Miladis, Davismar, Denia, Katerin, Eucaris, Leonelis, Evelyn, Carmen Cecilia, Leonides, Francis, Yumaira, Noralis, Yoselyn, Angelyn, Florangel son algunos de los nombres de las mujeres asesinadas en 2019.

En Venezuela los asesinatos de las mujeres por parte de sus compañeros sentimentales, antiguas parejas, padres u otras personas que tienen con ellas relaciones de jerarquía vienen en aumento. Según un recuento publicado por Aimee Zambrano Ortiz, en lo que va del 2019 la prensa ha reflejado que se han cometido 79 actos compatibles con femicidios de los cuales muy pocos han impactado la opinión pública.

Uno de los que si lo logró fue el asesinato de Mayell Hernández, la bailarina de UNEARTE cuya muerte se viralizó en redes sociales y generó el compromiso de los distintos poderes públicos de reformar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fijando como promesa que se aumentará la pena que recibirán los femicidas.

En el marco de este proceso de revisión legislativa así como tomando en cuenta que el femicidio es un delito que tiene una gran incidencia nosotros queremos pensar cuáles son las falencias de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que favorecen que se sigan asesinando mujeres y si realmente un aumento de pena del delito mayor es una medida idónea para evitar su comisión.

En primer término, debemos tomar en cuenta que según la ONU cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia que de ese número, aproximadamente 30.000 fueron asesinadas por su pareja, mientras que otras 20.000 lo fueron por un familiar. Que si bien en el mundo mueren por homicidios intencionales simples más hombres que mujeres,  los asesinatos de las mujeres suelen ser cometidos, en un 64% de los casos, por personas que las cometían.

A nivel de estas estadísticas mundiales suele observarse que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, como las prostitutas no suelen contarse cuando son asesinadas por sujetos que participan de su trata o esclavitud. En el caso venezolano, vemos que muchos delitos cometidos en las periferias de las ciudades donde son asesinadas mujeres tampoco la prensa suele entenderlos como femicidios.

Seguidamente, tomando en cuenta que estamos en septiembre, quisiéramos comparar los 79 casos de los que habla Zambrano Ortiz con estadísticas publicadas anteriormente. Así, incorporamos los datos publicados por la CEPAL en la “Nota para la Igualdad Nº 27: El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres” en la que Venezuela figura con 122 femicidios en 2016. Por lo cual, el hecho no vendría aumentando o  al menos los datos recogidos por Zambrano Ortiz no están completos, habida cuenta que el CIPCP ha informado oficialmente que se ha dado un incremento de estos delitos, sin ofrecer una data disgregada de lo dicho.

En líneas generales para entender el femicidio tenemos que considerar que:

  • La mayoría de las víctimas de asesinato son hombres. Sin embargo, es mucho más probable que las mujeres mueran a manos de los allegados más cercanos.
  • Por eso la ONU advierte que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar.
  • En casos excepcionales, las mujeres también pueden ser femicidas. Por ejemplo, puede que algunas parientes cometan homicidios por honor, en los que las familiares asesinan a una niña o mujer por supuestamente haber deshonrado a su familia.

Jurídicamente en Venezuela se incorporó este delito y su definición en la reforma de 2014 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalando que “es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado.” (artículo 15,2)

El tipo penal quedó fijado en el artículo 57 que incorporamos a continuación, seguido de un artículo que contempla los tipos agravados.

  Artículo 57. El que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión.   Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes cir­cunstancias: 1. En el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género. 2. La víctima presente signos de violencia sexual. 3. La víctima presente lesiones o mutilaciones de­gradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte. 4. El cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público. 5. El autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer. 6. Se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta Ley, denunciada o no por la víctima.   Por ser considerado un delito contra los derechos humanos, quien fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho a gozar de los benefi­cios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

Es importante que nosotros veamos que al delito ya se le ha dado legalmente la máxima pena y que el in fine nos ubica que este delito tiene un régimen excepcional que limita todas las formas por las que, legalmente, una persona termina pagando menos pena que la que le fue impuesta por un juez.

Así observamos que el femicidio viene a tener una pena mucho mayor que la que el Código Penal le da al homicidio intencional simple que castiga con “presidio de doce a dieciocho años”, que recibe todos los beneficios procesales y en la ejecución de la pena previstos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo cual, nosotros observamos que la vigente ley ya le dio al femicidio todo el peso que, en la pena podía darle y que esto no ha sido capaz de reducir la incidencia del delito y que la capacidad de reformar la pena es mínima dado que ya quedó fijada en los máximos que la Constitución permite.

Allí es importante reformular la pregunta y centrarnos en porqué la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no ha logrado reducir los femicidios, para lo cual, pienso que debemos analizar el hecho que el femicidio no suele darse como un acto único sino como el eslabón final de un ciclo de violencia. Por ende, los femicidios son en cierto modo procesos de violencia que no fueron advertidos o atendidos debidamente cuando se presentaban todavía como violencia física o psicológica, amenaza o acoso.

Estos delitos cuando los leemos si tenemos una diferencia importante en las penas porque se encuentran en rangos punitivos que son valorados como de poca envergadura, por lo cual, bajo ideas como la economía procesal suelen ser descartados o no penados al ser entendidos como hechos irrelevantes.

Si este es un ángulo que pienso debe incorporarse al debate para que la reforma no sea excluir las normas del artículo 37 del Código Penal (que ordena aplicar el término medio de lo que dice el legislador como extremos de la pena) o que en definitiva no se pueda reformar mayor cosa, el punto fundamental no está en la penología  sino en cuáles han sido las políticas públicas, las campañas comunicacionales que trabajan en la prevención del delito.

En este punto, hay un hecho que se observa como particularmente perturbador y es la frecuencia en este 2019 de funcionarios policiales confesándose femicidas tras asesinar a sus parejas o exparejas, generalmente con sus armas de reglamento, lo que parece indicar que la sensibilización de los funcionarios y las funcionarias públicas es una actividad que no está arrojando los frutos esperados.

¿Será que las estrategias de prevención previstas legalmente no son suficientes o no se encuentran plenamente ejecutadas? De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, las estrategias de prevención deben ser equilibradas y enfocadas en las causas.

En consecuencia, varios enfoques pueden ser utilizados para prevenir la violencia. Las intervenciones ambientales y situacionales pueden reducir las oportunidades para la delincuencia; las intervenciones educativas y sociales promueven el bienestar y  trabajan para prevenir el envolvimiento de las familias, los niños y los jóvenes en la delincuencia o la victimización; los enfoques basados en comunidad ayuden a crear la capacidad local y la cohesión social; y los enfoques de rehabilitación social pueden prevenir la recaída.

En este proceso de construcción de una cultura de paz, con bases en la prevención de la violencia entre los jóvenes, las organizaciones no gubernamentales,  la sociedad civil desempeña un papel central, como en efecto hemos venido observando con las campañas que denuncian la desatención de alguna víctima y que han logrado evitar un desenlace fatal de alguna situación.

Son estas partes de las consideraciones que estimo deben plantearse si el objetivo real no es cambiar la ley sino evitar la repetición de estas situaciones cuya gravedad conocemos y cuya erradicación es un compromiso ético que hemos adquirido.-

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