En el nombre de Newton

Isaac Newton, el genio que al ver una manzana parió la física, tuvo una personalidad ensimismada y obsesiva que, hoy muchos consideran que se encontraba dentro del espectro autista. Dicen que murió virgen, que no se le conocieron novias ni amigos. Se encerraba a trabajar y no paraba. Dicen que no dormía. No trabajaba para ganar fama, guardaba sus descubrimientos. Trabajaba porque quería encontrar la respuesta. Quería saber qué era el mundo y él lo veía de una manera distinta.

¿Cómo sería su infancia? ¿Cuál idea se le metería en la cabeza? ¿Qué ruido le molestaría? ¿Qué le perturbaría? Se sabe que fue prematuro, violento y que se llevaba mal con su padrastro. De modo que actuaba como suelen hacerlo los niños autistas.

Pero Newton fue Newton. ¿Quién además de él pudo marcar la ciencia de un modo tan contundente? Se dice que sólo antes lo hizo Copérnico y Galilei, que luego sólo Albert Einstein. Por ello, es una de las biografías y de las mentes que se han recordado desde hace siglos. Jugando con estas ideas, en Newton se prueba que las personas fuera de los convencionalismos son a veces las que más aportan y en su biografía se reivindica la necesidad de incluir a muchos que, por compartir sus características, suelen ser apartados del sistema escolar o son maltratados en él.

Es curioso como en las escuelas no nos dicen quiénes fueron los hombres y las mujeres detrás de las teorías que nos hacen memorizar. No le dicen a un niño ensimismado, que se parecía a este gran genio porque él también era una persona tímida. Por no hacerlo, se pierde la oportunidad de que los niños y las niñas, sientan que tienen delante de ellos el universo entero, todos los caminos que quieran andar y que pueden llegar muy lejos.

Además de lo pedagógico, estas consideraciones abren la puerta para pensar un tema jurídico apremiante, ¿qué hacen en el presente los Estados para convertir el Derecho en las muletas que requieren los niños y las niñas con diversidad funcional o discapacidades, en ciudadanos plenos y ver en ellos, su genialidad, su ternura, sus ganas?

Todas las personas tienen derecho a un desarrollo óptimo, a un proyecto de vida, a aportar a su familia y a su comunidad pero parece que no solemos pensar en ello. Se lo dejamos a los entornos más cercanos a las personas que tienen estas condiciones. Es decir, el Estado deja de mirar la sobrecarga que significa para cada padre, para cada madre, enfrentarse a un Goliat insensible y a directivos escolares que buscan la manera de no asumir un alumno o a una alumna que entienden como un problema adicional.

¿Cuántas políticas públicas toman en cuenta la diversidad? ¿Cómo evoluciona la educación para incluir armónicamente? ¿Cuál vocería y cuál apoyo tienen las familias? ¿Cómo trabaja la mamá de una persona especial si el sistema no está sensibilizado? ¿Sino trabaja, de qué vive?

Existe en Venezuela una “Ley para las personas con discapacidad” como un paragua que engloba todas las personas que entran en esta categoría y una cláusula constitucional que les otorga derechos pero no existe jurisprudencia especializada ni leyes especiales para las diversas condiciones. Incluidas aquellas diversidades que, le dan necesidades propias a una persona pero no son discapacidades en sentido legal.

La vida de los padres de un niño con Down, la adultez de esa persona, requiere un apoyo que atienda las necesidades materiales, educacionales y laborales de ese ciudadano, porque es bueno decirlo, diverso y especial, es un ciudadano o una ciudadana. Su protección que es importante me parece no es exactamente la misma que requiere una persona con autismo, en cualquiera de sus grados, que es también una condición a atender legalmente.

Recuerdo finalmente pensando en estos temas que hay que cuidase de sólo dictar clausulas constitucionales o leyes marco porque podríamos incurrir en lo que dice Eduardo Barcesat, es tan sólo colocar anuncios de salida para una autopista que nunca terminamos de construir o de pavimentar. Es necesario tomar el tiempo para construir, tabla de asfalto por tabla de asfalto, el camino para el ejercicio pleno de los derechos.  Es momento también de buscar enfoques que superen el paternalismo, esa idea de que son seres que sólo exigen prestaciones o atenciones porque cuando lo hacemos olvidamos que si sabemos que la gravedad existe es porque un autista nos los dijo.-

#ElDerechoAlDerecho: Derechos en el extranjero

Los derechos humanos básicos son los que corresponden por igual a toda persona, nacionales y extranjeros. ¿Cuál es el fundamento de esto? El reconocimiento a la dignidad humana más allá de circunstancias accidentales.

En el día de hoy vamos a tratar un tema del presente. Vamos a mirar la situación jurídica de los migrantes. Antes de entrar en detalles debemos considerar que la migración es un hecho natural, que ha ocurrido en todo tiempo y que incluso otros seres vivos, como las aves y los peces lo experimentan. Por eso, es importante que nos neguemos a ver en el movimiento una situación anómala. Pensémoslo bien si fuese tan anormal el hombre que nació en Africa no hubiese subido a Europa, el extremo de los continentes no hubiese visto pasar humanos desde Asia hasta América y finalmente, nunca hubiese Cristóbal Colón encontrado un nuevo mundo en nuestro continente.

La historia universal tiene un capítulo muy importante con las migraciones y también las historias locales. Así, los países no permanecen estáticos en un rol. Por épocas su población emigra, por ejemplo, los españoles a Venezuela. Por épocas su población retorna, como los sureños después del fin de la Operación Condor y por otras, su país se convierte en un destino de inmigrantes como le ocurre hoy a Alemania, a Inglaterra o incluso a Chile.

Entonces vamos a pensar los derechos y partimos por lo más evidente. Ninguna persona en ninguna circunstancia pierde su humanidad. Por lo tanto, siempre le acompañan esos derechos básicos que corresponden a todos según los documentos básicos como los Pactos.

Así, afirmamos que si la titularidad y el ejercicio de estos derechos corresponden a todos los seres humanos, el hecho de la migración no debe dificultar su disfrute sin que ello menoscabe el ejercicio de la competencia estatal para regular el ingreso en su territorio de extranjeros.

¿Cuántos migrantes hay?

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) el número estimado de migrantes internacionales a nivel mundial alcanzó, en 2010, los 214 millones, lo que representa el 3,1% de la población mundial. Un porcentaje de población que resultaría ser la del quinto Estado más poblado del mundo.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera que actualmente están operando dos grandes fuerzas del mercado de trabajo que redundan en aumento de las migraciones por razones de empleo: muchas personas en edad de trabajar no pueden encontrar empleo o no pueden conseguir un empleo adecuado para mantenerse ni mantener a sus familias en sus propios países, mientras que en otros países hay escasez de trabajadores para cubrir puestos en diversos sectores de sus economías. Entre otros factores que también influyen en esta situación, cabe citar los cambios demográficos, las crisis socioeconómicas y políticas y el aumento de las diferencias salariales tanto entre los países desarrollados y en desarrollo como dentro de los propios países. El resultado es un intenso movimiento transfronterizo de personas con fines de empleo que conforma el colectivo de los trabajadores migratorios.

Asimismo, frente a estos simples datos, también se debe analizar la reacción institucional. La importancia y la magnitud del fenómeno de las migraciones, que implica a millones de personas, afecta a un gran número de Estados ya sea como países emisores o como receptores. En efecto, una de las actuales tendencias globales en materia de migración es que ésta se encuentra más ampliamente distribuida, a lo largo y ancho de más Estados. En nuestros días, los diez principales países de destino de migrantes reciben un porcentaje menor del total de migrantes que recibían en 2000.

La Unión Europea: no más inmigrantes

En 2018, en medio de los impasses que bloquean los acuerdos sobre las reformas de las leyes de asilo de la UE y la distribución justa de la responsabilidad del procesamiento de los inmigrantes y solicitantes de asilo que ingresan y ya se encuentran en el territorio de la UE, la prioridad siguió siendo mantener a los inmigrantes y solicitantes de asilo alejados de la UE, incluso mediante propuestas problemáticas como el procesamiento en alta mar y una cooperación migratoria con países no pertenecientes a la UE con menos recursos, historiales de derechos humanos dispares y menos capacidad para procesar las solicitudes de asilo.

A mediados de noviembre, se habían registraron 107.900 llegadas por mar (la gran mayoría) y por tierra, en comparación con las 172.300 de 2017. Una combinación de factores, incluida la problemática cooperación migratoria de la UE con Libia y el control de los esfuerzos de rescate por parte de organizaciones no gubernamentales en el Mediterráneo central, llevó a una marcada disminución en las llegadas a Italia, mientras que los cruces de Turquía a las islas griegas y de Marruecos a España aumentaron.

Los esfuerzos de los Estados miembros de la UE por obstaculizar las tareas de rescate de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y la creciente dependencia de las fuerzas de la guardia costera libia coincidieron con un auge en la tasa de mortalidad. A mediados de noviembre, el número de muertos había llegado a 2.043, un descenso en comparación con 2017. Pero la tasa de mortalidad por cruce aumentó de 1 de cada 42 en 2017 en los primeros ocho meses a 1 de cada 18 en el mismo período de 2018, según el ACNUR .

Los partidos alineados con el populismo radical de derecha ganaron la reelección en Hungría, se unieron a coaliciones gobernantes en Italia y Austria, y ganaron terreno en las elecciones de Suecia y Eslovenia, así como en las elecciones estatales de Alemania. El gobierno populista de Polonia permaneció en el poder, pero perdió impulso en las elecciones locales de 2018. Algunos partidos políticos tradicionales en varios países de la UE, entre ellos Alemania, continuaron adoptando elementos de la agenda política populista antiinmigrante, antirrefugiados y antimusulmana.

Las autoridades danesas introdujeron una serie de medidas durante el año para hacer cumplir los “valores daneses”, designando ciertas áreas como “guetos”, basándose ​​en una alta proporción de residentes de minorías étnicas o inmigrantes y un bajo estatus social. Los niños en esas áreas deben acudir obligatoriamente a una guardería como parte de proceso de integración. En agosto, entró en vigencia la prohibición de usar velos faciales en público.

Hubo incidentes de intolerancia racista y crímenes violentos de odio en muchos Estados de la UE, como Bulgaria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Eslovaquia, España y el Reino Unido. El antisemitismo también siguió siendo una preocupación en los Estados miembros de la UE.

Francia: leyes regresivas

En agosto, Francia endureció su ley de inmigración y asilo. El defensor del pueblo francés, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y las ONG criticaron la ley por socavar el acceso al asilo, incluso mediante el debilitamiento de los derechos de apelación y las salvaguardias para las personas sometidas a los procedimientos acelerados de asilo. La ley no prohibió la detención de niños inmigrantes a pesar de los seis fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de que dicha detención por parte de Francia constituye una violación de sus derechos.

En abril y mayo, el defensor del pueblo francés denunció las terribles condiciones de vida de los inmigrantes y solicitantes de asilo en los campamentos de La Villette, en París, y en Grande-Synthe, en el norte de Francia, y dijo que su desmantelamiento sólo podía efectuarse si se implementaban soluciones sostenibles que respeten los derechos fundamentales. Las autoridades desalojaron los campamentos a fines de mayo y principios de septiembre, respectivamente. Las condiciones de vida de los inmigrantes y los solicitantes de asilo en el área de Calais siguen siendo indignas y el acoso a los trabajadores humanitarios por parte de la policía continuó.

Las autoridades de protección infantil en París siguieron recurriendo a procedimientos de evaluación de edad deficientes para los niños inmigrantes no acompañados, negándoles a muchos los cuidados que necesitan y a los que tienen derecho, y dejando a cientos de ellos sin hogar.

En julio, el Consejo Constitucional dictaminó que la solidaridad es uno de los valores más importantes de la república francesa y que, por lo tanto, la asistencia a los inmigrantes indocumentados no debería ser criminalizada “cuando estos actos se llevan a cabo con fines humanitarios”. Esta decisión quedó consagrada en la ley de inmigración y asilo de agosto. A las ONG les sigue preocupando que los jueces puedan hacer una interpretación muy restringida de la excepción humanitaria de una manera que permita los procesamientos.

Desde fines de 2017, la Oficina de Asilo de Francia seleccionó a 458 refugiados que se encuentran actualmente en campamentos de Níger y Chad para su reasentamiento. Francia se comprometió a reasentar a 3.000 refugiados de esa región antes de octubre de 2019.

La celebrada decisión de incluir el acceso a la educación inclusiva en la estrategia nacional para el autismo lanzada en abril contrastó con una ley de vivienda adoptada en octubre que reduciría la obligación de garantizar que las nuevas viviendas sean accesibles para personas en sillas de ruedas.

En agosto, Francia adoptó una nueva ley de violencia sexual dirigida a combatir el acoso sexual y la violencia sexual contra los niños. La ley convierte en delito el acoso en la calle, aumenta el estatuto de limitación de los delitos sexuales contra niños de 20 a 30 años y otorga a los jueces el poder de decidir caso por caso que el sexo de un adulto con un niño menor de 15 años es una violación. Sin embargo, se queda corta al no criminalizar todo tipo de relaciones sexuales con un niño menor de 15 años como una violación. En septiembre, un hombre fue declarado culpable de acoso sexual callejero (“outrage sexiste”) por primera vez bajo la nueva ley y fue multado con 300 euros (aproximadamente US$340).

El Examen Periódico Universal de Francia tuvo lugar en enero y el informe fue adoptado en junio. Francia aceptó recomendaciones para eliminar los perfiles étnicos en los controles de identidad, pero no tomó medidas legislativas para poner fin a tales prácticas.

En una visita a Francia en mayo, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y contraterrorismo expresó su preocupación por la ley contra el terrorismo de 2017, que incorpora el estado de emergencia en el derecho ordinario y no incluye salvaguardias suficientes en el uso de medidas no penales contra los sospechosos de terrorismo.

Tolerancia 0: Donald Trump

El libro -llamado “Border Wars: Inside Trump’s Assault on Immigration” (Guerras fronterizas: en el interior del asalto de Trump a la inmigración) y escrito por los periodistas Michael Shear y Julie Davis- se basa en entrevistas con más de una decena de funcionarios anónimos.

Registra una semana en marzo de 2019, cuando Trump supuestamente intentó frenar toda la migración hacia EE.UU. proveniente del sur. Según un capítulo del libro, el presidente sugirió en privado a sus asesores que soldados dispararan a las piernas de los migrantes, pero estos le dijeron que eso sería ilegal.

Con anterioridad, el presidente había declarado públicamente que los soldados podrían disparar contra migrantes que arrojaran piedras. Trump sugirió otras medidas extremas, según el libro. Una cita del mismo señala que “En privado, el presidente había hablado frecuentemente de fortalecer un muro fronterizo con una trinchera llena de agua y de culebras o caimanes, lo que llevó a sus asesores a presupuestar el costo. Quería que el muro fuera electrificado, con puntas encima que pudieran atravesar carne humana“, se indica en el libro.

Con ello en cuenta, podemos evidenciar que esta es una situación sumamente delicada y contraria a los estandares minimos de protección de las personas, de allí que podamos entender porqué no hay avances a nuevos documentos en los que jurídicamente se protejan a las personas que migran, por trabajo o por necesidad.

Derechos de todos estén donde estén

Intentemos tomando eso en cuenta hacer una pequeña lista de los derechos mínimos que tienen todos los humanos, estén donde estén:

1. Derecho a la vida y también a la integridad física y moral

2. Derecho a la seguridad personal

  • Derecho al honor, a la intimidad personal y también familiar.
  • Inviolabilidad de domicilio.
  • Inviolabilidad de las comunicaciones.

4. Derecho a la Tutela Judicial efectiva

  •  El derecho a la jurisdicción. Supone el libre acceso a todos los órganos jurisdiccionales para el ejercicio de los derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
  • Derecho al juez ordinario predeterminado.
  • Presunción de inocencia y demás garantías procesales. Comprende la defensa y asistencia de letrado, información sobre la acusación formulada, proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.

5. Principio de legalidad.

6. Libertad de creencias (Principios ideológicos, religiosos y también políticos).

7. Libertad de expresión (Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y además, a expresar libremente).

Ana Cristina Bracho (@anicrisbracho) dice : Todas las personas son iguales en dignidad y derecho. Eso dice la Declaración Unuversal de los Derechos Humanos pero el presente le nada en contra.
https://www.ivoox.com/columna-el-derecho-al-derecho-migrantes-audios-mp3_rf_43531089_1.html

#ElDerechoAlDerecho: El derecho a la protesta en clave latinoamericana

América Latina se mueve. No se trata tan sólo de la vuelta a la derecha que en las urnas dio Uruguay ni la que por la fuerza dio Bolvia o la que por engaño sufre Ecuador. Los pueblos levantan las banderas y algunos -reputados por inactivos- son el centro del movimiento. Chile habla y Colombia grita. Sobre ello son muchos los analisis que se publican analizando las causas y las posibles consecuencias pero es preciso leerlo en clave jurídica.

La primera sorpresa para nosotros es darnos cuenta que la protesta no es en toda Latinoamerica un derecho expresamente consagrado en la Constitución aunque en el presente sea bastante unánime afirmar que la protesta forma parte de la democracia y por ende es un derecho, expreso o derivado de las libertades políticas.

Pero ¿de qué se trata? Siguiendo al juez chileno Hernández Emparanza, la protesta social es un hecho político y sociológico que plantea diversos cuestionamientos que se mueven entre su legitimidad democrática y su rechazo, e incluso criminalización, en cuanto inconducta anómica.

De allí que se la ha entendido como “quejas avanzadas por ciertos grupos que ven sus necesidades básica insatisfechas. Quejas que tienen que ver con reclamos por la carencia de trabajo, vivienda digna, asistencia sanitaria, protección social”. También ha sido definida como “una forma de acción colectiva de carácter contencioso e intencional que adquiere visibilidad pública y que se orienta al sostenimiento de demandas, centralmente, frente al Estado”.

Para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el derecho a la protesta social es una conjugación que se desprende del derecho a la libertad de expresión y del derecho a reunión, ambos reconocidos en una serie de  tratados internacionales de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano de protección de los derechos humanos. Los cuales han sido desarrollados por los órganos encargados de la interpretación y seguimiento al cumplimiento de dichos instrumentos determinando el sentido y alcance del derecho a la protesta.

Para la ONU, la participación en protestas pacíficas es una forma importante de ejercicio de la libertad de asamblea, así como de la libertad de expresión, en la que, la dispersión de una marcha debe ser una medida de último recurso y la policía no debe recurrir al uso de la fuerza durante marchas pacíficas, así como debe asegurarse que la fuerza es utilizada únicamente de modo excepcional. Del mismo modo, El Estado tiene el deber de asegurar que la prensa y otras personas reporteando en marchas lo hagan sin miedo a ser intimidadas, legal o físicamente.

Ahora, nosotros en el presente, al ver las noticias nos enfrentamos con algunas preguntas. Por ejemplo si las protestas deben ser autorizadas, si existe un límite en las formas y acciones que usen los manifestantes, si existe una responsabilidad de quien las convoca por los actos de violencia o destrucción que pueden ocurrir, si las personas que no protestan pueden hacer valer derechos frente a las perturbaciones que ocasionan quienes protestan y finalmente, cuáles son las acciones que el derecho le prohíbe a los agentes del Estado en acciones de control de orden público.

Colombia

Para ello, veamos por ejemplo cuales son las opiniones de la Corte Constitucional Colombiana en la que observamos que el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente está expresamente reconocido en la Constitución Política y por los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. El artículo 37 de la Constitución colombiana consagra este derecho, en los siguientes términos: “Toda parte del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”.

Sobre lo cual la Corte Constitucional concluyó que en ese país:

  • Se reconoce el derecho de manifestación pacífica.
  • La ley puede establecer límites al derecho de manifestación pacífica.
  • El derecho de manifestación pacífica es consecuencia del derecho de libertad de expresión.
  • El objeto de la protesta es llamar la atención de autoridades y opinión pública sobre determinada situación.
  • El derecho de manifestación pacífica tiene una dimensión estática (reunión) y dinámica (movilización).
  • Límites: sin violencia, armas o alteraciones graves del orden público.

Fuera de esta visión jurídica, en la realidad, el paro iniciado el 21 de noviembre en Colombia continúa prolongándose en unas jornadas que ya se catalogan de “históricas” y en el presente numerosas asociaciones denuncian violaciones contra los derechos humanos por parte de la policía. En especial después de que se haya mediatizado el asesinato del joven Dilan Cruz en el centro de Bogotá el pasado 23 de noviembre durante una manifestación pacífica.

Esta es la quinta muerte que se produce y se llevó a cabo luego de que se decretara un toque de queda en la capital desde las 21:00 del día 22 de noviembre a las 6:00 del día siguiente, y cuando la presencia de las fuerzas policiales y militares en las calles aun era notable.

Todo el tratamiento de estas jornadas viene siendo objeto de una criminalización en tanto los medios no lo tratan como un ejercicio legitimo de un derecho sino que desde su convocatoria la protesta ha sido criminalizada como una “conspiración anarco-comunista internacional de vándalos, cuya sede estaría en Caracas o en Sao Paulo”,  aunque desde Colombia múltiples sujetos, entre ellos Boris Duarte, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Colombia para la DW que se trata de una iniciativa exclusivamente colombiana, suscrita por más de 50 organizaciones, y apoyada por personalidades de diversa índole. “Entre los organizadores hay sindicatos, colectivos de mujeres, el magisterio, campesinos, indígenas, jueces, artistas y la comunidad LGTBI, entre otros”

Descripción que vemos se corresponde con la delimitación de la protesta como derecho que vimos recogida en la definición y su trato por la ONU.

Chile

En el caso chileno nosotros vamos a observar algunas particularidades. Por ejemplo que este es un país con un sistema de derechos constitucionales bastante escueto y no se consagra expresamente la protesta como un derecho. Por ello, quienes lo defienden lo desprenden de las libertades de reunión y de expresión y se encuentran que el marco legal aplicable es limitado y aún conserva el sello de la dictadura de Pinochet.

Por otro lado están quienes, desde una lectura sistemática de la Constitución chilena, consideran que esta es una democracia restringida donde se puede dudar “de la existencia de un tal derecho” y pensarse que “el pueblo solo puede expresarse mediante los mecanismos institucionalmente previstos para ello (orgánicos y electorales)”

Esto en virtud de los amplios poderes y la importancia que merece el orden, en la Constitución de Chile aunque esto se aparte evidentemente de los estándares internacionales. Es justo la presión de los sistemas internacionales la que ha hecho que en Chile la jurisprudencia afirme, sobre la base de los tratados, que existe el derecho a manifestar, así como que mediante decretos se han  dictado regulaciones de tiempo, lugar y modo” tendentes a verificar las condiciones de ejercicio pacífico y sin armas.

Así de escueto como se observa, existen clausulas que obligan que los Estados garanticen a las personas sus derechos en todo tiempo y que las limitaciones o afectaciones no excedan lo indispensable para proteger bienes jurídicamente tutelados. Es allí donde nosotros podemos ver qué ha ocurrido este año donde miembros de la policía nacional de Chile (Carabineros) cometieron graves violaciones de derechos humanos, que incluyen uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos en detención, luego de masivas protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019 y que aun se desarrollan.

¿Qué se denuncia? Varios hechos como el uso indiscriminado e indebido de armas y escopetas antidisturbios; violaciones a mujeres detenidas; asesinatos de detenidos; otras formas de abusos contra personas detenidas y sistemas de control interno deficientes facilitaron que se produjeran graves violaciones de los derechos de muchos chilenos. Por esto, se evidencia que en Chile es urgente adecuar la legislación a los estándares mundiales sobre policía y derecho de manifestación.

Venezuela

Cerrando este apretado recuento es tiempo de volver a casa, donde veremos que la manifestación es un derecho expreso en nuestra legislación. En específico quedó consagrado en el artículo 68 donde leemos que “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley”

Lo que fue valorado e interpretado por la Sala Constitucional que en la sentencia número 276 del 24 de abril de 2014 determinó en que Venezuela, del derecho de manifestación:

• El titular es un individuo, pero puede ejercerse de manera colectiva.

• Tiene naturaleza temporal, aun cuando puede presentarse periódicamente.

• Su finalidad debe ser lícita.

• Se ejerce en un espacio determinado.

• Debe ser avisado o notificado previamente, lo que no significa que debe ser expresamente autorizado.

En el presente, el derecho a manifestar sigue apareciendo como un derecho político parte vital de la democracia así como una zona de tensión entre los derechos de los manifestantes y de quienes no se suman a estas acciones a la que se le reconoce ser una fuerza vital de la historia ¿o es que acaso existieron cambios sociales que no se iniciaron con una protesta? Así podemos mirar atrás y ver la Revolución Francesa o la caída de los zares en Rusia y cualquier otro ejemplo que ustedes quieran incluir.

Ahora, en estos temas no sólo está el derecho como lo leemos sino también lo que las fuerzas hegemónicas hacen con él. Recordemos que por aspectos relacionados con el control de manifestaciones han criminalizado o terminado procesos políticos y con otros, las instituciones internacionales son silenciosas y tolerantes.

Hoy, a esto se le suman los riesgos que significa la videovigilancia que se impone en las ciudades y la tendencia cada vez mayor de llamar conspiración rusa-venezolana a todos los movimientos que busquen la ampliación de sus derechos.-

Regresa la columna de nuestra abogada Ana Cristina Bracho (tw:@anicrisbracho) “El Derecho al Derecho” ??

El tema de este viernes 29 11 2019 fue “El derecho a la protesta en clave Latinoamericana” casos #Chile y #Colombia
https://www.ivoox.com/derecho-al-derecho-protestas-latinoamerica-vistas-audios-mp3_rf_44935530_1.html

¿Y si pensamos el derecho laboral?

Cada día asisten menos usuarios a los tribunales laborales. Esta afirmación no es producto de una publicación estadística de los tribunales sino una comprobación de todos los que formamos parte del foro de los abogados y abogadas en el país. Este tema es uno de esos que es una consecuencia pero que también advierte que tenemos cosas que replantear.

La ausencia de demandas y el abandono de las causas laborales suele entenderse tomando en consideración la impactante pérdida de valor de la moneda en Venezuela. Con los bienes cambiando de precio todos los días y con la lenta actualización del salario parece que trabajar no tiene objeto y mucho menos exigir el cumplimiento de las condiciones contractuales o legales porque el mismo transcurso del juicio se comerá sus beneficios. Por eso es que, sencillamente, la pérdida de valor del bolívar termina generando la pérdida del valor del trabajo.

El trabajo es, como todos sabemos, el único recurso económico que tienen las personas que no son propietarias de medios de producción y merece, porque los pueblos así lo exigieron, una protección legal y social suficiente para evitar el hambre y la enfermedad de los trabajadores.

Por eso, el trabajo necesita leyes que lo protejan pero también requiere tribunales que velen porque se apliquen, que castiguen los incumplimientos y que en definitiva, sean una garantía real y no formal de los derechos de los trabajadores.

En todo el mundo, pasando hasta por las conferencias de la OIT, hay un estado de alarma por el acelerado cambio del mundo laboral. La gente trabaja cada vez menos y vende cada vez más servicios. Con ello, sólo son competitivos los que tienen recursos técnicos, profesionales y financieros para emprender; y, terminan estando en estados aún más precario los trabajadores menos calificados o con situaciones legales irregulares.

Por eso algunos señalan que se trata de este verdadero fenómeno de decrecimiento de derechos que representa el internet y del triunfo simbólico del neoliberalismo a nivel mundial. Porque hay una nueva mentalidad que piensa que trabajar, ir a la oficina, tener un horario, cotizar en el seguro, son cosas de viejos, y, que es el tiempo de los “socios” que ponen sus conocimientos, se actualizan, se especializan y pagan ellos mismos sus carros, sus escritorios, sus hojas de papel y sus computadoras.

En Venezuela, la reforma laboral de 2012 nació con un ala herida, sus principios e instituciones llegaron al tiempo que aumentaba la distorsión económica y que el trabajo formal se fue volviendo cada vez más insuficiente. Por ello, la posibilidad de gozar de las nuevas prerrogativas, del nuevo tiempo de descanso o de la ampliada estabilidad laboral se vio coartada.

Entonces vale la pena preguntarse qué hacemos, cómo lo hacemos, para recuperar la dignidad del trabajo, para entender que los ataques al país no se quedan en la afectación al Estado sino que han colocado a los trabajadores y a las trabajadoras en el marco de una emergencia económica de iguales o mayores dimensiones que la que afecta a la Administración Pública, al tiempo que no somos un elemento aislado del mundo donde el trabajo también sufre todas estas precarizaciones que hace veinte años eran impensables.

Este artículo es tan sólo una invitación a pensarnos desde las realidades concretas. A mirar si requerimos determinar alguna forma de compensación, de autorización extraordinaria para permitir que los trabajadores y trabajadoras se mantengan en sus puestos de trabajo; si debemos repensar el concepto de salario, o, finalmente, si necesitamos rediseñar toda la lógica de la justicia laboral. Este ejercicio me resulta al día de hoy la única manera de que sea real la irrenunciablidad de los derechos y la progresividad de los mismos cuando, a todas luces, se ven amenazados por la inercia.-

Femicidios: ocho mujeres más que en 2016 ¿quiénes son las víctimas?

Según la información publicada por la CEPAL, en 2016, 122 mujeres fueron víctimas de femicidio en Venezuela.

Desde hace veinte años, el 25 de noviembre es el día mundial para realizar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. En esta fecha, desde París hasta Nueva York, pasando por varias ciudades en África y casi todas las capitales latinoamericanas se convocan actividades para hablar de femicidios, violaciones, trata, maltrato, acoso y tantas otras formas de violencia que sufren, según la ONU, una de cada tres mujeres en el mundo.

En Caracas, la convocatoria ya fue planteada y habrá diversas actividades en simultáneo desde el podio del Tribunal Supremo de Justicia hasta varias universidades, lo que seguramente será acompañado por la programación de los medios de comunicación y varias actividades especiales en otros foros públicos.

Ahora, esta ocasión tiene el riesgo de banalizarse y cumplirse como se hacen los ritos del día de la madre. Por ello, es importante que nosotros nos detengamos a mirar el escenario. En el país estamos en el marco de una anunciada reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que promete dar una respuesta más severa a los femicidios; ante la reciente creación de una unidad especializada en trata de mujeres en el Ministerio Público y sin muchas otras novedades.

La violencia de género sigue sin medirse correctamente y es necesario hacer algunas prácticas de arqueología para determinar cuál es su dimensión actual. Al respecto, rescatamos el informe actualizado presentado por Aimée Zambrano que contabiliza que en lo que va de 2019 se han cometido 130 hechos compatibles con femicidios en los medios de comunicación venezolanos. Una simple lista que tiene el mérito de dar una dimensión del problema ante la ausencia de indicadores oficiales que deberían publicar las instituciones especializadas como el Observatorio de Violencia de Género, la Defensoría Nacional de los Derechos de Mujer o cualquiera de las otras adscritas al Estado venezolano.

Esto datos nos permiten observar algunas características del fenómeno:

  • El 27% de las mujeres fueron asesinadas por sus novios, parejas, concubinos o esposos.
  • El 11% de las mujeres fueron asesinadas por sus exnovios, exparejas, ex concubinos o exesposos.
  • El 13% de las víctimas eran menores de edad
  • El 42% de las menores asesinadas no habían cumplido los 12 años de edad.
  • El 5% de las víctimas estaban embarazadas
  • El 5% de las víctimas fueron violadas cuando fueron asesinadas
  • El 5% de los actos fueron cometidos por personas vinculadas con la seguridad y el orden público.
  • Las niñas pequeñas asesinadas lo fueron generalmente por sus padres o padrastros.
  • Las mujeres de edad adulta fueron asesinadas por sus hijos, hijastros o nietos.
  • En el 21% de los casos no se publicó en prensa información relacionada con el móvil del delito

Al respecto, es importante tomar en cuenta que esta enumeración no se corresponde a la totalidad de los casos en los que existen mujeres que han perdido, a manos de terceros y en un contexto de violencia, la vida sino aquellos que se encuentran, en su descripción mediática como posiblemente compatibles con casos de femicidios. Es decir que son asesinatos cometidos como actos de extrema de la violencia contra la mujer que representan el acto final de un continuo de violencia, prolongado e ignorado. Por lo que deben ser abordados con una perspectiva de género centrada en la prevención, en mejorar la capacidad del Estado de atajar la situación antes de que llegue a estos extremos.

Es un hecho conocido que uno de los factores determinantes para una alta tasa de femicidios es la tolerancia general de la sociedad hacia la violencia contra la mujer y que este es uno de los frentes a intervenir. Por ejemplo, el lenguaje mediático sobre el fenómeno y la resistencia de la institucionalidad a adoptar una postura sensible y diligente ante casos de los otros delitos de violencia que no son otra cosa que actos previos –a veces hasta preparatorios- del femicidio.

Por ello, se evita con mayor eficiencia un femicidio con una correcta y oportuna penalización de la violencia física y psicológica, que con una sanción ejemplarizante de un femicida y se debe reforzar el trabajo por una cultura de la no violencia así como en la edificación y mantenimiento de casas de abrigo y sistemas de apoyo de las mujeres en situaciones compatibles con violencia.

Estas consideraciones no pueden tampoco hacerse en abstracto sino en la perspectiva más concreta, teniendo en cuenta la crisis económica, el discurso político violento, las posibilidades e influencias de la comunicación a través de redes sociales y los atractivos de la emigración. Todos estos fenómenos sirven para aumentar la vulnerabilidad de las mujeres, en especial de las más jóvenes a contexto de riesgo y de dependencia.  

Así, son los rostros e historias de Jessica que fue asesinada a los 14 años y quería ser maestra; de la abuela Carmen asesinada por su nieto, de Daiglys, de Orlene, de María Elizabeth, de Marlene, de Darianna, todas asesinadas por sus parejas, las que hoy debemos tomar en cuenta, porque todas eran, mujeres normales, inteligentes e independientes, madres e hijas, con buenos y malos días y es a ellas a quiénes el sistema de prevención de la violencia de género, las campañas de sensibilización, el nuevo sistema de justicia, les falló. A ellas que son tan sólo algunas de las 128 de la lista que hoy hemos leído juntos.-

Bolivia ¿renuncia o Golpe de Estado?

Fotografías de la casa de Evo Morales tras ser saqueada.

El domingo 10 de noviembre de 2019, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales comunicó a la prensa su renuncia al cargo que desempeñaba, seguido en breve por Álvaro García Linera quien era el Vicepresidente de esa Nación. Desde entonces se manejan muchas categorías del derecho político, las primeras refieren que fue una renuncia, otras que fue un Golpe de Estado. En este caso, las palabras importan y vamos a intentar exponerlas.

Una renuncia es para los juristas el acto de “resignarse a algo de manera voluntaria o apartarse de una cosa que se posee o se puede llegar a conseguir, alejarse de algún proyecto, privarse de algo o  de alguien” como en el trabajo, en la política, este debe ser un acto libre de coacción. En el caso de Evo Morales nosotros vemos cómo las horas previas fueron actos de intimidación y de coacción, como él lo expresó en su alocución y en los mensajes en redes sociales, donde afirmó que su decisión estaba motivada en su voluntad de evitar más violencia.

Una violencia que además ha estado centrada en la población indígena, en los líderes del MAS y en sus familiares. Podemos observar, por ejemplo, la práctica sistemática destruir las viviendas de las autoridades y cómo las condiciones que se dieron ocasionaron la renuncia de los Ministros, de las autoridades electorales, de los diputadosy senadores, de gobernadores y alcaldes así como de una parte del cuerpo diplomáticos.

Tomemos igualmente una definición básica de Golpe de Estado y veremos que este es “una acción violenta llevada a cabo por fuerzas militares o rebeldes que busca quedarse con el gobierno de un Estado. El golpe de Estado, de esta manera, supone la sustitución de las autoridades existentes y el cambio de mando de las instituciones estatales por imposición.” Seguidamente, tomemos la prensa del día de ayer.

De donde podemos incorporar un titular de hace 18 horas –del 10 de noviembre- del Diario El Clarin según el cual “las Fuerzas Armadas y la Policía le pidieron la renuncia a Evo Morales”, procediendo seguidamente el Presidente Evo Morales a hacerlo y a entrar los líderes del movimiento insurrecional al Palacio Quemado que es la sede de gobierno de Bolivia.

Es importante en esto que veamos el contexto, hipotéticamente la acción de protesta arrancó por un cuestionamiento sobre si la diferencia electoral con la que ganó Evo Morales las elecciones para Presidente del próximo período era suficiente o existiría alguna irregularidad en el contexto. Para verificarlo se produjeron una serie de auditorías que no habían concluido y que en su espera aumentó la presión sobre el gobierno incluyendo atentados directos a sus domicilios y familiares. Entre ellos,  el frustrado asesinato de la hermana de Morales y la destrucción de su domicilio.

Por ende, existió un acto claro y violento de coacción. Los hechos por los que se cuestionaba la democracia en Bolivia correspondían a una autoridad distinta al Ejecutivo porque según su Constitución que es el órgano electoral que es electo por el Poder  Legislativo (artículo 158,4 de la Constituión boliviana) aunque ante él, por la Constitución, el Presidente tiene su representante.

Por ello, el eventual conflicto que se anunciaba relacionado con la organización, administración ejecución de las elecciones era con  el Tribunal Supremo Electoral y su vía de resolución debía ser la impugnación o el contencioso que según sus leyes y procedimientos anulara las elecciones en caso de haber alguna anomalía. Este fue siempre un supuesto negado, de allí que en las últimas semanas los alzados procedieran a quemar las sedes de este órgano donde reposaban las pruebas del proceso electoral. Para trascender este problema es que vimos una oferta presidencial de someterse a unas nuevas elecciones.

En evidencia, entonces, el ejercicio del presente mandato constitucional no era objeto de ningún cuestionamiento, Evo Morales era el presidente en funciones de Bolivia y el periodo que se discutía era el que iniciaría cuando corresponda asumir la presidencia para el nuevo período, lo que nos muestra una acción construida para justificarse ante los medios aunque ni política, ni jurídica ni históricamente pueda verse como ninguna otra cosa que un golpe de Estado de los que recurrentemente han comprado los Estados Unidos en la región, como lo denuncian importantes actores latinoamericanos e incluso algunos estadounidenses como Noam Chomsky.

Las horas que han seguido también confirman que se trata de un golpe de Estado, por la represión policial, la persecución de los lideres sin procedimiento legal alguno, la quema de los símbolos del Estado Plurinacional y el clima de terror que ha merecido la renuncia masiva de los senadores y diputados, así como el acompañamiento expreso de quienes buscan aventuras fuera de la legalidad en el Continente americano.

Bolivia: asalto contra un pueblo

El 10 de noviembre de 2019 quedará inscrito como una fecha terrible para la historia de América Latina y  para todos quienes creemos en el derecho de los pueblos a escoger sus gobernantes, sus Constituciones y que quienes les dirijan se parezcan a los gobernados.

La situación de Bolivia demuestra muchas cosas. En primer lugar, que la deposición de un líder puede agendarse incluso cuando tenga un alto respaldo popular, grandes indicadores económicos o que su gobierno sea el momento de mayor reivindicación de derechos de la población de un país.

En estos últimos días también hemos observado el tamaño de un hombre que deja la Presidencia intentando que su sacrificio evite que las mujeres humildes sean golpeadas cómo lo han sido en las últimas semanas, así como lo que se presenta como unas protestas por resultados electorales es  una acción centrada en  un discurso racista.

Al verlo, pienso con Memi sobre cómo son las sociedades que sufrieron la Colonia o con Fanon, sobre el mundo periférico e ignorado de nuestros pueblos para intentar entender cómo ocurren estos actos espantosos, cómo se manipula a las masas y se las lleva a caminar senderos que van hacia sus propios Apocalipsis.

En esta América Latina nuestra, el proceso permanente de dominación foránea se mantiene en parte a través de fomentar el desprecio de un pueblo por sus propios miembros.  Un tema especialmente fuerte en las clases medias que parece que se alimenta, en las bonanzas progresistas, sobre la esperanza de finalmente dar ese paso -que en su percepción es solo una pequeña distancia- que los separa de ser gente realmente influyente.

Lo decía Neruda, antes de avanzar a tomar el poder en Chile fue necesario convencer a los chilenos que en ese país no había nada que salvar, ni siquiera la especie. En Venezuela, ya en los años cincuenta, Briceño Iragorry explicaba que la promoción del american way of life era ante todo un proceso mediante el cual se dominaba sin invadir porque los consumidores, por ellos mismos y sin importar su nacionalidad, eran agentes de los intereses extranjeros.

Todas estas ideas nos permiten entender que en América Latina, la historia se mueve a su propio ritmo, con las condiciones una sociedad post-colonial que intenta avanzar y que muchas veces sólo el derecho a existir es una verdadera reivindicación.

Hoy todas estas ideas están mezcladas en mí. No tan sólo porque hoy se dio un Golpe de Estado en Bolivia, uno clásico por demás. Recordemos que Evo fue conminado a renunciar por la amenaza de los militares y que antes sus Ministros renunciaron al ser asediadas sus familias. Ahora, hay un vacío de poder por la declarada persecución de todos los integrantes del Estado y del Partido de Gobierno.

Sin embargo, si los Golpes de Estado de los Estados Unidos avalados por la OEA son una triste escena repetida en América Latina, en este caso tenemos que ver algunas cosas. Primero, la amenaza cierta a la vida de Morales y García Linera tras un extraño evento con un avión, luego, con una hipotética orden de captura que no emite un fiscal sino un autoproclamado líder que parece un llamado a estos sectores extremadamente violentos a que ubiquen a Morales y sean ellos quienes decidan qué hacer.

Es decir, existe un proceso general de criminalización de una postura política y de una pertenencia étnica porque nadie puede pensar el caso boliviano, los gobiernos de Evo sin entender la mejoría macroeconómica pero sobretodo el empoderamiento de las clases históricamente desposeídas, no en términos marxistas sino en una sociedad principalmente indígena en la que se mantuvo la distancia social entre blancos e indios

Una donde además el Presidente depuesto está ejerciendo un período presidencial previo al que le cuestionan y que, según los datos emitidos hace  unas semanas tiene un apoyo popular suficiente para ganar elecciones en primera vuelta, lo que nos explica un proceso popular de resistencia que comienza a verse  y la violencia contra los líderes que deben ser tomados de inmediato para consolidar la acción.

Tomado el Palacio de Gobierno, el tema simbólico demuestra que es un Golpe restaurador de la antigua sociedad del privilegio. Se quema la bandera que une un Estado en una sociedad pluricultural y se ubica una Biblia. Un acto que rememora todos los relatos de la colonia, donde al indio le quitaron la riqueza y le dejaron el evangelio pero que también parece probar que la estrategia es una figura que toma el poder sin los votos, sin ser militar o sin tener una opción constitucional para tomarlo. Aquí, la historia se parece al intento que desde enero se ha hecho en Venezuela.

Pero en el fondo, Luis Fernando Camacho es, según reportan los medios, una figura extremadamente parecida a Bolsonaro, que parece conveniente para enfriar los movimientos sociales y garantizar intereses económicos foráneos quizás sobre la Amazonía donde empezó a evidenciarse todo el entramado de financiamiento y de figuras que se preparaban para escenas como las que en este mes de noviembre hemos visto.

Si la guerra es un negocio, los golpes de Estado también lo son y en este 2019 vemos como América Latina parece en Venezuela y en Bolivia mantener o perder el derecho de los pueblos a decidir quién los gobierna.

Ahora no creo que en este caso el asunto se limite a la afirmación o negación del derecho a la autodeterminación de los pueblos sino que va más allá, es el derecho de los pueblos a elegir, a que sus votos valgan lo que se juega ante una terrible estrategia.

Parece que asistimos a una locura como un tutelaje para “rectificación de elecciones” a favor de  los países hegemónicos y sus satélites, demostrando que esta no es una hora entre izquierdas o derechas sino entre libertad o barbarie, entre independencia o neocolonialismo, entre  ciudadanos iguales que eligen gobernantes o simples espacios donde otros designan agentes y procónsules.