#ElDerechoAlDerecho: Celulares y Derechos Individuales

Saludos queridos usuarios y usuarias,

¿Cómo les va, tienen el celular en la mano? Al parecer ahora lo agarramos al despertarnos, mientras desayunamos, mientras viajamos hasta cuando manejamos, durante una comida y antes de dormir ¿Alguna vez te has puesto a pensar si ahora eres incapaz de vivir sin tu smartphone?. Esto es un tema que ya vienen observando los psicologos que consideran que para la mayoría de nostros ya son una adicción, que han cambiado nuestra manera de ser así cuando vamos a cenar con un grupo de amigos nadie despega la vista del celular y ahora vamos a un paseo o a un concierto a mirarlo a través de la cámara del teléfono en vez de admirar el paisaje con nuestros ojos.

Aunque todavía la adicción al celular no está tipificada como trastorno en las clasificaciones homologadas de enfermedades mentales, al igual que sucede con la compra compulsiva, la realidad va por delante de la comunidad científica y ya es común que se hable de trastornos asociados, como la ansiedad o el miedo que nos produce la idea de quedarnos sin nuestro celular.

Ahora si esto es un punto que merece que le prestemos atención porque prestarle más atención al celular que a la realidad hace que nos perdamos parte de nuestra vida, nos alejemos de quiénes tenemos cerca y además es una falta de respeto estos hechos no pasan inadvertidos para el derecho y vamos a pensarlo.

Primero: en el presente existe una gran cantidad de leyes en el mundo que hablan de los delitos que se cometen en línea y hoy en día nos conectamos más con nuestros celulares que con las computadoras. En este sentido nosotros podemos cometer o ser víctimas de delitos informaticos o crímenes en los entornos virtuales.

De todos ellos, en Venezuela hemos hablado bastante de las redes, en especial de Twitter y Facebook donde se cometen muchos crímenes de odio hoy regulados en el artículo 14 Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, en tanto estas son plataformas muy activas en lo político.

Sin embargo, puede que usted cierre esas dos plataformas o no las tenga y no se haya dado cuenta hasta que punto el Whatsapp ha cambiado, para bien y para mal nuestra vida. Veamos, el Whatsapp es un invento ucraniano que moviliza diariamente 42.000 millones de mensajes de texto, 1600 millones de fotografías y más de 250 millones de vídeos.

Desde el punto de vista de la psicología, es una herramienta terrible para personas que sufren de dependencia psicológica o que son impulsivas. Las primeras pueden pasar la vida viendo el estado de alguien, escribiendo y entrando en verdaderas crisis si otra persona no les contesta. Las segundas, tienen en la inmediatez un enemigo porque el medio favorece que digan cosas de las que luego se arrepienten.

Segundo: ¿Qué pasa si eso favorce que nos acosen? Recordemos que ninguna persona puede acosar a otra, independientemente de que sea tu pareja, un amigo o incluso un familiar. La ley es clara prohibiendo estas conductas y no las relaja porque se cometan con un celular y no se distingue tampoco cual herramienta de su móvil usa para perseguirnos.

En estos casos se habla de ciberacoso que es lo que comete una persona cuando tiene como propósito vigilar los movimientos diarios de la víctima a través de las redes sociales –facebook, Instagram, twitter- y una vez obtenida la información privada comienza su proceso de acoso, lo que lleva al acoso sexual, u obsesión amorosa, sin poder aceptar un rechazo por parte de la víctima. En caso de que esto ocurra dentro de una pareja se trata de un delito de violencia doméstica así no se dé dentro del hogar.

Tercero. Hay otras formas de violencia qe se favorecen como la violencia verbal, donde de nuevo los insultos, la injuria, la amenaza o en general la violencia psicologica siguen siendo delitos.

Cuarto. ¿Te has puesto a pensar sobre las capturas de conversaciones que guardas, envias o recibes? En principio, tú puedes compartir conversaciones en las que tú apareces. Sin embargo, si en ellas se comparte información de un tercero y tú haces la captura y la compartes puedes estar rompiendo la confidencialidad de una comunicación o tener problemas por publicar datos personales sin haber sido autorizado para ello. Por eso, si tú haces una captura de pantalla y la compartes sin tapar el número, nombre y apellidos de las personas que aparecen te podrían denunciar

Quinto. Nunca te has puesto a pensar cómo afecta el celular tu trabajo, ¿Crees que puede un trabajador pasar el día chateando? o ¿que un empleador requerir la atención a cualquier hora sobre sus dudas o encomiendas? Ya algunos dibujan que existe un verdadero derecho a desconectarse o que, deben los patronos reconocer como horas extras los contactos por mensajería con los trabajadores. Eventualmente, veremos también, nuevas justificaciones para despidos que intentarán las empresas en contra de quienes pasan el día en el aparato.

Sexto. Es sumamente importante que nosotros tomemos en cuenta que a través del uso que le demos a nuestros celulares también le podemos crear daños a terceros, por ejemplo, difundiendo contenido falso o infamante sobre alguien, como esa foto bochornosa que se pasaron todos en la oficina de cuando fulanita se emborrachó o de la vida privada de menganito. Esto dejando de lado todo el daño que le causa a la comunidad y al país lo fácil que se transmiten fakenews a través de nuestros celulares.

No se trata entonces de tenerles miedo pero si de detenernos a pensar qué pasa y cómo se afectan nuestros derechos y los de los demás con el uso que hacemos de nuestro celular. Al ver todo esto quizás es la hora para que revisemos si estamos haciendo las cosas bien o pensar si nos hemos contagiado sin saberlo de esta curiosa enfermedad de la nomofobia y estamos encerrados en el miedo a perdernos algo que ocurra en nuestro aparatito, lo que nos obliga hoy a pensarlo conscientemente.

Sin duda, vivimos mejor cuando logramos forzarnos a apagarlo y ver la vida con colores, texturas, sensaciones y olores. Así como tenemos que pensar que la construcción de ese nuevo hombre al que aspiramos, exige entender que hoy está atado por los ojos a grilletes que parecen favorecer que se sienta angustiado, violento e infeliz.

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Mesa de Diálogo para la convivencia: primera valoración



El lunes 16 de septiembre de 2019, en la Casa Amarilla de Caracas se dio una reunión entre el gobierno y algunos sectores de la oposición que cambió el panorama político del país. Como en todos los procesos de diálogo este inicia sin que podamos saber cómo terminará exactamente porque éstos se construyen día a día, con el esfuerzo y voluntad de las partes. Ahora bien, nosotros queremos mirarlo con una postura que ya sabe que estas iniciativas son difíciles y no siempre triunfan pero queremos hacerlo con el optimismo que merece que se vea un intento de superar la crisis o al menos de alejar la guerra.

¿Qué tan cerca está la guerra?

Las dos primeras semanas de septiembre han estado llenas de noticias para Venezuela. Quizás la más importante fue que la jugada de fakelaw (falso derecho) referida al TIAR avanzó mediante la celebración de una reunión donde presuntamente se permitió su invocación en Venezuela. Para nosotros, como ya lo hemos dicho antes, esta simulación demuestra que se utiliza un discurso con forma de legalidad para justificar un crimen de agresión.

Si partimos por mirar la simulación veremos que Venezuela no es parte del TIAR porque la República lo denunció válidamente y adicionalmente no se cumplieron en Caracas los pasos para que se adopte un tratado. Por eso, no hay una ley aprobatoria, ni hubo un recorrido previo de la Cancillería. Existe un “acuerdo” que no es la forma constitucional para ratificar ningún tratado y que se dictó en un Parlamento cuyas actuaciones fueron declaradas nulas por la Sala Constitucional.

Adicionalmente, el TIAR no contiene autorización para agredir a un país sino hipotéticamente un protocolo para defender a un Estado americano que se encuentra amenazado por un miembro externo a nuestro Continente, lo que no ha ocurrido sino que por el contrario son países americanos que buscan crear un marco para justificsr un acto de agresión que es en el marco del Derecho de Roma, un delito.

Al tiempo que este escenario se daba en la OEA se empezaba a ver más movimiento en las fronteras, con el tema de la posible negociación del Esequibo así como la reactivación de la guerra en Colombia, en la cual, según el relato de Bogotá, participa Venezuela. Este es el marco que justificó que exista una alerta naranja en el país, que se hagan unos ejercicios militares y que se haya activado el Consejo de Defensa de la Nación.

Es en este cuadro, en el que parecía que un escenario bélico se acercaba que también se vio un traslado de los protagonistas cuando en Washington se dio la destitución de Bolton y una primera postura de Trump diciendo que se había excedido, al tiempo que los miembros del Grupo de Lima, en especial los miembros fronterizos de esta estructura parecían ganar protagonismo.

Los Acuerdos de Caracas

En la noche del domingo 15 de septiembre, desde las estructuras de Guaidó empezó a hablarse de que esa delegación adversaba la postura del gobierno al tiempo que se sabía que se daría una actividad en la Casa Amarilla. La situación no ganó mucha visibilidad tras el escándalo que se generó cuando Juan Guaidó  apareció retratado con grupos paramilitares colombianos.

Al día siguiente, se dio la rueda de prensa que anunció esta nueva estrategia y sus primeros acuerdos. Es importante mirar esta vez cómo se construyó el consenso y que demuestra que algunas posturas del gobierno no le son exclusivas sino que son las que tiene una parte más importante del espectro político venezolano. Me refiero en específico al rechazo de una lesión territorial (entrega del territorio en reclamación), a las consecuencias del embargo (solicitud de mecanismos ONU para canje de petróleo por medicinas, alimentos y servicios) así como la negativa a una acción armada extranjera incursionando en el país.

De estas tres primeras posturas que son declaraciones de principios podría esperarse que se desarrollen mediante otras declaraciones y diligencias internacionales pero en todo caso demuestran que en estos elementos el gobierno no está solo y puede verse acompañado por otros sujetos a la hora de retomar –si ocurriese- un diálogo con la oposición extrema. En caso de que esto no ocurra es posible que veamos una nueva arquitectura política en el país donde los extremos radicales quedan desplazados.

La lectura de las primeras reacciones ante estos hechos parecen distinguir entre quiénes son sujetos que cumplen una función legitimadora de las intenciones foráneas y quiénes son sujetos políticos que aspiran que la solución se configure a través del juego interno. Este escenario es de hecho uno de los más interesantes porque en él se observa que los personajes que tienen más edad, más trabajo político y menos vínculos internacionales son los que aparecen en esta mesa de un modo que parecen resistirse, dentro de la oposición, a ser liderados por una camada de millenials interesados en acciones financieras de gran envergadura que requieren la lesión del patrimonio nacional como vía de enriquecimiento y el apoyo extranjero para su comisión.

Sin embargo, son los otros acuerdos los que llaman la atención de la opinión pública que se llena de preguntas sobre el cuándo, el cómo e incluso el porqué de los acuerdos sobre la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral. Es importante que tengamos en cuenta que todos los procesos de diálogo requieren paciencia y que son sus protagonistas los que irán determinando la respuesta a estas preguntas, por lo que solo podemos intentar aproximarnos a escenarios basados en la información que públicamente se tiene en Venezuela.

¿Asamblea Nacional o Asamblea Nacional Constituyente?

En el presente en Venezuela existen dos cuerpos llamados Asamblea pero esto es lo único que tienen en común porque siendo las dos instituciones constitucionales, tienen un origen normativo e histórico distinto. Recordemos que la Asamblea Nacional, es el Poder Legislativo, por ende, es poder constituido. Su actual conformación es el resultado de las elecciones de diciembre de 2015 y que se encuentra en conflicto con el Poder Judicial desde julio de 2016.

La Asamblea Nacional Constituyente es un cuerpo originario y extraordinario, convocado en 2017 cuya función principal es construir el orden normativo fundamental de la República así como, siguiendo a Humberto J La Roche, servir para superar un momento de crisis institucional, tensión política y dificultad que comprometa el país.

La Asamblea Nacional Constituyente se rige por la Constitución, sus bases normativas y sus documentos, entre los cuales aquél que fijó su coexistencia con el Poder Constituido no eliminó, alteró, ni disolvió a la Asamblea Nacional. Su duración es aquella que determinen sus miembros, en función de las bases comiciales y su poder supremo, ya en mayo de este año fue extendido al menos hasta el 2020, lo que puede acortarse por decisión de este cuerpo, o, porque terminen la redacción de una nueva Carta Magna.

La Asamblea Nacional, como poder constituido se encuentra subordinada a la ANC como los otros cuatro poderes públicos nacionales. Su situación está enmarcada en el conflicto con el Poder Judicial sobre el cuál si se pronunció la mesa del 16 de septiembre, así que parece que esta unidad exhortará al Tribunal Supremo de Justicia que resuelva el fondo de la controversia así como buscará que una Asamblea Nacional, a la que vuelven miembros que antes no estaban, bien porque eran del Gran Polo Patriótico o porque regresan al país o a la política,  que la Asamblea Nacional abandone la contumacia frente al ente judicial.

La segunda categoría de preguntas se centra en los diputados y diputadas del Gran Polo Patriótico, al respecto, quiénes se reincorporarán y cuándo parece un terreno demasiado amplio para intentar hacer proyecciones pero debemos observar que hay entre ellos sujetos en situaciones diferentes.

Por ejemplo, existen diputados del Gran Polo Patriótico que no tienen destinos públicos adicionales sólo son diputados y diputadas que no estaban asistiendo al parlamento; otros fueron electos funcionarios públicos y son hoy en día Gobernadores (Víctor Clark, Omar Prieto o Héctor Rodríguez); otros, tienen cargos dentro del Poder Ejecutivo y finalmente, un grupo se fue a la Constituyente, debiendo observar que constituyente no es una de las categorías previstas en las normas que rigen los funcionarios y sobre esto veremos seguramente debates en las Asambleas y quizás se requiera alguna interpretación normativa.

Solamente con estos elementos nos damos cuenta que estamos ante un escenario complejo pero que guarda el mérito de ser un intento de solución nacional al conflicto, cuya evolución y éxito no podemos pronosticar pero si desear y que no significa en sí mismo que vayan a disminuir las controversias incluso esta estrategia puede generar nuevas tensiones en los sectores que se estimen excluidos; al tiempo que también –aunque suene contradictorio- puede ser la base para una reconfiguración de jornadas como las que se han desarrollado en Oslo, a las cuales el chavismo volvería ampliado en los respaldos y previamente comprometido con algunas soluciones como retomar el escenario de la Asamblea Nacional, debatir las reglas electorales para el 2020 y cambiar la configuración actual del Consejo Nacional Electoral.



¿Por qué la ley no evita los femicidios?

Miladis, Davismar, Denia, Katerin, Eucaris, Leonelis, Evelyn, Carmen Cecilia, Leonides, Francis, Yumaira, Noralis, Yoselyn, Angelyn, Florangel son algunos de los nombres de las mujeres asesinadas en 2019.

En Venezuela los asesinatos de las mujeres por parte de sus compañeros sentimentales, antiguas parejas, padres u otras personas que tienen con ellas relaciones de jerarquía vienen en aumento. Según un recuento publicado por Aimee Zambrano Ortiz, en lo que va del 2019 la prensa ha reflejado que se han cometido 79 actos compatibles con femicidios de los cuales muy pocos han impactado la opinión pública.

Uno de los que si lo logró fue el asesinato de Mayell Hernández, la bailarina de UNEARTE cuya muerte se viralizó en redes sociales y generó el compromiso de los distintos poderes públicos de reformar la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia fijando como promesa que se aumentará la pena que recibirán los femicidas.

En el marco de este proceso de revisión legislativa así como tomando en cuenta que el femicidio es un delito que tiene una gran incidencia nosotros queremos pensar cuáles son las falencias de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que favorecen que se sigan asesinando mujeres y si realmente un aumento de pena del delito mayor es una medida idónea para evitar su comisión.

En primer término, debemos tomar en cuenta que según la ONU cada día un promedio de 137 mujeres alrededor del mundo mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia que de ese número, aproximadamente 30.000 fueron asesinadas por su pareja, mientras que otras 20.000 lo fueron por un familiar. Que si bien en el mundo mueren por homicidios intencionales simples más hombres que mujeres,  los asesinatos de las mujeres suelen ser cometidos, en un 64% de los casos, por personas que las cometían.

A nivel de estas estadísticas mundiales suele observarse que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad, como las prostitutas no suelen contarse cuando son asesinadas por sujetos que participan de su trata o esclavitud. En el caso venezolano, vemos que muchos delitos cometidos en las periferias de las ciudades donde son asesinadas mujeres tampoco la prensa suele entenderlos como femicidios.

Seguidamente, tomando en cuenta que estamos en septiembre, quisiéramos comparar los 79 casos de los que habla Zambrano Ortiz con estadísticas publicadas anteriormente. Así, incorporamos los datos publicados por la CEPAL en la “Nota para la Igualdad Nº 27: El feminicidio, la expresión más extrema de la violencia contra las mujeres” en la que Venezuela figura con 122 femicidios en 2016. Por lo cual, el hecho no vendría aumentando o  al menos los datos recogidos por Zambrano Ortiz no están completos, habida cuenta que el CIPCP ha informado oficialmente que se ha dado un incremento de estos delitos, sin ofrecer una data disgregada de lo dicho.

En líneas generales para entender el femicidio tenemos que considerar que:

  • La mayoría de las víctimas de asesinato son hombres. Sin embargo, es mucho más probable que las mujeres mueran a manos de los allegados más cercanos.
  • Por eso la ONU advierte que el lugar más peligroso para una mujer es su hogar.
  • En casos excepcionales, las mujeres también pueden ser femicidas. Por ejemplo, puede que algunas parientes cometan homicidios por honor, en los que las familiares asesinan a una niña o mujer por supuestamente haber deshonrado a su familia.

Jurídicamente en Venezuela se incorporó este delito y su definición en la reforma de 2014 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señalando que “es la forma extrema de violencia de género, causada por odio o desprecio a su condición de mujer, que degenera en su muerte, producidas tanto en el ámbito público como privado.” (artículo 15,2)

El tipo penal quedó fijado en el artículo 57 que incorporamos a continuación, seguido de un artículo que contempla los tipos agravados.

  Artículo 57. El que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de mujer, incurre en el delito de femicidio, que será sancionado con penas de veinte a veinticinco años de prisión.   Se considera odio o desprecio a la condición de mujer cuando ocurra alguna de las siguientes cir­cunstancias: 1. En el contexto de relaciones de dominación y subordinación basadas en el género. 2. La víctima presente signos de violencia sexual. 3. La víctima presente lesiones o mutilaciones de­gradantes o infamantes previas o posteriores a su muerte. 4. El cadáver de la víctima haya sido expuesto o exhibido en lugar público. 5. El autor se haya aprovechado de las condiciones de riesgo o vulnerabilidad física o psicológica en que se encontraba la mujer. 6. Se demuestre que hubo algún antecedente de violencia contra la mujer en cualquiera de las formas establecidas en esta Ley, denunciada o no por la víctima.   Por ser considerado un delito contra los derechos humanos, quien fuere sancionado por el delito de femicidio no tendrá derecho a gozar de los benefi­cios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

Es importante que nosotros veamos que al delito ya se le ha dado legalmente la máxima pena y que el in fine nos ubica que este delito tiene un régimen excepcional que limita todas las formas por las que, legalmente, una persona termina pagando menos pena que la que le fue impuesta por un juez.

Así observamos que el femicidio viene a tener una pena mucho mayor que la que el Código Penal le da al homicidio intencional simple que castiga con “presidio de doce a dieciocho años”, que recibe todos los beneficios procesales y en la ejecución de la pena previstos en el Código Orgánico Procesal Penal.

Por lo cual, nosotros observamos que la vigente ley ya le dio al femicidio todo el peso que, en la pena podía darle y que esto no ha sido capaz de reducir la incidencia del delito y que la capacidad de reformar la pena es mínima dado que ya quedó fijada en los máximos que la Constitución permite.

Allí es importante reformular la pregunta y centrarnos en porqué la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no ha logrado reducir los femicidios, para lo cual, pienso que debemos analizar el hecho que el femicidio no suele darse como un acto único sino como el eslabón final de un ciclo de violencia. Por ende, los femicidios son en cierto modo procesos de violencia que no fueron advertidos o atendidos debidamente cuando se presentaban todavía como violencia física o psicológica, amenaza o acoso.

Estos delitos cuando los leemos si tenemos una diferencia importante en las penas porque se encuentran en rangos punitivos que son valorados como de poca envergadura, por lo cual, bajo ideas como la economía procesal suelen ser descartados o no penados al ser entendidos como hechos irrelevantes.

Si este es un ángulo que pienso debe incorporarse al debate para que la reforma no sea excluir las normas del artículo 37 del Código Penal (que ordena aplicar el término medio de lo que dice el legislador como extremos de la pena) o que en definitiva no se pueda reformar mayor cosa, el punto fundamental no está en la penología  sino en cuáles han sido las políticas públicas, las campañas comunicacionales que trabajan en la prevención del delito.

En este punto, hay un hecho que se observa como particularmente perturbador y es la frecuencia en este 2019 de funcionarios policiales confesándose femicidas tras asesinar a sus parejas o exparejas, generalmente con sus armas de reglamento, lo que parece indicar que la sensibilización de los funcionarios y las funcionarias públicas es una actividad que no está arrojando los frutos esperados.

¿Será que las estrategias de prevención previstas legalmente no son suficientes o no se encuentran plenamente ejecutadas? De acuerdo con las recomendaciones de las Naciones Unidas, las estrategias de prevención deben ser equilibradas y enfocadas en las causas.

En consecuencia, varios enfoques pueden ser utilizados para prevenir la violencia. Las intervenciones ambientales y situacionales pueden reducir las oportunidades para la delincuencia; las intervenciones educativas y sociales promueven el bienestar y  trabajan para prevenir el envolvimiento de las familias, los niños y los jóvenes en la delincuencia o la victimización; los enfoques basados en comunidad ayuden a crear la capacidad local y la cohesión social; y los enfoques de rehabilitación social pueden prevenir la recaída.

En este proceso de construcción de una cultura de paz, con bases en la prevención de la violencia entre los jóvenes, las organizaciones no gubernamentales,  la sociedad civil desempeña un papel central, como en efecto hemos venido observando con las campañas que denuncian la desatención de alguna víctima y que han logrado evitar un desenlace fatal de alguna situación.

Son estas partes de las consideraciones que estimo deben plantearse si el objetivo real no es cambiar la ley sino evitar la repetición de estas situaciones cuya gravedad conocemos y cuya erradicación es un compromiso ético que hemos adquirido.-

Violencia de género en línea

El 11 de septiembre de 2019, la Comisión de la mujer y equidad de género de la Asamblea Nacional Constituyente realizó una jornada pública para valorar aspectos no consagrados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, valorando entre otros los delitos que pueden cometerse en línea. Aquí el desarrollo que presentamos por solicitud de esa suprema autoridad.

Los niños especiales y la escuela

Estamos en septiembre y en Venezuela es tiempo de ir abriendo las escuelas. Por eso, vamos a dedicar la edición del día de hoy al derecho a la educación pero siempre recordando la existencia y los derechos de quienes son más débiles. Hoy le dedicamos este espacio a los niños, niñas y adolescentes con discapacidades y a las muy valientes mamás, a los papás y a todas las familias que procuran su bienestar.

El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el derecho a la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 proclama: “Toda persona tiene derecho a la educación.” Desde entonces, el derecho a la educación ha sido ampliamente reconocido y desarrollado por un número de instrumentos normativos internacionales elaborados por las Naciones Unidas, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.

También ha sido ratificado en otros tratados referentes a grupos específicos (mujeres y niñas, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, pueblos indígenas, etc.) o contextos (educación durante conflictos armados). Igualmente ha sido incorporado en diversos tratados regionales y consagrado como un derecho en la gran mayoría de las constituciones nacionales.

En Venezuela, la educación está consagrada en el Artículo 102 que la entiende como un derecho humano y un deber social fundamental y desarrollada en la Ley Orgánica de Educación que en su artículo 1 establece que en ningún caso pueden darse actos discriminatorios contra sus destinatarios, entre otras razones por discapacidad. Las personas con discapacidad también tienen sus derechos en el país, desarrollados principalmente en la Ley para las personas con discapacidad.

Allí, en específico el artículo 16 señala que “toda persona con discapacidad tiene derecho a asistir a una institución o centro educativo para obtener educación, formación o capacitación. No deben exponerse razones de discapacidad para impedir el ingreso a institutos de educación regular básica, media, diversificada, técnica o superior, formación preprofesional o en disciplinas o técnicas que capaciten para el trabajo. No deben exponerse razones de edad para el ingreso o permanencia de personas con discapacidad en centros o instituciones educativas de cualquier nivel o tipo.”

De este universo nosotros, en el marco del regreso a las clases queremos hablar de los niños, niñas y adolescentes. Los que comúnmente llamamos niños y niñas especiales todos aquellos que puedan necesitar ayuda adicional debido a un problema médico, emocional o de aprendizaje. Estos niños tienen necesidades especiales porque pueden necesitar medicinas, terapia o ayuda adicional en el colegio, cosas que otros niños no suelen necesitar o solo necesitan de vez en cuando.

Un niño que padece una enfermedad, como la epilepsia, la diabetes o la parálisis cerebral, también tendría necesidades especiales. Pueden necesitar medicinas u otro tipo de ayuda para realizar sus actividades diarias. Los niños con problemas de visión podrían necesitar libros en Braille. Los niños con problemas de audición o de habla también tendrían necesidades especiales. Es posible que un niño que tiene problemas de audición necesite audífonos para oír y logopedia, puesto que es difícil pronunciar las palabras correctamente cuando uno no puede oírlas muy bien.

¿Qué dice en Venezuela la ley sobre su derecho a la educación? En primer lugar siguen teniendo derecho a la educación y el Estado junto con las familias y la sociedad debe garantizarlo. ¿Cómo? Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Personas con Discapacidad.

Artículo 18. El Estado regulará las características, condiciones y modalidades de la educación dirigida a personas con discapacidad, atendiendo a las cualidades y necesidades individuales de quienes sean cursantes o participantes, con el propósito de brindar, a través de instituciones de educación especializada, la formación y capacitación necesarias, adecuadas a las aptitudes y condiciones de desenvolvimiento personal, con el propósito de facilitar la inserción en la escuela regular hasta el nivel máximo alcanzable en el tipo y grado de discapacidad específica.

Las personas con discapacidad que no puedan recibir educación básica contarán con servicios apropiados que garanticen su desarrollo y bienestar, incluyendo los brindados en los centros de enseñanza especializada.

Quienes deban permanecer en escuelas especializadas por el grado de su discapacidad intelectual, deben ser atendidos, independientemente de su edad cronológica.

Los familiares de niños, niñas y adolescentes con discapacidad deben ser informados y educados adecuadamente acerca de la discapacidad de que se trate, y capacitados para ser copartícipes eficientes en las actividades educativas y formativas de ellas y ellos.

Es decir que en líneas generales, los niños y niñas especiales van a la escuela y sólo cuando su grado de discapacidad les impida la educación tradicional deben ir a instituciones especializadas, las cuales deben existir para que estas personas no queden al margen de la sociedad.

La manera como se les garantiza el derecho han evolucionado en el tiempo, durante mucho tiempo privó un modelo segregacionista que considera que  los niños especiales deben ir a escuelas especiales con profesores especiales, separadas de las escuelas ordinarias con niños normales. . La segregación se funda en un modelo médico según el cual el problema reside en el niño/a.

Luego, se prefirió la integración que busca que los alumnos con una diversidad “asistan a una escuela convencional, mientras puedan adaptarse y cumplir los requisitos normalizados del centro docente.”. Eso significa que es el niño o niña con discapacidad el/la que debe adaptarse al sistema ordinario, mediante terapia o rehabilitación.

Hoy en día, desde los foros internacionales como la UNESCO se defiende la idea de la  educación inclusiva “como un proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación288 y, en este sentido, añade que “el objetivo fundamental de la educación inclusiva es la participación eficaz de una persona en la sociedad y que esa persona pueda aprovechar al máximo sus posibilidades

Desde el punto de vista de la educación inclusiva, entonces, debemos concebir la escuela como un entorno que no pone requisitos de entrada, ni mecanismos de selección o discriminación, de tal manera que se cumplan y hagan realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación de los niños y niñas con discapacidad. Además, para que esta inclusión sea posible, a su vez, tenemos que reducir las barreras y mejorar el aprendizaje, con una participación social caracterizada por la colaboración entre diferentes actores (profesorado, padre, alumnos, administración).

Por lo tanto, queridos usuarios y queridas usuarias, en primer lugar si tienen bajo su custodia o son padres, madres y representantes de niños o niñas especiales, tienen la obligación de procurarles educación. Si tienen inconvenientes para la inscripción en un colegio que no les acepta por su condición pueden dirigirse al CONAPDIS, o, al Consejo de Protección de su Municipio o finalmente a la Zona educativa.

En caso que el pequeño o la pequeña no tenga condiciones para asistir a la educación ordinaria es importante que busquen información sobre centros alternativos o especiales para niños y niñas con discapacidad pero siempre es importante que recordemos que todos y todas tenemos derechos y la educación es la puerta para su mayor autonomía y felicidad.

Migraciones en el presente: una introducción al tema

En agosto de 2018 destinamos varios artículos al fenómeno migratorio. Al leerlo, observábamos cómo este constituye una preocupación creciente para el Derecho, como ha alcanzado records histórico en el presente y cómo, en el caso venezolano, es el resultado de las acciones que se han ejecutado sobre el país. Un año después la migración sigue ocupando las primeras páginas del mundo que observa la política de “Tolerancia 0” de Donald Trump, la crisis del Mediterráneo y que reporta los movimientos migratorios suramericanos centrados en los que protagonizan los venezolanos.

En una primera aproximación veremos que la migración es una situación que tensa la máxima que establece que todas las personas son iguales, tienen los mismos derechos y cuentan con la posibilidad de desplazarse, al confrontarla a la idea de que los Estados, dentro de su soberanía, pueden decidir qué personas reciben y que trato les dan. En este tema, más allá del derecho a entrar, permanecer o abandonar un país comienza a observarse que la movilidad es un campo donde existen muchas categorías y que el tratamiento que reciben varía profundamente en relación a cuál sea su condición.

Así las cosas, un migrante es toda persona que se encuentra en un país distinto a aquél donde nació de manera ininterrumpida, haciendo su vida, por un lapso de al menos un año. La migración puede ser por razones laborales, por razones económicas, por razones políticas –aquí veremos el refugio y el asilo-, de estudio, de reagrupamiento familiar. Los inversionistas o titulares de capitales importantes que se instalan en el extranjero aunque puedan entrar en esta categoría no suelen recibir el tratamiento de migrantes.

Dentro de las migraciones económicas, las migraciones laborales son las únicas que han disminuido porque estas figuras se observaron con mucha más fuerza en el siglo XX, sobretodo en el contexto de la posguerra, donde se empleaban grandes grupos de extranjeros para que realizaran un trabajo o se unieran a una labor, cuyos términos se pactaban antes del desplazamiento, creciendo las migraciones económicas que se dan con menos seguridad sobre cuál es el destino así la aspiración sea lograr alcanzar un espacio de trabajo.

Ahora bien, lo que distingue a cuál categoría pertenece una persona extranjera es el Derecho que aplica el país de recepción. Los estatus de refugio y asilo suelen regirse por lo dispuesto en el Derecho de Ginebra pero sus normas se desarrollan en la legislación nacional, que también suele incluir cuáles son las otras categorías que acepta y bajo cuáles exigencias.

Puede, en la realidad, una persona estar en una situación que  involucre varias de estas categorías o intentar desplazarse entre ellas. Por ejemplo, si entró a un país por medio de un reagrupamiento familiar y empieza a estudiar o a trabajar.

Leer las migraciones en el presente

En el presente, siguen los Estados Unidos y Europa siendo los principales destinos de las poblaciones migrantes. Sin embargo, existen cambios en las rutas de los migrantes que se reflejan en los datos que publican las Naciones Unidas porque en el presente, aumentan las migraciones que se dan dentro de los mismos continentes. Así, Estados Unidos recibe hoy más población latinoamericana que proveniente de Italia, Irlanda o China desde donde en el pasado llegó mucha gente.

Esto nos configura como puntos de gran tensión la zona del mediterráneo que es el paso para los migrantes del Magreb, así como la desértica parte sur de los Estados Unidos. Otro punto importante, es Rusia que recibe una significativa cantidad de migrantes económicos de los países vecinos. 

Ahora, los análisis que intentan determinar las razones de las migraciones humanas las asocian con las diferencias que existen entre los países. En especial, en lo referido a los niveles de desarrollo humano. Los cuales se miden considerando la esperanza de vida, el nivel de educación y la calidad de vida en cada país. También configuran nuevas formas de economía, principalmente determinadas por las remesas que vienen a ser un factor importante para los indicadores de los países que tienen grandes poblaciones emigrantes.

Si esto suele generar un regreso de dinero, especialistas como Catherine de Wenden de Sciences Po, explican que los migrantes aumentan la migración porque el fenómeno estimula la salida de otras personas que aspiran enviar dinero como aquellos que les precedieron, o, reencontrarse con quienes se han ido. Por lo cual, salvo algunos casos, principalmente de chinos que trabajan en el extranjero para enviar dinero para invertir en el sureste de su país, la migración suele alentar a otros a partir y no se hace con la aspiración de regresar.

De la no violencia a la igualdad. El feminismo y el derecho.

Hoy nos convoca otro tema muy grande de nuestra actualidad y esta vez el feminismo. No nos convoca en todas sus facetas o espacios. Nos convoca en lo jurídico. Esto porque el feminismo ha sido una fuerte oleada de cambios, de exigencia en lo jurídico. Esta pequeña máquina de ideas ha cambiado un montón de cosas que desde el Derecho Romano se entendían de una manera y permanecieron incólumes hasta el siglo XX.

Decimos esto porque el derecho, como sistema normativo tiene adentro un sistema de valores. Normas éticas, morales y religiosas. En especial en el Derecho¨Penal y en las construcciones fundamentales del Derecho de las ¨Personas, es decir, en la manera que entiende la titularidad de los derechos. Así las cosas, nuestros Derechos Humanos, el catálogo, es un hijo de la Declaración francesa de 1789 que reconoció derechos al hombre y al ciudadano. Por ende, no le dio derechos a las mujeres ni significó universalmente la abolición de la esclavitud y mucho menos de la discriminación por raza, género o credo.

Dicho esto, lo entendemos más fácil. El feminismo es para el Derecho un conjunto de oleadas, de movimientos, capaces de golpear desde las bases al Derecho. Primero diciéndole que las mujeres existen, luego exigiéndole dejarlas participar y luego, al develar normas injustas por discriminatorias o que afianzan el patriarcado. Finalmente, el feminismo le ha exigido al Derecho que se transforme, que cree nuevas leyes para evitar la violencia.

La evolución en los distintos países no la vamos a encontrar como una línea recta ni una sucesión en el mismo orden en cada Estado. Por ejemplo, en Estados Unidos ha sido fundamental el tema desde lo judicial. En Europa ha habido tendencia a adoptar los cambios por medio de la ley y alguna reticencia, por ejemplo, en Francia a que el feminismo le cambie los nombres a las viejas cosas. Para decir por ejemplo, femicidio y no homicidio cuando una mujer es asesinada por razones vinculadas con el patriarcado.

Pisando Venezuela, hay datos que tomar en cuenta. Veamos la historia. En Venezuela las mujeres pueden votar desde 1947. La participación económica creció significativamente en los años 70 y la participación política nace en 1979 cuando llega a Ministra la primera mujer y luego tiene un empuje desde el Congreso.  En los años noventa nacen las oficinas sobre temas de mujer, primero en el Ministerio Público, luego con la creación del Consejo Nacional de la Mujer y en 1993 se dicta una ley de igualdad de oportunidades para la mujer.

La conquista definitiva de los derechos se da en 1999 cuando suben al máximo nivel lo ya alcanzado, se crea el lenguaje de género y se busca una igualdad plena, que proteja y destierre todas las formas de discriminación del pasado. Por ejemplo, al reconocer que el trabajo domestico también es trabajo y por eso merecen las personas que lo efectúan protección social.

Hablemos del presente: sobre el plano de la igualdad vemos los datos presentados en 2018 por la organización el “Entrompe de Falopio” según los cuales la mitad de las mujeres venezolanas tienen entre 20 y 54 años, por lo que están en edad productiva, tienen una media de vida de 78 años, en promedio tienen 2 hijos, el 40% vive en un hogar sin pareja, y el 23% de las madres no llegan a tener 19 años. Según el mismo informe, en el espacio público en ninguna entidad mayor las mujeres pasan del 25% de la composición del organismo a excepción del Tribunal Supremo de Justicia que está conformado paritariamente. 

Al lado de estos datos que nos permiten constatar que los esfuerzos por la paridad que se han hecho principalmente desde el Consejo Nacional electoral, no han logrado aumentar la presencia de las mujeres en los cargos de elección popular, existen otros. Los de la violencia. En este mes de agosto, el Cuerpo de Investigaciones Cientificas, Penales y Criminalisticas, anunció que se han registrado en lo que va de 2019, 1.180 casos de abuso sexual y un incremento de los femicidios.

Lo cual debe medirse con cautela porque son siempre estos delitos parte de los que menos se denuncian. En datos, de nuevo del Entrompe de Falopio, también existe una tendencia al incremento de la denuncia por los demás delitos de violencia desde el 2016 según las datas de INAMUJER. Destacando según esa misma fuente los delitos sexuales.

¿Por qué crece la violencia? Todas las crisis económicas y las situaciones de conflictividad social aumentan la violencia en todas sus formas y entre todos los miembros de las comunidades. Sin embargo, en materia de mujeres, existen informes que reportan que la violencia ha aumentado en intensidad y extensión en la medida que la igualdad ha sido mayor.

Digámoslo de alguna manera sencilla. Algunos de aquellos que no están de acuerdo con la igualdad, se frustran lo que queda muy cerca de la violencia y por ende, quieren cobrarle a las que les rodea, lo que Lydda Franco Derecho llamaba el “50% 50%” “el derecho que adquirimos de perder como iguales el paraíso”:

¿Qué se ha hecho contra la violencia? Empezamos por ver que se dictó una ley en 2007 que fue novedosa en los tipos de violencia que reconoció, por tener un procedimiento oral y abreviado que amplió los supuestos de flagrancia. Para que la ley se aplicara se crearon tribunales especiales los cuales existen en muchas partes del país pero también se dispuso una estructura completa de protección, centrada en brindarle seguridad y orientación a las mujeres víctimas.

En esta perspectiva, la violencia de género no es un hecho privado, intimo ni espontaneo. Se trata de un hecho cultural, de una espiral y de una violación deDerechos Humanos. La violencia arranca por los micromachismos: esos pequeños actos que no solemos ver. Algunos son justificados incluso como maneras de querer, por ejemplo, diciendo que son celos.

Al llegar a los tribunales, la ley fue ampliando algunas de sus normas y encontrándose con realidades particulares. Por ejemplo, la protección de las niñas y las mujeres indígenas que son violentadas en entornos que justifican los hechos en su derecho a la cultura ancestral que les da la constitución. Se amplió el valor probatorio de lo que dice la víctima o de exámenes médicos privados por las dificultades que tienen los juicios en esta materia y, se estableció que parte de estos delitos, en especial los sexuales, son delitos atroces.

Ahora bien, ni la ley, ni las políticas públicas que la desarrollan ni los procesos penales que se siguen por sus normas fueron capaces hasta ahora de evitar la muerte de la mujer a manos de compañeros sentimentales, padres, padrastros, abuelos o cualquier otra persona que ejerza una autoridad patriarcal sobre ella. Por eso la ley se reformó en 2014 creando el tipo penal del femicidio que es el acto último de violencia que puede cometerse contra una mujer, en tanto, este origina su muerte.

La reforma tampoco ha evitado que incrementen los casos. De allí que desde 2018, esta legislación sea objeto de debates sobre cómo hacerla más efectiva. Un sector apunta que debe aumentarse las penas, lo cual, es sumamente engorroso porque ya la ley vigente establece condenas al tope de lo que permite la Constitución venezolana y omite que los criminólogos piensan que no es el tiempo que alguien esté preso lo que hace que alguien no cometa un delito sino la posibilidad cierta de ser condenado. Es decir, que habrían menos femicidios si las investigaciones y los juicios son más eficientes y no si la pena que le pondrían al autor es mayor o menor.

El aumento de la pena, como propuesta, también rompe parte de la lógica del sistema normativo porque deja una enorme distancia entre este delito y aquellos que, como actos previos, se cometen que, de detectarse, investigarse y castigarse debidamente impedirían que se consume el femicidio. Allí, que este debate deba abrirse sobre las causas pero prestar mucha atención a las estrategias, en especial a aquellas que nos han fallado.

Existen otros feminismos que luchan contra las viejas normas jurídicas o proponiendo que se creen nuevas. En especial para las corrientes socialistas, el tema de los derechos laborales y las condiciones sociales que reproducen la vulnerabilidad de la mujer son fundamentales. Allí, encontraremos todos los caminos que piensan que debe hacerse derecho para evitar la maternidad precoz, para acompañar a las madres y desexualizar las cargas del hogar.

Es interesante este punto para pensarlo porque para el feminismo neoliberal, que cree en las campañas de redes sociales, el feminismo es tan sólo un componente de lo que es políticamente correcto y se basta con la idea de que matar a una mujer está mal y que debe existir una paridad entre personas que socialmente son iguales, manteniendo las distancias de clases. Centrándose, por ejemplo, en las teorías del techo invisible que denuncian que a iguales cargos existen diferentes remuneraciones y no apuntan sobre todas las dificultades adicionales que, en virtud de su género, enfrentan las mujeres para llegar a ocupar esos espacios.

En la agenda, observamos que la Asamblea Nacional Constituyente examina una reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia; que el Tribunal Supremo de Justicia tiene en su haber una acción judicial que busca la despenalización del aborto y que cada día encontramos más campañas que claman justicia por actos como el femicidio de Sheyla, el de Mayell o el de Angela.

Por ello, es tiempo de mirar qué derecho queremos, desde cuál perspectiva y cuál ideología porque en el feminismo como en ninguna otra área, las banderas que se escojan son ideológicamente neutras.