Sistema de Justicia ¿El aumento de las penas como solución?

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La reciente decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de permitir el juzgamiento en libertad, o,  que el cumplimiento de penas no fuera mediante el régimen cerrado, de las personas implicadas en actos de importancia política en el país parece haber abierto el tema de la justicia en la agenda constituyente enVenezuela.

En este contexto una de las ideas que parece estar rondando es el aumento de las penas porque, sin que tengamos un instrumento que permita ver esto de manera objetiva, consideramos que para la inmensa mayoría de las personas, las penas son muy cortas o que, hacer justicia es encarcelar personas.

Vamos a intentar analizar esto desde tres angulos: el primero, la eficacia –o no- de un aumento de las penas como mecanismo para combatir la delincuencia; el segundo, los pocos casos en los que con las previsiones del actual Código Penal puede darse esta situación y el tema penitenciario en sí.

  1. a) El aumento de las penas

La pena, a nuestros efectos, es una situación excepcional que se activa cuando ha habido una interacción de instituciones capaces de demostrar que un sujeto a infringido las normas conductuales de nuestra sociedad. Por ende, vamos a ver que esta ya sea mediante la privación absoluta de la libertad física, la imposición de obligaciones de hacer o de no hacer.ocurre como situación excepcional que se contrapone al estado general de libertad en el que nacen y de ordinario permanecen los ciudadanos y ciudadanas.

Esto porque la libertad es un derecho civil fundamental, consagrado en laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela y que no puede ser objeto de limitación alguna, salvo en los casos excepcionalmente previstos por la legislación.

Esto ocurre sólo de dos maneras: una privación judicial preventiva de libertad cuya aplicación se encuentra supeditada al cumplimiento estricto de unos elementos de procedibilidad previstos en el artículo 250 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que se utiliza en materia penal ordinaria y supletoriamente en las materias especiales tales como en violencia de género.

Quedando un segundo supuesto, aquel en que una persona ha sido objeto de un debido proceso ha recibido una sanción penal, o derivada de la responsabilidad penal del adolescente, que amerite una pena privativa de libertad.

La privación de la libertad por parte de un órgano del Estado es un momento sensible ante el cual las autoridades deben estar alerta. La experiencia muestra que en los centros penitenciarios o centros de detención se alcanza el más alto riesgo de encontrarse ante prácticas de tortura, trato denigrante, golpizas e incluso de que un agente del Estado cause la muerte de una persona.

Por ello, el proceso de privación de libertad cuenta con una serie de garantías y mecanismos de protección contemplados en los principales tratados internacionales de derechos humanos, cuyo objetivo es resguardar el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de los detenidos y detenidas. Los estándares internacionales son claros respecto de la solución a la compleja tensión entre asegurar la sanción penal y resguardar los derechos fundamentales del privado de libertad o de la  privada de libertad.

Para ello, las medidas apuntan en dos direcciones. Se debe entonces en primer lugar, impedir que para el logro de sus objetivos penitenciarios y preventivos generales el Estado configure actos de tortura física o psicológica, y en segundo lugar, recalcar que la persona privada de libertad se encuentra en un estado de indefensión del cual el propio Estado la debe resguardar.

Entonces debemos considerar que son dos cosas diferentes de las que estamos hablando aunque en la prensa o en el sentir público las tratemos como si fuesen lo mismo:

  1. a) el momento donde alguien es presentado ante la justicia que según la Constitución debe procurarse que esto se haga preservando la libertad de las personas porque nadie puede ser penado hasta tanto se haya comprobado su culpabilidad.
  2. b) y luego, el tiempo que la gente estaría penada (castigada) si se comprueba que la persona cometió un delito que se sancione de esta forma.

La primera situación está muy relacionada con el tema que se presenta con frecuencia ante la opinión pública y es el hecho que los juicios duran demasiado porque las audiencias se difieren. Entonces tenemos personas que probablemente no sean penadas que han pasado largos periodos detenidas, en clara contradicción con el régimen de los derechos fundamentales. Esto debe evitarse y existen iniciativas para procurar que a las personas en esta condición, por delitos de cualquier naturaleza, se les libere.

Si esto se configura volveremos a tener un escenario complicado para la opinión pública acostumbrada a simplificar el asunto presentando que la respuestas a la impunidad es detener, en flagrancia de preferencia, a las personas que alguien señala como implicadas en delitos.

Es incluso un tema sumamente interesante para el debate constitucional porque nos va a enfrentar las contradicciones que tenemos entre el derecho, las practicas periodísticas y lo que creemos es el sentir mayoritario de la gente sobre la materia porque muchas veces solemos escuchar decir cosas del estilo “es que a la gente le gusta que le muestren personas detenidas”.

De modo que, tenemos que abrirnos a estas preguntas ¿Creemos en el juicio en libertad o no? ¿Si aceptamos que la regla sea que las personas imputadas queden presas quién y cómo compensan los daños sufridos por personas cuya culpabilidad no será probada? ¿Cuánta es la duración máxima de un juicio?

Luego de ello  y bien separado el régimen de los procesados de aquél que se corresponde con los penados vamos a tener frente a nosotros otros asuntos entre los cuales, e primero  es tan filosófico como interrogarnos para qué sirve que alguien vaya preso si, al final de cuenta los asesinados no resucitan y creemos que la cárcel sirve tan sólo para perfeccionar las técnicas de los delincuentes.

Entonces, en mi opinión, de entrada no podemos centrarnos en pensar si una pena es –o no- muy larga sino vemos primero para qué sirve que alguien esté preso. En tal sentido, se puede observar que el sistema penitenciario venezolano, creado en la Colonia, sufrió relativamente pocas modificaciones y que fue una constante el entender lo penitenciario como parte de la potestad administrativa.

Esto confirma la denuncia de Binder[1] sobre la materia penitenciaria y es que en la práctica las penas suelen consistir, de manera obligatoria y por mandato judicial, en que “una persona sea encerrada en una jaula, y pase allí, supongamos, los siguientes diez años de su vida.”[2]

Lo anterior es una situación que podríamos describir como antigua, permanente y universal, puesto que viene de la dificultad de entender cuáles son las misiones y los objetivos de la prisión como institución y el lugar que tiene el detenido en la institución penitenciaria, y, en definitiva, en la sociedad.

De allí que para Larralde[3], “la prisión constituya una institución compleja, en la cual confluyen varias teorías, muchas veces ambivalentes y que tiene emparejado una multiplicación de funciones que la Administración Penitenciaria ha de cumplir”[4].

Por lo cual, a lo planteado por Binder se le suma que en la actualidad el ius puniendi del Estado ha perdido su cualidad de ilimitado al encontrarse necesariamente sometido al ímpetu y al contenido del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. De allí, que le haya tocado su turno de someterse, como le correspondió a la escuela y al ejercito, al respeto del derecho y en especial, a la obligación de respetar los derechos humanos.

Lo anterior es producto de nuevos paradigmas en materia penitenciaria que se fueron incorporando progresivamente en distintos Estados y que son definidos por Redor-Fichot[5] como un progreso no sólo de los derechos sino en sí mismo como un “progreso del derecho”, porque con ellos el régimen penitenciario superó el estadio de “infraderecho”[6] y acercó a las personas privadas de libertad a un régimen más general, el de los administrados y en definitiva, el de los sujetos de derecho.

Es decir, que el tiempo de reclusión ya no equivale al fin de la personalidad sino tan sólo la limitación de la libertad pues, la vida de una persona natural sólo se extingue cuando se produce la muerte física.

Así las cosas hoy en día pensamos que la gente no puede ser penada simplemente para que quede detenida o a los fines de que las victimas sientan vengadas las afrontas que los criminales les han hecho sino sobre todo para reinsertar, o, transformar en el lenguaje penitenciario venezolano actual, a quienes son detenidos.

Por ende, el ingreso de una persona al sistema penitenciario, el Estado adquiere la obligación de proveer al ciudadano o ciudadana atención integral que incluye la acción de custodia para conseguir la transformación del individuo. En base a ello, la estancia de una persona en un centro penitenciario va a ser en cierto modo un proyecto individual pues su duración y severidad se verán influidas por su actos individuales.

Por lo que, dos homicidas que han sido detenidos por un mismo acto, juzgados por un mismo juez, penados en una misma cárcel podrán tener periodos y formas de cumplimiento de sus penas que son profundamente distintos porque si uno de ellos, estudia y trabaja, la ley tendrá un régimen que le ayudará a salir de una manera mucho más pronta y tener condiciones menos difíciles que su colega que se niega a colaborar.

Y esto no es más que una contextualización del problema que además tiene por base un sistema penal muy antiguo cuyas penas fueron pensadas en función de la longevidad de las personas en el siglo XIX y cuya escala de valores ha sido intervenida en función de que existen hechos que han sensibilizado la opinión pública.

Por lo cual, son muy raros los casos en los cuales vamos a ver que las penas se harán mas largas si tan sólo eliminamos o modificamos la cláusula que establece la pena máxima en la Constitución, en virtud que la pena que una persona recibe es el resultado de una previsión legal intervenida con las situaciones agravantes y atenuantes que consiga en el caso concreto, la autoridad judicial.

Por ello, con tantas aristas y una innegable importancia para la construcción del mundo que queremos nos atrevemos a plantear que el debate de la justicia debe definir previamente algunos asuntos: cuáles son los delitos más graves en el país y cómo castigamos los delitos (lo que lleva necesariamente a terminar de convocar el debate sobre el Código Penal pospuesto al menos desde hace cincuenta años); cuál fórmula tendrán los juicios para un mejor equilibrio entre los intereses que en ellos se concretan; cuáles son los beneficios que se otorgaran a las personas que cumplen una pena; qué importancia tiene la opinión y el deseo de las víctimas individuales o colectivas al momento de condenar o valorar el cumplimiento de las condenas por parte de los delincuentes.

En conclusión, hay mucho más trabajo que cambiar una línea de la Constitución.

[1]Alberto Binder, argentino, Procesalista, Experto en Sistemas Judiciales, es miembro del consejo asesor del Inecip – Argentina (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales), Director del instituto latinoamericano sobre seguridad y democracia (Ilsed), miembro titular del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal Penal, igualmente Director del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (Ceppas). En el campo docente, es profesor de Derecho Procesal penal de postgrado en la universidad de Buenos Aires. También docente en la universidad nacional del Comahue, San Juan Bosco de la Patagonia; en la Universidad de Zulia Venezuela y Diego Portales de Chile. Además es asesor técnico de los procesos de reforma judicial en Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana y otros países de América latina.

[2] BINDER, Alberto. Introducción al Derecho Procesal Penal. Primera Edición. Buenos Aires, Argentina, Editorial AD HOC, 1993. página 274

[3] Jean-Manuel Larralde, Profesor de Derecho Público de la Universidad de Caen Baja Normandía (Francia) investigador en Derechos Fundamentales, Convención Europea de Derechos Humanos, Derechos de las Personas encarceladas y Teoría del Estado

[4] LARRALDE, Jean-Manuel. Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation. Article paru au CRDF de l’Université de Caen-Basse Normandie, n°2, 2003, p. 63

[5] Marie-Joelle Redor Fichot. Profesora de Derecho Público en la Universidad de Caen Baja Normandía. Coordinadora del Centro de Investigaciones sobre los Derechos Fundamentales y las Evoluciones del Derecho.

[6] REDOR-FICHOT, Marie-Joëlle. Synthèse parue au CRDF de l’Université de Caen-Basse Normandie, n°2, 2003, p. 78

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