Julián Casanova, que según su página web es un profesor de la Universidad de Zaragoza tiene un artículo donde afirma que “Keynes fue el primero en advertir en 1919 las consecuencias negativas de los tratados de paz para la futura estabilidad política y económica europea. A Keynes las condiciones impuestas por el tratado de Versalles a Alemania le parecían injustas e inaplicables.” Lo que pasó después de ese tratado y esa humillación de Alemania es historia conocida y dolorosa.

No es mi intención detenerme a razonar sobre si de haber sido justo este tratado, de haber sancionado menos, de haber humillado menos a los alemanes, la Segunda Guerra no se hubiese dado, no hubiese muerto tanta gente o no hubiese quedado en la historia como legado de aquellos años las terribles ideas del nazismo. Por el contrario, es intentar tomar ese razonamiento para seguir denunciando que las sanciones como antes lo dijo la ONU y recientemente lo dijo el New York Times o ahora Jeffrey Sachs, tan sólo agravan la situación económica, social y política de Venezuela.

Para sancionar a un país, en el marco de la ONU, se requeriría mucho más que un decreto de la OFAC que no es otra cosa que un simple acto administrativo nacional dictado unilateralmente por un gobierno, hecho además por la presunción de aquél de la existencia de un acto reprochable y de un patrimonio que pueden afectar. Siendo en la realidad, la sanción más pesada el simple dictado del acto que, sin que haya mediado ningún descargo o defensa, hace que una persona aparezca en la categoría de malvados del cuento que se narra.

Ahora, al tema de las sanciones cuando ya dejaron de simular ser parciales e individuales, que ya todo el mundo admite como capaces de “maximizar el dolor”, afectar la prestación de los servicios públicos o de las garantías de los derechos, debe reaccionarse mediante la búsqueda de la justicia porque generan consecuencias que, en su amplitud, azarosamente se individualizan en una persona u otra.

Este es un tema que a mí me preocupa mucho. En algunos foros se viene repitiendo incesantemente que estos actos constituyen crímenes de lesa humanidad. De ser así, serían delitos y cualquiera que conozca un mínimo de teoría del Derecho Penal sabe que para que un acto realmente se convierta en un delito tiene que mediar una interrelación entre los individuos dotados de la capacidad necesaria para que así lo establezcan y así lo penalicen.

¿Es este espacio la Corte Penal Internacional? Puede que una lectura del Estatuto de Roma nos diga que si pero que una lectura de la jurisprudencia de la Corte, así como de los Estados que pueden ser enjuiciados por ella, nos diga que no. Entonces ¿puede el Estado que es aquella figura todopoderosa del Derecho político convertirse en un conejo cazado e indefenso, obligado o rendirse y a humillarse? Pero sobretodo ¿están sus ciudadanos obligados a soportarlo?

La falta de justicia convierte un delito común en una violación de Derechos Humanos. Al menos en el plano nacional. Con esa idea se me hace imposible justificar que pueda el espacio internacional, que se reconoce como mérito ir dándole más importancia a las personas físicas, desprenderse simplemente de la obligación de hacer justicia y proscribir actos que rompan los esquemas de colaboración entre países y condenen pueblos enteros al subdesarrollo.

Para mí, como ciudadana y como abogada, este es un campo fundamental de este momento de nuestra historia y aclaro que para mí esto viene a sumarse a un clamor histórico de justicia, en todos los planos, que tiene este pueblo porque para mí, insistir en esta denuncia no es el descarte de la necesidad que sean establecidas responsabilidades y las personas respondan por actos que, en administración de los bienes públicos, hayan podido cometer y contribuyan a una situación económica delicada en el país.

Esta justicia. Esta noción de responsabilidad de cada individuo, esta necesidad de recuperar un marco de valores y líneas de convivencia es cada vez más urgente en Venezuela. Sin duda, los últimos hechos tienen muchas lecturas posibles pero hay una que no puede dejarse de lado.

Hay que ver la increíble resistencia de este pueblo y cómo evita caer en escenarios violentos. Esto debe ser reconocido con el mayor esfuerzo por fortalecer las instituciones republicanas. Mal puede pagarse el espíritu de paz y de patriotismo de este pueblo, condenándole eternamente a soporta precariedades y alejarse del disfrute de bienes y derechos tan fundamentales como los que se ven comprometidos por estos actos.

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