Escuela Nacional de la Magistratura: Congreso Justicia y Constitución

La Escuela Nacional de la Magistratura desarrolló del 15 al 17 de mayo, el Congreso Justicia y Constitución, para ampliar entre la comunidad jurídica los conocimientos en los aspectos más trascendentales de la Carta Magna venezolana y los aspectos de la justicia como fin del Estado de Derecho.

En ese marco, me invitaron a participar con una exposición sobre “Lawfare o Guerra Jurídica” tema del que se habla en el país principalmente desde una óptica política o periodística y entendiendolo como un fenómeno distinto a lo que ocurre en Venezuela.

En archivo adjunto a esta publicación cuelgo la ponencia que publico a los fines de preservarla del olvido al que nos condena la mengua editorial que se sufre en el país.

Si prefieres puedes escuchar la conferencia en el link que se inserta

https://www.ivoox.com/conferencia-lawfare-o-guerra-juridica-audios-mp3_rf_36024293_1.html

Anuncios

Mantener la calma para ganar la paz.

Es difícil en un país acosado hablar de paz. Según parece en Venezuela, el tiempo anda acelerado y la realidad se picó en dos. Una cosa pasa dentro del país donde la oposición y el gobierno están  reunidos, y, otra fuera del país donde se alimenta la retórica de la fractura, alimentada por Washington, del Estado venezolano.

Así de cinco poderes, dos de los cuales nacieron por idénticos procedimientos electorales y tres derivan del nombramiento de cuerpos deliberantes, nosotros tenemos ahora repetidas dos barajitas: el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Este último naciendo de una estrategia tan burda que difícilmente podemos seguir creyendo en el Derecho Internacional.

La repetición del Ejecutivo y la conformación de un gobierno paralelo no es una formula inédita, no existe quizás en el tiempo reciente mejor ejemplo que el caso de Libia y esto sólo puede dejarnos un escalofrío porque esto ocurrió poco antes de la invasión que asesinó a Gadafi y sumió al país en una crisis tan profunda que hoy es jurídicamente difícil decir que existe el estado libio.

Uno de los temas más importantes en este contexto es el del dinero. Como a Venezuela a Libia le retuvieron su dinero en el extranjero, dijeron que provenía de la corrupción y que era el sustento personal de Gadafi cuando no era necesario ser un experto para ver que eran las reservas internacionales del país. Una vez que terminase esa crisis, prometieron, el dinero regresaría a Libia para reconstruir la democracia, lo que jamás ocurrió por lo que sólo podemos pensar que el dinero fue hurtado o que sirvió para financiar las estructuras paralelas que llevaron a la destrucción del país norafricano.

De ser así, el escenario que se plantea nosotros tendríamos en nuestro futuro inmediato un esquema en el que el dinero nacional se emplearía en reproducir las guarimbas de 2017 con un financiamiento mucho mayor al que en sus ediciones previas recibieron.

Sin embargo, la realidad podemos verla desde varios ángulos. Si pensamos como avanza el plan de destruirnos veríamos todas estas coincidencias, también el juicio ante la Corte Penal Internacional como una forma latente que asegure que si esta vía no funciona existan otras simulaciones jurídicas que ayuden a tomar el control del país. Por el contrario, si queremos ver cómo resiste el país y como la vocación de paz se impone podremos ver sujetos de distinta ideología defender que la guerra no es la vía o lo que ocurre en las ciudades de Venezuela.

Mientras pensaba en esto oía a los niños andar a la escuela. Quizás esa es la idea central para seguir desenmarañando escenarios en la búsqueda de una alternativa de paz. Esos niños ignoran todas estas cosas de las que les hablo y creo que es nuestra obligación que ellos tengan el derecho de no tener que averiguarlo.

Hay una mentira que suele consumirnos. El derecho internacional no es lo que nosotros queremos que sea. No es cierto que exista una comunidad internacional guiada por ideas nobles que combaten la violencia y la pobreza. Incluso voceros de las Naciones Unidas lo han reconocido, su función no es realmente evitar la guerra sino servir de centro de dialogo entre quienes pueden decidir entre la guerra y la paz para así poner un espacio diplomático previo, de darle la posibilidad a los Estados débiles de al menos dejar constancia que ellos no estaban de acuerdo.

Puede entonces que el escenario sea así de dramático que estemos sometidos a las ideas extranjeras de tomar control sobre el sur de América. Si así fuera, esto sería lo que suele darse en la historia al menos desde que fueron creados los Estados Unidos y ocurriría para sacar –o al menos intentarlo- a Rusia y a China de espacios que ellos en la construcción de la segunda gran posguerra declararon zonas exclusivas.

Las voces reunidas en este punto, aquellas que hablaron a favor y en contra en el Consejo de Seguridad nos deben mostrar el mundo actual pero también con asteriscos. Ver a países latinoamericanos reconocer una simulación o llamar a intervenir en Venezuela nos resulta devastador pero podemos recordar que estos países están siendo objeto de una profunda neocolonización de la cual, nosotros de nuevo salimos primero.

¿Qué hubiese dicho Lima consultada sobre la validez del Cabildo de Caracas? ¿La Nueva Granada? En ese sentido, existen también otras perspectivas que nos recuerdan cuál batalla estamos teniendo, cómo son tiempos de Independencia o nada, con todos sus dolores y contradicciones. Con la necesidad de entender que las guerras no son ahora un desembarco de las tropas de Domingo de Monteverde sino esta operación psicológica de gran escala donde le han puesto a nuestro país un brazalete de amenazas que quiere convencernos que estamos ante un inminente fin de la historia.

Por eso, en esta hora tan tensa, nuestra primera batalla es ganar nuestra más intima y personal paz. Buscar la manera de ver los escenarios desarrollarse pero sin rendirnos, recordando que somos un país que nació y se ha mantenido en combate y porqué hemos rechazado la construcción de un mundo unipolar.

Existen en la historia muchos ejemplos de fatales aventuras norteamericanas que no lograron sus objetivos, como Vietnam o lo que ha pasado en Siria. Existen en el presente presiones pero también algunos anillos de seguridad que se han venido tomando y estos no son tan sólo las maquinarias militares.

¿Para qué existe el petro y su plataforma patria? Porque el mundo financiero es ya el primer frente donde estamos batallando. Lo que hasta ahora han sido sanciones y secuestros de capital ahora se transforma en los recursos que financiaran la contra  y es fácil de predecir que, dependiendo toda la banca mundial de Inglaterra y Estados Unidos, vengan acciones duras de saboteo y bloqueo de los bancos, como han hecho en contra de Irán y entonces, todo el mundo de las criptomonedas y del monedero patria se develará como una estrategia de defensa que hasta ahora nos hacía dudar si era otra moneda o una forma de dictar bonos de la deuda pública.

Si llegamos aquí es por dos cosas. La primera por el empeño que tienen sectores de los Estados Unidos de erradicar cualquier alternativa a su decadente imperio pero la segunda, para mí fundamental, es que hemos sabido resistir y mantener nuestra integridad. La cual creo en este contexto es la primera garantía de permanecer en paz.

Reflexiones sobre la aventura de sancionar a Venezuela.

Por Ana Cristina Bracho y Pedro Luís Bracho Grand

“La llamada comunidad internacional ¿existe?

¿Es algo más que un club de mercaderes, banqueros y guerreros?

¿Es algo más que el nombre artístico que los Estados Unidos se ponen cuando hacen teatro?”

Eduardo Galeano

No existe en el derecho máxima de interpretación más importante que aquella que indica que la ley ha de dilucidarse según el significado de las palabras que la componen, en el orden en el que se usaron y según su significado más corriente. Es decir, que en el derecho toda la fuerza es el verbo. Permítannos entonces aportarles una visión jurídica sobre este terrible capítulo histórico de la intención y concreción jurídica de una sanción en contra de la República Bolivariana de Venezuela.

  1. Soberanía y sanción

castigoSancionar, es según el Diccionario de la Real Academia Española, “aplicar una sanción o castigo”. Significando el primer vocablo la “pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores” Es decir, es imponer a alguien una consecuencia en base a la comprobación de la violación de una norma de derecho.

De ordinario, los ordenamientos jurídicos conocen dos tipos de sanciones, unas que son impuestas por las autoridades administrativas y tienen esta naturaleza, y, otras que se imponen en sede judicial. Ahora bien, existen sobre la materia algunos principios que ya han adquirido el rango de lo universal, es decir, que son comunes en la mayor parte de los Estados modernos y que bien vale la pena revisar.

Así las cosas, es importante pensar en el acto mismo de sancionar como el hecho de que alguien pueda modificar la conducta de otro y castigarle por aquella que ha tenido. En consecuencia y sin duda alguna, toda sanción es un acto de poder.

Este principio no nos es difícil de entender, se encuentra anidado en la forma en la cual se estructuran nuestras familias y nuestras escuelas. Así, la conducta desviada del hijo o del alumno es corregida –sancionada- por el progenitor(a) o el maestro(a). Llevando nuestra comprensión de ello veríamos hasta con risa un supuesto en que un compañero decida sacar del aula a otro, o, imponerle una penitencia.

Cuando hablamos de Estados caemos en una situación como aquella descrita. Dos seres que al derecho ha reconocido como iguales entre ellos y distintos a todos los demás, cuyo principio de valor supremo tan sólo y parcialmente se ha cuestionado a la luz de un poderío de una insipiente estructura de sociedad internacional.

De allí que en los términos más sencillos el rechazo es a cualquier posibilidad de que un Estado pueda sancionar a otro, pues, como alumnos en la escuela en la sociedad de las naciones independientemente de su tamaño o poderío, los Estados son iguales. Esta afirmación es tan sencilla como fundamental y es el principio de igualdad jurídica de los Estados, corazón mismo del derecho internacional.

Sin embargo no basta en este caso con quedarnos allí, pues decíamos que la sanción requiere de la comprobación de que se ha violentado alguna ley. Esta segunda consideración es urgente. Pues debemos preguntarnos en base a qué ley, puede al menos plantearse un conflicto internacional que si quiera se parezca a este.

Eso nos lleva a referirnos a otra cuestión clásica para las ciencias jurídicas como lo es la territorialidad de la ley, en especial, de la penal. Mediante este principio se determina que las leyes tan sólo rigen para los Estados que la producen y dentro de su territorio requiriéndose la existencia de elementos que justifiquen que pueda darse excepcionalmente su extraterritorialidad. Es decir, que una acción llevada a cabo fuera de mi territorio -como Estado- afecte mis intereses o personas nacionales o que sean mis nacionales que lo cometan fuera.

En el presente existe una figura, que con luces y sombras se abre camino que es aquella de la jurisdicción universal. Formula según la cual todos los países del mundo irían en contra de quienes se han determinados como violadores de derechos humanos. Ahora bien, el principio en primer lugar corresponde al poder judicial y no se da contra cualquiera que cometió presuntamente cualquier acto sino contra quien se supone cometió un crimen de relevancia internacional. Por ende, en nuestra opinión la acción norteamericana difiere profundamente de esta categoría en tanto (a) es una acción del poder ejecutivo; (b) no implica la sumisión a juicio sino la imposición de un castigo; (c) pese a que se publicite como individua tiene consideraciones explícitamente aplicables de manera general.

  1. Consecuencias de las Sanciones en General

Uno de los temas de los que menos hemos conversado en estos días de debate nacional son las consecuencias directas e inmediatas de la orden ejecutiva. Esto es sumamente delicado en tanto la misma Organización de las Naciones Unidas ha señalado en su Observación General N8 (Comité DESC) que “si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, el Comité es consciente de que casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el Pacto. Así, por ejemplo, con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad del agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socaban el derecho al trabajo” En conclusión, en la escena internacional es conocido que las consecuencias de estas medidas de presión son la pauperización de las condiciones generales de un país.castigo-politico-1

Esto es fácil de entender cuando nos ubicamos en la lógica de las relaciones norte/sur donde un par de países tienen botones para presionar la vida de todo el resto del planeta, de lo cual estos últimos meses son buena muestra con la práctica del fracking para destrozar el mercado petrolero. Así las cosas, en una economía mundial que Galeano describe como la mejor expresión del crimen organizado existe la posibilidad de extorsionar países y empresas que pudieran querer desarrollarse en algún país. Para evitarlo precisamente el marcarlo como violador de derechos y enemigo del norte es una excelente formula, complementada por demás con la advertencia de que las sanciones podrán unilateralmente ser ampliadas sin que se precise notificación alguna para ello.

  1. Del decreto en sí

Debemos empezar por considerar que, una vez producida la partida física del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías sin que ello significase el ocaso del proceso bolivariano los Estados Unidos de Norteamérica ha desarrollado una política cada vez más injerencista en contra de Venezuela. En consecuencia, al valorar el supuesto debemos observar que se analiza la Orden Ejecutiva dictada por la Casa Blanca el día 8 de marzo del año en curso que desarrolla y amplía la Ley de defensa de derechos humanos y sociedad civil de 2014 de Venezuela, que Obama firmó el 18 de diciembre de 2014.

  • Declaración de emergencia nacional

Esta primera frase de la Orden Ejecutiva ha sido discutida menos que aquella que se convirtió en el cuestionamiento principal de la comunidad internacional y del gobierno de Venezuela que determina que nuestro país constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela pero una interpretación detenida sugiere que esta es más importante que aquella.

Esta afirmación se hace pues es la consecuencia a lo interno de USA que Venezuela sea ese Estado malvado, comunista y come niños. Esta categoría jurídica es harto conocida de allí que para verla en primer término podamos tomar hasta que lo dice Wikipedia,

“El estado de emergencia es uno de los regímenes de excepción que puede dictar el gobierno de un país en situaciones excepcionales. Este estado de emergencia se dicta, generalmente, en caso de perturbación de la paz o del orden interno de un Estado, ya sea a consecuencia de catástrofes, brotes de enfermedades contagiosas, graves circunstancias políticas o civiles que afectan e impiden la vida normal de una comunidad, región o país. Durante este llamado régimen de excepción, el gobierno se reserva el poder de restringir o suspender el ejercicio de algunos derechos ciudadanos. Los derechos restringidos pueden ser los relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Durante ese estado las fuerzas armadas de un país pueden asumir el control de orden interno” (destacado nuestro)

Ahora bien, valorando esta institución cuya base histórica se encuentra en los poderes del dictador romano y que para la doctrina equivale a una situación atípica en la cual se prescinde del derecho y de la institucionalidad para salvarlos de aquello que los compromete vemos que equivale en el derecho público estatal como lo señala Fix-Fierro a la legítima defensa del derecho penal. Esto pues como señala el citado es la autorización para violar parcialmente el derecho para proteger bienes considerados de igual o mayor importancia para la sociedad. La consecuencia de esta declaración no es otra que la habilitación para hacer aquello que en tiempos normales sería castigado.

En el caso de derecho norteamericano, tan alabado por su longeva Constitución, las normas que aplican se encuentran dispersas en instrumento de rango legal. Así las cosas si para la visión europea representada por Wanda Mastor, profesora de la Universidad de Limoges (Francia) han existido tan solo dos grandes momentos de excepción por agresión a los Estados Unidos: la entrada de Pancho Villa a Columbia y los hechos del 1109[1], el régimen jurídico a la actualidad determinado por la Patriot Act nos habla que de aquello que para 1955 se reguló como urgencia pasó a determinarse desde el año 2005 (por prolongación de la ley del 2001) un Estado de emergencia permanente en los Estados Unidos.

Este régimen jurídico es el marco mediante el cual se han librado todas las invasiones que “en búsqueda de los terroristas” se han llevado a cabo en los últimos años desde el país norteamericano y es, por tratarse de una emergencia, aquel que como base podría determinarse al seguir el camino de considerar a Venezuela entre los países narcotraficantes, terroristas y ahora, amenazadores.

  • La amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación en Venezuela

Muchas personas, entre ellas los menos afines al proceso bolivariano como el ex Secretario de la OEA José Miguel Insulza han manifestado que en el juego de palabras dispuesto desde la Casa Blanca existen evidentes peligros. Así, dvenezuela-amenaza-washington_1_1326653.jpgesde Bolivia el 10 de marzo del año en curso el diplomático señaló “preocupan más los términos utilizados por Obama contra Venezuela que las sanciones”[2] esto porque para el derecho la existencia de una amenaza es el supuesto necesario para: una acción judicial urgente (procesal), la legítima defesa (penal), el Estado de excepción (constitucional), o, en el régimen que deriva de la Doctrina Bush, la guerra preventiva.

Para los textos fundamentales del derecho internacional todo Estado tiene derecho a defenderse. Así, diferente al Pacto de la Sociedad de Naciones y al Pacto Kellogg-Briand, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas consagra expresamente el derecho de legítima defensa que reside en cabeza de los Estados. Con ello, se produjo la cristalización del derecho consuetudinario como manera de articular el derecho de legítima defensa al sistema de seguridad colectiva. Por ende, se sostiene que tradicionalmente la doctrina ius-internacionalista ha sostenido mayoritariamente, que los Estados sólo pueden obrar en legítima defensa frente a ataques armados; no es justificable que un Estado responda mediante la fuerza a una simple amenaza o que lo haga motivado por meras sospechas de un posible ataque.

Ante este régimen jurídico se impuso aquel que dibujaron los Estados Unidos con sus operaciones a partir de los eventos de septiembre de 2001 que creó la idea de que vale la pena para evitar esa amenaza ir a la guerra.

El discurso del Presidente Bush el 29 de enero de 2002 en la academia militar West Point, puso de manifiesto que la administración estadounidense abandonaba la justificación jurídica de la legítima defensa y adoptaba unilateralmente la doctrina de la guerra preventiva o “preemptive war” como estrategia de seguridad nacional (National Security Strategy). Los siguientes párrafos recogen el núcleo central de esta doctrina:

“Durante siglos el Derecho Internacional ha reconocido que no es necesario que los países sufran un ataque antes de que puedan tomar legalmente medidas para defenderse de las fuerzas que presentan peligro inminente (imminent danger) de ataque. Expertos jurídicos y juristas internacionales a menudo condicionan la legitimidad de la prevención (legitimacy of preemption) a la existencia de una amenaza inminente (imminent threat), especialmente una movilización visible de ejércitos, armadas y fuerzas aéreas que se preparan para atacar.

 Debemos adaptar el concepto de amenaza inminente a las capacidades y objetivos de los adversarios de hoy. Los Estados al margen de la Ley (rouge states) y los terroristas no buscan atacarnos usando medios convencionales.”[3] (Destacado nuestro)

Para cerrar este aspecto consideramos oportuno incorporar el análisis publicado en el portal web hoyvenezuela.info que reseña algunos estados de emergencia declarados por EE.UU., cronología esta que fue igualmente difundida por Telesur:

– El 11 de septiembre de 2001, el entonces presidente George W. Bush declaró una emergencia nacional que fue renovada seis veces por el presidente Obama, considerada la base legal de actos de guerras e invasiones en nombre de la “lucha contra el terrorismo”. Tres días después de los ataques terroristas contra la torres gemelas. Este año esa declaración de emergencia cumple 14 años.

– El 21 de octubre de 2014 el presidente Obama pidió al Congreso extender por un año más la declaratoria de Bush sobre “la violencia y atrocidades generalizadas” en la República Democrática del Congo pues “plantean una amenaza inusual y extraordinaria a la política exterior de los Estados Unidos.”

– También en octubre de 2014, Obama renovó el estado de emergencia nacional declarada en 1995 para hacer frente al tráfico de drogas en Colombia, diciendo los señores de la droga “siguen planteando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos y pueden causar un extremo nivel de violencia, corrupción y daño en los Estados Unidos y en el extranjero “.

– La situación de emergencia nacional más antigua fue emitida por el presidente Carter en 1979 para Mohamad Nazemzadeh, un doctor de origen iraní ingeniero bioquímico que intentó mediar en la venta de una bobina de resonancia para un reformado hospital iraní. En este caso también se consideró que este señor significaba “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos”.

– Estados Unidos ha impuesto restricciones a las actividades con Irán bajo varias autoridades legales desde 1979, después de la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán. El estatuto más reciente, la Ley de Sanciones Amplias de Responsabilidad y Desincorporación de Irán (CISADA), añadió nuevas medidas y procedimientos a la Ley de Sanciones a Irán de 1996.[4]

  1. De las siguientes alocuciones oficiales de la República de los Estados Unidos de Norteamérica

Después de que fuese presentada la Orden Ejecutiva se han pronunciado en distintos espacios algunos voceros que, siendo todos subordinados de estructuras inferiores al Presidente de la República han venido demostrando la poca coherencia de la política exterior de Obama que cada vez se muestra más improvisada y descuidada con las formas que habían caracterizado a la Casa Blanca. Demostrando con esto quizás, como señala Omar Hassan la debilidad del partido de gobierno ante los próximos comicios electorales, y, siendo quizás una reacción a las acusaciones que en agosto 2014 le hiciere Hillary Clinton que acusaba que “su política exterior adolece a veces de un exceso de prudencia.”[5]

  • El perjurio

Tomemos los datos en concreto. Según la declaración rendida el 7 de abril de 2015, por el asesor presidencial sobre Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Ben Rhodes,  la calificación de Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos no fue más que un asunto burocrático, reportó la agencia AP. “Es completamente pro forma, es el texto que usamos en órdenes ejecutivas para todo el planeta”, dijo durante una teleconferencia.

Es importante destacar al respecto que en el ordenamiento jurídico norteamericano existe el juramento de cumplir la Constitución del Presidente de la República que se rinde por orden expresa de la Carta Magna y que, mentir bajo juramento o en declaración dada por quien actúa en el marco de dicha promesa constituye un crimen.

Lo aquí expresado que remite tan sólo la atención del lector al Código de los Estados Unidos (denominado en inglés Code of Laws of the United States, United States Code, U.S. Code, o U.S.C.) es una compilación y codificación de la legislación federal general de los Estados Unidos, en tanto el 18 U.S. Code § 1621 – Perjury generally, dispone,

Quien …—

(1) Haya juramentado ante un tribunal competente, oficial, o persona a la cual la ley de los Estados Unidos de América haya otorgado autorización para poner bajo juramento, que la persona testificará, declarará, depondrá, y/o certificará verdadero, o en un testimonio escrito, declaración o deposición, o que certifique con firma, que es verdad, y que voluntariamente y contrario al juramento o subescriba cualquier asunto material el cual no se considere legitimo; o

(2) en cualquier declaración, certificado, verificación o declaración escrita bajo la pena de perjurio según permitida por la sección 1746 del título 28 del código de los Estados Unidos, voluntariamente suscribe como verdadero cualquier material el cual no se cree que sea legitimo; es culpable de perjurio y ha, excepto en casos provisto por ley, de ser multado bajo este título o encarcelado por no más de 5 años, o ambos. Esta sección se aplica en cualquier declaración o subescrito dentro o fuera de los Estados Unidos.1

  • La Difamación

Si la viabilidad e incluso la conveniencia de lo antes planteado dependería de que alguien accione en los Estados Unidos y algún Tribunal así lo definiese, para nuestros efectos nacionales el juego de declaraciones, un tanto en aplicación de la vieja técnica de litigio de jugar con el fruto de lo prohibido, constituye una afronta mayor contra el prestigio de nuestro Estado y gobierno. Puesto que expuestos como han sido los efectos de ser catalogados como amenaza, debiendo destacar que ninguna de las declaraciones posteriores significa que el Decreto haya sido derogado o modificado, a los efectos jurídicos la situación es exactamente la misma, debiendo considerar tan sólo que las declaraciones de Rhodes, Fried y Jacobson, al haber sido públicas y oficiales sirven como demostración de la falta de argumentos y consecuente mala intención con la cual las mismas fueron dictadas.

Este ensayo sin conclusiones escritas alimentado tan sólo por elementos que consideramos han de discutirse para llegar a cumplir efectivamente el rol de defender la Patria constituyen una primera recopilación de elementos a considerar para el debate en el cual, el débil entramado del derecho internacional se debate entre uno de los más brillantes triunfos de la diplomacia bolivariana y el rostro más demacrado y consumido de un imperio en decadencia.

[1] https://www.unicaen.fr/puc/images/crdf0605mastor.pdf

[2] http://www.telesurtv.net/news/Insulza-OEA-debe-tratar-medidas-de-EE.UU.-contra-Venezuela-20150310-0027.html.

[3] UNCAN E. J. Curie LL.B (Hons) LL.M. “Preventive war” and International Law after Iraq. Versión digital

disponibe en: http://www.globelaw.com/Irak/preventive_war_after_iraq.htm. (abril 2006)

[4] http://www.telesurtv.net/news/EE.UU.-ha-declarado-53-estados-de-emergencia-desde-1976-20150310-0017.html.

[5] http://www.dw.de/hillary-clinton-critica-la-pol%C3%ADtica-exterior-de-obama/a-17845434