a la cual, debe ajustarse con certeza la actuación de un ciudadano. Esto, nos ubica en la idea que nuestro sistema punitivo sea de actos y no de autores. No existen los siempre culpables y los eternos inocentes sino tan solo hechos prohibidos y/o autorizados.

El mes de junio se ha intentado, ahora materializada en una denuncia presentada por Juan Requesens ante la Fiscalía, romper una norma tan elemental como esta para la democracia cuando se determina una relevancia penal de la inscripción de un par de miles de ciudadanos y ciudadanas a una forma política como lo es la Asamblea Nacional Constituyente.

Intentando así, el delicado camino de la judicialización de la política además del invento más descarado de tipos penales que no existen porque no puede determinarse una responsabilidad penal derivada de acudir a un llamado del Poder Electoral.

Cuando nosotros vemos esto, el uso cada vez más recurrente a inexistentes tipificaciones penales, asi como, la determinación a priori de la irresponsabilidad de algunos, así causen la muerte, y la absoluta responsabilidad de otros, así hayan actuado en legítima defensa, nosotros debemos de recordar que hasta los noventa en Venezuela rigió un derecho penal categorizado por la determinación previa del sujeto y secundaria, de los actos.

El derecho penal en Venezuela es una de las partes más obsoletas de nuestro sistema jurídico, anclado en un código casi centenario que describe conductas que hoy incluso nos cuesta describir y una norma procesal heredada de los últimos meses de la IV República pero uno de los pocos elementos de adecuación al estándar internacional es el hecho de la determinación del universo de los ciudadanos como responsables que siempre se presumen inocentes, que responden a la dureza de la ley por igual siempre y cuando sus actos sean típicos, antijurídicos y culpables.

El uso del sistema de justicia, nótese el sentido amplio, como mecanismo para ir a cambios políticos antidemocráticos ha venido siendo utilizado en esta nueva era de golpes de estados encubiertos. Que no nos tomen por sorpresa estas prácticas que con tanta tranca y altisonancia, se van haciendo.

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s