Derechos de los artistas

Buenos días queridos usuarios.

El día de hoy, con apoyo a algunos conceptos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y las leyes venezolanas vamos a revisar el mundo de los derechos que tienen los artistas, primero pensando en el derecho que tiene sobre su propia obra y luego, entendiendo a los y a las artistas como parte fundamental de nuestra sociedad.

Para pensarlos desde las obras, siguiendo a la OMPI, vamos a llamarles autores. Entonces hablamos de los derechos de autor que es el tít ulo que se utiliza para describir los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas. Las obras que se prestan a la protección por derecho de autor van desde los libros, la música, la pintura, la escultura y las películas hasta los programas informáticos, las bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos.

En términos generales, entre las obras habitualmente protegidas por el derecho de autor en todo el mundo están las siguientes:

  • las obras literarias como las novelas, los poemas, las representaciones escénicas, las obras de referencia, los artículos periodísticos;
  • los programas informáticos y las bases de datos;
  • las películas, las composiciones musicales y las coreografías;
  • las obras artísticas como los cuadros, los dibujos, las fotografías y las esculturas;
  • la arquitectura; y
  • los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos.

El derecho de autor abarca dos tipos de derechos:

  1. los derechos patrimoniales, que permiten que el titular de los derechos obtenga compensación financiera por el uso de sus obras por terceros; y
  2. los derechos morales, que protegen los intereses no patrimoniales del autor.

En la mayoría de los casos, en la legislación de derecho de autor se estipula que el titular de los derechos goza del derecho patrimonial a autorizar o impedir determinados usos de la obra o, en algunos casos, a recibir una remuneración por el uso de la obra (por ejemplo, por medio de la gestión colectiva). El titular de los derechos patrimoniales de una obra puede prohibir o autorizar:

  • la reproducción de su obra de varias formas, como la publicación impresa o la grabación sonora;
  • la interpretación o ejecución públicas, por ejemplo en una obra dramática o musical;
  • la grabación de la obra, por ejemplo en forma de discos compactos o DVD;
  • la radiodifusión de la obra por radio, cable o satélite;
  • la traducción de la obra a otros idiomas; y
  • la adaptación de la obra, como en el caso de una novela adaptada para un guión.

Entre los ejemplos de derechos morales universalmente reconocidos están el derecho a reivindicar la paternidad de la obra y el derecho a oponerse a toda modificación de la obra que pueda perjudicar la reputación del creador.

En Venezuela, la autoridad competente responsable por el registro de derechos autorales y propiedad intelectual es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, que es un organismo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Comercio. Una consulta a su página web nos permitirá ver cuáles son los pasos para registrar nuestras obras, que empieza por una búsqueda de antecedentes que determina si ya lo que vamos a registrar se encuentra protegido y luego, con el llenado de planillas para inscribir nuestras obras. En los últimos años, según reportan en prensa, estos procedimientos se han venido automatizando y pueden al menos parcialmente, hacerse en línea.

De igual forma, para entender realmente los procesos y cuáles son las cosas que puedes proteger debes conocer la Ley Sobre El Derecho De Autor que fue dictada por el Congreso De La República De Venezuela en 1993. Esta norma se lee desde la perspectiva de lo dispuesto en la Constitución de 1999 que le destinó el contenido de su artículo 98.

Artículo 98. La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.

Con esto en cuenta, nos toca ver que no se ha dado en la Revolución una nueva legislación sobre la materia que actualice este tema y que le otorgue a los autores mayor protección sobre sus obras. Lo que si veremos si pensamos no en el objeto sino en el sujeto.

En el 2014 fue dictada la Ley de Protección Social al Trabajador y Trabajadora Cultural, rotege a los trabajadores culturales dependientes e independientes de patronos, además de quienes laboren bajo contrato. De acuerdo al documento, los trabajadores culturales tendrán derecho al reconocimiento de su obra, la protección de su labor, la promoción y difusión de su obra, asociarse libremente para representar los intereses colectivos, acceder a planes culturales de investigación y capacitación, así como de financiamiento, contar con instancias para su protección.

También establece seis deberes como la contribución al desarrollo cultural de la nación, promover la acción cultural en las comunidades, estimular el talento artístico en niños y jóvenes, respetar la labor y obra de sus colegas, desempeñarse bajo una conducta ética y profesional.

Como deberes del Estado, la ley destaca que el trabajador y trabajadora cultural deben ser reconocidos como sujeto fundamental en el alcance de los fines esenciales del Estado y la sociedad, así como garantizar el acceso al Sistema de Seguridad Social, crear un fondo nacional para este sector, garantizar el acceso a la asesoría, protección y defensa jurídica, además de promover políticas que garanticen los espacios para el desarrollo de actividades productivas.

Visto así este es uno de los tantos temas que requieren que nos organicemos para dar respuestas concretas, prácticas, a los autores y autoras de un modo que sea compatible con los propósitos de desarrollo de nuestro país así como de los que tenemos que hablar en un momento donde cada quien se aferra a sus talentos para seguir adelante.-

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Acciones Unilaterales: una lectura jurídica

¿Cuándo empezaron las acciones unilaterales, las acciones coercitivas de Estados Unidos sobre Venezuela? Según el Profesor Luis Britto García en 1998 cuando era ya evidente el triunfo del Comandante Chávez ya se habían desplegado. Ahora, sobre el momento en el que comienzan las acciones típicas, las anunciadas, existen varias posturas. Hay quienes las ubican en 2014, otros en 2017 aunque en los discursos de la oposición hayan nacido en 2019.

En una investigación que hicimos para Misión Verdad ubicamos legalmente el nacimiento de estas acciones estadounidenses observando que fue la Ley 113-278 identificada como “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil en Venezuela”, aprobada por el Congreso el 10 de diciembre de 2013 y promulgada por el presidente Barack Obama el 18 de diciembre de 2014, la que sirve de marco normativo a las acciones ejecutivas que han sido dictadas sobre Venezuela.

Este texto, en su versión original, fue propuesto por el senador demócrata Robert “Bob” Menéndez, de cuya carrera destaca una polémica que sostuvo en 2006 con la OEA y un proceso de destitución que enfrentó por corrupción.

Es interesante tener en cuenta la fecha en la que esta ley fue dictada, puesto que en la reconstrucción permanente del discurso en contra de Venezuela ahora suele asociarse o justificarse con la situación de la Asamblea Nacional, cuya dinámica se ve afectada desde la negativa de ésta a reconocer las decisiones del Poder Judicial y la subsiguiente declaratoria de desacato. Pero esto ocurrió mucho más tarde, en julio de 2016.

Las primeras consecuencias de esta norma no tardaron en producirse porque ya desde febrero de 2015 se registran actos de ejecución, y de ese año recordaremos particularmente la declaratoria de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria.

Ahora bien, no sólo los sujetos políticos de primera línea se encuentran sancionados, aunque esa sea la lectura que quienes promueven o dictan estas medidas pretenden que se haga, pues algunas de estas medidas afectan directamente la economía o las personas morales que generan el grueso de nuestros ingresos.

Allí hemos de destacar la Orden Ejecutiva 13808, del 24 de agosto de 2017, la cual señala al final del séptimo párrafo que las medidas dictadas tienen como objeto asfixiar al gobierno y permitir la ayuda humanitaria, afecta directamente a PDVSA.

ntrato firmado o ninguna licencia o permiso otorgado antes de la entrada en vigor de esta orden.

Esta orden ejecutiva fue ampliada el 12 de febrero de 2018 cuando igualmente se prohibió la renegociación o reestructuración de la deuda venezolana y de PDVSA que hubiese sido contraída antes del 25 de agosto de 2017.

Debiendo observar tan sólo que esta Orden Ejecutiva fue objeto de una excepción en 2018. En tanto, el bono Pdvsa 2020 quedó excluido de las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Orden Ejecutiva 13835.

De igual forma el Petro, creado en el marco de un Estado de Emergencia Económico y destinado a ser un instrumento financiero que le permita al país adquirir los bienes y servicios que requiere sin depender del dólar, ha sido objeto de una Orden Ejecutiva dictada el 19 de marzo de 2018, que prohíbe realizar operaciones en esta criptodivisa.

Siendo completada por la Orden Ejecutiva No. 13835 mediante la cual se amplían las sanciones, prohibiendo la compra de deuda y el pago de cuentas por cobrar de empresas del Estado venezolano, que fue dictada el 21 de mayo de 2018.

Este proceso se aceleró en el año 2019 cuando fueron impuestas nuevas ordenes ejecutivas que se fueron acompañando con las acciones patrimoniales enmarcadas en el reconocimiento de Juan Guaidó que fueron estimadas por la Vicepresidenta de la República Delcy Rodríguez como un “golpe jurídico” centrado en lo ocurrido con CITGO y lo que hoy es conocido como el embargo.

Ahora, en el presente nos interesa leer las acciones desde un punto de vista jurídico. Empecemos por pensar que consecuencia tiene que un país se atibuya el derecho de sancionar a otro.

¿SE PUEDE SANCIONAR? ¿QUIÉN PUEDE HACERLO?

En una visión introductoria, entendamos que una sanción es la respuesta de un orden normativo frente al incumplimiento de una norma. Es decir, es la consecuencia de comparar un supuesto normativo con la realidad.

En principio, si nosotros consideramos que los Estados son soberanos, que la diplomacia debe respetar las normas propias de los sujetos que interactúan y que los puebl

os tienen derecho a la autodeterminación, resulta difícil que exista una causal o una autoridad válida en el Derecho Internacional para sancionar a un Estado. En especial que puedan los Estados, que son entendidos como jurídicamente iguales, sancionar unilateralmente a otros.

Pues es un tema muy distinto cuando el sujeto que sanciona es una entidad de Derecho Internacional a la cual una nación, en un ejercicio de su soberanía, se ha sometido. Allí que en esta materia el asunto suele centrarse en evaluar si es o no es efectivo un método utilizado y cómo se integra el plano internacional en el derecho interno.

Lo contrario ocurre cuando un Estado, de manera unilateral, decide sancionar a otro. No es una acción de nuestro controvertido pero a la final existente Derecho Internacional, sino una argucia para extender su propia jurisdicción sobre la soberanía de un tercero. Es visto así, un acto hostil y antijurídico, que no tiene sino en su propio sistema un espacio para existir.

Visto desde la estructura que conforma la Organización de las Naciones Unidas, la idea de que existan sujetos que pueden sancionar es limitada, porque esto sólo pueden ejecutarlo quienes a través de un tratado o una resolución se le ha dado previamente la capacidad de hacerlo. Este es el tan fundamental principio del juez natural, de la autoridad preexistente, de la necesidad de una ley previa, que haría que sólo pudiéramos ver actos de esta naturaleza nacer en el Consejo de Seguridad o en los Tribunales, permanentes o especiales que tiene el sistema.

Este es un enfoque sumamente interesante porque nos permite ver que cuando un Estado se reconoce un derecho a sancionar a otro lo que, en virtud del Derecho Internacional, le está negado, termina por descartar todos los procedimientos que convencionalmente están fijados. Quizás esta es una de las razones por las cuales hasta el Secretario de la ONU considera que el sistema onusino enfrenta una de las peores crisis de su historia.

¿QUÉ PASA CON LOS DERECHOS?

En la Observación General N°8 aprobada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la que se analiza la “relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales”, y se señala expresamente que:

“…Si bien los efectos de las sanciones varían de un caso a otro, el Comité es consciente de que casi siempre producen consecuencias dramáticas en los derechos reconocidos en el Pacto. Así, por ejemplo, con frecuencia originan perturbaciones en la distribución de suministros alimentarios, farmacéuticos y sanitarios, comprometen la calidad de los alimentos y la disponibilidad de agua potable, perturban gravemente el funcionamiento de los sistemas básicos de salud y educación y socavan el derecho al trabajo. Además, cabe citar entre las consecuencias indeseadas el refuerzo del poder de minorías opresoras, la aparición prácticamente inevitable de un mercado negro y la generación de grandes beneficios inesperados para los grupos de privilegiados que lo administran, el aumento del control que las minorías gobernantes ejercen sobre la población en general y la restricción de oportunidades de búsqueda de asilo o de expresión de oposición política. Aunque los fenómenos mencionados en la frase anterior tienen un carácter esencialmente político, ejercen asimismo un importante efecto adicional en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales”.

Con estas consideraciones resulta evidente que las sanciones son un acto ilegal que tan sólo encuentra “zonas grises” o de relativa legalidad cuando son impuestas por organizaciones jurídicamente constituidas y expresamente autorizadas para fijarlas; aunque incluso estas tienen unas consecuencias importantísimas para los derechos de la población, porque recordemos que las garantías no suelen exigir actos imposibles o más allá de las capacidades materiales para cumplirlas, y las sanciones pretenden condicionar la soberanía de sus destinatarios así como hacer más duras las condiciones de existencia y gobernabilidad de un pueblo.

CONSECUENCIAS PARA EL ORDEN MUNDIAL Y LA LIBERTAD DE COMERCIO DE TERCEROS

En el estadio actual, del marco impuesto a Venezuela por Estados Unidos, las acciones dejaron de significar que Estados Unidos no negocie con Venezuela o tome bienes de nuestro país.  La Orden Ejecutiva N° 13884 relativa al Bloqueo de propiedades del Gobierno de Venezuela del el 5 de agosto de 2019,  se refieren particularmente se refiere a las personas que el secretario del Tesoro determine que ha ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de, cualquier persona incluida en la lista de ciudadanos designados especialmente y de personas bloqueadas, que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

De este modo, el embargo aplica sobre Venezuela pero limita a otros ciudadanos, a otros países de tener relaciones con nosotros. En esto es interesante la perspectiva que Eduardo Galeano nos regalaba de otras acciones estadounidenses como la existencia de la prisión de Guantanamo que en su opinión no sirve para detener culpables sino para atemorizar a todo aquél que piense o actúe diferente.

Desde allí, entender nuestra realidad al ser entendidos no como sujetos de derecho internacional sino como espacio para una confrontación geopolítica que es principalmente con Rusia y China, que son países con grandes intereses en Venezuela y que también se encuentran sancionados por Estados Unidos y con los que este país desarrolla grandes conflictos en otros espacios como Siria y guerras comerciales.

En esta perspectivas, las acciones coercitivas unilaterales se configuran como mecanismos que rompen las bases de la convivencia internacional y que ponen en riesgos sus equilibrios al restringir libertades de terceros, la posibilidad de desarrollo y el principio de no agresión e igualdad jurídica de todos los miembros de las Naciones Unidas.

Una intensa barricada: el embargo en sus notas más claras

El lunes 5 de agosto de 2019 quedará en la historia como un día negro. Pues en esa fecha Donald Trump, en su condición de Presidente de los Estados Unidos dictó una Orden Ejecutiva que, según el medio estadounidense The Wall Street Journal, consiste en un “embargo económico total”.

Desde entonces son muchas las interpretaciones y reacciones que se vienen publicando, como el rechazo expresado por la Unión Europea o la preocupación expresada desde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sin embargo, este es un tema sumamente complejo del que queremos hablar en sus notas más sencillas.

Una “intensa barricada”

La palabra “embargo” formada a partir del prefijo –in y del núcleo barricare significa impedir, es decir constituir una barricada que se dicta a fin de aislar a un Estado y situarlo en una situación interna difícil, puesto que los efectos del embargo a menudo hacen que su economía padezca.

Desde ese padecer de la economía, los efectos sociales son prácticamente inmediatos porque significa impedir las posibilidades de un país de salir al comercio, de beneficiarse de su trabajo y de disponer de sus bienes. Esto hay que entenderlo en el marco de un mundo que se encuentra interconectado y globalizado, donde los sistemas financieros ni el mundo comercial son autónomos o carentes de legalidad.

Desde una visión tan básica como la de Wikipedia, se puede ver abiertamente que “el embargo se utiliza normalmente como un castigo político por determinadas políticas” de modo que nosotros vemos este acto como la admisión abierta de que las acciones coercitivas unilaterales o sanciones son un castigo colectivo. Es importante aquí nosotros nos desprendamos de la visión jurídica del término porque no estamos hablando de una medida judicial y mucho menos de algo relacionado a guardar un bien sino de una medida destinada a impedir, a detener y a cercar.

Visto así es fácil entender que no pocos voceros internacionales o nacionales que adversan a Nicolás Maduro reconozcan que esto somete a la República a una situación sin precedentes, que debemos entender en el marco que sin este nuevo decreto ya hasta en julio de 2019 The New York Times advertía que las sanciones a Venezuela podrían ocasionar primera hambruna en América Latina.

Una situación que no se va a originar en esta orden ejecutiva sino que se va a recrudecer porque recordemos que esto ha sido un camino que hemos transitado desde hace ya varios años desde que Barack Obama iniciara a emitir órdenes ejecutivas en Venezuela.

La visión sobre que lo que puede generarse a partir de ahora puede tener el alcance de una hambruna se observa cómo no hay mayores discusiones. Esta afirmación fue retomada el día de ayer, 7 de agosto de 2019, tanto por Nicolás Maduro Moros en su condición de Presidente de la República como por Henry Falcón, candidato perdedor en los últimos comicios presidenciales. Al tiempo que esta situación ha sido advertida a los medios por analistas opositores y oficialistas.

El contenido

Ahora bien, cuando nos referimos a lo firmado el 5 de agosto de 2019, nos estamos refiriendo a la Orden Ejecutiva N° 13884 relativa al Bloqueo de propiedades del Gobierno de Venezuela, disponible en su versión en inglés en la página web de la OFAC.   Este documento fue redactado en tres secciones que podemos resumir del siguiente modo:

Sección 1. Los bienes Todas las propiedades e intereses de Venezuela en Estados Unidos quedan bloqueados y no podrán ser transferidos, pagados, exportados, retirados, o intercambiados de ninguna manera.   Todas las propiedades e intereses de personas que el secretario del Tesoro determine que ha ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de, cualquier persona incluida en la lista de ciudadanos designados especialmente y de personas bloqueadas, que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cuyas propiedades e intereses están bloqueados según esta orden-
Sección 2. Las personas Queda suspendido el ingreso de personas que el secretario del Tesoro determine que ha ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de, cualquier persona incluida en la lista de ciudadanos designados especialmente y de personas bloqueadas, que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cuyas propiedades e intereses están bloqueados según esta orden-
Sección 3 Los actos prohibidos (a) la formulación de cualquier pago o suministro de fondos, bienes, o servicios de, a, o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses están bloqueados de acuerdo con este decreto y   (b) el recibo de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte de tal persona.

Es fundamental aclarar que la Orden Ejecutiva N° 13884 insiste en determinar que estos bienes serían propiedad del gobierno lo que en Venezuela no es posible, en tanto, el gobierno no tiene ni personalidad jurídica ni patrimonio pues los funcionarios actúan a nombre del Estado y administran sus bienes. Por ende son los bienes de la República.

Del mismo modo, es importante que nosotros observemos que en la redacción las personas que serán visadas por la Orden no son las que a futuro colaboren con la República sino todas aquellas que se considere que lo hayan hecho, sin limites que determinen el tiempo en el que esto ocurrió. Pudiendo englobarse -o no- cualquier persona que haya recibido divisas del Estado venezolano para la compra de bienes y servicios.

Ahora bien, lo fundamental de la Orden no está en la toma de los bienes venezolanos en Estados Unidos sino en la amenaza a todos los que han “ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de, cualquier persona incluida en la lista de ciudadanos designados especialmente y de personas bloqueadas” porque esto es un llamado a abstenerse de comerciar con Venezuela y aquí esto ha sido tomado como una amenaza directa hacia otros Estados, en especial hacia Rusia y China.

De igual forma debemos recordar que el grueso de los bienes de Venezuela en Estados Unidos han sido objeto del fraudulento juicio iniciado por Cristallex así como ya habían sido repartidos. Aquí, nuevamente el detalle de precisar que se refieren a bienes del gobierno dejan la duda cuál es la postura sobre los bienes que le asignaron a Guaidó en tanto este es el gobierno que ellos reconocen.

Recordamos en esto que las amenazas contra los socios de Venezuela influyó marcadamente en la decisión de la India de disminuir la compra de petróleo venezolano cuando, tras las sanciones, aseguraba que las ampliaría. A esto, algunos analistas lo denominan efectos indirectos. Lo que no debe confundirse con efectos indeseados porque es precisamente el llamado a la abstención el contenido central de esta orden.

Es en este sentido que se pronunció Rusia y declaró que estas acciones constituyen terrorismo económico así como han recordado que ningún país tiene derecho a dictar su voluntad a otros mediante represiones económicas y han pedido a EE.UU. renunciar a las “sanciones ilegítimas y a las barreras y restricciones políticamente motivadas”.

Sobre la efectividad de este llamado, a esta coacción, sobre Rusia y China, es importante que nosotros observemos que estos son países que en el presente tienen sus propios conflictos con USA, estando Rusia sancionada y China en medio de una guerra comercial con Washington.

Un acto antipolítico

Con estos hechos nosotros evidenciamos cómo se configura una acción en contra de las normas de las Naciones Unidas, que compromete el bienestar de una población sobre la base a negar su autodeterminación. Es importante que en esto se valore que hasta este momento, la voluntad mayoritaria del país es la solución pacífica, mediante el diálogo, de su conflicto interno así como que observemos cómo esta nueva Orden Ejecutiva ha sido acompañada por amenazas que abiertamente señalan que el tiempo del diálogo concluyó.

De este modo, se dinamita tanto los principios de independencia y soberanía como la máxima de que en todos los conflictos debe propenderse a que la solución se logre mediante mecanismos de resolución pacífica.

Debiendo observar que, tras este anuncio fue publicado un comunicado oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el que se señaló que “el Presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad (…) Venezuela se dispone a revisar los mecanismos de ese proceso a fin de que su continuación sea realmente efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo.”

Con lo que se observa que este incremento de las tensiones pone a Venezuela en momento definitorio, en el que debe primar la voluntad de la resolución política y nacional del conflicto y valorar que esta acción constituye la afronta más grave que haya recibido la República.

Es importante ver cómo el comunicado concluye afirmando que el gobierno revisará los mecanismos y recordar que a lo largo de la historia, los procesos de diálogo, han enfrentado dificultades así como que la postura de la Revolución no ha variado en tanto ha señalado que sostendrá dentro de la Constitución todos los escenarios de diálogo.

Existe entonces en el acto del gobierno una denuncia sobre que esta actitud rompe las premisas constitucionales y los límites de un conflicto político, en tanto, jugar con la existencia de la República, con la independencia de ella o con la posibilidad de garantizar derechos es actuar de espalda no tan sólo a la Constitución sino a los sustentos de nuestra nacionalidad.

En las ciencias sociales ni en la realidad es posible determinar cuál será la conclusión final de este escenario pero sin duda son tiempos tensos para la República pues claramente estamos siendo la arena de los conflictos geopolíticos que se viven como consecuencia de la decadencia de Estados Unidos y el afianzamiento de otras alternativas como verdaderos gigantes del plano mundial.

Masacre de El Paso

El tirador de la masacre de El Paso ha declarado que actuaba en contra de una invasión latina. Lo hace porque siente que tiene que defender la identidad cultural de Texas que con la X quiere disimular que era México y que su nombre demuestre que antes de anglo fue hispano. La prensa se apura a decir que se trata de un crimen de odio y a caracterizar la extrema perversión de ese ciudadano. Lo hacen porque el tirador es un hombre blanco. Un supremacista. También porque los blancos no son terroristas sino ciudadanos que abusaron de su constitucional derecho a portar armas. Sus víctimas aumentaron los números de la cuenta de los masacrados en Estados Unidos en 2019 que ya son más que los que murieron el 11 de septiembre. Sus veinte víctimas no son más que las que han muerto en condiciones inenarrables entre detenciones, juicios y deportaciones de los últimos años. Son tan inocentes como los niños sentados en los juzgados. El tirador de El Paso no conoce su propia historia ni la de los que estuvieron antes en esas tierras que decían Los Angeles y El Paso, palabras indudablemente castellanas como la lengua que hablan las personas que él declara no merecen ser estadounidenses. Como quien gritara la gente no, las tierras sí.

Al día siguiente, un hombre de 24 años abrió fuego frente al bar Ned Peppers matando a al menos de nueve personas y provocando 27 heridos.

El Derecho al Derecho: La tercera edad

Buenos días estimados usuarios de la Radio del Sur,

El día de hoy tenemos previsto hablar de un tema que suscita mucho interés. Vamos a repasar cuáles son los derechos de las personas mayores, de los viejitos. Para empezar tenemos que considerar que los adultos mayores es el sector de la población que más crece en el mundo, dado el aumento de la expectativa de vida y esto viene impactando la economía y el derecho.

Cuando hablamos de personas de la tercera edad o  en la senectud, nos referimos a quienes están en las últimas décadas de la vida, determinadas según las medias de edad que los humanos, en un lugar y tiempo determinado, suelen vivir. A pesar que esta fase tiene un punto final claro (la muerte), la edad de inicio no se encuentra establecida específicamente, puesto que no todos los individuos envejecen de la misma forma. No obstante, debido que la edad biológica es un indicador del estado real del cuerpo, se considera que se trata de un grupo de la población que tiene 60años de edad o más

En principio, las personas mayores deben disfrutar de los mismos derechos que todos los seres humanos, tomando en cuenta que no solo necesitan de atención socio sanitaria para vivir con dignidad. Las sociedades deben plantearse cómo garantizar sus condiciones de vida a partir de políticas públicas inclusivas, según indica el informe ‘Derechos de las personas mayores, retos para la independencia y autonomía’ elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Como generalidad, tenemos que existe un documento que busca darle a todos los mayores los mismos derechos que se denomina “Los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad” adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 46/91) el 16 de diciembre de 1991, reconociendo clausulas que estaban incluidas en documentos obligatorios como el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Art. 11, 12 y 14.

A este documento deben agregársele varios otros acuerdos de la ONU como la Proclamación sobre los Ancianos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Programa de Acción del Cairo o la Declaración de Copenhague.

De los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad podemos ver algunos grandes ejes: las personas de la tercera edad tienen derecho a la independencia, a la participación, a los cuidados, a la autorrealización y a la dignidad.

En los temas en los que hay en el presente más documentos novedosos es en la exigencia de una determinación expresa del derecho de la tercera a edad a la sexualidad, la cual existe y debe garantizarse con las mismas condiciones que en las etapas previas de la vida, reconociendo que aunque cambien algunas cosas las necesidades en esta área no desaparecen con la edad. Aquí, vemos una verdadera cruzada contra lo que algunos llaman los “derechos perdidos” denunciando que existe una tendencia a quitarle a las personas derechos en la medida que envejecen, esto enmarcado en parte en la obsesión por la juventud que marca nuestras sociedades que consideran el aumento de edad como una verdadera tragedia.

Así, podemos ver que hay temas silenciosos: pensamos que las personas al alcanzar una edad avanzada dejan de ser seres sexuales y omitimos toda esa faceta de su vida. Otros son ruidosos porque hay acciones de desprecio de las personas por su edad que se convierten en actos plenos de discriminación. A esto se le llama Edadismo, que es una palabra que tomamos del inglés para expresar la discriminación por (razón de) edad sufre una persona.

La norma básica en Venezuela quedó fijada en el artículo 80 de la Constitución que señala:

El Estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana, su autonomía y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano. A los ancianos y ancianas se les garantizará el derecho a un trabajo acorde con aquellos y aquellas que manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello.

En nuestra legislación son muchos los textos que establecen derechos específicos o adicionales para las personas de la tercera edad como la Ley Orgánica de Turismo; la Ley Orgánica del Deporte, la Actividad Física y Educación Física; la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial; o, el Código Penal o el Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora existe una norma rectora, la que todos debemos conocer en esta materia. Se trata de la Ley del Régimen Prestacional de Servicios Sociales al Adulto Mayor y Otras Categorías de Personas, tiene por objeto definir y regular la rectoría, organización, funcionamiento, financiamiento, determinación de las prestaciones, requisitos para su obtención y gestión de dicho régimen prestacional, creado por la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los tratados, pactos y convenciones sobre la materia, suscritos y ratificados por Venezuela.

Es en este instrumento en el quese encuentra, por ejemplo, el derecho a un pasaje menos costoso para los adultos mayores y esta ley se encuentra según ha informado Gladys Requena en un proceso de revisión en tanto la ANC plantea una Ley Orgánica para la Protección Integral a los adultos y adultas mayores que aborde con mayor profundidad sus problemáticas, y dentro de ello avanzan en el trabajo de redacción del capítulo dedicado a este sector de la población en la Carta Magna, como parte del trabajo constituyente para transformar el Estado.

Tribunal De La Conciencia Hugo Chávez

En el marco del XXV Foro de São Paulo, celebrado en Caracas a finales de julio de 2019, la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad aprobó un documento en el que incluye el respaldo a la conformación de un tribunal de conciencia sobre el caso venezolano. Esta propuesta nacida en el capítulo venezolano es un llamado a la acción.

La situación en Venezuela es cada vez más meridiana. Este país caribeño sufre una embestida imperial que adopta una forma cambiante pero que obedece a la intención de detener la Revolución bolivariana para tomar las riquezas naturales del país y disciplinar al Continente. Para lograrlo, Estados Unidos considera válidas todas las opciones y utiliza a sus aliados en la región. Así, el país sufre saboteos, ataques electromagnéticos, persecución diplomática y una cada vez mayor batería de acciones coercitivas unilaterales que, abiertamente, se dirigen a disminuir la entrada o fabricación de medicamentos y alimentos.

En este contexto, los indicadores sociales se ven forzados a retroceder en la medida que el acceso normal a los recursos se encuentra comprometido; se ha disparado la emigración mientras la población local hace frente a un proceso de valiente resistencia. Es este optimismo, esta claridad de lo que ocurre, lo que permite que la Revolución se mantenga en pie sin que ello signifique que las acciones que se desarrollan contra Venezuela no traigan consecuencias.

De allí, que estamos en el marco de un país que es víctima de la violación de los principios fundamentales del Derecho Internacional: se discuten asuntos básicos para Venezuela sin su presencia; se han tomado sedes diplomáticas o reconocido representantes violando lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, se ha manipulado el contenido del Derecho de Ginebra que dispone las instituciones humanitarias básicas. De igual forma, las acciones directas, como el bloqueo que dispuesto desde al menos 2014 se viene afincando en los últimos años, tienen la entidad y finalidad suficiente para ser considerados crímenes de lesa humanidad.

Es en esta línea donde la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad pretende intervenir apoyando el llamado a un Tribunal De La Conciencia Hugo Chávez, que busca dotar a los pueblos desde sus propios movimientos de maneras de articular la demanda de justicia. verdad y memoria que, siendo derechos humanos, suelen ser negados a todos los países que se enfrentan a los intereses hegemónicos que siguen dominando las instancias internacionales.

Es una idea que nace de los postulados de la democracia participativa y protagónica donde la carga de hacer justicia no recae exclusivamente en el Estado sino que el pueblo también debe luchar por ella, pues es éste el único soberano así como la verdadera víctima. En tanto las  acciones coercitivas unilaterales se viven dentro del país como la muerte de personas por causas que pudieron ser evitadas –y venían siendo evitadas por la Revolución-, la enfermedad y en general la precarización.

Este acuerdo de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad es un segundo paso puesto que originalmente el capítulo venezolano acompañado por el Movimiento Periodismo Necesario, Psicólogos y psicólogas por el Socialismo y el Movimiento Constitucionalismo Bolivariano, lanzaron el  “Llamado a la Conciencia del Mundo por Venezuela” con la intención de solicitar que se convocase a un Tribunal Russell para el caso de Venezuela o alguna otra entidad capaz de levantar un registro de lo que ocurre en Venezuela y de las responsabilidades directas en ello.

Siendo que la maduración de la idea, el contacto con personas relacionadas con la experiencia del Tribunal Russell evidenciaron que es idóneo empezar el ejercicio desde los espacios locales, donde se comience el camino para la memoria y la justicia, lo que aspiramos realizar con la misma máxima que justificó la convocatoria de aquél puesto que como expresó Robert Jackson actuando como Fiscal en los Juicios de Nuremberg “si ciertos actos de violación de tratados son crímenes, se trata de crímenes, sin importar que los cometa USA o Alemania”.

De igual forma, como en el caso de las convocatorias al Tribunal Russell, estimamos que la verdadera eficacia, la fuerza más auténtica de la propuesta no reside en el efecto inmediato y circunstancial de sus reuniones, sino en la labor de información universal que lleva a cabo sobre la base de lo que escucha y concluye. El cual, en este caso, tendrá además un valor agregado porque lo pensamos como una instancia nuestroamericana, como aquellas que no fue posible terminar desde los Estados en la década ganada pero que cada vez le hacen más falta a nuestro Continente.-

Asamblea Nacional Constituyente: balance de un segundo año en funciones.

La Asamblea Nacional Constituyente como órgano del Poder Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela fue convocada y electa en el año 2017. La elección que dio origen a esta asamblea se celebró hace exactamente dos años y en esta fecha queremos valorar, lo que ha sido su segundo año de desempeño. Una lectura desde la Gaceta Oficial, nos da un total de 31 actos publicados durante el lapso 2018-2019, que contienen 44 Decretos, 26 acuerdos y 9 leyes.

¿Qué es y cómo nació esta Asamblea Nacional Constituyente?

La Asamblea Nacional Constituyente es el último mecanismo de modificación constitucional previsto en la Carta Magna. En el caso de la Constitución de 1999 los tres mecanismos han sido activados, la enmienda (2009), la reforma (rechazada electoralmente en 2007) y ahora, la Asamblea Nacional Constituyente (activa desde el proceso electoral con tal efecto realizado en 2017).

Al momento de convocarla, el 1 de mayo de 2017 (mediante el Decreto Presidencial N° 2830, el cual contempla la convocatoria y las bases comiciales), el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, manifestó claramente cuáles eran los objetivos por los cuales en el complejo momento del país debía irse al ejercicio originario del Poder.

Este acto del Presidente de la República estuvo enmarcado en el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala expresamente que corresponde al Jefe de Estado la iniciativa para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Este criterio fue ratificado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que se constituye en el intérprete autentico y final de la Carta Magna.

Según  las Bases Comiciales, los integrantes a la ANC fueron elegidos y elegidas en el ámbito territorial y sectorial, mediante el voto universal, directo y secreto del pueblo venezolano, con la excepción de los y las integrantes de los pueblos indígenas que fueron electos de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales, amparados por los artículos 119 y 125 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Crbv).

De este modo, 364 miembros fueron electos por los votantes de su territorio, 8 por pueblos indígenas y 173 constituyentes fueron electos por sectores (cifra derivada del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular las y los Constituyentes Territoriales, esto es una o un (1) Constituyente Sectorial por cada 83.000 electores del registro electoral sectorial).

El 31 de julio de 2017, un total de 8.089.320 de votantes participaron en la elección de 537 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de acuerdo con el primer boletín del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La relación con el Poder Público Constituido

El 8 de agosto de 2017, fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto Constituyente mediante el cual se dictan las Normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los Poderes Públicos constituidos, que buscaban consolidar relaciones basadas en el equilibrio y el respeto es el objetivo central de las normas de convivencia armónica.

En ese marco, las funciones del Estado venezolano se siguen desarrollando con normalidad, habiendo recibido el poder constituido mandatos del poder constituyente, en especial el Poder Electoral en lo referente a convocar elecciones.

2018-2019: Un año de perturbaciones para la estabilidad del Estado

Pese al marco anterior que se ha desarrollado con normalidad con cuatro de los cinco poderes del Estado, la relación la Asamblea Nacional sigue afectada. Pudiendo ver como es casi inexistente y como la Asamblea Nacional Constituyente ha ejercido roles que debería ejercer el Poder Público Legislativo constituido el cual, desde julio de 2016, se mantiene en desacato.

El desacato que nace de la sostenida decisión de la Asamblea Nacional de omitir los dictámenes del Poder Judicial ha acarreado que las decisiones legislativas se mantengan bajo un esquema de inexistencia jurídica en tanto todos los actos son general y previamente declarados nulos en tanto se adoptan en rebeldía.

Es importante que recordemos que en tanto para salir de esta situación lo que le corresponde a la Asamblea Nacional es desincorporar tres ciudadanos cuya condición de diputados se encuentra en controversia, se puede evidenciar que esta es una situación elegida y en la que permanece voluntariamente el Poder Legislativo que podría dedicarse a defender y a exigir, por las vías legales, que la Sala Electoral realice en tiempo las actuaciones procedimentales correspondientes.

De este modo es que se produce lo que hoy muchos llaman, entre ellos el Presidente, la auto supresión o la auto anulación de la Asamblea Nacional de la cual se acusa al Ejecutivo que no ha participado en ninguno de los actos que dieron lugar a esta controversia.

En este conflicto tampoco se encuentra la Asamblea Nacional Constituyente que fue convocada posteriormente, que ha llamado a la Asamblea Nacional a convivir y que tan sólo asume competencias que, desde su superioridad, estima necesarias para el normal desarrollo del país.

Ahora esta situación se va a complicar mucho durante este segundo año de la Asamblea Nacional Constituyente determinando el contenido de la mayor parte de los acuerdos del Poder Originario y también de actos tendentes a permitir el enjuiciamiento de parlamentarios que se van a sumar a los actos de desestabilización de agosto 2018, enero y abril 2019.

Lo sustantivo del período

Sin duda alguna, el tema de este período para la Asamblea Nacional Constituyente fue la economía, dedicándose el Poder Originario a reformar el sistema monetario y fiscal de la República y sin que se observen avances sustantivos en otras materias como derechos humanos o políticas públicas.

Estas son los actos constituyentes, de distinto orden y jerarquía, que fueron adoptados en materia económica:

  • Decreto Constituyente mediante el cual se respalda el inicio del nuevo Cono Monetario a partir del día lunes 20 de agosto de 2018 y la supresión de cinco ceros en las denominaciones del Cono Monetario actual, a objeto de brindar mayor fortaleza y estabilidad del Bolívar Soberano, cuyo valor referencial estará anclado al valor del Petro, el cual estará asociado al precio del barril de petróleo venezolano.
  • Decreto Constituyente mediante el cual se establece la Derogatoria del Régimen Cambiario y sus Ilícitos.
  • Decreto Constituyente mediante el cual se establece el Régimen Temporal de Pago de Anticipo del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Sobre la Renta para los Sujetos Pasivos Calificados como Especiales que se dediquen a realizar actividad económica distinta de la explotación de minas, hidrocarburos y de actividades conexas, y no sean perceptores de regalías derivadas de dichas explotaciones.
  • Decreto Constituyente mediante el cual se reforma el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
  • Decreto Constituyente mediante el cual se Reforma la Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado.
  • Decreto Constituyente que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela para el Ejercicio Fiscal 2019.
  • Decreto Constituyente que aprueba la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2019, la Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2019 y el Plan Operativo Anual 2019.
  • Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico Financiero 2019, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 18 de diciembre de 2018.
  • Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2019, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente mediante Decreto Constituyente de fecha 18 de diciembre de 2018.
  • Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios.

La continuidad de la Asamblea Nacional Constituyente

El 20 de mayo de 2019, fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto Constituyente mediante el cual se establece la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente fijando que este cuerpo legislativo se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Al momento no se ha adoptado de manera oficial ningún texto con el carácter de anteproyecto constitucional, por lo cual se observa que el cuerpo colegiado aún no ha terminado la labor para la cual fue convocado.-